Regalando la pesca

LEY DE PESCA: REGALANDO NUESTRA RIQUEZA

 Milton Bertin Jones es ingeniero Civil de la PUC.

Actualmente el Ministro de Economía discute en una mesa cerrada y confidencial, con quienes tienen este regalo, como se va a proceder para renovarlo por el próximo período. Pero la discusión no es sobre los bienes comunes, ni sobre como compensar el país por este derecho de explotación, es simplemente, como modificar la repartición entre los señores feudales que hoy tiene acceso.

Es curioso como el Estado sigue entregando activos de todos los chilenos gratis. Y no precisamente a los más pobres. Así para la gente quedan los magros subsidios del Estado en casas COPEVA o en la deteriorada salud o educación municipal. Para los que más tienen quedan los subsidios implícitos de entregarles todos los bienes públicos, como los peces, casi gratis. Sospecho que esta vía de subsidio produce bastante más que los subsidios “sociales” que recibe la Sra. Juanita.

Y ello no tiene por qué ser así. Por ejemplo Arabia Saudita o Kuwait son actualmente países ricos, y no es porque tengan petróleo, antes de la Segunda Guerra mundial también lo tenían  y eran más pobres que nosotros.

Ahora son países ricos porque cobran por la materia prima llamada petróleo al que quiera extraerlo. Ya en 1957 las transnacionales petroleras le ofrecían a Arabia Saudita un pago del 50% del precio de venta del petróleo. En la reciente licitación efectuada por Irak  las empresas recibirán dos dólares por barril, es decir, el Estado iraquí recibirá el 97% del precio de venta.

Y no lo cobran como un impuesto, lo cobran como un precio por la materia prima.  No necesitan meterse con la contabilidad de la empresa para saber cuanto cobrar.

Si miramos desde esta óptica la industria pesquera, vemos que la materia prima, los peces, son apropiados, por alrededor de 7 familias, por un pago nominal (el royalty equivale a solo un 3 % de las ventas), en una modalidad que es incluso heredable, cual feudo medieval, todo gracias a la ley que vence el próximo año.

Actualmente el Ministro de Economía discute en una mesa cerrada y confidencial, con quienes tienen este regalo, como se va a proceder para renovarlo por el próximo período. Pero la discusión no es sobre los bienes comunes, ni sobre como compensar el país por este derecho de explotación, es simplemente, como modificar la repartición entre los señores feudales que hoy tiene acceso.

Ello es curioso, pues la economía tiene respuestas simples y no discriminatorias para la asignación de recursos escasos: las licitaciones.

El Estado, como administrador del recurso, puede licitar. Para ello se ha planteado la licitación de derechos de largo plazo, ciertamente un escenario mucho mejor que la situación actual en que la pesca prácticamente se regala, pero tiene el inconveniente que debe efectuarse por un período largo y se deja afuera a quienes no tienen suficiente capital para ello.

Es más eficiente licitar derechos sobre cantidades ciertas de pesca, es decir sobre determinadas toneladas, por ejemplo, las posibles de extraer en una salida de una embarcación artesanal o industrial. Así se generan cientos de lotes que se rematan electrónicamente cada semana lo que permite que los demandantes deban pagar por su pesca inmediata y no por meras –e inciertas- expectativas de largo plazo, con lo cual los pagos individuales disminuyen. Con ello se logra que siempre exista espacio para el ingreso de los innovadores al sector, y se cautela tanto la exigencia ética de igualdad de oportunidades para los chilenos como la eficiencia económica implícita en asignar una materia prima por precio, es decir el recurso se asignará automáticamente al proyecto con mayor retorno económico, como ocurre en otros mercados de materias primas con oferta acotada.

En este último caso, me refiero al mercado del ganado vacuno, cada año se sabe a priori cual va ser el tonelaje disponible en el mercado,  los que necesitan este insumo pueden comprarlos en las decenas de remates que existen cada semana,  no se necesita estar inscrito en un registro ni pertenecer a un club cerrado, ni demostrar ser dueño de un camión para poder retirarlos, ni menos cuanto ha usado en los años previos

Así un innovador que tiene una receta para una mejor hamburguesa solo tiene que ir a los remates y adquirir periódicamente las toneladas que necesita para su emprendimiento. Esa modalidad ha significado una significativa modernización de las empresas que procesan carne. Se invierte, precisamente, porque existe un procedimiento expedito que otorga acceso a la materia prima sin discriminaciones. Esa situación contrasta nítidamente con la de la pequeña industria de procesamiento de pescado, la que no puede ampliarse pues no tiene acceso al recurso.

Un procedimiento como el señalado tiene todas las ventajas de un mercado transparente, a saber:

-         Está abierto a todas las personas y empresas chilenas, la limitación a los pescadores de otros países es que en Chile solo se puede pescar con barcos chilenos. De esta forma se termina con el atentado a la igualdad de oportunidades que significa el régimen actual. Así se permite el libre acceso a los innovadores  a esta industria.

-         El precio de la subasta le permite al país recibir un ingreso por un bien que es del país, así se deja de regalar este activo. Pero como se debe pagar por la pesca que va ser usada en el futuro inmediato, los precios de los lotes serán inferiores a los de una subasta de derechos de largo plazo.

-         Un remate electrónico semanal permitirá a todos participar pero adjudica automáticamente los lotes a quienes tiene el proyecto con mayor valor agregado, alineando de esta forma los intereses privados y sociales. En este sector, el mayor valor agregado está asociado a la necesidad de emplear más personas, pues por lo que este procedimiento maximiza el empleo, al contrario de lo que ocurre actualmente en el que el empleo en el sector viene disminuyendo.

-         El Estado recupera los elementos esenciales de su potestad, a saber, fijar los tonelajes, posibles de cosechar, las características técnicas, como talla mínima, territorios desde los cuales es posible extraer cada lote, etc.

Es cierto que quienes tienen hoy esta granjería alegan que ésta les pertenece, por estar en el registro, la solución es simple, basta abrir el registro.

Me parece que esta vía, cobrar por las materias primas propiedad de todos, es mucho mejor que una reforma tributaria para financiar el Estado.

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/09/09/ley-de-pesca-regalando-nuestra-riqueza/

Chocolates de anchoveta

Gobierno Regional de Lima, presentó, en la Ciudad Sagrada de Caral, una nueva línea de productos energéticos elaborados a base de anchoveta para combatir la desnutrición infantil en la Región.

Chocolates elaborados a base de harina de anchoveta; conservas de anchoveta en aceite de oliva y salsa de tomate; y el ancestral “charquicán” de anchoveta, serán distribuidos, en una primera etapa, a los niños de las escuelas altoandinas, donde se registra el mayor porcentaje de desnutrición crónica infantil.

“Felicito al Gobierno Regional por esta iniciativa que estoy segura va a lograr su objetivo de disminuir la desnutrición en nuestros niños”, dijo la investigadoras Shady, quien agregó que las antiguas civilizaciones, como Caral, basaban su alimentación y comercio en la anchoveta seca salada. “Su alto contenido de Omega 3 pudo haber sido el factor que los hizo diferentes, pues aquí en Caral, hace cinco mil años, ya se empleaba la astronomía, mecánica de fluidos, geometría y cálculo aritmético. Sin duda la nutrición jugó un papel muy importante”, indicó Shady

Datos

Los chocolates no tienen olor ni sabor a anchoveta y son saboreados como una barra de chocolate de cacao con alto contenido proteínico y de Omega 3.

Fuente: http://www.regionlimaaldia.com/

La anchoveta y los derechos de pesca

La anchoveta y los Derechos de Pesca

Eco. Juan Carlos Sueiro Cabredo

Director de la ONG Cooper@cción e Investigador Asociado al Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Blgo. Santiago de la Puente

Investigador del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

                Recientemente ha estado viva la discusión en relación al valor de los derechos de pesca. Para darnos una idea de la magnitud de estos, debemos estimar la renta asociada a la anchoveta, como recurso natural, es decir su contribución (como la del capital y la del trabajo) resultante de su utilización en la producción de harina y aceite de pescado. Para ello estimaremos el valor de las capturas obtenidas, calculadas en base a los ingresos obtenidos por la venta de harina y aceite y los costos totales de la producción de estos productos.

Los ingresos están dados por los precios de harina y aceite y las cantidades producidas (ver ecuación 1).

IT = Ph + Pa

(Ecuación 1)

Donde:

IT = Ingresos por tonelada de harina y de aceite producida

Ph= precio de una TM de harina de pescado

Pa = precio de una TM de aceite de pescado

Dado que se necesitan 4,3 toneladas métricas de anchoveta para producir una de harina y 20 toneladas métricas para producir una de aceite de pescado, los ratios productivos para una tonelada de anchoveta serían los siguientes:

IT = 0.232 × Ph + 0.05 × Pa

Por otro lado, calculemos los Costos medios de producción (CMeT), es decir los costos totales por cada tonelada métrica de harina de pescado. Estos se calculan en base a la sumatoria del Costo Medio Operativo en Planta, que incluye el costo de la anchoveta, sea con flota propia o de terceros, (CMeOPl), el Costo Medio de Capital en Planta (CMeKPl), la Depreciación de Planta (DMePl) (ver ecuación 2).

CMeT = CMeOPl + CMeKPl + DMePl

(Ecuación 2)

Seguidamente a los costos Totales los dividimos por las capturas (el ratio 4:3 lo que es lo mismo 0.232) los que los expresamos con un * (Ecuación 3) para diferenciarlo de los Costos Medios Convencionales, expresados en volúmenes de producto final (harina de pescado).

CMeT* = 0.232 × (CMeOPl + CMeKPl + DMePl)

(Ecuación 3)

Según el BCRP el precio FOB promedio de harina de pescado en el 2008 fue $902 dólares americanos por tonelada métrica. Para el precio de aceite, como el 2008 fue inusualmente alto hemos tomado el promedio entre el precio del 2007 y el del 2009. Según la misma fuente en el 2010 los precios promedios anuales para harina y aceite de pescado han sido de $1,486.7 y $1,079.2 dólares americanos respectivamente.

Para los costos en planta he utilizado una estructura de costos para el 2008 y el 2010, donde la principal diferencia es el precio de la anchoveta. Esta estructura de costos considera: (a) el abastecimiento de pescado tanto con embarcaciones propias (2/3 partes del volumen de pesca utilizado) como con la flota de terceros (1/3 del volumen de pesca utilizado), (b) los montos de combustibles, (c) de mano de obra y (d) de depreciación de la planta, expresada en términos de una tonelada de anchoveta. Vale recalcar que las embarcaciones de madera y las de acero más pequeñas tienen un costo menor.

Los costos de producción por tonelada de harina producida calculadospara el año 2008 ascienden a $860 dólares americanos por tonelada de harina producida. Es importante mencionar que no hemos considerado la “recuperación” por aceite. De manera similar, los costos de la captura de anchoveta para la producción de harina de pescado ascienden a $91 por tonelada extraída (para ver los detalles de este cálculo revisar el Anexo 2 de La Pesquería Peruana de Anchoveta: Evaluación de los sistemas de gestión pesquera en el marco de la certificación a cargo del Marine Stewardship Council, disponible aquí).

Para el 2010, los costos de producción de una tonelada harina de pescado han sido calculados en $1,200 dólares, mientras que el costo de captura de una tonelada de anchoveta asciende a $96.5 dólares americanos.

Anotaremos que teóricamente la depreciación es la diferencia de valor entre el precio de compra o de fabricación y el precio de venta (residual) sin embargo, para la pesquería de anchoveta, las embarcaciones y las plantas se revaloran antes que se deprecian. Así una embarcación que hace 10 años costó 2 millones de dólares hoy se vende a más del doble.

Con esos parámetros la renta asociada a la anchoveta tanto para 2008 (antes de la aplicación del DL 1084), como para el 2010 se calcula utilizando la ecuación:

2008: 0.232 * (902.6 + 811.5 – 860) = $50.4 dólares americanos

2010: 0.232 * (1486.9 + 1079.1 –1200) = $119.8 dólares americanos

Como se puede observar, éstos difieren significativamente de los exiguos montos de derechos de pesca que se calcularon para el 2010, 0.25% del precio FOB de la harina de pescado equivalente en promedio a 3.72 dólares por tonelada métrica.

Esta situación ha sido ampliamente discutida en estas semanas tanto en la lista OANNES como en la Revista Pesca, resaltando que los derechos de pesca son claramente insuficientes: (a) para cubrir los costos de las acciones gubernamentales de gestión, vigilancia, control e investigación - necesarios para garantizar el aprovechamiento sostenible de la anchoveta y la sostenibilidad de la actividad pesquera en general, así como (b) para cubrir con un importe justo de retribución por el uso de un recurso natural que no sólo es patrimonio de la Nación, sino que también clave en nuestro mar.

En el 2005, como parte de un reporte para el Banco Mundial en el que colaboré junto con la Dra. Majluf y el Dr. Barandiarán calculamos con precios y costos de ese año en $16 dólares esta renta. Para Chile, la organización Oceana, quien nos facilitó esta metodología, la calculó (con ratios de 0.25 y 0.12 en harina y aceite respectivamente) para el año 2002 en 25,8 dólares por tonelada.

Queda abierto el debate acerca de cual debiera ser el monto por derechos de pesca de anchoveta para harina de pescado. Los cálculos aquí presentados de la renta asociada a esta especie en la producción de harina y aceite de pescado es una contribución a éste.

La gran transformación, inclusión y redistribución

El PERÚ ENTERO, Y EN ESPECIAL EL SECTOR PESQUERO, SOBRE TODO LOS PESCADORES ARTESANALES, ESPERAN CON ILUSION Y CONFIANZA COMO SE APLICARAN LAS FRASES DEL PRESIDENTE HUMALA EN EL SECTOR.

Más allá de la prensa y los medios tradicionales que dicen ser expresión de la "opinión pública", la realidad impone su propio paisaje. Es ese paisaje de realidad el que la Nación espera que el Presidente observe con detenimiento.

"Por eso, cuando contemplo y medito sobre todas esas repúblicas que hoy florecen por ahí, no se me ofrece otra cosa, séame Dios propicio, que una cierta conspiración de los ricos que tratan de sus intereses bajo el nombre y título de república. Y discurren e inventan todos los modos y artes para, en primer lugar, retener sin miedo de perderlo lo que acumularon con malas artes; después de esto, para adquirirlo con el trabajo y fatigas de todos los pobres por el mínimo precio; y para abusar de ellos. Estas maquinaciones, tan pronto que los ricos han decretado que se observen en nombre del pueblo, esto es, también de los pobres, se hacen ya leyes"

(Utopía, Libro II).

“Los recursos marinos son un bien público, no un recurso privado. Por tanto, el derecho de explotar esos recursos debe asignarse con arreglo a criterios que garanticen que la pesca contribuya lo máximo posible al interés público.

Tradicionalmente, los permisos de pesca se han concedido en función de la participación histórica en la pesca. Con frecuencia, quienes más habían capturado recibían la mayor parte de la cuota. Este criterio favorece que quienes han sido los máximos responsables de la sobrepesca en el pasado tengan las mayores oportunidades de pesca en el futuro. Este principio no contribuye a la recuperación de las poblaciones, ni favorece la pesca sostenible ni tampoco a las comunidades costeras”

“El derecho a pescar debería basarse en criterios ambientales y sociales”

La injusticia tributaria: cobrar o no cobrar impuestos

Esta nota tiene un exponente casi patético en la recaudación tributaria y por derechos de pesca que proviene del sector pesquero en el Perú.

Una industria pesquera que contribuye en una proporción injusta, un sector artesanal que no tributa pero que demanda inversiones y una pasividad e indolencia censurables por parte del Estado.

Sin embargo vale la pena agregar al comentario que aún si la recaudación y contribución mejorasen a niveles adecuados, ¿está el aparato estatal del sector pesquero capacitado para ejecutar el gasto de inversión, proveniente de mayor recaudación, en forma eficiente y oportuna?

Las cifras estadísticas de la ejecución presupuestal de los últimos diez años indican que no lo está.

La inversión en mejoramiento de la infraestructura pesquera de desembarque es necesaria desde todo punto de vista. El punto es ¿de dónde debe salir el dinero para hacerlo? ¿Del IGV, del Impuesto selectivo al consumo? ¿De la renta? ¿De qué sector?

La respuesta, obviamente es que tiene que salir del sector pesquero. Pero ocurre que la contribución del sector industrial es pobre y la del sector artesanal es nula.

Los desembarcaderos pesqueros sirven, tanto al industrial que por ellos desembarca la materia prima que procesa y exporta, como al artesanal que alimenta el sistema de comercialización del mercado interno.

El gobierno del presidente Humala tiene que introducir acciones concretas en esta problemática que ha sido soslayada por las administraciones anteriores. Tiene entonces la oportunidad de ejecutar una política redistributiva y de inclusión social en todo aspecto.

Marcos Kisner

INJUSTICIA TRIBUTARIA EN AMÉRICA LATINA: COBRAR O NO COBRAR IMPUESTOS

Carlos Alonso Bedoya

Red del Tercer Mundo

América Latina ha tenido un crecimiento económico no visto desde fines de los años sesenta, pero sigue siendo la región más desigual del mundo. Todo indica que el problema se produce a la hora de cobrar impuestos.

Llevamos años escuchando que es fundamental la disciplina fiscal. Que no podemos gastar más de lo que tenemos. Que uno debe taparse hasta donde le alcanza la frazada. Así hemos ido acostumbrándonos a la idea de que llegará el día en que el crecimiento económico alcance para todos pero, mientras tanto, debemos medirnos con el gasto en salud, educación o seguridad social.

Hemos venido entendiendo lo “fiscal” como ajustarnos el cinturón, en lugar de recaudar lo suficiente para cubrir nuestras necesidades. Seguramente que en esto tienen que ver los traumas provocados por la crisis de la deuda y la hiperinflación de los años ochenta. Pero resulta que hoy el escenario económico es otro. Inversionistas privados obtienen grandes ganancias en nuestros países y, en muchos casos, no pagan lo justo en impuestos con el argumento de que si no se les otorga beneficios o exenciones tributarias se van a otro territorio. En realidad, nos chantajean al mismo tiempo que utilizan sofisticados mecanismos para llevarse lo que deberían dejar en el tesoro público.

Esta trampa ideológica hace también que diversos países de la región cobren menos tributos para captar mayor inversión extranjera directa, generando una competencia irracional entre vecinos. Ello, además de colocarnos en una posición desfavorable para negociar con el capital foráneo, impide que los sistemas tributarios estén lo suficientemente interconectados para detectar evasiones u otras movidas ilegales.

Ahora lo vemos con claridad. Mientras que en el periodo 2003–2008, América Latina ha crecido a una tasa promedio de 5.5 por ciento, no ha dejado de ser una de las regiones del mundo que dispone de menor financiamiento tributario. La presión tributaria de América Latina y el Caribe alcanzó apenas el 18.3 por ciento durante el 2010, según CEPAL. O sea que de cada cien dólares producidos en nuestra región sólo 18.3 fueron a dar a la administración tributaria de cada país en promedio. Y eso que este cálculo incluye las contribuciones a la seguridad social.

Política fiscal e igualdad

La política fiscal es un instrumento potente a la hora de atacar la desigualdad. Lamentablemente ese debate aún no ha ingresado con fuerza en América Latina. Es que la potencialidad que tiene la manera en que cobramos impuestos y como asignamos el gasto incide directamente en la distribución de la renta de un país. En buena cuenta, la política fiscal debe ser vista también como una política redistributiva, porque con una mano le cobro a quien más gana y, con la otra, le doy a quien menos tiene.

Precisamente, mediante la recaudación justa de impuestos se pueden obtener recursos suficientes para dar servicios públicos de calidad a la población, incluso transferencias monetarias condicionadas, como el programa Bolsa Familia en Brasil, Juntos en Perú o la Asignación Universal por Hijo en Argentina.

Con un sistema de impuestos de carácter progresivo, donde el que más renta genera más paga, se tiende a lograr equidad. Los montos pagados aumentan a medida que crece el nivel de ingresos de individuos y empresas. Así, el conjunto de banqueros, mineros, pesqueros o industriales agroexportadores pagan en proporción más que el resto de la población.

Es decir, el impuesto a la renta que pagan los que la generan nos debe permitir recaudar más que por concepto del impuesto a las ventas que pagamos todos. Por ello, la imposición a la renta y el patrimonio, denominados impuestos directos, es clave como mecanismo de justicia tributaria.

Sin embargo, ésta no es la realidad que vivimos en la región. América Latina enfrenta grandes dificultades para aumentar el peso de los impuestos directos. La estructura tributaria del conjunto de los países latinoamericanos es más bien regresiva. Pagan más los que menos tienen. Cerca del sesenta por ciento de los recursos tributarios proviene del impuesto por adquirir bienes o servicios, mientras que sólo un treinta por ciento corresponde a impuestos directos como renta y patrimonio, según la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).

Un ejemplo extremo se daba en Perú antes de la eliminación de la exoneración de las ganancias en bolsa. En 2008, una persona que vivía debajo de un puente pagaba por Impuesto General a las Ventas (IGV) el diecinueve por ciento, mientras que en ese mismo año una persona que invertía 50,000 dólares en la Bolsa de Valores de Lima y duplicaba su inversión pagaba cero.
 

Un sistema fiscal donde una porción elevada de su recaudación se deriva de impuestos indirectos, como el impuesto al consumo, perjudica a los pobres, ya que ellos destinan una mayor proporción de sus ingresos a pagar impuestos al consumo que las personas con mayores ingresos.

Evasión tributaria, pobreza y desigualdad

Lo cierto es que la evasión del impuesto a la renta en América Latina oscila entre el cuarenta y el sesenta y cinco por ciento, según Latindadd, y esto definitivamente atenta contra cualquier efecto redistributivo. En buen romance, con esa práctica de no pagar suficientes impuestos directos tampoco hay dinero para redistribuir.

Mucha de esa plata que deja de entrar a las arcas fiscales indebidamente se remesa al exterior burlando la ley. Esto, que en la jerga económica se conoce como parte de los flujos de ilícitos, entre 2000 y 2008 superó los 150,000 millones de dólares, según la misma fuente. No es poca cosa.

 

Mientras tanto, en nuestra región tenemos registrados todavía ciento ochenta y tres millones de personas en la pobreza y setenta y cuatro millones en la indigencia. Y aunque durante la primera década del este siglo la pobreza disminuyó en entre seis y once puntos porcentuales, producto del crecimiento, la mejoría hubiera sido mucho más significativa de haberse evitado la fuga ilegal de miles de millones de dólares.

 

Además, hay que tener en cuenta que el impulso de reducción de la pobreza ha disminuido tras la crisis global.

Del lado de la desigualdad, las cifras para América Latina nos dicen que el ingreso medio captado por el veinte por ciento más rico de la población supera en 19,3 veces al del veinte por ciento más pobre. El coeficiente de Gini, un método que mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso en el que el valor de cero expresa la igualdad total y el de uno la máxima desigualdad, da como promedio para la región hasta 0,53 por ciento. Aunque si lo vemos de manera diferenciada entre países, algunos, como Brasil, Guatemala, Colombia y Honduras, se acercan a 0,6.

A pesar de los instrumentos desplegados por los distintos gobiernos en los últimos años para impulsar la demanda agregada y el boom internacional de los precios de los commodities, América Latina permanece como la región más desigual del mundo.

Otra de las constataciones a tomar en cuenta es que el coeficiente de Gini, antes y después del pago de impuestos, ofrece un acercamiento al impacto de la política tributaria sobre la distribución de la renta nacional. En Argentina, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Panamá, la distribución mejora después del pago de impuestos, mientras que en Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Perú el efecto es el contrario.

Como podemos ver, la ideología que promueve la llegada de inversiones, la firma de Tratados de Libre Comercio y el ajuste del gasto como vía para alcanzar bienestar no ha reparado en que la principal fuente de injusticia se produce a la hora de cobrar los impuestos. Sin duda la tarea es enorme, pero ya es momento de revertir las prácticas tributarias neoliberales que nos hacen competir entre vecinos y les dan la sartén por el mango a los criminales de cuello y corbata.

http://agendaglobal.redtercermundo.org.uy/2011/07/14/injusticia-tributaria-en-america-latina-cobrar-o-no-cobrar-impuestos/