Sanciones en el sector pesquero del Perú

Ahora será más difícil dilatar los procesos de cobros de sanciones ambientales, porque se les exigirá a las empresas una carta fianza equivalente al monto que se pretende cobrar.

Con el propósito de hacer más efectiva la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), imponer sanciones más disuasorias, cobrar las multas y reducir la contaminación ambiental, el Poder Ejecutivo publicó la Ley Nº 30011, que modifica la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Nº 29325).

De acuerdo al presidente del Consejo Directivo del OEFA, Hugo Gómez, la nueva ley permitirá, por ejemplo, reducir las trabas legales para el cobro efectivo de las multas ambientales, pues establece que la sola interposición de una demanda contencioso-administrativa (como ocurría hasta hace poco) no interrumpirá ni suspenderá el procedimiento de ejecución coactiva. OEFA estimó que, a la fecha, los jueces del Poder Judicial han paralizado los cobros de sanciones ambientales por S/. 92 millones. Agregó que este monto equivale al 81% del total de multas impuestas por la Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).

“Para que el juez admita a trámite una medida cautelar se requiere presentar una contracautela (carta fianza) personal o real, por un monto equivalente a la multa que se quiere cobrar”, precisó.

Salas especializadas

Otro de los cambios que introduce es el fortalecimiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental, con salas especializadas y vocales con dedicación a tiempo completo; anteriormente eran a tiempo parcial.

Según Hugo Gómez, en un mes estarían decidiendo el número de salas, aunque prevé que pueden ser tres e implementadas progresivamente; puede haber una sala para minería, otras dos para energía y producción, respectivamente.

Sostuvo que a la fecha falta resolverse 104 procesos. Reveló que en lo que va del 2013 se han aplicado 50 sanciones en el sector minero por 3,252 UIT (cada UIT equivale a S/. 3,700), 17 sanciones en el sector energía por 393 UIT y 54 sanciones en el sector pesquero por 546 UIT. Recordó que en el 2012 aplicó 215 sanciones a mineras por 16,927 UIT, 43 sanciones a empresas de energía por 13,995 UIT y 31 sanciones a pesqueras por 439 UIT.

Fuente:

http://gestion.pe/economia/jueces-traban-cobros-multas-ambientales-s-92-millones-2065552?hrefn=1594693

¿Aplicará también al sector pesquero? En el caso del Consumo Humano Directo, ¿cómo se aplican sanciones si no hay límites máximos permisibles?

Por otro lado el estado de sanciones impuestas en el sector pesca del Perú es de un volumen tan alto, tanto en valor monetario como en unidades sancionadas, que refleja y evidencia una situación alarmante en el manejo y operación de la pesca en el Perú. Si se agrega las sanciones ambientales impuestas por la OEFA la situación puede ser más que preocupante.

Produce ha aplicado sanciones por diferentes conceptos y con multas que en algunos casos llegan a las 30 U.I.T. a una  cantidad de administrados realmente alucinante.

Las relaciones que pueden apreciarse en los enlaces siguientes son las que han sido impuestas por la autoridad de Pesquería y hablan por sí mismas.

Listado de embarcaciones suspendidas al 8 de mayo 2013

http://www2.produce.gob.pe/descarga/produce/digsecovi/embarcaciones-suspendidas.pdf

Relación de resoluciones sancionadoras apeladas al 0 de mayo 2013

http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/sanciones/sanciones-conas.pdf

Estado de sanciones en la Oficina de Ejecución coactiva

http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/sanciones/sanciones-oec.pdf

Esta información pública y transparente, que se encuentra colgada en la página web de PRODUCE es sana para que la sociedad civil aprecie lo que ocurre; sin embargo falta colocar la relación de armadores que han pagado derechos de pesca y la de aquellos que no han pagado los mismos, precisando las correspondientes cantidades.

OLLANTA HUMALA NO ESTABA MUERTO

Escribe César Hildebrandt

Como la derecha peruana estaba convencida de haber comprado a Ollanta Humala, ahora le salta a la yugular por algunas muestras de autonomía.

Por ejemplo, está el asunto de Venezuela.

La derecha peruana, que no protestó por el caso de Lugo, en Paraguay, o el de Zelaya, en Honduras, está preocupadísima por el estado de la democracia venezolana.

El problema es que Henrique Capriles es gobernador reelecto del estado de Miranda gracias a una elección controlada por la misma Comisión Nacional Electoral hoy acusada de impresentable.

Y el problema es que ningún observador internacional, incluyendo en la lista al Centro Cárter, ha formulado tacha alguna en con­tra del proceso que llevó a Nicolás Maduro, con las justas, a la presidencia.

La derecha peruana es chusca, golpista y sucia y creía que UNASUR debía impedir el mandato de Maduro.

Pero UNASUR no podía darles ese gusto porque no está entre sus funciones vetar una elección que no ha sido cuestionada por los observadores internacionales. Lo que ha hecho UNASUR es reco­mendar a Maduro que se efectúe el recuento de votos prometido y que se abran las puertas del diálogo en esa Venezuela con presentimientos de guerra civil.

Hay que ser muy bruto para no entender eso.

Y hay que ser muy cínico para que la prensa peruana, escrita y televisada, que avaló la dictadura putrefacta de Fujimori y su concentración de poder sostenga que hoy en Venezuela hay un monopolio de los medios y una práctica dictadura castrista. Curioso castrismo este que casi a punto estuvo de tolerar el triunfo del ferozmente opositor Henrique Capriles y que hoy asiste a un proceso inexorable de decadencia del PSUV y de fraccionamiento de sus filas.

 La derecha no tiene patria ni doctrinas ni principios. Sólo la excita el dinero, sólo la entusiasma la codicia, sólo le teme a la libertad

Para la derecha peruana el problema no es la democracia. Es quién corta el jamón. Si mañana fuera necesario dar un golpe de Estado sanguinario para reprimir a los opositores a la gran minería y a los que se niegan a obedecer el pensamiento único que todos los días expectoran los locutores de RPP, la derecha aplaudiría con el mismo fervor con que aplaudieron a Sánchez Cerro (creación heroica) y a Velasco (cuando creyeron que podían manejarlo).

La derecha no tiene patria ni doctrinas ni principios. Sólo la excita el dinero, sólo la entusiasma la codicia, sólo le teme a la libertad. Por eso quiere que todo sea inmóvil, fósil, eterno. Es una derecha eclesiástica que aspira a la inmortalidad de sus privilegios.

Y entre ellos está el de decretar qué cosa es buena o qué cosa es mala. Es como el evangelio según San Luis (el agua embotellada). Como el papel de los hechiceros en las tribus primordiales.

Nada que se salga de su monótono libreto es válido.

¿Maduro presidente aun después de muerto Chávez?

Inaceptable.

¿Argentina en manos de una mujer insumisa que se enfrentó con éxito al FMI y que pelea con una prensa mafiosa plagada de intereses?

Impresentable.

¿Bolivia reclamando lo que le fue arrebatado en una guerra procaz?

Deleznable.

¿Petroperú queriendo comprar 51% de las acciones de Repsol? Imperdonable.

¿Humala hablando de un Estado medianamente presente? ¡Velasquismo trasnochado! ¿Y cuando el Estado de Obama imprime trillones de billetes para salvar a la banca grande que estafó a los chicos? Ejemplar.

¿Y cuando Europa ajusta a los ciudadanos después de salvar a los bancos desregulados?

Maravilloso.

¿Y cuando la empresa estatal Entel Chile compra a Nextel en el Perú?

¡Gran noticia!

¿Y cuando la estatal noruega Cermaq compra a la privada peruana Copeinca? ¡Globalización!

Qué divina es la derecha peruana. Está convencida de que los peruanos somos débiles mentales que se aborregarán ante sus gritos, amenazas, editoriales y columnas escritas por quienes antes firma­ban contratos con las Cepris de Fujimori.

Y, en el caso de Repsol, sólo chillan ideológicamente porque Petroperú tiene la intención —ya confirmada— de comprar el 51% de sus acciones pero omiten señalar que buena parte del paquete accionario de esa empresa española ya está en manos de las AFP que operan en el Perú.

¿Alguna privada está dispuesta a invertir ese dinero?

Que lo digan Dionisio Romero júnior y sus socios chilenos, dueños ya de Primax y que, con la compra de la cadena de Repsol, serían los amos del mercado. ¿O no es eso lo que está en juego?

Repsol fue expropiada en Argentina por no hacer nuevas inversiones y por haber estado bombeando utilidades extremas a su casa matriz madrileña.

Aquí, el último año, vendió combustible por un valor de 4.600 millones de dólares y apenas ha tenido unos 30 millones de utilidad. ¿O es que en el Perú ha repetido la faena bombeadora de Buenos Aires?

Petroperú debe tener cuidado con sus próximos pasos no por la prédica de la derecha sino porque Repsol no es ninguna pera en dulce.

Pero, claro, este tipo de información no le interesa a la gran prensa peruana (y a su hija retardada, la televisión). Lo único que importa es que nadie se salga del libreto. Ni con Repsol ni con Venezuela ni con ningún otro tema.

Que Humala se entere de una vez: con la derecha peruana no hay tratos equitativos. Ella sólo reconoce iguales (entre los suyos) o subordinados. Y usted, señor presidente, era hasta hace unas horas un obediente subordinado.

Ya no lo es tanto.

Y esa es una gran noticia. No se retracte. No se chupe. No se asuste. La derecha es, al fin y al cabo, un tigre de papel periódico.

Que usted recupere algo de su identidad es sólo una mala noticia para quienes lo han visto como el mayordomo (siempre culpable) de una novela mala de Agatha Christie.

Hildebrandt en sus Trece, 26-04-2013

La transparencia en los derechos de pesca es una necesidad

La RD 211-2008-Produce/DGEPP publicó la relación  de embarcaciones cuyos armadores no habían presentado declaraciones juradas del pago de derechos de pesca 2007. Suman 617. Lo que significaba, para ese momento, que casi el 50% de la flota simplemente no declaraba pero igual pescaba y se lo permitían.

También detalla 320 embarcaciones cuyos armadores debían reintegrar derechos de pesca correspondiente al pago de derechos de pesca del 2007 por un valor aproximado de 3 millones y medio de soles. Algunos no solamente no pagaban, sino que se daban el lujo de no declarar.

PRODUCE recién reacciona en Junio del año entrante, es decir en 2008. Curiosamente esta RD tiene fecha del 18 de abril 2008; pero se publica el 9 de junio 2008.

Así como en el 2008 PRODUCE hizo pública la situación de la cobranza de los derechos de pesca, hoy más que nunca en el escenario actual, corresponde que se difunda una información similar a la que fue publicada en ese entonces. No conozco si entre el 2008 y el 2013 se ha hecho pública una información similar, la cual además, debería hacerse en forma periódica y ser ampliamente difundida.

Para mayor ilustración se transcribe el texto de la resolución mencionada.

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/564-transparencia-derechos-de-pesca

Una ministra de la Producción incómoda

El Estado peruano tiene mucho que evaluar y analizar en torno a la industria pesquera.

 En ese sentido, una ministra como Gladys Triveño sale del molde tradicional de la mayoría de sus antecesores. Al concentrase en aplicar reformas se ha ganado la reacción de la industria que ve, por primera vez, un funcionario empecinado en ordenar el sector. Se ha convertido en una persona peligrosa para algunos intereses. Si su siguiente paso fuese ordenar el tema de derechos de pesca, que se detalla en esta nota, podría afectarse seriamente intereses nunca antes tocados.

Por tanto, siendo una funcionaria que no cede fácilmente, ni a la que se tiene acceso con la misma flexibilidad de antes, es imperativo que deje el cargo.

Si los bloqueos de carreteras, si la presión de los lobistas a través de los medios de comunicación no funcionan y no la sacan ni renuncia, entonces queda el recurso de la interpelación que conduzca a la censura.

Sin embargo, será Palacio de Gobierno quien diga la última palabra en torno a las reformas y ordenamiento del sector pesquero, en el cual hay mucho trabajo de inclusión por hacer y mucho dinero por recaudar que hasta hoy no se ha recaudado.

Las siguientes semanas mostrarán al país si realmente estamos o no ante una gran transformación en la pesquería peruana.

 El capítulo III del Reglamento de la Ley General de Pesca DS 012-2001-PE establece

 CAPITULO III DE LOS DERECHOS DE PESCA

 Artículo 40.- Pago de derechos

 40.1 Los armadores de embarcaciones pesqueras mayores de 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega y las comprendidas en el numeral 1.2 del inciso a) del Artículo 30 de este Reglamento están obligados a pagar los derechos de pesca establecidos en el Artículo 45 de este Reglamento y los que fije el Ministerio de Pesquería en función a cada recurso hidrobiológico no contemplado en dicho artículo. (Significa que las embarcaciones artesanales o sea las menores de 32,6 metros cúbicos no pagan derechos de pesca; no pagan nada por la extracción de un recurso natural propiedad de todos los peruanos)

 ANCHOVETA

 El DS 024-2006-PRODUCE (publicado el 26/11/2006). Modifica el monto de derechos de pesca de la anchoveta:

 (…) Se efectuará sobre la base de aplicar el 0,25% del valor FOB por tonelada de harina de pescado, promedio aduanet (…)

 Con la  aprobación en el año 2008 del Decreto Legislativo No. 1084, se dio inicio al mayor reordenamiento del sector de los últimos treinta y cinco años en el Perú. Aunque la norma no cuenta con informes del IMARPE ni fue elaborada por el Ministerio, introdujo cuotas individuales de pesca de anchoveta y las asignó a las embarcaciones que ya operaban en esta pesquería (en función a su record de pesca y a su capacidad de bodega). La asignación de derechos de propiedad incrementó la eficiencia del sector, lo cual se tradujo en un incremento significativo de las utilidades de las empresas que operaban en el mismo, lo que es concordante con una menor disipación de la renta del recurso. 

 Un aspecto de la implantación de este régimen que no ha recibido la suficiente atención, es el hecho que la asignación de derechos de propiedad usualmente tiene como contrapartida el pago por el derecho de pesca que se le asigna al armador. La lógica económica es simple: el recurso natural renovable es de propiedad de la nación; el recurso en cuestión goza de una renta debido a la alta productividad del mar peruano; por lo tanto, si un particular desea explotar este recurso y usufructuar la renta de la pesca, debe pagar una regalía por ello, o un derecho de pesca, que guarde cierta proporción con la renta transferida.

 Sin embargo el mismo DL 1084 en su primera disposición final congeló por diez años la tasa de derechos de pesca descrita.

 En el caso de la pesquería de anchoveta, el derecho por concepto de extracción de los recursos destinados al consumo humano indirecto vigente desde el año 2006 es de 0.25% del valor FOB por tonelada de harina de pescado. Si, por ejemplo, el precio FOB promedio de la harina fue de US$ 1,490/TM, el derecho pagado habría representado US$ 3.73 / TM.

Para hacer una Tm de harina, se requiere, en promedio, 4.5 Tm de anchoveta.

Si la Tm de harina de pescado tuvo un precio promedio de 1,490 dólares, la industria pagó US$ 16.78 (3.73 x 4.5) por cada tonelada de harina exportada a US$1,490 cada Tm.

 El aceite de pescado derivado de la producción, queda libre de pago de derechos en esta ecuación, asumiendo que la producción de harina absorve la contribución.

 La proporción grotescamente desproporcionada entre lo que factura la industria y lo que le paga a la Nación, como propietaria del recurso pesquero, es a todas luces injusta, ante la pasividad de un Estado que ha prestado escasa o nula atención a la pesquería peruana.

 La pota y la merluza, así como el jurel y caballa son también sujetos de “derechos de pesca”.

 Artículo 45.- Monto de los Derechos de Pesca para pelágicos y merluza.

  El pago de derechos por concepto de explotación de recursos hidrobiológicos que se señalan a continuación se establecen en:

 a) Derechos por extracción de los recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa: 0.075% UIT/ton. Métrica extraída (los correspondientes a la anchoveta fueron modificados según se ha descrito)

b) Derechos por extracción del recurso merluza: 0.15 % UIT/ton. Métrica descargada

 La UIT (unidad impositiva tributaria) para el 2013 es de S/.3,700

 Por tanto la merluza paga S/5.55 por tonelada métrica extraída.

 La actividad extractiva industrial de merluza convierte todo lo capturado en producto congelado que se exporta. Nada de esa producción se comercializa en Perú. Por la actividad de exportación la industria recupera el Impuesto General a las Ventas, que el Estado le devuelve, más el drawback.

 Paga el impuesto a la renta de tercera categoría por las utilidades que declare y 5.55 soles por derechos de pesca.

 Es decir que el costo de la materia prima es de S/.5.55 por cuanto no se puede decir que el costo de la extracción sea el costo de la materia prima. Esta, o sea la merluza, es propiedad de todos los peruanos y como recurso natural es administrado por el Estado quien solamente recauda esa pequeña cifra como derecho. La exportación del producto final en forma de congelado supera largamente los mil dólares, dependiendo del tipo de presentación. La participación del Estado es mínima e injusta. Por más que la industria genere empleo directo e indirecto (no oficialmente cuantificado) el costo de la materia prima no debe ser tan bajo.

 Un tanto parecido es el asunto con la anchoveta, jurel y caballa, con la diferencia que una parte importante de esa producción en forma de enlatado queda para el mercado interno.