EL CASO DE LA INGENIERA JESICA
PINO
Durante la confrontación entre el
Estado y la industria Pesquera por el DS 005-2012-PRODUCE, la mayor parte de
los medios de comunicación se puso al servicio de la defensa de los intereses
de la industria propiciando espacios para el debate, la información, la
crítica, y también la desinformación.
Un caso emblemático es el de la
ingeniera Jesica Pino, a la cual se acusó, en marzo del 2013, en un programa televisivo y en un medio
escrito, de varios supuestos delitos en su condición de directora de la
Dirección General de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la
Producción.
El blanco fue adecuadamente
escogido porque ella lideraba una Dirección crítica y sensible en un proceso de
reforma del sistema vigilancia y fiscalización de la pesca, tercerizada a
través de empresas cuyos honorarios son pagados directamente por los propios
administrados, situación que se quería revertir devolviendo el control
directamente al Estado. Acción que,
obviamente es rechazada por la industria.
El ambiente provocado por la
polémica del mencionado decreto supremo fue propicio para desestabilizar la
acción del gobierno lanzando el petardo de corrupción de funcionarios, de lo
cual fue acusada dicha funcionaria, luego de lo cual no tuvo más remedio que
renunciar al puesto, no porque se hubiese comprobado una inconducta funcional
ni la comisión de un delito, sino porque en el Perú nos hemos acostumbrado a
que la prensa a través de ese tipo de informaciones genera un morboso deleite
de la población que finalmente conduce a que quien es denunciado en los medios
ya es condenado.
Por otro lado el Estado actúa de
inmediato a fin de apagar el incendio mediático y el resultado es que la
funcionaria salió del cargo.
En el equipo de Directores de ese
momento ella era la más experimentada y conocedora del sector pesquero (si no
la única), por lo cual era una pieza importante en el Ministerio que tiene (o
tenía) intenciones de reformas estructurales profundas en el sector. Es evidente
que por esa razón fue elegida como blanco, no solo para sacarla de un cargo que
incomodaba a muchos intereses, sino como parte de una campaña para
desestabilizar a la Ministra de la Producción.
En el mes de agosto del 2013, el
Ministerio Pública culmina la investigación, la cual dicho sea de paso no fue
solicitada por el propio Ministerio ni por nadie más sino por ella misma. Fue
la propia ingeniera Pino quien tuvo que pedir a la fiscalía, en defensa de su
honorabilidad, que efectúe una investigación.
Esta investigación se hizo y
concluyó con el archivamiento del caso por las razones expuestas en la
correspondiente resolución, que en resumen dice lo siguiente:
Carpeta Fiscal N°
506015505-2013-113-0
DISPOSICION N° 03 del 1 de agosto
2013
3. DECISION FISCAL:
Bajo las consideraciones antes
esgrimidas, este Ministerio Público….resuelve:
PRIMERO: No procede formalizar y
continuar con la investigación preparatoria contra Jesica Aracelli Pino Shibata
por el delito contra la Administración Pública—Patrocinio ilegal y tráfico de
influencias y se dispone el archivo de la presente denuncia, consentida o firme
que sea la presente disposición, la que deberá notificarse con arreglo a ley.
¿Quién la compensa por el
daño moral causado por la infamia tejida en su contra para desestabilizar no
solo un proceso de reforma sino a la propia Titular del Pliego? Aunque
finalmente ella volvió a la actividad privada sin mayores consecuencias después
de esta Disposición del Ministerio Público, es evidente que el proceso de reformas
del sector ha quedado detenido después de todos los ataques y presiones
recibidos por la Administración actual.
¿Qué paso finalmente con el nuevo
esquema de supervisión y control? El cambio de la política de control continuó
con una supervisión, o quedó detenido ahí?
