El ejercicio democrático necesita ir acompañado de total transparencia en el ejercicio del poder y en el cumplimiento de las funciones ejercidas por las autoridades designadas.
Existen falencias en la transparencia cuando la sociedad civil, el público contribuyente, desconoce con precisión los detalles mínimos necesarios para realizar una evaluación apropiada de la gestión.
Se conocen las normas y dispositivos que son publicados en el diario oficial pero se desconocen aspectos relacionados y/o derivados de las mismas.
La RM 163-2010-PRODUCE que concede licencias de pesca para pota a embarcaciones de bandera extranjera no publica en forma paralela el informe técnico preparado por la autoridad científica que le sirve de sustento biológico a la norma. Mención aparte, en este caso específico, es la omisión de un análisis económico, comercial, de mercado y de impacto sobre la industria nacional, que la hace objeto de cuestionamiento y de censura, así como del evidente favoritismo a países con convenios de cooperación marginando a quienes no lo tienen.
La sociedad tiene el derecho de conocer en forma didáctica y transparente la relación de licencias concedidas. No es suficiente publicar el dispositivo legal, sino que es necesario que el portal web del Ministerio tenga una sección donde se pueda conocer con exactitud el nombre de cada embarcación de bandera extranjera operando en el dominio marítimo peruano, las fechas de operación, la cantidad de pesca declarada y el monto de pago de derechos de pesca según establece la norma.
Otra sección debe informar claramente el monto total de la recaudación de derechos de pesca por cada especie sujeta a este pago, la oportunidad de pago, la relación de omisos, y las acciones de cobranza realizadas.
La misma sección debe informar a la ciudadanía el empleo que se hace de esos dineros recaudados.
Los dineros provenientes de los derechos de pesca constituyen recursos directamente recaudados por la autoridad administrativa de pesquería que pertenecen a todos los peruanos. Es un derecho de la Nación conocer todos los detalles a fin de realizar un análisis de la relación beneficio costo que la concesión de derechos de pesca genera para el país.
Omitir la difusión de esta información genera dudas y suspicacias sobre la efectividad de las normas y dificulta la emisión de un juicio de valor sobre la calidad de la gestión.
La administración tributaria publica transparentemente la información sobre la recaudación de impuestos y el portal del Ministerio de Economía y Finanzas publica la información de la ejecución presupuestal, la misma que consigna las fuentes de financiamiento, es decir si son recursos ordinarios o directamente recaudados.
Pero no es posible analizar detalladamente en dichos cuadros el monto total de recursos directamente recaudados. En el caso del sector Pesca no existe información sistematizada que presente en un cuadro el monto que debe recaudarse, lo recaudado, los morosos y omisos al pago y fundamentalmente el destino dado a dichos fondos.
Esta forma de gestión en la cual la norma no emana de un consenso entre administrador, administrado y sociedad civil y que además no proporciona información abierta de los antecedentes y posteriormente no informa en forma permanente de los resultados de la aplicación de la norma y de los detalles financieros derivados de la cobranza y empleo de los derechos emanados de la misma es, por lo menos, cuestionable y exige al Organo de Control pronunciarse al respecto.
Los medios de comunicación y los analistas tienen el derecho y el deber de exigir que la información completa sea transparente y permanentemente publicada. La ciudadanía no lee todos los días el diario oficial y cada persona no lleva un registro de normas para hacer análisis. Es necesario que exista disponible para la consulta, información resumida, sistematizada y clara para poder evaluar en forma sencilla qué tan eficientes son las normas que dictan las autoridades a las que todos pagamos para que administren nuestros recursos pesqueros. La función pública es para servir al público con humildad, transparencia y eficiencia generando consensos.
No hacerlo, sencillamente nos pone frente al ejercicio de la función en forma autoritaria y poco democrática.
