Una ministra de la Producción incómoda

El Estado peruano tiene mucho que evaluar y analizar en torno a la industria pesquera.

 En ese sentido, una ministra como Gladys Triveño sale del molde tradicional de la mayoría de sus antecesores. Al concentrase en aplicar reformas se ha ganado la reacción de la industria que ve, por primera vez, un funcionario empecinado en ordenar el sector. Se ha convertido en una persona peligrosa para algunos intereses. Si su siguiente paso fuese ordenar el tema de derechos de pesca, que se detalla en esta nota, podría afectarse seriamente intereses nunca antes tocados.

Por tanto, siendo una funcionaria que no cede fácilmente, ni a la que se tiene acceso con la misma flexibilidad de antes, es imperativo que deje el cargo.

Si los bloqueos de carreteras, si la presión de los lobistas a través de los medios de comunicación no funcionan y no la sacan ni renuncia, entonces queda el recurso de la interpelación que conduzca a la censura.

Sin embargo, será Palacio de Gobierno quien diga la última palabra en torno a las reformas y ordenamiento del sector pesquero, en el cual hay mucho trabajo de inclusión por hacer y mucho dinero por recaudar que hasta hoy no se ha recaudado.

Las siguientes semanas mostrarán al país si realmente estamos o no ante una gran transformación en la pesquería peruana.

 El capítulo III del Reglamento de la Ley General de Pesca DS 012-2001-PE establece

 CAPITULO III DE LOS DERECHOS DE PESCA

 Artículo 40.- Pago de derechos

 40.1 Los armadores de embarcaciones pesqueras mayores de 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega y las comprendidas en el numeral 1.2 del inciso a) del Artículo 30 de este Reglamento están obligados a pagar los derechos de pesca establecidos en el Artículo 45 de este Reglamento y los que fije el Ministerio de Pesquería en función a cada recurso hidrobiológico no contemplado en dicho artículo. (Significa que las embarcaciones artesanales o sea las menores de 32,6 metros cúbicos no pagan derechos de pesca; no pagan nada por la extracción de un recurso natural propiedad de todos los peruanos)

 ANCHOVETA

 El DS 024-2006-PRODUCE (publicado el 26/11/2006). Modifica el monto de derechos de pesca de la anchoveta:

 (…) Se efectuará sobre la base de aplicar el 0,25% del valor FOB por tonelada de harina de pescado, promedio aduanet (…)

 Con la  aprobación en el año 2008 del Decreto Legislativo No. 1084, se dio inicio al mayor reordenamiento del sector de los últimos treinta y cinco años en el Perú. Aunque la norma no cuenta con informes del IMARPE ni fue elaborada por el Ministerio, introdujo cuotas individuales de pesca de anchoveta y las asignó a las embarcaciones que ya operaban en esta pesquería (en función a su record de pesca y a su capacidad de bodega). La asignación de derechos de propiedad incrementó la eficiencia del sector, lo cual se tradujo en un incremento significativo de las utilidades de las empresas que operaban en el mismo, lo que es concordante con una menor disipación de la renta del recurso. 

 Un aspecto de la implantación de este régimen que no ha recibido la suficiente atención, es el hecho que la asignación de derechos de propiedad usualmente tiene como contrapartida el pago por el derecho de pesca que se le asigna al armador. La lógica económica es simple: el recurso natural renovable es de propiedad de la nación; el recurso en cuestión goza de una renta debido a la alta productividad del mar peruano; por lo tanto, si un particular desea explotar este recurso y usufructuar la renta de la pesca, debe pagar una regalía por ello, o un derecho de pesca, que guarde cierta proporción con la renta transferida.

 Sin embargo el mismo DL 1084 en su primera disposición final congeló por diez años la tasa de derechos de pesca descrita.

 En el caso de la pesquería de anchoveta, el derecho por concepto de extracción de los recursos destinados al consumo humano indirecto vigente desde el año 2006 es de 0.25% del valor FOB por tonelada de harina de pescado. Si, por ejemplo, el precio FOB promedio de la harina fue de US$ 1,490/TM, el derecho pagado habría representado US$ 3.73 / TM.

Para hacer una Tm de harina, se requiere, en promedio, 4.5 Tm de anchoveta.

Si la Tm de harina de pescado tuvo un precio promedio de 1,490 dólares, la industria pagó US$ 16.78 (3.73 x 4.5) por cada tonelada de harina exportada a US$1,490 cada Tm.

 El aceite de pescado derivado de la producción, queda libre de pago de derechos en esta ecuación, asumiendo que la producción de harina absorve la contribución.

 La proporción grotescamente desproporcionada entre lo que factura la industria y lo que le paga a la Nación, como propietaria del recurso pesquero, es a todas luces injusta, ante la pasividad de un Estado que ha prestado escasa o nula atención a la pesquería peruana.

 La pota y la merluza, así como el jurel y caballa son también sujetos de “derechos de pesca”.

 Artículo 45.- Monto de los Derechos de Pesca para pelágicos y merluza.

  El pago de derechos por concepto de explotación de recursos hidrobiológicos que se señalan a continuación se establecen en:

 a) Derechos por extracción de los recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa: 0.075% UIT/ton. Métrica extraída (los correspondientes a la anchoveta fueron modificados según se ha descrito)

b) Derechos por extracción del recurso merluza: 0.15 % UIT/ton. Métrica descargada

 La UIT (unidad impositiva tributaria) para el 2013 es de S/.3,700

 Por tanto la merluza paga S/5.55 por tonelada métrica extraída.

 La actividad extractiva industrial de merluza convierte todo lo capturado en producto congelado que se exporta. Nada de esa producción se comercializa en Perú. Por la actividad de exportación la industria recupera el Impuesto General a las Ventas, que el Estado le devuelve, más el drawback.

 Paga el impuesto a la renta de tercera categoría por las utilidades que declare y 5.55 soles por derechos de pesca.

 Es decir que el costo de la materia prima es de S/.5.55 por cuanto no se puede decir que el costo de la extracción sea el costo de la materia prima. Esta, o sea la merluza, es propiedad de todos los peruanos y como recurso natural es administrado por el Estado quien solamente recauda esa pequeña cifra como derecho. La exportación del producto final en forma de congelado supera largamente los mil dólares, dependiendo del tipo de presentación. La participación del Estado es mínima e injusta. Por más que la industria genere empleo directo e indirecto (no oficialmente cuantificado) el costo de la materia prima no debe ser tan bajo.

 Un tanto parecido es el asunto con la anchoveta, jurel y caballa, con la diferencia que una parte importante de esa producción en forma de enlatado queda para el mercado interno.

El Perú y su pesquería

La sobrepesca no constituye el único problema. La degradación del entorno marino, y la interferencia con el ecosistema a través de la consciente o inconsciente utilización de los océanos como receptor de desechos, además de la destrucción del hábitat originado por malas prácticas de extracción, son factores de creciente incidencia en términos de deterioro de la producción marina.

La industria pesquera atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Han elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos. El  elogio constante a la producción y exportación de harina de pescado solamente alcanza a la comprensión de un pequeño sector nacional, que además no percibe íntegramente el escenario. A éste se le deben agregar las cifras exportadas, las de los impuestos recaudados, los derechos de extracción cobrados y el empleo de dichos fondos.

Una pesquería sostenible solamente será posible cuando el país alcance el adecuado nivel de madurez cívica que le permita entender y aceptar que se requiere colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte. El interés nacional requiere que se desechen los intereses económicos grupales y se privilegie la alimentación de la población nacional por encima de todo. Ello impone tener pesquerías sustentables, una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del ecosistema  y del medio ambiente, de tal forma que se garanticen alimentos baratos para toda la población del país en forma prioritaria.

Los beneficios económicos del sector pesquero marítimo alcanzan a una fracción mínima de la población costera involucrada. Los volúmenes de recursos pesqueros naturales no aumentan a la par que crece la población vinculada a la extracción. Los recursos pesqueros no aumentan en función a la demanda.

El Estado debe propiciar que todos asumamos la responsabilidad de hacer causa común con la defensa de nuestras zonas costeras, para preservar sus bienes y servicios. Así como incentivarnos a poner nuestros ojos en el medio marino y costero. Este esfuerzo resulta de suma utilidad para las nuevas generaciones, a quienes les corresponde pagar las deudas ambientales que dejamos las generaciones pasadas y presentes.

Años de línea directa con la autoridad de Pesquería, años de intervención directa o indirecta en las regulaciones dictadas sobre la pesca en el Perú parecen haber terminado, al menos por ahora.

La intervención directa de Palacio de Gobierno, defendiendo la correcta posición de autoridad del Titular del Pliego de Producción, introduce un elemento inédito, novedoso, que permite presumir que este escenario, podría durar hasta el fin de este gobierno.

La industria anchovetera, que rechaza normas que afectan la rentabilidad de su negocio, en especial en el sur del Perú, viene acudiendo al empleo de los medios de comunicación para expresar sus opiniones, fijar sus posiciones y debilitar la posición de la Ministra con la evidente intención de sacarla del cargo. Esta táctica tradicional parece que no funcionará en un escenario en el cual esta autoridad recibe un respaldo abierto del Jefe de Estado. El enfrentamiento actual es directamente con Palacio, autoridad que no puede ser revocada y cuya autoridad no puede ser minada.

En esta confrontación, la sociedad civil puede resultar beneficiada en la medida que, por primera vez, escucha en la televisión y en la prensa escrita la existencia de un problema pesquero, sobre el cual no sabía mayormente nada. Esto debería y podría llevarla a informarse mejor de aspectos sobre los cuales jamás antes se había interesado. Ello permitiría fijar posiciones con mayor información sobre los temas de fondo, que no se han tocado aún, como la real participación de la industria en la recaudación tributaria, pago de derechos de pesca, generación de empleo, contaminación, atención al mercado nacional y contribución con la seguridad alimentaria peruana.

La investigación individual u organizada de la sociedad civil debería evaluar los niveles de desinformación e inexactitudes que se han venido propalando en los medios sin sustento alguno como:

Que el Perú es el número uno en sostenibilidad según un estudio de la Universidad de Columbia no ha sido demostrado exhibiendo el documento fuente. Al exhibirlo, leerlo y analizarlo, la afirmación se cae porque no es cierta.

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/528-verdadera-evaluacion

Que la industria invierte en el consumo humano directo de pescado, es una afirmación incompleta porque debería aclararse si su inversión es para exportar o para atender al mercado peruano. La realidad es que para la industria de consumo humano directo la prioridad es exportar y no el público consumidor peruano.

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/531-inversiones-chd

Que el Perú dejará de percibir 300 millones de dólares y 120 millones de dólares en impuestos dejados de recaudar tampoco ha sido sustentado con cálculos, estadísticas y proyecciones.

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/432-300-millones

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/509-120-millones

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/507-cifras-2012

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/460-sostenibilidad-y-derechos

¿Cómo debe reaccionar el pueblo peruano ante esta avalancha de información y desinformación sobre un tema que desconoce?

El tema no es apoyar una posición u otra, sino defender sus propios intereses, es decir los de cada poblador del país. La mejor actitud debiera ser la de investigar e interesarse más sobre el asunto pesquero ya que se trata de recursos naturales de los cuales la Nación es la propietaria, por lo que resulta grosero que una pequeña fracción de la población presente reclamos y exigencias públicas sobre recursos que no son suyos y sobre los cuales la ley y la Constitución otorga su administración y manejo al Estado.

Las preguntas que debe hacerse el público son:

¿Cuánto gana cada ciudadano peruano por la extracción de sus recursos pesqueros? Bien sea por medio del canon pesquero y/o impuesto a la renta?

¿Cuánto pescado se destina a la comercialización dentro del país para alimentar a los peruanos en relación a lo que se exporta para alimentar a otras poblaciones fuera del país?

¿Cuánto daño viene haciendo la industria al medio ambiente, quién y cómo se va a corregir y reparar el mismo?

El tema de fondo es que el pueblo peruano, la sociedad civil fije su posición en la participación del negocio pesquero.

La Sociedad Civil, el pueblo peruano, no puede permanecer indolente ni pasivo en esta confrontación. Como la misma no genera un referéndum ni una votación, tiene que organizarse para defender sus recursos pesqueros. No para defender a la industria ni necesariamente al Estado, si es que actuase indebidamente, sino para proteger sus recursos naturales y hacer sentir su voz y presencia a través de instituciones libres de influencias y de manipulación.

http://issuu.com/revistapesca/docs/revista_pesca_abril_2013

Quedan perfectamente claros tres temas:

Que los derechos de pesca vigentes son bajos.

Que el impuesto a la renta también es bajo, y hasta desaparece cuando se le contrasta con los impuestos que el Estado devuelve al sector. Tema complejo que se subsanaría aplicando regalías a la extracción, es decir poner un precio a los peces, que hasta hoy no lo tienen.

Que la contaminación y reparación del daño causado al ambiente hasta el momento no está resuelto. Que los límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes asignados a la industria reductora han sido generosos y los plazos de adecuación a sus PAMAs (Programas de adecuación y manejo ambiental)también. Que la industria de consumo humano directo no tiene hasta ahora límites máximos permisibles que permitan controlar y eventualmente sancionar el exceso de contaminantes vertidos al mar. Que toda la flota pesquera no tiene el control debido de sus descargas de aguas sucias y residuos oleosos porque no se aplica la normativa del Marpol.

Abril del 2012: Un año después. Entonces la merluza, hoy la anchoveta

En abril del 2012 el escenario en la administración de la pesquería peruana era totalmente diferente al que presenta abril del 2013. Vale la pena recordar lo ocurrido en ese mes y compararlo con la situación que se vive en estos momentos en el enfrentamiento por la anchoveta. Basta recordar el artículo de milagros Salazar para evaluar las diferencias y también las similitudes, así como para especular nuevos probables escenarios.

El Premier y la merluza

Por Milagros Salazar.-

En medio de los secuestros en el VRAE y a pocas horas de la presentación del peritaje sobre el conflictivo proyecto minero Conga, el premier Óscar Valdés se dio tiempo el lunes 16 de abril para realizar una inusual visita al ministerio de la Producción, en la Urbanización Córpac, en San Isidro.

Valdés subió al séptimo piso donde se encuentra la oficina del titular del sector, José Urquizo. Ahí lo esperaban el ministro, acompañado por su nuevo jefe del gabinete de asesores, José Vidal; y por el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Omar Alfaro. A los pocos minutos, llegó la viceministra de Pesquería, Patricia Majluf, acompañada por su asesor principal, Juan Carlos Sueiro.

La reunión duró unos cuarenta minutos. Fue tensa por momentos, según pudo conocer IDL-R. ¿De qué hablaron? De la merluza. Valdés estaba impaciente porque aún no se emitía la norma para ampliar la cuota de captura de merluza de 8, 600 toneladas a 14, 500 tal como acordó con los empresarios en una  reunión el 9 de abril en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Valdés reiteró a Urquizo y a Majluf que debía ejecutarse la ampliación que exigían los empresarios y que no había marcha atrás, a pesar que la viceministra expresó su desacuerdo por la decisión debido a que la población de merluza ha disminuido considerablemente en los últimos años y se encuentra en riesgo, según estudios científicos.

 “Ya hay un compromiso y hay que respetarlo”, insistió Valdés. Alfaro de Asesoría Jurídica explicó al premier que había un freno legal y que la ampliación no iba a ser un trámite sencillo ya que las normas exigen que la cuota anual se establezca antes de iniciarse la temporada. Y resulta que la temporada comenzó en enero. ¿Cómo iba a modificarse la cuota casi cuatro meses después?

“Si hay que conseguir que firme algún decreto el Presidente (Ollanta Humala), yo lo puedo hacer”, habría manifestado Valdés. Al instante, Majluf increpó: “No me parece responsable que involucremos al Presidente en algo que no tiene precedente. Eso no se ha hecho antes”.

Pero el primer ministro habría reiterado: “Esto se hace”.

¿Por qué el Premier insiste en ampliar la cuota en contra de la opinión de la viceministra (una experta respetada internacionalmente)  y por qué se muestra tan interesado en el tema? Sucede que varios días antes, el 9 de abril, hubo una reunión previa en la PCM.

Asistieron unas quince personas, entre empresarios pesqueros, autoridades de Piura, congresistas, el ministro Urquizo y la viceministra Majluf. En la primera parte de la reunión, Majluf expuso un informe breve sobre el grave estado de la merluza que elaboró el reconocido científico Arnaud Bertrand, del IRD, un instituto público de investigación de Francia.

Los empresarios de merluza, casi todos extranjeros y que tienen su base de operaciones en Paita, atacaron a Majluf luego de su exposición. Sostienen que la viceministra por lo menos se equivoca y que hay suficiente merluza para pescar. Los respaldaba un informe que mandaron a hacer a Luis Alfredo Icochea, quien hasta octubre pasado fue presidente del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), que depende del Ministerio de la Producción, y asesor de varias empresas pesqueras. Liderados por el furibundo empresario Carlos Milanovitch, insistieron en que unas 10 mil personas dependen de la pesca de merluza en Paita y serían perjudicados si no se ampliaba la cuota.

En medio de la discusión, el presidente de Imarpe, Germán Vásquez (quien llegó tarde a la cita), informó que su institución recomendó una cuota mínima de 8, 600 toneladas y otra cuota máxima de 14, 500 toneladas. Ni bien escuchó Valdés la segunda opción, consideró que esa era la salida: ampliar la cuota máxima a pesar de la opinión en contra de Majluf.

Valdés también acordó que Imarpe realizará en mayo un crucero para investigar la situación actual de la especie y ver si es posible una nueva ampliación. Fuentes cercanas al pensamiento de Majluf aseguraron a IDL-R que si Valdés continúa ampliando la pesca de merluza, ella renunciará al cargo. Para Majluf, esta situación abre la puerta para que empresarios que comercializan otras especies también pidan su decreto “presidencial” para pescar más.

Las presiones asedian a Majluf. Entre la reunión del 9 de abril en la PCM y la visita de Valdés al Ministerio de la Producción el lunes 16, los empresarios enviaron cartas al ministro Urquizo exigiendo que se cumpla lo acordado. Mientras tanto, desde Palacio de Gobierno intentan averiguar si existe un acta de compromisos con los empresarios como habría señalado Valdés, según pudo conocer IDL-R. Lo cierto es que no existe ningún documento firmado.

Este hecho ha deteriorado más la relación entre Urquizo, que acata silenciosamente lo dicho por Valdés, y la viceministra Majluf cuyos escasos dos meses en el cargo han estado marcados por controversias y obstáculos.

Controversias de fondo

Ni bien se convirtió en viceministra a fines de febrero, Majluf pidió a Urquizo reemplazar a los responsables de las cinco direcciones generales que dependen de Pesquería. Logró los primeros cambios en las direcciones de Extracción y Procesamiento Pesquero y en la de Asuntos Ambientales.

Sin embargo, diversas fuentes confirmaron que Majluf encontró mayor resistencia de Urquizo en su propuesta de cambiar a Hernán Huacachi, quien comandaba la estratégica Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia (Digsecovi), Según congresistas, dirigentes pesqueros y demás funcionarios que conocen a Huacachi, este funcionario no tenía “la menor idea” de cómo mejorar la fiscalización en la pesca.

Huacachi, ayacuchano al igual que el ministro, estuvo en el cargo hasta el miércoles 18. Una insistente Majluf consiguió que Urquizo finalmente accediera que la directora general de Pesca Artesanal, Jessica Pino, reemplazara a Huacachi, ya que sus candidatos iniciales fueron rechazados por el ministro.

Personas cercanas a Majluf sostienen que el cambio de Huacachi era urgente, debido a que se entramparon varias acciones, entre ellas las auditorías a las empresas inspectoras de desembarques de anchoveta, Cerper y SGS, y las mejoras para evitar la manipulación de las balanzas en las fábricas harineras, problema revelado en una amplia investigación de IDL-R.

Pero las discrepancias también involucraron a los hombres más cercanos a Urquizo, que plantaron una oposición constante a Majluf desde el ingreso de esta. En diciembre, cuando Uriquizo asumió el mando del ministerio, lo hizo acompañado por dos conocidos asesores: el ex congresista del partido de gobierno, César Cayo Galindo, y por el ex juez Edwin Yalico Contreras.

A este último se lo recuerda por haber investigado inicialmente el caso Business Track; y por haber anulado las resoluciones de inicio de instrucción, acusación y auto de enjuiciamiento contra el presidente Humala por la asonada de Andahuaylas.

 Cayo Galindo se mantuvo en el cargo hasta el 3 de abril en medio de las críticas de dirigentes de pescadores, entre ellos los de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros que agrupa a los dueños de las naves “vikingas” y que lo denunciaron, junto a otros funcionarios, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.

Yalico sigue en el ministerio a pesar de que también enfrenta acusaciones. El Sindicato de Pescadores de Anchoveta del Puerto de Pisco envió en enero un oficio a la Comisión de Producción del Congreso para que solicite a Urquizo investigar la participación de Yalico en las cuestionadas resoluciones que otorgaron permisos de pesca a naves protegidas por medidas cautelares. El Congreso trasladó el reclamo a Urquizo en febrero.

IDL-Reporteros verificó que cuando Urquizo asumió el cargo, encomendó a Yalico que ayudara al ingeniero Félix Álvarez, entonces responsable de la Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero, a resolver los pedidos del Poder Judicial. Varios de los proyectos de resolución de esta dirección, entre ellos los relacionados con las medidas cautelares, fueron vistos por Yalico, aseguraron varias fuentes. Sin embargo, el asesor no es investigado por estos hechos ya que no fue nombrado oficialmente para esas funciones.

Para calmar las aguas, Yalico ha sido trasladado del séptimo piso, donde tenía un escritorio junto al ministro, al tercer nivel del edificio. Sin embargo, sigue entrando y saliendo del despacho de Urquizo y la única diferencia, según diversas fuentes, es que ahora usa más el ascensor.

Fuente:

http://idl-reporteros.pe/2012/04/23/el-premier-y-la-merluza/

¿INVERSIONES PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE PESCADO?

Se ha dicho hoy en un canal de Televisión que la gran industria pesquera peruana es la primera en fomentar el consumo humano directo de pescado y que para tal efecto ha hecho una inversión importante.

Lo que no se ha dicho es ¿para qué mercado está destinada esa inversión en infraestructura de procesamiento de pescado bien sea en forma de congelados o de conservas?

Lo que las cifras estadísticas muestran es un crecimiento exponencial de las exportaciones de productos pesqueros de consumo humano directo, porque exportar significa recibir el premio del drawback y la devolución del IGV pagado durante el proceso. La Revista Pesca ha publicado cifras y análisis detallados al respecto.

Lo que la estadística oficial no detalla es el volumen en toneladas o en soles que la gran industria ha destinado al mercado nacional.

Hay que entender que vender pescado fresco al mercado interno está exonerado del IGV pero no así el pescado transformado, es decir congelado o en conservas.

O sea que el mercado interno sí paga IGV y no hay drawback. 

Por otro lado en el país, salvo en los supermercados,  no existe una infraestructura de frío apropiada para la comercialización de congelados.

Por tanto el volumen de pescado congelado destinado al mercado interno no es mucho en relación al destinado al extranjero.

Las conservas tienen un mercado limitado por su alto precio y limitada posibilidad de preparación por parte de las amas de casa. Salvo por las ventas masivas a los programas sociales, con todos los problemas conocidos, no se conoce de un aporte importante de la gran industria pesquera al mercado nacional, a menos que se presenten las cifras y las estadísticas al país para poder valorar en su verdadera magnitud la afirmación de la importante contribución de la industria a la alimentación popular de los peruanos.

Lo que sí se sabe, aunque tampoco hay cifras precisas, es que el principal abastecedor de pescado para el mercado interno peruano es el pescador artesanal. Es la actividad artesanal la que alimenta de producto fresco a los terminales pesqueros de Ventanilla y Villa María, así como a los mercados nacionales. Pesca fresca, que es la que todos compramos en los mercados. Los congelados solo se encuentran en Supermercados y  ocupan muy poco espacio en las estanterías de los mismos, como para darnos una idea del volumen de la producción destinada al mercado nacional.

Las conservas, en promedio, representan en términos de kilogramos, ser exageradamente más caras que el pollo, la carne y el pescado fresco. Por lo cual su mercado es limitado.

En consecuencia, la inversión encuentra mayor rentabilidad en la exportación que en el mercado interno. Consecuencia de un sistema perverso en el país, que con toda lógica el inversionista aprovecha. Por tanto sería bueno conocer el mercado final del producto final que saldrá de esas inversiones, así como los números en toneladas y soles comercializadas en el país en los últimos diez años.