El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

20 de marzo de 2018

LAS REFORMAS EN LA PESCA PERUANA ¿SERIAN POSIBLES?


Nuestra pesquería requiere de cambios. Pero ¿sería esto posible?

En un sistema en el cual dar leyes requiere mucho tiempo y en el cual los funcionarios del sector no duran el tiempo suficiente para hacer algo significativo, probablemente no sería posible.

Sin un interés total y un seguimiento constante por parte de la Presidencia de la República, la ejecución de un plan de reformas, aún encargándolo a un Ministro íntegro, honesto y con conocimiento de la problemática sería imposible.

Por otro lado, ni la autoridad de pesquería ni los partidos políticos han presentado una agenda o un proyecto de políticas de Estado para la pesquería que sugiera reformas de fondo. El Acuerdo Nacional tampoco tiene un instrumento de políticas apropiado a las necesidades de cambio actuales del sector pesquero.

En este contexto, solo sería posible pensar en dos o tres objetivos de corto plazo que puedan formar parte de una política de gobierno y que se puedan ejecutarse en el tiempo que dura un gobierno.

Estos objetivos deben ser consensuados entre administrados, administradores y sociedad civil.   

Las acciones básicas deben proveer difusión de información sobre el sector, estimular el interés por parte de la ciudadanía por estos temas y mostrar integridad y despojo de cualquier interés de parte.

En un medio en el cual nadie puede controlar efectivamente el cumplimiento de las normas, la mejor garantía del cumplimiento de las mismas, en especial las de protección al recurso y al ambiente, será que aquellos que de una u otra forma actúan en el sector, asuman conciencia de que detrás de la norma hay una lógica irrefutable y una necesidad incuestionable.

La introducción de un modelo educativo para el sector se torna cada vez más un imperativo. Este modelo debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y tripulaciones. Debe ampliar su radio de acción a todos los trabajadores de la industria pesquera en tierra, a todas las comunidades de pescadores marítimos y continentales y difundir información a las poblaciones costeras y aledañas a ríos y lagos. 

Debe ir más allá de lo tradicional y educar en temas de protección al ambiente y a las poblaciones ícticas, debe incursionar en temas que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad compartida de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces, como elemento clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.


La definición de objetivos estratégicos y su inclusión en un plan de gobierno o política de gobierno o de Estado, es apenas el primer paso. Es una declaración de intenciones, es el inicio del camino. En términos prácticos, los cambios o reformas estructurales se activan únicamente a través de los instrumentos de gestión apropiados, los cuales son una ley, decreto supremo, resolución suprema o resolución ministerial. Mientras una política o un objetivo estratégico no aterriza en cualquiera de estos documentos de gestión, no deja de ser una declaración lírica que muestra voluntad política; pero no evidencia una decisión política con efectos reales.


26 de febrero de 2018

La rentabilidad social de la pesquería peruana


La mayor parte de los análisis y comentarios sobre la pesca que aparecen en los medios, apuntan a evaluar su desempeño en términos de crecimiento, impacto sobre el PBI y rentabilidad económica. Comentaristas y analistas salen a la luz cuando pueden generar un impacto mediático en base al tema pesquero del día, que generalmente es por algún escándalo, problema o queja. Después de 48 horas el asunto queda olvidado, como todo en la prensa peruana.

Pero no se dice que es lo que gana el país en términos de rentabilidad social, de reducción de la desnutrición y de alivio del hambre en las poblaciones más necesitadas. Las mayorías peruanas no forman parte del sector pesquero; pero son propietarias de sus recursos, mereciendo ser atendidas y debidamente informadas. Con conocimiento de la pesca, tal vez podrían exigir una gobernanza justa y adecuada de sus peces, moluscos y mariscos.

La estadística pesquera es deficiente en términos de oportunidad de su difusión. A febrero de 2018, el boletín estadístico mensual que publica PRODUCE solo exhibe en su web el correspondiente a mayo de 2017. En cuanto al anuario estadístico anual, a la misma fecha solo se encuentra publicado el correspondiente a 2015. ¿Cómo se pueden realizar análisis y/o tomar decisiones sobre pesca en ausencia de información actualizada, o administrarla debidamente?

Hace años que la sociedad peruana viene asistiendo a una confrontación estéril e infructuosa sobre diversas problemáticas pesqueras, especialmente las referidas a la industria de harina de pescado. Los ciudadanos somos simples espectadores de enfrentamientos y debates interminables entre administrados y autoridades sobre un recurso natural que no es propiedad del sector pesquero, sino de la Nación. Nadie nos dice que los peruanos tenemos derecho a disfrutar de una alimentación saludable proveniente de los recursos pesqueros. Más allá de noticias periódicas sobre la incidencia en el PBI, y sobre impuestos y costos que no nos generan beneficio directo alguno, no sabemos qué ganamos cada uno de nosotros.

¿Cuánto tiempo más debe el Perú soportar la ausencia de una visión de largo plazo de la pesquería, la inexistencia de una política de Estado que garantice el bienestar y la salud de todos los peruanos y dejar de ser  simple observador de una confrontación por la pesca de anchoveta?

Necesitamos una agenda pesquera que genere consensos y resultados para toda la población.

El fin de la pesca no puede ser solo la ganancia empresarial o personal de unos pocos.

La pesquería no puede ser administrada en base a la intriga y la improvisación, o para satisfacer los intereses de unos cuantos. Su fin mayor debe ser el bienestar de las mayorías, sin que ello signifique  que sus operadores no disfruten de las ganancias de su trabajo. Se requiere evaluar la rentabilidad social del negocio pesquero porque el insumo principal, los peces, mariscos y moluscos, son de todos nosotros.

Mientras el país siga administrado por funcionarios improvisados dominados por paradigmas, que rotan con demasiada velocidad, que no poseen un objetivo de largo plazo; y mientras los ciudadanos mantengamos una cultura de indiferencia y pasividad por la cosa pública, estamos condenados al deterioro económico, moral y ambiental del país.

La corrupción no es el único problema nacional. La indiferencia y la inacción ciudadanas podría ser peor.


La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes, que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas publicadas.

Siendo la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual derivada del  análisis de los artículos. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero y mantenerse informado sobre su temática.

Para mantenerse informado los invito a formar parte del grupo Pesca y Mar, en Facebook, que además transcribe información periódica de relevancia para el sector pesquero.

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28 de enero de 2018

Improvisación y ausencia de agenda pesquera

La promulgación del DS 021-2017 PRODUCE, que flexibiliza el ROP del atún en cuanto al plazo de entrega del 30% del atún capturado por embarcaciones de bandera extranjera a plantas nacionales, ha generado reclamos y cuestionamientos por parte de los industriales conserveros peruanos.

Pero más allá del hecho en sí mismo, lo que se ha puesto en evidencia, es que, al parecer, existen funcionarios con determinados niveles de autoridad o de influencia que son los que en realidad dictan la política pesquera nacional. Es improbable que el anterior Ministro de la Producción haya medido el impacto de la norma en cuestión, debido a su escasa experiencia en la materia. Lo que nos lleva a especular que alguien con algún interés en el tema sorprendió a la Autoridad de Pesquería al otorgar beneficios indebidos a algunas embarcaciones extranjeras; pero que resulta perjudicando a la industria pesquera domiciliada en el país. ¿O no?

Este tipo de normas que modifican las reglas de juego, que desconciertan al inversionista y que crean incertidumbre, se facilitan por la inexistencia de una visión oficial de la pesquería para el largo plazo y la ausencia de una Política de Estado. Colabora con ello la presencia de funcionarios temporales sin experiencia ni conocimiento de la pesca, lo que abre un espacio de poder a otros funcionarios, cuyas recomendaciones pueden no estar dirigidas a favorecer a las mayorías nacionales o a la industria local, sino estar al servicio de intereses de parte.

Enfrascados en el día a día, consumidos por el inmediatismo y la improvisación ante temas que no conocen debidamente, la pesquería peruana no tiene un rumbo.

La inexistencia de una agenda y/o política pesquera técnicamente elaborada y consensuada con administrados y sociedad civil, sugiere que algunos aspectos de la pesca en el país pueden estar siendo manejados indebidamente. La promulgación de este dispositivo en particular, amerita ser investigada por las instancias pertinentes a fin de descartar cualquier posibilidad de que responda a un hecho de corrupción.

Los industriales planean sus  actividades y suscriben contratos basados en la estabilidad jurídica y normativa del país. No pueden funcionar eficazmente bajo la incertidumbre y el riesgo de no saber qué capricho o idea de algún funcionario se impondrá sobre ellos para demoler en un momento la totalidad de sus esfuerzos y planes. Si no se respeta el ordenamiento jurídico, quedamos desprotegidos frente al omnipotente poder de cualquier funcionario que cree que puede hacer lo que quiere. En este caso se violó la norma que obliga a pre publicar el dispositivo.

Las normas podrían estar técnicamente bien elaboradas y hasta ser legales; pero más allá de la justificación técnica, ¿es lo debido? La industria pesquera y el país deben ser informados de las razones que han llevado al Ministerio de la Producción a promulgar este Decreto Supremo y porqué se  favorece a flotas extranjeras en perjuicio de la industria nacional.

La ciudadanía debe conocer quién es el gestor de este dispositivo, cuáles sus argumentos justificatorios y para quién fue diseñado porque finalmente,  viéndolo en un contexto amplio, ese es el problema de fondo y la gravedad que trasciende al hecho en sí mismo. Hoy es el atún y la conservería, mañana puede ser la anchoveta o la pesca artesanal. ¿Y antes qué podrá habrá sido?

Mientras tanto, se espera que cesen las confrontaciones en el sector y que asuman autoridades con experiencia en pesca, moralmente íntegras y con vocación de servicio por el país, que actúen en beneficio  del ciudadano común que quiere pescado de precio accesible a su bolsillo y sirvan al que no tiene acceso al mismo.

¿Acaso el Estado no existe para el servicio de las mayorías?


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31 de diciembre de 2017

El jurel en el Pacifico Sur y el Peru

En 2016 PRODUCE estableció un marco de lineamientos para asignar la cuota de captura del jurel de altamar, asignada por la OROP P-S, de manera supletoria o complementaria a la flota nacional. En 2017 se modificaron dichos lineamientos, a fin de que Perú pueda aprovechar su cuota de jurel en altamar dentro de su jurisdicción, en la medida que luego de varios años no hubo esfuerzo pesquero peruano en el área descrita.

Se dice que es mejor que el Perú esté dentro de la OROP-PS que no estarlo, ya que no estar presente en dicha organización con voz y voto, por su posición geográfica,  es perjudicar al país en las proyecciones de largo plazo con respecto no sólo al jurel, sino a otros recursos transzonales, como la pota.

Dado que la flota nacional decide pescar sólo en aguas nacionales, el Estado habría encontrado como mecanismo de aprovechamiento de los recursos pesqueros que se encuentren más allá de las 200 millas, específicamente en el caso de del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, acudir a embarcaciones de bandera extranjera.

Si a la flota nacional no le interesa participar y el Estado no encuentra mecanismos eficaces para incentivarlos, ¿cuál es el beneficio práctico, más allá del diplomático, geopolítico o geoestratégico de insistir en pertenecer a dicha organización?
En términos reales, ¿qué gana el Perú con eso? ¿Derechos de Pesca? Si está cobrándolos, deberíamos saber cuánto estamos cobrando y cuánto nos cuesta pertenecer a la OROP en términos de viajes y cuota anual por la membresía. De pronto la relación beneficio costo sale negativa para el país.

¿Qué hace falta para que el empresario peruano realice esfuerzo pesquero sobre el jurel en la jurisdicción de la OROP-PS y no debamos recurrir a extranjeros?

El tema de fondo es que no existe una visión de la pesquería para el Perú ni una Política de Estado para el sector, como afirma habitualmente la revista Pesca. De lo contrario, si tuviésemos idea de lo que queremos como país, tendríamos un marco promotor que incentive eficazmente a embarcaciones de bandera peruana a operar en toda la jurisdicción de la OROP del Pacífico Sur y en el triángulo del Sur, donde tampoco hay información, visible por lo menos, de actividad extractiva. Este es el conocido Triángulo que el Perú obtuvo luego del fallo de la Haya en relación a nuestra frontera marítima con Chile. Tampoco hay mucho interés por la captura de atún al punto de que se estableció un procedimiento de fletamiento de la cuota, es decir que alquilamos una parte o toda nuestra cuota obtenida luego de arduas negociaciones en el marco de la CIAT.

Si el sector privado no está operando en las áreas descritas, debe existir un razonable motivo o una causa que les impide hacerlo. Estas razones no están, aparentemente, debidamente atendidas por la autoridad de pesquería en la medida que los resultados son evidentes: No hay presencia peruana en estas zonas. Y si la hay, no lo sabemos por ausencia de comunicación desde el Gobierno sobre estos temas.

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1 de diciembre de 2017

Fondepes y la pesca artesanal

El pliego 59, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ha ejecutado al 30 de noviembre, el 54.7% de su presupuesto destinado al fortalecimiento de la pesca artesanal en infraestructura pesquera. Le falta ejecutar la suma de S/42,545,045 estando a 30 días del cierre del año.

La ejecución de más de 43 millones anunciada para 2018 en esta nota puede ser complicada, sobre todo porque según fuentes periodísticas de fecha 27 de noviembre del 2017, se resuelve Declarar la Nulidad del Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de selección de la Licitación Pública Nº 003-2017-FONDEPES, destinada a la ejecución de la Obra “Mejoramiento de Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo”, o sea que regresa al momento previo anterior al otorgamiento de la Buena Pro, a cargo del Comité de Selección. Lo que significa, obviamente menor posibilidad de gasto. Este DPA tiene un presupuesto de 5,978,321 de los cuales se ha devengado 386,822 a la fecha.



En el siguiente cuadro se puede apreciar la ejecución del gasto presupuestal al 30 de noviembre y el nivel de avance de cada uno de los proyectos de inversión que se viene realizando.



28 de noviembre de 2017

El tema central en la pesquería peruana

El tema central en la pesca peruana y la información que se maneja en los medios, gira principalmente alrededor del PBI y el comercio exterior: exportar e importar. Omite el mercado nacional y toda su problemática y necesidades.

Tenemos un Ministerio de Comercio Exterior y una Asociación de Exportadores. Pero no tenemos una Institución que vele por el mercado interno, que equilibre la oferta de productos pesqueros y se preocupe por las mayorías nacionales más necesitadas de proteína.

El Perú necesita una pesquería que produzca, en primer lugar, alimentos variados sanos y accesibles para nuestra población y después para el mercado externo.

Para ello es necesario que la sociedad peruana preste atención a la explotación de los recursos pesqueros, a fin de intervenir y demandar su justa participación en los beneficios procedentes de la actividad de pesquera.

Se necesita fomentar, mediante la educación, una auténtica conciencia de cultura pesquera y de sostenibilidad ambiental. 

Es deber del Estado prestar preferente atención al desarrollo de un modelo educativo o informativo que tenga como principal público objetivo no solamente a las comunidades de pescadores, sino a las poblaciones costeras, lacustres y fluviales. Este modelo debe proporcionar a la población la información necesaria para conocer los procesos que ocurren en el mar, ríos, lagos y lagunas, en relación con los productos hidrobiológicos que albergan.

Ello permitiría que los ciudadanos peruanos, legítimos propietarios de los recursos hidrobiológicos, conozcamos por lo menos, la información básica sobre ellos, sobre las medidas que debemos adoptar para asegurar su sostenibilidad y la protección del ambiente y también para conocer hacia que poblaciones y mercados se están dirigiendo nuestros productos pesqueros.

El interés nacional, entendido como la defensa del bien común y del bienestar de las mayorías, impone:

1.   Disponer de políticas que puedan proteger los recursos pesqueros para las generaciones futuras.
2.   Una adecuada participación en las ganancias que obtienen quienes se ven beneficiados por la concesión de explotación de un bien común, que es patrimonio de toda la Nación.
3.   Disponer de información que nos permita saber cómo es que estos recursos son explotados, por quiénes y qué es lo que recibimos a cambio de esa concesión que el Estado, en nuestra representación, otorga a determinadas empresas o personas naturales.
4.   Disponer de políticas que prioricen la alimentación de los peruanos, en especial de las poblaciones vulnerables con carencias de proteína.



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29 de octubre de 2017

Consenso en la pesca y visión de largo plazo en Perú

Es importante saber que, en el ejercicio del poder,  la aplicación de políticas de Estado y/o de gobierno, deben ser ejecutadas por una  administración cuyos miembros rotan constantemente y que incorpora funcionarios, muchas veces, poco conocedores del tema para el cual son designados. Se agrava la situación con el poco tiempo que duran en la función. Llegan nuevos funcionarios e incorporan personal nuevo. Se van y esas personas que llevaron también son reemplazadas por el nuevo jefe. No solo cambian personas, sino que generalmente también se cambia la agenda, exista o no un PESEM aprobado y vigente.

Entre el 2006 y el 2017 ha habido 12 ministros y 10 viceministros. Cada uno de ellos ha introducido cambios de personal y de agenda. Las consecuencias son la ausencia de continuidad en las políticas del sector.

Es una situación inevitable en la medida que las decisiones políticas, en un sistema democrático, se sustentan en el derecho concedido en el acto electoral por el pueblo a las autoridades elegidas. Este derecho les permite designar a los funcionarios responsables para administrar el país, teóricamente, en beneficio de las mayorías.  Todo es legal, aunque no necesariamente es lo debido y lo conveniente para el país.

Es necesario que el Estado intervenga en la explotación de recursos naturales, no solo para asegurar su sostenibilidad, sino para priorizar la atención al mercado nacional en el caso de los recursos hidrobiológicos. Tiene que ser actor en un sector en el que se trabaja con activos cuya propiedad es de toda la Nación, como es el caso de los peces, crustáceos y moluscos.

El equilibrio necesario para la administración y gestión de la pesca requiere de un consenso y una participación de los principales actores. Hoy día solamente la industria pesquera a través de sus dos principales gremios, la SNP y la SNI, tiene una presencia importante y fuerte, que es visible en los medios de comunicación. Ambas son dialogantes con el Estado en defensa de sus intereses, precisamente por la falta de políticas de Estado, lo que genera altas probabilidades de cambios frecuentes de funcionarios y de agenda. Pero también aportan a la gobernanza del sector.

Sin embargo para que la ecuación esté completa hace falta la presencia del mismo nivel por parte de la Pesca Artesanal, la Academia y la Ciudadanía.

Esta última, como propietaria del recurso pesquero y como beneficiaria de la actividad pesquera, bien podría estar representada por la Defensoría del Pueblo. A la fecha, el ciudadano peruano es el gran ausente en la toma de decisiones y el manejo de sus recursos naturales. Los recursos pesqueros son de todos los peruanos y debieran ser para todos ellos. No pueden, por tanto,  estar ausentes en la toma de decisiones sobre la administración de los mismos.

La Pesca artesanal, atomizada y dispersa, requiere de un gran esfuerzo para unificarse y designar un representante que se siente en la mesa al mismo nivel y visibilidad que sus pares de la industria pesquera, defendiendo sus intereses y aportando a la gobernanza también.

La Academia tiene que ser la contraparte de la ciencia oficial que es manejada por el Estado a través de su ente científico.

Una suerte de “Directorio” o “Consejo”, conformado de esta manera, no solo legitimaría el manejo pesquero, sino que lo democratizaría y le daría permanencia y visión de largo plazo.




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1 de octubre de 2017

Revista Pesca octubre 2017: editorial pesca artesanal

La intención de actuar sobre la pesca artesanal para fortalecerla, es una constante de larga data que se repite gobierno tras gobierno, año tras año. Pero sin evaluar que las competencias de los Gobiernos Regionales y el Ministerio de la Producción aún se mantienen en un estado poco claro y escasamente evaluado, la voluntad de introducir mejoras se debilita. Hay competencias no transferidas aún y hay desembarcaderos pesqueros que no han sido entregados a los GOREs.

Para desarrollar efectivamente acciones que conduzcan a mejorar la pesca artesanal, la primera cosa por hacer debiera ser evaluar las ventajas, desventajas, conveniencias, fortalezas y debilidades de mantener un sistema administrativo y regulatorio en cual coexisten dos niveles de autoridad: el gobierno central y el gobierno regional. Sobre todo porque cada gobierno regional tiene su propia realidad y problemática y porque las embarcaciones pueden desplazarse de una región a otra.

Se debe analizar qué funciones y competencias han sido trasladadas a los gobiernos regionales y cuáles permanecen en Produce, a la fecha; pero también debe evaluarse los resultados de las transferencias de competencias ya efectuadas y su impacto sobre el sector artesanal en términos prácticos y reales.

La problemática de la pesca artesanal y de la alimentación nacional están indiscutiblemente ligadas y merecen la mejor atención posible debido a las necesidades alimentarias de la población.

Considerando que es posible anticipar que los tiempos inmediatos que se vislumbran se presentan, aparentemente calmados y libres de conflictos con la industria, sería el momento de concentrar esfuerzos en abordar debidamente la problemática de la pesca artesanal.


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En octubre de 2017 cumple 57 años desde su creación en 1960 por el Ingeniero Alejandro Bermejo y su esposa Gladys Elsa Esparza, siendo la publicación especializada más antigua y prestigiosa de la pesquería del Perú. Renovada al día de hoy, mantiene la línea analítica e informativa diseñada por nuestro fundador.

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1 de septiembre de 2017

Editorial Revista Pesca septiembre 2017

El PESEM 2017-2021, recientemente aprobado,  no menciona acciones concretas en cuanto a la pesca industrial, porque probablemente se haya considerado que ya no son tan prioritarias como prestar preferente atención a la pesca artesanal, consumo interno y acuicultura. Existen muchas acciones por ejecutar y problemas por atender; pero todos ellos podrían enmarcarse dentro del objetivo 3: “mejorar la cadena de valor de los productos hidrobiológicos”. Aun cuando el título no define muy bien las acciones estratégicas consignadas, es importante no confundir el título del objetivo estratégico con las acciones estratégicas.

Que las cosas funcionen o no, es un tema de voluntad y eficiencia de los funcionarios responsables de ejecutar los planes. Lo destacable es que el marco conceptual y teórico sobre el cual se basarán los Planes Operativos del sector y sus presupuestos, a partir de ahora, para este gobierno por lo menos, son más apropiados que lo que se hizo en diciembre de 2015.

La actividad industrial de extracción y procesamiento pesqueros no es la misma de hace diez años. Ha alcanzado un importante nivel de ordenamiento, regulación y administración. Probablemente la normatividad vigente aún es perfectible; pero no se puede negar que es notoriamente superior a lo existente antes de 2008. 

Por otro lado, algo está pasando. Algo está germinando en las mentes de las nuevas generaciones del Perú, que poco a poco vienen mostrando mayor interés por la pesca y el ambiente, sobre todo a través de las redes sociales. La participación ciudadana se incrementa y eso es algo que deberá cambiar la estructura del sector pesquero en los años por venir. Falta que se incorpore a la ciudadanía a la mesa de discusiones y toma de decisiones en su calidad de propietaria del recurso pesquero y consumidor final del producto pesquero. Hasta ahora viene siendo excluida, olvidando que toda la industria existe en función de un consumidor el cual tiene derecho a la participación.

La industria pesquera de CHI y la de CHD son componentes importantes del PBI. Eso es una realidad, por lo cual  no deberían ser objetos de confrontación. El sector ha perdido mucho tiempo en enfrentamientos estériles que no han dado resultados positivos para nadie, por lo cual se debe evolucionar hacia la búsqueda armónica de consensos.

Lo que deberá hacer la industria es ubicarse en una justa dimensión de contribución a la Nación, legítima propietaria de los recursos naturales. Deberá basarse en un enfoque ecosistémico. Deberá ser una industria limpia que no contamine perjudicando la calidad de vida del poblador costero y seguirá existiendo, dentro de una justa y adecuada dimensión.

Las poblaciones costeras deberán organizarse y contribuir al esfuerzo. Su bienestar y el de las futuras generaciones dependen de lo que hagan o dejen de hacer hoy en defensa de su calidad de vida, de su sustento, y de la primacía de la realidad. Una realidad que reclama el diseño de una Política de Estado integral, coherente  y de largo plazo.

Es necesario un escenario sin conflictos entre la industria y el Estado que permita prestar atención a temas pendientes. Dentro de ello no cabe ninguna duda de que se encuentra la problemática de la pesca artesanal, de la acuicultura y de la alimentación nacional, como prioritarios.

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31 de julio de 2017

Revista Pesca agosto 2017:contra la desnutricion y anemia infantil

El 10 de febrero de 2017, el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales suscribieron  el Pacto Nacional contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. En el Pacto, el Gobierno central se fija la meta de reducir los indicadores de anemia y desnutrición crónica infantil que son altos en varias regiones. Por ejemplo, en el caso de la anemia infantil, que registra una tasa de 43.5 por ciento la meta es reducirla a 19 por ciento al finalizar la actual gestión. En este contexto el MINSA y el MIDIS tienen planes para actuar con miras a la consecución de estos objetivos.

En el caso del MIDIS, el “Plan Sectorial para contribuir con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia en niñas y niños menores de 36 meses, 2017-2021” fue aprobado con la  RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 112-2017-MIDIS.
En el caso de Salud, la RM 249-2017-MINSA, del Ministerio de Salud, aprueba el Documento Técnico Plan Nacional para la Reducción y Control de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil en el Perú 2017-2021.

La importancia del asunto amerita que las entidades con posibilidades de contribuir con estos planes se integren y se articulen estrategias conjuntas de corto, mediano y largo plazo. En este escenario, el empleo de la anchoveta y la pota se presentan como alimentos que pueden ser utilizados para alcanzar estos objetivos, si es que se reformulan algunos programas  o se crean nuevos que permitan contribuir con la alimentación nacional.

El mercado no puede resolver el problema. Hay una imposibilidad para acceder a los alimentos por parte de amplios sectores de la población que no pueden pagar los precios actuales y que no son objetivo de ventas tampoco. El empresario privado optará siempre por vender sus productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor, con legítimo criterio comercial. En esa lógica de pensamiento siempre encontrará en la exportación un mercado dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos gourmet que satisfagan no necesariamente el hambre sino exigencias gastronómicas. La consecuencia es que el ciudadano pobre que requiere proteína barata y no gourmet, tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado.

De allí la necesidad de que el Estado preste atención al mercado nacional a través de programas sociales, en aquellos lugares que sean debidamente identificados por el Sistema Nacional de Focalización de Hogares. Las ventanas de oportunidades que se abren para la creación de microempresas y de puestos de trabajo, que pueden ser apoyadas con programas de innovación, son abundantes y contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria nacional. Sobre todo, dadas las expectativas de recuperación y crecimiento que se anuncian para el sector pesquero en 2017, que vendrían a compensar los últimos años no tan buenos que ha tenido el sector debido a múltiples circunstancias.

La bonanza debe trasladarse a la población nacional, sobre todo a la más necesitada.

No podemos seguir teniendo niños hambrientos nadando en un mar de proteína abundante.

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https://www.yumpu.com/es/document/view/59198244/revista-pesca-agosto-2017