El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

27 de enero de 2013

La anchoveta y los descartes


POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE

Este 31 de enero, junto al cierre de su segunda temporada de pesca del 2012, se despedirá la vieja mala práctica de las embarcaciones pesqueras de devolver al mar la anchoveta capturada con alta incidencia de ejemplares juveniles, y se introducirá el sistema de vigilancia directa del Ministerio de la Producción (PRODUCE) a través de inspectores y/o técnicos científicos de investigación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) a bordo, que hará posible la respuesta inmediata del PRODUCE cuando se observe esta grave incidencia en las faenas de pesca y pueda disponer oportunamente la suspensión de las actividades extractivas en las zonas donde aquello suceda.

En estos últimos meses hemos observado, con mucha decepción, la práctica irresponsable de este descarte de juveniles en altamar que realizan muchas embarcaciones pesqueras, acatando seguramente directivas de las empresas a las que pertenecen y contando con el cómplice silencio de sus tripulantes, a pesar que antes de dar inicio a la presente temporada de pesca, la ministra de la Producción Gladys Triveño, en conferencia de prensa difundida a nivel nacional, expuso la preocupante disminución de la biomasa de anchoveta (estimada en 5.3 millones de toneladas y con alta presencia de ejemplares juveniles), dando lectura al dramático informe alcanzado a su despacho por investigadores científicos del IMARPE.

En esa ocasión y ante esa adversa circunstancia, sacrificando las recomendaciones técnicas de abstenerse de pescar en esta segunda temporada y en atención a la dramática situación laboral al que quedarían expuestos los pescadores, la ministra determinó una cuota social de 810 mil toneladas, demandando públicamente mayor compromiso a los actores involucrados en esta actividad extractiva para preservar este preciado recurso marino.  Muchos dudaron de tal informe e inclusive solicitaron una nueva inspección y hasta el incremento de la cuota asignada.

Una vez que se hicieron a la mar, los pescadores se han dado cuenta de la certeza del informe del IMARPE y de la gravedad del problema que alertó la ministra. Pero, de manera contradictoria, salvo unas pocas embarcaciones (es justo reconocerlo) de la empresa pesquera Hayduk, estas malas prácticas del descarte de juveniles en altamar se volvieron más recurrentes. A esta reprochable actitud altamente depredatoria, se sumó el desorden y corrupción que aún están latentes en la supervisión en  los desembarques de pesca industrial a cargo de CERPER y SGS, las cuales han hecho todo lo posible por ocultar el reporte real de la alta incidencia juvenil en las descargas y han retardado la acción correctiva del PRODUCE.

Hay quienes ahora piden veda general y hasta la cabeza de Gladys Triveño, a pesar que la ministra les advirtió de esta alta incidencia de ejemplares juveniles antes de iniciar las actividades extractivas y les pidió ponerse la camiseta del país extrayendo con sensatez el recurso, disponiendo no una cuota técnica, sino una social o de voluntad política. Quizá allí haya radicado su error, porque la cruda realidad le ha demostrado tardíamente que lograr el comportamiento responsable de los actores principales en la actividad extractiva de la anchoveta, es aún una tarea muy difícil para el Estado.

Por todo lo dicho, para que las nuevas normas dictadas por el PRODUCE surtan el efecto deseado, es necesario que se involucren con mayor responsabilidad quienes participan directamente en la labor extractiva, de tal manera que puedan desarrollar junto al Estado, una alianza estratégica para la sostenibilidad del recurso y de los beneficios económicos que éste les brinda.   

E mail: cesarcordova_55@hotmail.com

22 de diciembre de 2012

La ley de la trampa


Hace más de un año, IDL-Reporteros inició la publicación de una serie de reportajes que demostraban que los grupos más poderosos de la industria pesquera en el Perú perpetraban la práctica fraudulenta de pesca negra a gran escala y que el Estado no ejercía una fiscalización eficiente para frenarla. Hoy, una prolija investigación del economista Carlos Paredes confirma y complementa estas revelaciones.
Por Milagros Salazar.-

“Las compañías pesqueras están haciendo plata como jamás lo han hecho (cada tonelada de harina de pescado llegó a costar 2 mil dólares en noviembre), pero para ellos mucho no es suficiente, más es mejor. Y ganar más significa subreportar, hacer trampas”, dice el economista Carlos Paredes, investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres.

Paredes realizó cálculos econométricos que corroboran el subreporte que demostró IDL-Reporteros en un trabajo que combinó el reporteo y el manejo masivo de bases de datos.

Esta vez, Paredes confirma desde su especialidad que el subregistro es una práctica común en el sector. A partir de la aplicación de fórmulas, la revisión de registros de desembarques y el cálculo de la producción de harina, concluye que en 2009 las empresas no registraron más de 167 mil toneladas de anchoveta en todo el litoral, lo que representa unas 38 mil toneladas de harina si se considera que se necesita 4.38 toneladas de pescado para una tonelada de harina.

Con los precios de la harina que estimó IDL-R en su momento, esta cantidad puede valorizarse en 61 millones de dólares y con el precio actual la cifra llega a los 76 millones.

En 2011, el subregistro detectado por Paredes, se duplicó hasta superar las 297 mil toneladas de pescado, el equivalente a 67 mil toneladas de harina. Esto significa un poco más de 100 millones de dólares, si se toma en cuenta el precio promedio de la harina del año pasado, y asciende a 134 millones con el precio de hoy.
En total, en esos dos años, el volumen de pescado que se ‘esfumó’ estaría valorizado actualmente en más de 200 millones de dólares.

¿Este “subreporte” en realidad no debería llamarse fraude?
-El subreporte significa sobrepesca, sacarle la vuelta al Estado, a la naturaleza, a ellos mismos (los empresarios) porque están depredando un recurso que necesitan para seguir desarrollando su actividad.

Pero también están dejando de pagar derechos de pesca al Estado por cada tonelada que no registran en la balanza.

-El problema es que como todo el mundo subreporta, el que no lo hace siente que es un estúpido. Desde que se implementó la ley de cuotas individuales de anchoveta, existen grandes y perversos incentivos para hacerlo. Las empresas no quieren agotar su cuota porque vale mucha plata. Hasta el año pasado, podían cobrar 250 dólares por alquilar cada tonelada de su cuota. Una empresa con una cuota de 10 mil toneladas, entonces podía ganar 2 millones 500 mil dólares. Y hoy es mucho más porque la tonelada puede estar valorizada en 350 dólares. Qué rico alquiler. Ningún negocio de alquiler me permite ganar esa cantidad. Por eso, hago trampa, adultero las balanzas, y digo que pesqué menos porque lo importante es seguir teniendo cuota.

¿Por qué las empresas necesitan hacer trampas si les va muy bien con un precio tan alto de la harina?

-Los mismos pesqueros están vulnerando el derecho de propiedad porque no hay vigilancia. Como el Estado es débil y no controla la actividad, se está regresando a la misma tragedia de antes de la ley de cuotas cuando había “carrera olímpica” (y todos se lanzaban al mar para pescar todo lo que podían).

En su investigación, Paredes aplica una segunda metodología: estima el subreporte a partir de la pesca almacenada en las bodegas de los barcos que descargaron entre 2009 y 2011. Curiosamente, detecta que las compañías registran menos pesca después de la ley de cuotas a pesar que la norma permitió mayor eficiencia en la captura de la anchoveta.

No sólo eso, detectó que las llamadas empresas integradas que tienen simultáneamente embarcaciones (barcos de acero) y fábricas, registran hasta 9% menos en los desembarques de lo que traen en su bodega, extrañamente cada vez que descargan en sus propias fábricas.

El subreporte se incrementa a 13%  cuando el análisis se centra en los desembarques que realizan las siete empresas más grandes del sector en sus plantas: Tecnológica de Alimentos (Tasa), Copeinca, Austral, Exalmar, CFG Investment, Diamante y Hayduck.
Este mismo fenómeno fue comprobado por IDL-R cuando comparó las diferencias entre la pesca declarada  y pesada. Las discrepancias siempre fueron más altas en las descargas en plantas propias que en las de terceros.

¿Entonces queda claro que las mayores responsables del subreporte son las grandes empresas?

-Queda claro que es más fácil subreportar para quienes tienen barco y planta, es decir para las empresas más grandes del sector que están integradas y pescan las tres cuartas partes de la anchoveta del país. No es que el dueño de un barco de madera que no tiene planta, no lo pueda hacer, sino que es más difícil que se ponga de acuerdo con la fábrica compradora para hacer algo ilegal.

Las empresas que incurren en esto son precisamente las que promovieron la ley de cuotas que se supone iba a ordenar el sector y eliminar la corrupción.
-Al respecto, hay una buena comparación. Nosotros hicimos nuestra ley general de pesca y la copiamos de la ley de Chile. La ley de cuotas también la copiamos de Chile, que terminó depredando el jurel. Pero, ¿cómo era posible que eso pasara si tenían cuota? Este principio de que mucho no es suficiente, más es mejor, está en el ADN de los seres humanos. Por eso una ley de cuotas exige mucho control y sanción de verdad. Con todo, en Chile hacen menos trampa que nosotros. Acá la costumbre es coimear.
“Nosotros hicimos nuestra ley general de pesca y la copiamos de la ley de Chile. La ley de cuotas también la copiamos de Chile, que terminó depredando el jurel”.
Allá los empresarios han hecho lobby en el Consejo Nacional de Pesca para legalizar el incremento de las cuotas y que no se tome en cuenta la recomendación de la autoridad científica como demostró una investigación conjunta con el ICIJ y CIPER de Chile.

-Así es, el principio de Chile es el mismo, sobrepescar. Mientras que en el Perú se respeta la cuota solo en el papel.

¿El Estado no debería beneficiarse de este “boom” del precio de la harina? ¿Cómo es posible que se congelara por diez años el porcentaje de derecho de pesca que deben pagar las empresas por tonelada de anchoveta?

-Eso fue increíble. Los derechos de pesca en el Perú son muy bajos en comparación a Chile e Islandia, pero mucho más si lo comparamos con la renta que fue transferida al sector privado. El Estado no cobró nada por otorgar ese derecho de explotación a las empresas con la ley de cuotas. Y lo que hoy recibe es solo 0.0025% del precio de cada tonelada de harina, lo que equivale a 3.38 dólares (si la tonelada cuesta mil 350 dólares). Mientras que el derecho que tienen las empresas por explotar cada tonelada está valorizado en 182 dólares. (Es decir, 54 veces más de ese 3.38 dólares que cobró el Estado por tonelada). Con el precio actual de 2 mil dólares la tonelada de harina, el Estado estaría cobrando 5 dólares por tonelada, mientras que las empresas tendrán una renta valorizada en unos 350 dólares (70 veces más).

Lo que recauda SUNAT en impuestos por la venta de harina y aceite también es muy bajo. En 2011 fue apenas 51 millones de dólares, el 2.4% del valor de las exportaciones.

-Me preocupa que en este tema no seamos transparentes. Aquí hay una renta muy alta de la que goza el privado y por la que el Estado cobra muy poco. Nuestro mar es el más rico del mundo. Si en Arabia Saudita pasas el dedo y sale el petróleo, en el Perú lanzas la red y sale anchoveta en abundancia lo que genera ahorro a las empresas. Eso debe tomarse en cuenta. Si se cobrara más por los derechos de pesca, el Estado podría financiar una administración eficiente, supervisar, realizar cruceros de investigación. Por eso también es importante que el Estado gaste mejor, si va a recaudar más.

¿Por qué no estimó el subreporte por empresa?, ¿no es importante saber quién es quién?

-No me interesa saber si la empresa tal o cual está subreportando más, sino llamar la atención sobre un problema del sector. Te cuento una anécdota: cuando saqué el informe, un director o directora de una empresa me llamó para preguntarme si su compañía estaba en la lista. Le dije que no había hecho ningún cálculo por empresa pero que le aseguraba que su compañía estaba ahí. Entonces, me preguntó: ‘¿por qué dices eso? Y le respondí: ‘porque todas están metidas’. Y me contestó: ‘Ay, qué respiro me das, no solo está la mía’. Imagínate, ¡qué tal hipocresía! Porque todos hacen trampa, la lógica es que no está mal que yo también lo haga.



Fuente:

18 de diciembre de 2012

Derechos de pesca: otro dolor de cabeza para la SNP


POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE

Acostumbrada a manejar el sector a su antojo, colocando piezas claves en las estructuras del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y mediante normas hechas a la medida de sus intereses, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), se resiste al cambio de reglas de juego que está realizando con acierto la ministra Triveño y no ha encontrado mejor forma de anularlas, arreciando con mayor fuerza la campaña de desprestigio en contra de su gestión, utilizando golpes bajos con denuncias públicas antojadizas y sin pruebas, contando con personajes de triste recordación para los pescadores como el ex ministro de la Producción Rafael Rey Rey. Lamentablemente, esta vil campaña mediática puede conseguir tal objetivo, porque cuenta a su favor con la gran desinformación que existe entre la sociedad civil, y por la casi nula participación de sus instituciones y organizaciones representativas.

Una de las medidas que parece no le ha gustado para nada a la SNP, es el marco legal que ahora dispone el PRODUCE para controlar directamente las descargas de pesca, dando respuesta a las permanentes exigencias del pescador industrial y ante las denuncias públicas hechas por IDL- Reporteros con pruebas irrefutables que demuestran la existencia de una escandalosa discrepancia entre el peso declarado y entre el peso descargado, que en muchos de los casos llegan al 30%, y la evidente manipulación del software de pesaje de las plantas harineras que quedó también en evidencia en el reporte difundido.

Ahora la ministra Triveño se lanza sobre otro objetivo que la SNP lo está sintiendo muy cerca de su yugular: El incremento de los derechos de pesca. En efecto, la SNP se sentía muy segura de que ningún ministro se atrevería a revisar el candado jurídico que los armadores pesqueros le han puesto a través de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 1084 que introdujo Rafael Rey Rey en el 2008 y que establece que durante el período de vigencia del aporte social obligatorio (10 años), se mantendrá sin alteración el monto y la forma de cálculo de los Derechos de Pesca por concepto de extracción de los recursos hidrobiológicos destinados al Consumo Humano Indirecto aprobados mediante el Decreto Supremo 024-2006-PRODUCE.  Dicha norma establece que el monto por este concepto, se efectúa sobre la base de aplicar el 0.25% del valor FOB de la harina de pescado.

Empeñada en establecer un verdadero justiprecio en las obligaciones que debe tener el empresariado pesquero con el Estado (por la extracción de este preciado recurso que significa la anchoveta), Gladys Triveño ha dispuesto mediante el Decreto Supremo 008-2012-PRODUCE, que la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero del Ministerio de la Producción  inicie un estudio para determinar si es necesario incrementar el monto de los Derechos de Pesca,  toda vez que a pesar que esta actividad extractiva genera millonarios ingresos, solo contribuye con menos del 1%  al PBI y representa  solo el 0.6%  de la recaudación.

La SNP se siente acorralada y es necesario que los pescadores y la sociedad civil refuercen la valiente actitud de la ministra Triveño y le den el respaldo que ahora urgentemente precisa, si se quiere acabar de una vez por todas, y una por una,  con las reglas impuestas por décadas por la SNP que le ha brindado muchos privilegios y le ha permitido acumular enormes riquezas.

E Mail: cesarcordova_55@hotmail.com

 

 

17 de diciembre de 2012

Campaña contra la ministra Triveño se hace más evidente


POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE

Para dimensionar la dura batalla que le espera a la ministra de la Producción Gladys Triveño contra la Sociedad Nacional de Pesquería, recojo la nota publicada en el semanario “HILDEBRANDT en sus Trece”, en la cual confirma que la SNP ha contratado a una gran empresa lobística española para tumbarse a la titular de PRODUCE  e inclusive señala que esta empresa ha hecho lo mismo, a su vez,  con Juan Carlos Valdivia y Mario Saldaña de la agencia ADN para arreciar una campaña feroz en su contra.

Al ver la calumniosa portada del diario “La Razón” del día sábado 15, no queda la menor duda que esta maquinaria mediática ya se echó a andar, y lo más lamentable es que esta vil campaña de desprestigio emprendida por la SNP puede surtir efecto, porque cuenta a su favor con la gran desinformación que existe entre la sociedad civil, y por la casi nula participación de sus instituciones y organizaciones representativas.

Acostumbrada a manejar el sector a su antojo, colocando piezas claves en las estructuras del PRODUCE y mediante normas hechas a la medida de sus intereses, la SNP intenta resistirse al cambio de reglas de juego que está realizando con acierto la ministra Triveño y no ha encontrado mejor forma que hacerla caer utilizando golpes bajos en base a falsedades y calumnias, contando con personajes de triste recordación para los pescadores como el ex ministro de la Producción Rafael Rey Rey.

Una de las medidas que parece no le ha gustado para nada a la SNP, es el marco legal que ahora dispone el PRODUCE para controlar directamente las descargas de pesca, dando respuesta a las permanentes exigencias del pescador industrial y ante las denuncias públicas hechas por IDL- Reporteros con pruebas irrefutables que demuestran la existencia de una escandalosa discrepancia entre el peso declarado y entre el peso descargado, que en muchos de los casos llegan al 30%, y la evidente manipulación del software de pesaje de las plantas harineras.

Ahora la ministra Triveño se lanza sobre otro objetivo que la SNP lo ha sentido cerca de su yugular: El incremento de los derechos de pesca. En efecto, la SNP se sentía muy segura de que ningún ministro se atrevería a revisar el candado jurídico que los armadores pesqueros le han puesto a través de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 1084 que introdujo Rafael Rey Rey en el 2008 y que establece que durante el período de vigencia del aporte social obligatorio (10 años), se mantendrá sin alteración el monto y la forma de cálculo de los Derechos de Pesca por concepto de extracción de los recursos hidrobiológicos destinados al Consumo Humano Indirecto aprobados mediante el Decreto Supremo 024-2006-PRODUCE.  

Empeñada en establecer las justas obligaciones que debe tener el empresariado pesquero con el Estado, Gladys Triveño ha dispuesto mediante el Decreto Supremo 008-2012-PRODUCE, que la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero del Ministerio de la Producción  inicie un estudio para determinar si es necesario incrementarlos,  toda vez que a pesar que esta actividad extractiva genera millonarios ingresos, solo contribuye con menos del 1%  al PBI y representa  solo el 0.60%  de la recaudación.

La SNP se siente acorralada y es necesario que los pescadores y la sociedad civil refuercen la valiente actitud de la ministra Triveño y le den el respaldo que ahora urgentemente precisa, si se quiere acabar de una vez por todas, y una por una,  con las reglas impuestas por décadas por la SNP que le ha brindado muchos privilegios y le ha permitido acumular enormes riquezas.

E Mail: cesarcordova_55@hotmail.com

8 de diciembre de 2012

Las urgentes medidas de Produce


POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE

Las 2 normas dictadas por el PRODUCE la última semana, han generado una airada reacción de la SNP que ha acusado el golpe y en respuesta, está usando todo su poder mediático y político, y con sus operadores que tiene a su servicio, ha iniciado una estratégica campaña de desprestigio en contra de la gestión de la ministra Gladys Triveño.

Pero… ¿Qué es lo que contienen estas normas que han ocasionado tal reacción de la SNP?

Estas normas tienen mucho que ver con las serias denuncias de robo en las tolvas  y que han motivado que, en más de una ocasión,  los pescadores salgan a las calles a exigir mayor control en las descargas e inclusive a pedir que el Estado asuma tal labor y ya no las empresas CERPER y SGS, puesto que hay un claro conflicto de intereses ya que sus servicios de supervisión son pagados por las mismas empresas que son fiscalizadas.

Pues bien, el PRODUCE ha dado positiva respuesta a estas justas demandas de los pescadores y ha dictado estas dos normas, que han resultado incómodas para la SNP:

La primera es la R.M. 498-2012-PRODUCE publicada el 28 de noviembre y que deja sin efecto la norma mediante la cual se constituyó el Comité de Trabajo encargado de evaluar el desarrollo del Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo,  en el cual estaban 2 representantes de la SNP; para que ahora, con esta nueva resolución, esa labor sea ejecutada por la actual Dirección General de Supervisión y Fiscalización,  ya que se estaban duplicando funciones.

Junto a esta norma y el mismo día, se ha publicado además la R. M. 499- 2012-PRODUCE, que deja sin efecto la norma con la cual se creó la Comisión encargada de elaborar las Bases y Términos de Referencia del Proceso de Selección de las empresas  que ejecutarán dicho programa, en la cual estaba un representante de la SNP y uno de la Sociedad Nacional de Industrias; para que ahora, con esta nueva norma, esa función sea asumida únicamente por la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del PRODUCE.

Estas resoluciones recién dictadas, han despejado el camino para que el PRODUCE fiscalice directamente las descargas, dejando de lado a miembros de la SNP que estando dentro del Programa de Vigilancia y Control de Pesca y Desembarque, sabían con anticipación cualquier medida que adoptaba el PRODUCE al respecto e inclusive manejaban las bases a su antojo para que la labor de fiscalización en las descargas siempre tengan por ganadoras a las empresas que les sean útiles a sus intereses.

Estas decididas acciones del PRODUCE no le están cayendo nada bien a la SNP, acostumbrada a tener acceso a la elaboración de normas o a tener conocimiento de ellas antes de ser publicadas. Al respecto, hay que destacar el nuevo rostro que le está dando a la Dirección General de Supervisión y Fiscalización la destacada profesional Jesica Pino Shibata, quien valientemente está proponiendo estas necesarias medidas de cambio en este sector y resistiendo alevosos ataques.

Coincidentemente, Rafael Rey Rey ha presentado una denuncia a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República en contra de esta correcta funcionaria en base a suposiciones y sin pruebas, lo que evidencia la estrategia política que esta utilizando  la SNP para tumbarse a la Ministra Triveño. Hay que recordar que este Parlamentario Andino, cuando fue ministro de la Producción, impulsó la nefasta ley 1084 hecha a la medida de la SNP y que ha significado la desgracia actual de miles de pescadores.

E Mail: cesarcordova_55@hotmail.com

5 de diciembre de 2012

Cambios importantes en el sector pesquero peruano


Las actividades de seguimiento, control y vigilancia de la pesca, que hasta este año están tercerizadas, o sea encargadas a empresas supervisoras pagadas por los propios administrados, podría tener un giro total a partir del 2013.

 
De la quinta disposición complementaria final de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Publico para el año fiscal 2013, se desprende la posibilidad, con sustento de ley, que el Ministerio de la Producción reforme totalmente el sistema de control de las actividades pesqueras y recupere directamente su función fiscalizadora en forma directa.

 
Si así ocurriese a través de las normas complementarias que la norma faculta a dictar, se entraría a una etapa de mayor transparencia en la fiscalización de las acciones de seguimiento control y vigilancia de las actividades pesqueras.

 
La actual administración está siendo coherente con el Plan Estratégico Sectorial Multianual vigente, que traza como objetivo estratégico retomar estas funciones.

Podría ser un primer paso para la creación de la Superintendencia propuesta en dicho Plan. Pero en todo caso es un gran avance e indica un trabajo silencioso, eficiente y coherente.

 
LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

PARA EL AÑO FISCAL 2013

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

QUINTA. Dispónese a partir de la vigencia de la presente Ley, que los ingresos percibidos en el marco del Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo, creado mediante el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo 012-2001-PE y demás normas complementarias, son Recursos Directamente Recaudados del pliego Ministerio de la Producción, se incorporan en dicho pliego conforme a la normativa vigente, y son destinados a las acciones de seguimiento, control y vigilancia a cargo de dicho ministerio. En  atención a lo antes señalado, dispónese la adecuación de las normas sectoriales pertinentes a lo establecido en la presente norma.
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A partir del 2013 el Instituto Tecnológico Pesquero cambia de nombre y de estructura y se convierte en Instituto Tecnológico de la Producción.

LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013

VIGÉSIMA QUINTA. Modifícase la denominación del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP) por Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) para ampliar los servicios de investigación,  desarrollo, innovación, adaptación, transformación y transferencia tecnológica, así como promover en el sector productivo el consumo de recursos hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros productos industriales de competencia del sector producción; y, efectuar su promoción y, cuando fuera necesario, la comercialización y distribución de los mismos.

Adscríbese al ITP, los Centros de Innovación Tecnológica (CITE) de naturaleza pública en el ámbito del sector producción. Para tal efecto, mediante decreto supremo se dictarán las disposiciones complementarias que resulten necesarias. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley.

2 de diciembre de 2012

Revista Pesca Diciembre 2012

La edición de DICIEMBRE de la Revista Pesca se ha publicado en el siguiente enlace:

http://www.revistapescaperu.com/index.php/revistas-descargas/finish/5-2012/55-revista-pesca-diciembre-2012/0

http://issuu.com/revistapesca/docs/revista_pesca_diciembre_12?mode=window&backgroundColor=%23222222

Si no conocemos nuestro mar y nuestra pesca, nunca podremos defender nuestros intereses pesqueros como Sociedad Civil ni como Nación. Dejemos de vivir de espaldas al mar interesándonos en nuestra pesquería y sus problemas.


EN LA EDICION DE DICIEMBRE:

IMPACTO ECOSISTEMICO DE LAS PESQUERIAS EN PERU; EL CENTRO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL; ¿PORQUE EL PESCADO CONGELADO? LA SOBRECAPITALIZACION DEL SECTOR PESQUERO; ¿PROMOVER LA PESCA? SUSTENTABILIDAD: EL FUTURO DE UNA GENERACION; LA PESQUERIA Y EL CALLAO (FINAL); MALA PESCA: LA DEPREDACION PESQUERA EN CHILE; DESCONTROL DE BALANZAS = DEPREDACION; IMARPE AL GARETE; DE ANCHOVETAS Y PIRATAS; LA PESCA DE PAREJAS DE BOU; EL PAPEL DE LA HARINA Y ACEITE EN LA ACUICULTURA; LOS PECES SE HACEN CADA VEZ MAS PEQUEÑOS

11 de noviembre de 2012

El estado de la pesquería en Perú


Durante las décadas en las cuales la industria pesquera, en especial la anchovetera, se ha manejado con privilegios, se generaron las condiciones de un lucrativo negocio que atrajo a mucha gente. La cantidad de dinero que mueve el negocio es tan grande y rentable, que la corrupción y  presión para mantener ese estatus es tremenda.

            La industria pesquera debe exhibir en forma transparente cuánto empleo genera y de qué calidad. Cuántos empleados están dentro de regímenes laborales legales y están siendo pagados con todos los beneficios que manda la ley, y cuántos están fuera de la formalidad y/o subempleados. La autoridad de Trabajo debería exhibir cuáles son los salarios que ganan, si cobran horas extras, gratificaciones y CTS, tanto los tripulantes, como el personal de tierra y los que laboran en la industria exportadora. Estas cifras mostrarían una verdad que podría ser sorprendente ya que no es suficiente lanzar cifras al aire que nadie puede verificar; pero que la prensa difunde.

            Se llega a esta situación gracias a una ley promotora y estimuladora de la extracción pesquera que durante años incentivó el desarrollo de cada vez mayor esfuerzo pesquero. Poco a poco el negocio se volvió tan lucrativo, que todos quieren ingresar al mismo y rechazan y rechazarán cualquier intento de cambio.

            Una razón, aunque no la única, de lo rentable y lucrativo que constituye exportar productos pesqueros o sus derivados, es  que los peces que se capturan son gratis para los “artesanales”, (algunos de los cuales no califican como tales), dado que no pagan derechos de pesca;  y demasiado baratos para la pesca industrial que sí paga derechos de pesca.

            El Estado está intentando corregir los efectos, más no la causa. El origen radica en una ley promotora que debiera modificarse despojándola de todo espíritu promotor, en beneficio de la sostenibilidad. Hoy no existe la misma cantidad de peces que hace 20 años. No se necesita un informe científico para ello: todos los que realizan esfuerzo pesquero lo saben. Cada vez hay menos peces, y cada vez son más caros para el pueblo peruano. Por tanto no es posible admitir más pescadores porque cada nuevo que ingresa le quita ingresos al pescador que ya existe. La capacidad extractiva actual de la flota necesita reducirse.

            Los peces deben tener un precio. Un justiprecio que permita que la Nación cobre por cada kilogramo que se extrae de su dominio marítimo, que entre otros, tenga un efecto disuasivo de seguir invirtiendo como hoy.

            Todos quienes capturen peces para la industria exportadora deben pagar un valor real por lo que capturan, siendo las plantas procesadoras las que se encarguen de la recaudación actuando como agentes de retención de cada armador, a quienes descontarán dicho impuesto o regalía de su precio. Facilita el control y la cobranza y los cálculos se harían en función del producto terminado, deduciendo la cantidad de materia prima empleado basados en el ratio de conversión de la misma. Esta acción compete a la Autoridad Tributaria en coordinación con la Autoridad de Pesquería.

Debe introducirse a la ecuación pesquera un nuevo y justo tributo o una regalía.

EL CONCEPTO

Actualmente ocurre como si cada uno de nosotros tuviese una parcela llena de animales, patos por ejemplo, que son propiedad de cada uno. Ocurre que el sistema permite a cualquiera  venir a capturarlos para hacer negocio con ellos, pagándonos en proporción a la utilidad que reciban del negocio. Si ganan poco pagan poco, si no ganan no nos pagan. Injusto porque su eficiencia debe ser independiente del pago por cazar animales de nuestra propiedad.

Puede ocurrir lo siguiente:

1.     Una persona se lleva diez patos, hace negocio con ellos y obtiene como utilidad bruta 1,000 soles. No nos paga nada por llevárselos, sino solamente el impuesto a la renta por la utilidad que obtiene, que es el 30% de la misma. O sea que paga 300 soles.

2.     Otra persona se lleva también diez patos, hace negocio con ellos y pierde en el negocio, o sea que declara que no obtuvo utilidades. Por tanto no paga impuesto a la renta porque el 30% de nada, es nada.

3.     Una tercera persona paga un sol por cada pato que se lleva, hace negocio con ellos y obtiene una utilidad de 500 soles porque declara que tiene muchos gastos y por tanto su utilidad es baja. Paga 30% de esos 500 soles, o sea 150 como impuesto a la renta más 10 soles por el derecho a llevárselos. Pagará en total 160 soles.

Ninguno de ellos se preocupa por alimentarlos, limpiar el área donde habitan ni les interesa cuidar que se reproduzcan para que no se acaben. Sencillamente se los llevan.

El dueño de los patos tiene que soportar que ensucien su parcela, entren a la hora que quieran y cuando pretende imponer una cuota máxima de la cantidad de patos que pueden sacarse y cobrar lo justo, todos aquellos que sacan patos de esa propiedad lo agreden, le tiran piedras y le impiden movilizarse libremente.

La lógica indica que extraer esos patos tiene que tener un precio que compense al propietario y le deje un margen que le permita mantener libre de suciedad el área, y los gastos de cuidarlos, veterinario y otros. Eso es independiente de la utilidad que cada extractor obtenga. Al dueño de la parcela no le interesa si gana poco o mucho dinero por ser eficiente o  no, honesto o no. Le interesa que le paguen por cada pato un justiprecio, además de compartir ese 30% de su utilidad que constituye el impuesto a la renta como en todas partes.

Lo que ocurre actualmente es que algunos pescadores pagan derechos de pesca por la extracción, poco; pero otros no pagan nada. Unos pagan impuesto a la renta apropiado, otros pagan poco y otros no pagan nada.

El hecho es que el estatus del sector pesquero al día de hoy representa una situación de inmoralidad. Puede ser legal, pero no es moral ni aceptable. Más allá de los usos y abusos del sistema democrático y legal del país, la industria no paga lo que debe, contamina y pone en riesgo la supervivencia de la biomasa de recursos marinos. Pese a ello y para defender el negocio acude a los más diversos mecanismos para defender sus intereses directamente o a través de la manipulación de las personas que viven alrededor de este negocio, sea que estén bien o mal pagadas, formalizadas o no. Es aquí donde entra la sociedad civil que debe ser la primera línea de defensa de los intereses nacionales.

La situación es evidentemente injusta. Se ha creado una situación en la cual el Estado, como representante de todos los ciudadanos del país, se encuentra ante un negocio que no quiere regulación, se resiste a pagar con justicia y que a cada intento de poner orden en todo este sistema, enfrenta una reacción que consiste en tirarnos piedras o impedirnos caminar por la parcela cada vez que les restringimos el uso de nuestros animales.

Nuestros derechos, como ciudadanos y propietarios de los recursos naturales, no son inferiores a los que ellos creen tener. La pesca debe pagar un justiprecio y actuar sin afectar el medio ambiente ni poner en riesgo la sostenibilidad de los recursos que extrae.

20 de octubre de 2012

¿300 MILLONES QUE PERDERIA EL PERU EN LA PESCA?


Se dice que por efecto derivado del DS-05-2012-PRODUCE, que es una norma que intenta introducir orden en la pesquería del Perú, el país perdería 300 millones de dólares. La noticia ha sido difundida en casi todos los medios de comunicación.

Lo afirmado es correcto, salvo por un detalle que nadie ha mencionado: los 300 millones serían perdidos por la industria pesquera, mas no por el país. ¿cómo así?

Al final de esta nota se aprecia un cuadro con cifras que merece ser explicado para entender como la información puede convertirse en desinformación.

Según la información oficial publicada en el portal de la Sunat, en 2011 se exportaron  2,099,470,000 dólares en el rubro harina y aceite de pescado. En el mismo período se recaudó la suma de  48,609,566 dólares por concepto de impuesto a la renta de tercera categoría. Es decir una proporción del 2.32% en relación al valor exportado.

La cifra de 300 millones de dólares que supuestamente perdería el país,  es la que perdería la industria, mas no el país porque ese dinero pertenece al exportador. Lo que corresponde al país, basado en la estadística del 2011 es el 2.32% por impuesto a la renta, o sea  6,945,977 de dólares.

Se puede decir que el país también perdería la contribución por derechos de pesca.

El precio promedio de la harina en 2011 fue de  1,400 dólares por TM. Si se han exportado 2,099,470,000, significa que se fueron  214,286 TM de harina. (Aproximadamente porque en la cifra de exportación se incluye el aceite). Suponiendo que fue esa cantidad de toneladas de harina, estimando un rendimiento de 4.5 TM de anchoveta para hacer 1 TM de harina de pescado, se deduce que fueron necesarias  964,286 TM de anchoveta.

El derecho de pesca de anchoveta es el 0.25% del valor FOB, o sea 3.5 dólares por TM (0.25% de 1,400). Los derechos de pesca, en la suposición de que todos los armadores pagaron lo que corresponde, serían  3,375,000 dólares. Pero la mitad de esos derechos de pesca se convierten en ingreso del canon pesquero y la otra mitad queda en manos del Ministerio de la Producción. Nadie, ni siquiera la Ministra o el Viceministro pueden decir en qué se gastó el 50% de los derechos de pesca que recauda Produce y tampoco se informa en ninguna parte por dicho gasto. La Oficina General de Administración del PRODUCE tiene una tarea pendiente en el sentido de informar transparentemente al país quienes no han pagado derechos de pesca, cuánto ha dejado de recaudar y en qué gasta ese dinero.

Finalmente si sumamos el total de derechos de pesca más el impuesto a la renta, lo que el estado deja de percibir serían  10,320,977 dólares. Que no es lo mismo que sembrar en la opinión pública la idea de que el país se está perjudicando con 300 millones por culpa de una mala norma del Ministerio. Probablemente la misma sea imperfecta y puede mejorarse, pero en el fondo su espíritu es el correcto.

En el sur del país, región sobre la cual se dice que se produciría esta pérdida, operan 17 plantas de harina de pescado. El Ministerio de Trabajo debería informar qué cantidad de empleo directo generan esas plantas para poder precisar qué tan grave es el impacto sobre el empleo. En cuanto al empleo indirecto, cualquier cifra puede ser dicha y será tan relativa como el hecho de que no puede precisarse oficialmente con exactitud rigurosa.

En los siguientes links se han publicado dos informes referidos a lo que fue el Régimen especial de pesca en el sur del Perú, para mayor ilustración:



A cambio de esa “pérdida” para el país, la biomasa de anchoveta podría incrementar su volumen en beneficio de que haya mayor forraje o alimento para las otras especies que se alimentan de ella aumentando así la pesca de consumo humano directo. También se reduciría la contaminación del mar derivada del vertido de efluentes de las plantas y la contaminación atmosférica derivada de la emisión de gases.

El mito de que lo que no pesca el Perú lo pesca Chile, nada tiene que ver con la protección de la zona de afloramiento peruana, sobre la cual el Ministerio del Ambiente ha expresado la necesidad de declararla zona protegida en la última reunión del Convenio de la ONU sobre Diversidad Biológica (CDB), que concluyó hace pocos días en la India su undécima cumbre.

La industria se está defendiendo, legítimamente por cierto, de una norma que afecta a sus intereses. El Estado está defendiendo, también legítimamente, su derecho a legislar en beneficio de las mayorías, como la propia Ley se lo encomienda. Sin embargo el Estado esgrime una defensa tímida y omite en su análisis y exposición de motivos una serie de sustentos que le permitan rebatir con fuerza y contundencia los argumentos de la industria: Los expuestos anteriormente, entre otros, como exhibir el número preciso de organizaciones pesqueras total del país, en relación a la cantidad de afectados por una medida de ordenamiento, en la cual, como es obvio, no todos pueden quedar contentos.

Más allá de los argumentos, la industria se moviliza mediante huelgas, protestas y bloqueos de carretera, confiados en los antecedentes de debilidad del gobierno. En abril, la industria pesquera impuso sus reclamaciones por estos medios y las autoridades de entonces cedieron fácilmente.

Por otro lado el poder judicial y el Tribunal Constitucional, ¿fallarán a favor de la industria con la misma facilidad que en ocasiones anteriores? Es conocido el hecho de numerosos permisos de pesca otorgados judicialmente sin respetar criterios de ordenamiento. Ni mencionar criterios de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

Finalmente, en esta guerra entre la industria y el Estado, el convidado de piedra es la sociedad civil, que permanece ajena, e indiferente a un problema que le atañe directamente por ser la propietaria de los recursos pesqueros y por el impacto que recibe el medio ambiente. Le corresponde también movilizarse en defensa de sus intereses.

Las poblaciones costeras que conviven con la industria pesquera soportan con estoicismo el impacto ambiental, porque como dicen en algunas zonas, el olor de la harina de pescado es olor de dinero. No se dan cuenta de que podrían ganar dinero sin tener que someterse a una calidad ambiental de vida nociva para la salud.

El Estado necesita de mayores iniciativas para impulsar el consumo de pescado en el mercado interno y de mejores formas de defender mediáticamente sus buenas intenciones.
 
 

17 de octubre de 2012

Incentivo perverso en la pesca


Las exportaciones pesqueras, además de no pagar IGV puesto que se restituye este tributo, son incentivadas con un drawback, que no es sino un estímulo a la exportación.

Lo cual es útil en términos de promoción. Sin embargo la autoridad correspondiente debería considerar si en lugar de incentivar y premiar la exportación de proteína, se reemplaza este incentivo por uno que estimule y premie la venta de productos pesqueros al mercado interno. No es igual exportar espárragos, que muy pocos comen en el país, que exportar pescado que sí todos comen o pueden comer.

La política sectorial de siempre, menciona el incremento del consumo de pescado como un objetivo. Más allá de una declaración lírica, lo real es que el pescado es caro, no existe un red de frío a nivel nacional, ni una infraestructura adecuada para comercialización que asegure la continuidad del abastecimiento, la inocuidad y preservación de estos productos, así como el incremento de su oferta.

La inversión privada es nula o pequeña en esta área porque para la industria es más sencillo y beneficioso exportar estos productos. Las cifras así lo confirman. El eliminar el drawback y reemplazarlo por otro tipo de estímulos para generar la inversión en infraestructura de frío y el incremento de la oferta de pescado y mariscos dentro del país resulta interesante.

La demanda nacional existe; pero es insatisfecha debido a los altos precios y a la ausencia de medios de distribución, almacenamiento y comercialización en el interior del país.

Los programas sociales no son una solución a largo plazo, como sí lo serían mecanismos de promoción que hagan atractiva la creación de empresas y pequeñas o micro empresas dedicadas a la comercialización interna de los recursos hidrobiológicos del país.

Existiendo necesidad y demanda de alimentos y de proteína, el Estado debe vender la idea de convertir este abastecimiento en un negocio, que además genere empleo, limitando su actuación a la capacitación en esta materia.

La exportación no debe analizarse solamente desde el punto de vista de la cantidad de divisas generadas, (que son del exportador y no del país), sino preguntar cuánto impuesto ha pagado, deducido el drawback y la devolución del IGV.