El titular del sector,
Piero Ghezzi, ha planteado la propuesta. Especialistas consultados por Día_1
analizan su viabilidad
La llegada del economista
Piero Ghezzi al despacho de la Producción ha vuelto a poner en agenda la
necesidad de revisar el aporte de la industria pesquera al Estado. El principal
argumento es que el pago por el derecho de pesca –congelado por 10 años, hasta
el 2018– es muy pobre si se lo compara con el incremento del precio de la
tonelada de harina de pescado, que se elevó hasta tres veces en los últimos
años. Desde un inicio, la discusión fue planteada por este gobierno; primero
con Kurt Burneo y luego con Gladys Triveño. Esta última formó un equipo para
revisar el tema, pero el debate sobre su polémico reordenamiento de la captura
de anchoveta se llevó el protagonismo en la discusión diaria. A esto se han
sumado estudios y debates académicos, que han puesto sobre el tapete la real
rentabilidad del sector.
Entonces, ¿es verdad que el
aporte pesquero sufre de raquitismo? ¿Cuál debería ser el aporte del sector? ¿A
dónde debe destinarse ese mayor dinero? Piero Ghezzi adelantó que se paga US$6
por cada tonelada métrica de harina de pescado, calculada encima de US$1.300
durante el 2013. Considera que con esa recaudación el Produce no puede cumplir
con los controles y supervisión para evitar la pesca negra. Confía en que habrá
buena voluntad de diálogo por parte de los industriales pesqueros.
La Sociedad Nacional de
Pesquería, que tuvo con el Produce una enconada discusión por el reordenamiento
pesquero, aún mantiene silencio. Todo indica que sus miembros se sentarán hoy
para fijar una posición. En discusiones anteriores, el gremio ha dejado en
claro que sus miembros no solo pagan los derechos de pesca, sino un conjunto de
costos adicionales, que incluyen el servicio de la supervisión.
También han hecho énfasis
en que la cuota de pesca ha caído en las últimas temporadas. “En el 2012-2013,
el promedio de desembarque fue de 4,1 millones de toneladas, es decir, 40%
menos. Esto es de especial relevancia en una industria, en la que existen
elevados costos fijos”, dicen.
CONVERSAR
“Nada está escrito en
piedra”, nos comentó off the récord un pesquero, quien además considera que el
Produce, igualmente, debe estar abierto al diálogo en otros frentes, como el
del nuevo ordenamiento que llevó a los industriales más allá de las 10 millas.
“Se debe hacer un estudio técnico, porque no en toda la zona norte es igual”,
agrega.
El ex viceministro de
Pesquería Alfonso Miranda admite que las condiciones desde el 2008, en que se
reformó el sector y se crearon las cuotas individuales de captura, han
cambiado, porque la harina maneja otros valores.
“Creo que el sector privado
será razonable cuando se pidan cosas razonables”, afirma. Juan Carlos Sueiro,
investigador de la Universidad Cayetano Heredia, resalta que por cada US$500 en
que subió la tonelada de harina de pescado el derecho de pesca creció apenas en
US$2,50. También dice que el aceite de la anchoveta, un producto considerado
por mucho tiempo como residual, ha alcanzado picos de US$3.000 la tonelada.
Si bien se prevé que los
costos para el sector bajaron con las cuotas individuales, la economista Elsa
Galarza indica en “Los derechos de pesca: el caso de la pesquería de anchoveta
peruana” que eso no ocurrió del todo, porque las empresas han incrementado sus
costos variables, bajo el objetivo de vender harina de mayor calidad, demanda
que crece año a año. Sin embargo, la experta considera que no está bien
calculado el derecho de pesca, pues debería sujetarse a la renta del recurso,
es decir, la diferencia entre los ingresos y costos. Carlos Paredes, economista
de Intelfin, también recomienda no “promover más enfrentamientos en el sector,
pero sí corregir las cosas que no están bien, como la ínfima tasa del derecho
de pesca en la pesquería de anchoveta, nuestra principal riqueza
hidrobiológica”. Además propone que los industriales no tengan que pagar
directamente a las empresas supervisoras, sino que el Estado sea el que recaude
y contrate el servicio. Lo que sí deja en claro es que debe haber transparencia
sobre el destino de ese aporte. Se desconoce si lo recaudado se distribuye al
interior del Produce o se va a tareas específicas de investigación,
fiscalización y para la administración del sector pesquero.
LIMITACIONES
El ex presidente de la
Comisión de la Producción del Congreso Freddy Sarmiento considera que una
modificación de la tasa del derecho de pesca no será posible, a menos que se
modifique el Decreto Legislativo 1084, que congeló el pago en 0,25% por tonelada
de harina.
Solo si hay un acuerdo
previo entre industriales y el Produce, considera que podría gestionarse con
éxito una modificación de la mencionada norma en el Legislativo.
Por su parte, Sueiro habla
de crear regalías pesqueras con un concepto muy similar a las regalías mineras,
que se cobran cuando los precios están encima de determinados valores. Cabe
mencionar que Ghezzi afirmó que buscarán la forma legal para incrementar el
aporte del sector. El primer paso será estar abierto al diálogo, lo segundo es
revisar las cifras y evaluar un aporte pesquero acorde con la renta actual,
para que el sector cubra sus principales necesidades, sobre todo, en cuanto a
fiscalización.
MARIENELLA ORTIZ /
@MarienellaOrtiz
Fuente
NOTA DE PESCA
La extracción de materia
prima genera un impacto negativo sobre el medio ambiente, contamina tanto la
flota como la planta industrial y se genera un impacto sobre el ecosistema. Por
lo tanto, adicionalmente a que no se paga por el valor de materia prima, no se
cobra por los impactos que genera, lo que lleva al estado a mantener un
ecosistema contaminado o a programar su des-contaminación utilizando recursos
provenientes de otras fuente de financiamiento, o sea de impuestos de otros
sectores.
El resto de pagos que
efectúa la industria pesquera de anchoveta son tasas o gastos de funcionamiento del sistema
satelital. Los aportes al FONCOPES, en el caso de la industria reductora de
harina de pescado, que devienen del DL 1084 y que de alguna manera han sido
compensados por el privilegio de la exclusividad que representan las cuotas
individuales de pesca. De igual manera los gastos que genera el sistema de
control y vigilancia, que fueron asumidos por los propios administrados, que se
auto vigilan por acuerdo con la autoridad de Pesquería; pero que igual se
destinan al pago de ese servicio exclusivamente.
Por lo tanto no son pagos
que compensen al país por la extracción de los peces y los impactos que genera
esa actividad.
Adicionalmente la
exportación de los recursos pesqueros transformados le genera incentivos al
empresario pesquero como son la devolución de IGV y el pago del drawback, en
algunos casos, que es una especie de premio a la exportación. Cabe decir que la
venta para el mercado interno no tiene incentivo, premio, estímulo ni
privilegio alguno. Lo que significa que nadie tendrá interés en invertir en
alimentar a nuestra propia población porque es mejor negocio exportar.
En este escenario es
natural y justo que la ciudadanía exijar que el Estado cobre un justiprecio por
la extracción de todos los recursos pesqueros y no solamente de la anchoveta, que represente una debida participación
de la Nación en el negocio que la industria hace con recursos que son
patrimonio de todos los ciudadanos.
Así como la minería paga
regalías y se discute en todos los foros la aplicación de impuestos a las
sobreganancias, debería discutirse también la necesidad de aplicar regalías a
la extracción de recursos pesqueros, que si bien es cierto son renovables, no
significa que se puede lucrar con ellos en beneficio de una reducida porción de
la población sin abarcar a toda la sociedad.
Lo que el Estado peruano
cobra por lo que denomina “derechos de pesca” es una cantidad bastante pobre.
