POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE
Acostumbrada a manejar el
sector a su antojo, colocando piezas claves en las estructuras del Ministerio
de la Producción (PRODUCE) y mediante normas hechas a la medida de sus
intereses, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), se resiste al cambio de
reglas de juego que está realizando con acierto la ministra Triveño y no ha
encontrado mejor forma de anularlas, arreciando con mayor fuerza la campaña de
desprestigio en contra de su gestión, utilizando golpes bajos con denuncias
públicas antojadizas y sin pruebas, contando con personajes de triste
recordación para los pescadores como el ex ministro de la Producción Rafael Rey
Rey. Lamentablemente, esta vil campaña mediática puede conseguir tal objetivo, porque
cuenta a su favor con la gran desinformación que existe entre la sociedad
civil, y por la casi nula participación de sus
instituciones y organizaciones representativas.
Una de las medidas que
parece no le ha gustado para nada a la SNP, es el marco legal que ahora dispone
el PRODUCE para controlar directamente las descargas de pesca, dando respuesta
a las permanentes exigencias del pescador industrial y ante las denuncias
públicas hechas por IDL- Reporteros con pruebas irrefutables que demuestran la
existencia de una escandalosa discrepancia entre el peso declarado y entre el
peso descargado, que en muchos de los casos llegan al 30%, y la evidente
manipulación del software de pesaje de las plantas harineras que quedó también
en evidencia en el reporte difundido.
Ahora
la ministra Triveño se lanza sobre otro objetivo que la SNP lo está sintiendo muy
cerca de su yugular: El incremento de los derechos de pesca. En efecto, la SNP
se sentía muy segura de que ningún ministro se atrevería a revisar el candado
jurídico que los armadores pesqueros le han puesto a través de la Primera
Disposición Final del Decreto Legislativo 1084 que introdujo Rafael Rey Rey en
el 2008 y que establece que durante el período de vigencia del aporte social
obligatorio (10 años), se mantendrá sin alteración el monto y la forma de
cálculo de los Derechos de Pesca por concepto de extracción de los recursos
hidrobiológicos destinados al Consumo Humano Indirecto aprobados mediante el
Decreto Supremo 024-2006-PRODUCE. Dicha
norma establece que el monto por este concepto, se efectúa sobre la base de
aplicar el 0.25% del valor FOB de la harina de pescado.
Empeñada
en establecer un verdadero justiprecio en las obligaciones que debe tener el
empresariado pesquero con el Estado (por la extracción de este preciado recurso
que significa la anchoveta), Gladys Triveño ha dispuesto mediante el Decreto
Supremo 008-2012-PRODUCE, que la Dirección General de Políticas y Desarrollo
Pesquero del Ministerio de la Producción
inicie un estudio para determinar si es necesario incrementar el monto de
los Derechos de Pesca, toda vez que a
pesar que esta actividad extractiva genera millonarios ingresos, solo
contribuye con menos del 1% al PBI y
representa solo el 0.6% de la recaudación.
La
SNP se siente acorralada y es necesario que los pescadores y la sociedad civil
refuercen la valiente actitud de la ministra Triveño y le den el respaldo que
ahora urgentemente precisa, si se quiere acabar de una vez por todas, y una por
una, con las reglas impuestas por
décadas por la SNP que le ha brindado muchos privilegios y le ha permitido
acumular enormes riquezas.
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