Jueves, 10 de mayo de 2012
El caso del incremento del
80% de la cuota de merluza es un hito en la historia de los lobbies peruanos,
casi siempre sigilosos y dados a contratar voceros y montar campañas
sostenidas. Esta vez, el ataque al Estado fue directo y con masas en la calle,
un combate cuerpo a cuerpo, una operación corta y cruenta. En dos semanas
pusieron de rodillas al Estado y aplastaron los escrúpulos de una Viceministra,
Patricia Majluf, que había llegado al Ministerio de la Producción pocas semanas
antes con propósito de cambio. Es una mala señal e indica varios fenómenos,
como la capacidad de movimiento y de alianzas de las coaliciones distributivas,
su escaso nivel de conciencia y recato, los precarios recursos reguladores del
Estado y, sobre todo, la honda penetración de los intereses privados en el
aparato público. Fuera del cargo, Majluf se va sabiendo el via crucis de su
frustrada reforma. Las resistencias para cambiar los procedimientos de la
imposición y cobros de multas y el retiro de funcionarios incompetentes, el cambio
fácil de las reglas para incrementar cuotas de pesca y el sabotaje de la
burocracia, indican que el sector está tomado por los regulados y que, por
ahora, la reforma es imposible.
En el caso Majluf llama la atención el
silencio de los defensores de los técnicos que llenan los medios de alertas
cuando el funcionario cuestionado esgrime la ley y el conocimiento para
justificar una decisión. Esta vez no fue así, porque Majluf es “otro” tipo de
técnica, conservacionista y nada dispuesta a ser cooptada por el poder
económico. Es decir, independiente. Quizás por ello no habrá un fiscal presto a
investigar su denuncia de que los pescadores de Paita fueron financiados por
los empresarios para provocar desmanes que cobraron dos vidas. Segunda lección,
el Estado está poblado de técnicos sin ataduras, al estilo Majluf, y de otros
que sí las tienen; solo que los primeros son incómodos para los segundos, de
modo que tenemos técnicos y técnicos.
El sector pesquería es solo uno de las
decenas de espacios públicos donde la corrupción y la burocracia traban toda
reforma y un recordatorio de la enorme fuerza que se mueve en la sociedad para
impedir el fortalecimiento del Estado en la perspectiva de su papel regulador y
que, al mismo tiempo, arranca de aquél beneficios especiales. Lo que según la
teoría debería ser una negociación entre el Estado y los grupos de interés, se
simplifica en más de un caso en un mecanismo que opera como asociación
público/privada que ocasione miles de millones de pérdidas al Estado destruyendo
el mercado y los recursos. El economista norteamericano Mancur Olson decía que
una sociedad con un elevado número de coaliciones distributivas se asemeja
mucho a una tienda de porcelana china llena de gente que al intentar apoderarse
de la mayor parte de su contenido rompen mucho más de lo que se llevan.
