El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

12 de marzo de 2013

YO NO PESCADOR


Yo soy el pueblo peruano, no soy pescador; pero las leyes vigentes dicen que el pescado es patrimonio de la Nación, o sea que es mío y que el Estado lo administra y permite que algunos lo pesquen.

Hoy día los que pescan, grandes y chicos se quejan pelean y exigen al Gobierno que los dejen pescar más o donde quieren…no lo sé. No me interesa tampoco el detalle técnico, legal o macroeconómico porque no lo entiendo. Soy solamente el pueblo peruano, dueño del pescado del mar, ríos y lagunas de mi tierra. Lo que me interesa saber es cuanto recibo yo por cada kilo de pescado que unos pocos se llevan de mi mar, ríos y lagunas.

Yo no soy pescador, no trabajo para la pesca ni las empresas pesqueras son mis clientes ni mis proveedores, así que no recibo nada directamente de ellos. Solo recibo los beneficios de los impuestos que ellos pagan y que el Estado distribuye o invierte en infraestructura. Pero ante la bulla en los medios de comunicación por mi pescado, quisiera que el Estado me diga cuantos pescadores hay, cuanto pescado se llevan cada año y cuanto me pagan a mí, el dueño del pescado, por lo que se llevan. Sé que deben pagar un impuesto por sus ganancias que se llama renta de tercera categoría y que de ahí la mitad se va al canon pesquero; pero quiero saber cuánta utilidad tiene cada uno de ellos y cuánto impuesto pagan. No quiero saber grandes cosas, solo una puntual: cuánto pagó cada uno. Sé también que algunos, no todos, pagan unos derechos de pesca, de los cuales la mitad se va también al canon pesquero y la otra mitad se queda en el Ministerio. Quiero saber cuánto pagó cada uno y quiénes no pagaron porque no quisieron o porque la norma no los obliga a pagar. Quiero saber en que gastaron el dinero del canon los gobiernos regionales y las Municipalidades. Quiero saber en qué se gastó su mitad el Ministerio.

Finalmente solo quiero saber cuánto dinero recibe cada habitante del Perú, o sea los dueños del pescado por cada kilo con el cual unos cuantos ganan dinero. Así como dicen el consumo per cápita de pescado, quiero saber cuánto gané por cada kilo de pescado capturado. Quiero inclusión, como dice el Presidente. Quiero que me incluyan en las ganancias del negocio pesquero en forma justa.

Quiero saber cuánto cuesta limpiar las bahías contaminadas por plantas y lanchas, cuándo las limpiarán y cuánto costará, así como saber quién pagará por esa limpieza y hasta cuándo deberemos soportar la contaminación del humo y los olores de las plantas.

Quiero saberlo para decidir si esas gentes que salen en televisión a reclamar y argumentar  con técnica, ley o economía, tienen el derecho moral a reclamar sobre pescados que son míos y por los cuales yo debo recibir algo. Por eso quiero saber cuánto recibo y cuánto cuesta reparar el daño que le causan a mi mar, ríos o lagunas. Quiero saber si estoy ganando o estoy perdiendo y si solamente algunos están ganado a expensas mías, yo que soy el pueblo peruano, desorganizado y sin defensor alguno.

Y si yo tengo que reclamar y quejarme, así como hacen ellos, también me sentiré con no solo el derecho, sino con el deber de organizarme y salir a reclamar, bien sea directamente como pueblo o a través de mis organizaciones sociales o gobiernos locales. Si yo no puedo participar en las grandes decisiones, quiero que mi Gobierno me represente y defienda mis intereses. Si mi gobierno me defiende bien, yo lo apoyaré. Si no me defiende bien, tendré que defenderme sólo de alguna manera. Pero no quiero ser un convidado de piedra en un negocio en el cual unos pocos ganan nada más y yo, el dueño, gano nada, gano poco, o una cantidad injusta y/o no se invierten bien mis ganancias. 
También quiero entender porqué hay poco pescado para comer y además caro si todos dicen que somos un país pesquero, el más grande productor de harina de pescado del mundo.

9 de marzo de 2013

Quién pierde en el sur del Perú: ¿el país o la industria?


La ambición por la producción de harina de anchoveta en la zona sur del Perú, ha conducido a una especie de guerra asimétrica entre la industria harinera y las autoridades de Pesquería. Guerra que, si nos atenemos a los antecedentes históricos, no podría ganar la administración actual debido a que los medios que tiene a su disposición el lobby pesquero superan largamente la capacidad de reacción y de respuesta del Estado. Mientras Palacio de Gobierno no exprese directamente voluntad y decisión políticas de introducir reformas sustanciales en la pesca, respaldando públicamente a sus autoridades, lo más probable es que en última instancia un bloqueo de carreteras con cierta dosis de gravedad provoque la caída de la Ministra.

Si su sucesor continúa la línea de trabajo, correría la misma suerte. Si es una persona que va a defender los intereses de la industria, se iniciaría una marcha atrás en muchas reformas y se volvería a más de lo mismo. Que es lo que muchos esperan pacientemente: que termine esta gestión para volver a lo de antes asegurando los intereses de una industria poco aportante a la economía del país.

Es el precio que el país paga por carecer de políticas de Estado de largo plazo y del coraje necesario para imponer voluntad y decisión políticas que favorezcan al país y no a pequeños grupos que tienen la capacidad de desarrollar campañas mediáticas con recursos ilimitados.

El día 9 de marzo 2013 en RPP Raúl Vargas entrevistó a la Ministra de la Producción sobre la problemática pesquera de la coyuntura. El señor Vargas deslizó la idea de que pese a que sea harina de pescado lo que se exporta, trae divisas para el país. Expresa muy bien lo que la prensa cree o piensa: que exportar per se es bueno para el país, sin profundizar en el análisis de las diferencias entre sectores, y sin pretender siquiera analizar la real contribución de la industria harinera. Lo que el señor Vargas debiera preguntar es cuánto impuesto a la renta ha pagado la industria harinera; cuanto han aportado por derechos de pesca y cuánto dinero le ha devuelto el Estado.
La cantidad de divisas que ingrese al país es irrelevante. No es dinero del país, sino de la empresa. Lo que cuenta es la recaudación tributaria.
La ministra esgrimió argumentos técnicos pero también omite en su análisis cuál es la ganancia del país en el negocio harinero del sur del Perú.
La autoridad administrativa, tributaria y laboral deberían hacer una exposición conjunta y demostrarle al país cuánto empleo genera la industria en la zona, cuánto del mismo es formal e informal, cuántos impuestos pagan, cuántos impuestos les devuelven, cuál es el impacto de la extracción de anchoveta en el ecosistema así como cuál es el impacto contaminante de la industria.

El aparato estatal pelea sus guerras aislado, no se integran sectores que por la naturaleza de sus funciones debieran trabajar juntos. Sus adversarios sí se unen: plantas, flota, población, pescadores, todo lo que la capacidad del lobby pueda reunir para enfrentar a un Estado desarticulado y tímido.

Cifras y hechos concretos son los que deben exponerse para demostrar didácticamente a la sociedad civil que dejar de hacer harina en el sur no es tan grave como el lobby pesquero viene diciendo. El argumento de que lo que dejamos de pescar favorece a Chile no es sino exacerbar el antichilenismo natural que existe en el Perú, pero es irrelevante desde este análisis.

Lanzar cifras de pérdidas como las aparecidas en algunos medios en los últimos días es una grotesca manipulación de los números.

Con el objeto de enfocar integralmente el asunto y entender qué es lo que está en juego y quienes son todos los beneficiados de este régimen, es pertinente analizar el volumen y tamaño de las plantas procesadores de harina en la zona sur, así como los ingresos que las regiones del sur perciben como canon pesquero, que es realmente el único beneficio de las gobiernos locales y regionales.

Toda la problemática, tiempo consumido, horas empleadas y atención brindada alrededor de este tema, finalmente giran sobre los intereses de 17 plantas reductoras de harina de pescado que pertenecen a 13 empresas de las cuales el 62% de la capacidad de producción está concentrada en 4 de ellas.

17 Plantas de harina, algunas de las cuales tienen una capacidad muy pequeña, como se ve en el cuadro, no significan una fuente generadora de empleo significativa, como tampoco empleos indirectos trascendentes.

¿Pierde el Perú con dejar de pescar anchoveta en el sur para la harina?
Desde el punto de vista ecosistémico y medioambiental ganaría mucho. 




8 de marzo de 2013

Pesca, política y conveniencias


Los antecedentes indican que las autoridades pesqueras le tienen terror a las protestas, y procura aplacarlas lo más pronto posible dictando las medidas que le son impuestas por los administrados, como ocurrió en abril del 2012.

Por tanto, sería políticamente inconveniente  introducir regulaciones o normas que puedan generar bloqueos de carreteras. En relación al  DS 005-2012-PRODUCE y las recientes normas de régimen especial de pesca en el sur del Perú ¿cuáles han sido los criterios determinantes para su promulgación?

¿Prima la conveniencia política antes que la sostenibilidad de los recursos pesqueros, antes que la ética, antes que la moralidad, antes que la ciencia y antes que la justicia?

Algunos conceptos como los siguientes, no forman parte de la agenda, quizá por la razón expuesta en el párrafo precedente:

·         La pesca artesanal produce mortalidad en los recursos pesqueros al igual que cualquier otro actor pesquero.

·         El esfuerzo pesquero del sector artesanal ha crecido tanto que supera largamente los límites de sostenibilidad de cualquier recurso disponible.

·         Ningún recurso puede ni debe ser de libre acceso.

·         El esfuerzo pesquero es el factor a ser medido y regulado, sin importar quién es el agente.

·         Todos los pescadores deben pagar derechos de pesca.

·         Pescar es un privilegio no un derecho.

·         La pesca debe pagar regalías.

·         Incentivar la venta al mercado interno poniéndola en igualdad de condiciones competitivas con la exportación de productos pesqueros.

·         Ampliación del horizonte de investigación del ente científico hacia todas las especies existentes que son materia de extracción sin regulación de cuota anual permisible.

Es curioso, como el sector denominado artesanal no tenga regulación efectiva alguna relacionada con la sostenibilidad de los recursos, salvo una muy reciente respecto a la anchoveta.

Quien pesca provoca mortalidad. Poco importa si la norma lo llama pescador artesanal o pescador industrial; ambos bandos matan peces.

Legalmente solo los divide una línea mal trazada por una norma que valora eslora, manga, potencia, tamaño de bodega o parecidos y una franja de 5 millas, donde solo le esta permitido operar a los artesanales. (los artesanales no están regulados)

Una embarcación grande pesca más que una chica; pero muchas embarcaciones chicas pescan mucho más aún, y matan y depredan donde los grandes no llegan.

La actividad extractiva industrial harinera mata anchoveta principalmente; y está regulada. La actividad extractiva artesanal mata especies de consumo humano y no está regulada.

La falta de regulación en términos de sostenibilidad afecta a los pescadores artesanales, quienes aún no toman conciencia que hay demasiados pescadores para tan poca especie disponible.

Al pescador artesanal se le debiera definir legalmente como aquella persona que pesca para alimentarse directamente y para subsistir, usando herramientas manuales y su propia fuerza física. Si se mecaniza, deja de serlo.

Por el contrario, se debe definir que aquellas personas que pescan con asistencia mecánica o por encima de su capacidad de consumo individual lo hacen por negocio y por tanto debiera denominárseles pescadores comerciales y estar sujetos a regulación respecto a las cantidades máximas que están facultados a extraer.

A toda la pesquería comercial debiera asignársele cuotas máximas de captura por especie, por caladero, puerto o región de desembarque.

Sucede que actualmente la actividad de los llamados pescadores artesanales es inequívocamente con propósitos comerciales y faenan sin medida  hasta que agotan o desaparece su recurso objetivo.

Debiera proponerse y adoptarse medidas para recuperar las biomasas objetivo para consumo humano, revisar y discutir la vigencia y validez de mecanismos de manejo pesquero como es el "libre acceso" o las "5 millas" y evaluar una opción de manejo resultante de regular el acceso a los recursos mediante cuotas por especie y por caladeros.