La sobrepesca no constituye el
único problema. La degradación del entorno marino, y la interferencia con el
ecosistema a través de la consciente o inconsciente utilización de los océanos
como receptor de desechos, además de la destrucción del hábitat originado por
malas prácticas de extracción, son factores de creciente incidencia en términos
de deterioro de la producción marina.
La industria pesquera atribuye a
los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la
cualidad de inagotable. Han elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de
los hechos. El elogio constante a la
producción y exportación de harina de pescado solamente alcanza a la
comprensión de un pequeño sector nacional, que además no percibe íntegramente
el escenario. A éste se le deben agregar las cifras exportadas, las de los
impuestos recaudados, los derechos de extracción cobrados y el empleo de dichos
fondos.
Una pesquería sostenible
solamente será posible cuando el país alcance el adecuado nivel de madurez cívica
que le permita entender y aceptar que se requiere colocar el interés nacional
por encima de los intereses de parte. El interés nacional requiere que se
desechen los intereses económicos grupales y se privilegie la alimentación de
la población nacional por encima de todo. Ello impone tener pesquerías
sustentables, una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del
ecosistema y del medio ambiente, de tal
forma que se garanticen alimentos baratos para toda la población del país en
forma prioritaria.
Los beneficios económicos del
sector pesquero marítimo alcanzan a una fracción mínima de la población costera
involucrada. Los volúmenes de recursos pesqueros naturales no aumentan a la par
que crece la población vinculada a la extracción. Los recursos pesqueros no
aumentan en función a la demanda.
El Estado debe propiciar que
todos asumamos la responsabilidad de hacer causa común con la defensa de
nuestras zonas costeras, para preservar sus bienes y servicios. Así como
incentivarnos a poner nuestros ojos en el medio marino y costero. Este esfuerzo
resulta de suma utilidad para las nuevas generaciones, a quienes les
corresponde pagar las deudas ambientales que dejamos las generaciones pasadas y
presentes.
Años de línea directa con la
autoridad de Pesquería, años de intervención directa o indirecta en las
regulaciones dictadas sobre la pesca en el Perú parecen haber terminado, al
menos por ahora.
La intervención directa de
Palacio de Gobierno, defendiendo la correcta posición de autoridad del Titular
del Pliego de Producción, introduce un elemento inédito, novedoso, que permite
presumir que este escenario, podría durar hasta el fin de este gobierno.
La industria anchovetera, que
rechaza normas que afectan la rentabilidad de su negocio, en especial en el sur
del Perú, viene acudiendo al empleo de los medios de comunicación para expresar
sus opiniones, fijar sus posiciones y debilitar la posición de la Ministra con
la evidente intención de sacarla del cargo. Esta táctica tradicional parece que
no funcionará en un escenario en el cual esta autoridad recibe un respaldo
abierto del Jefe de Estado. El enfrentamiento actual es directamente con
Palacio, autoridad que no puede ser revocada y cuya autoridad no puede ser
minada.
En esta confrontación, la
sociedad civil puede resultar beneficiada en la medida que, por primera vez,
escucha en la televisión y en la prensa escrita la existencia de un problema
pesquero, sobre el cual no sabía mayormente nada. Esto debería y podría
llevarla a informarse mejor de aspectos sobre los cuales jamás antes se había
interesado. Ello permitiría fijar posiciones con mayor información sobre los
temas de fondo, que no se han tocado aún, como la real participación de la
industria en la recaudación tributaria, pago de derechos de pesca, generación
de empleo, contaminación, atención al mercado nacional y contribución con la
seguridad alimentaria peruana.
La investigación individual u
organizada de la sociedad civil debería evaluar los niveles de desinformación e
inexactitudes que se han venido propalando en los medios sin sustento alguno
como:
Que el Perú es el número uno en
sostenibilidad según un estudio de la Universidad de Columbia no ha sido
demostrado exhibiendo el documento fuente. Al exhibirlo, leerlo y analizarlo,
la afirmación se cae porque no es cierta.
Que la industria invierte en el
consumo humano directo de pescado, es una afirmación incompleta porque debería
aclararse si su inversión es para exportar o para atender al mercado peruano.
La realidad es que para la industria de consumo humano directo la prioridad es
exportar y no el público consumidor peruano.
Que el Perú dejará de percibir
300 millones de dólares y 120 millones de dólares en impuestos dejados de
recaudar tampoco ha sido sustentado con cálculos, estadísticas y proyecciones.
¿Cómo debe reaccionar el pueblo
peruano ante esta avalancha de información y desinformación sobre un tema que
desconoce?
El tema no es apoyar una posición
u otra, sino defender sus propios intereses, es decir los de cada poblador del
país. La mejor actitud debiera ser la de investigar e interesarse más sobre el
asunto pesquero ya que se trata de recursos naturales de los cuales la Nación
es la propietaria, por lo que resulta grosero que una pequeña fracción de la
población presente reclamos y exigencias públicas sobre recursos que no son
suyos y sobre los cuales la ley y la Constitución otorga su administración y
manejo al Estado.
Las preguntas que debe hacerse el
público son:
¿Cuánto gana cada ciudadano
peruano por la extracción de sus recursos pesqueros? Bien sea por medio del
canon pesquero y/o impuesto a la renta?
¿Cuánto pescado se destina a la
comercialización dentro del país para alimentar a los peruanos en relación a lo
que se exporta para alimentar a otras poblaciones fuera del país?
¿Cuánto daño viene haciendo la
industria al medio ambiente, quién y cómo se va a corregir y reparar el mismo?
El tema de fondo es que el pueblo
peruano, la sociedad civil fije su posición en la participación del negocio
pesquero.
La Sociedad Civil, el pueblo
peruano, no puede permanecer indolente ni pasivo en esta confrontación. Como la
misma no genera un referéndum ni una votación, tiene que organizarse para
defender sus recursos pesqueros. No para defender a la industria ni
necesariamente al Estado, si es que actuase indebidamente, sino para proteger
sus recursos naturales y hacer sentir su voz y presencia a través de
instituciones libres de influencias y de manipulación.
Quedan perfectamente claros tres
temas:
Que los derechos de pesca
vigentes son bajos.
Que el impuesto a la renta
también es bajo, y hasta desaparece cuando se le contrasta con los impuestos
que el Estado devuelve al sector. Tema complejo que se subsanaría aplicando
regalías a la extracción, es decir poner un precio a los peces, que hasta hoy
no lo tienen.
Que la contaminación y reparación
del daño causado al ambiente hasta el momento no está resuelto. Que los límites
Máximos Permisibles para la descarga de efluentes asignados a la industria reductora
han sido generosos y los plazos de adecuación a sus PAMAs (Programas de
adecuación y manejo ambiental)también. Que la industria de consumo humano
directo no tiene hasta ahora límites máximos permisibles que permitan controlar
y eventualmente sancionar el exceso de contaminantes vertidos al mar. Que toda
la flota pesquera no tiene el control debido de sus descargas de aguas sucias y
residuos oleosos porque no se aplica la normativa del Marpol.
