El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

29 de julio de 2011

La gran transformación, inclusión y redistribución

El PERÚ ENTERO, Y EN ESPECIAL EL SECTOR PESQUERO, SOBRE TODO LOS PESCADORES ARTESANALES, ESPERAN CON ILUSION Y CONFIANZA COMO SE APLICARAN LAS FRASES DEL PRESIDENTE HUMALA EN EL SECTOR.

Más allá de la prensa y los medios tradicionales que dicen ser expresión de la "opinión pública", la realidad impone su propio paisaje. Es ese paisaje de realidad el que la Nación espera que el Presidente observe con detenimiento.

"Por eso, cuando contemplo y medito sobre todas esas repúblicas que hoy florecen por ahí, no se me ofrece otra cosa, séame Dios propicio, que una cierta conspiración de los ricos que tratan de sus intereses bajo el nombre y título de república. Y discurren e inventan todos los modos y artes para, en primer lugar, retener sin miedo de perderlo lo que acumularon con malas artes; después de esto, para adquirirlo con el trabajo y fatigas de todos los pobres por el mínimo precio; y para abusar de ellos. Estas maquinaciones, tan pronto que los ricos han decretado que se observen en nombre del pueblo, esto es, también de los pobres, se hacen ya leyes"

(Utopía, Libro II).
“Los recursos marinos son un bien público, no un recurso privado. Por tanto, el derecho de explotar esos recursos debe asignarse con arreglo a criterios que garanticen que la pesca contribuya lo máximo posible al interés público.

Tradicionalmente, los permisos de pesca se han concedido en función de la participación histórica en la pesca. Con frecuencia, quienes más habían capturado recibían la mayor parte de la cuota. Este criterio favorece que quienes han sido los máximos responsables de la sobrepesca en el pasado tengan las mayores oportunidades de pesca en el futuro. Este principio no contribuye a la recuperación de las poblaciones, ni favorece la pesca sostenible ni tampoco a las comunidades costeras”


“El derecho a pescar debería basarse en criterios ambientales y sociales”





17 de julio de 2011

La injusticia tributaria: cobrar o no cobrar impuestos

Esta nota tiene un exponente casi patético en la recaudación tributaria y por derechos de pesca que proviene del sector pesquero en el Perú.

Una industria pesquera que contribuye en una proporción injusta, un sector artesanal que no tributa pero que demanda inversiones y una pasividad e indolencia censurables por parte del Estado.

Sin embargo vale la pena agregar al comentario que aún si la recaudación y contribución mejorasen a niveles adecuados, ¿está el aparato estatal del sector pesquero capacitado para ejecutar el gasto de inversión, proveniente de mayor recaudación, en forma eficiente y oportuna?

Las cifras estadísticas de la ejecución presupuestal de los últimos diez años indican que no lo está.

La inversión en mejoramiento de la infraestructura pesquera de desembarque es necesaria desde todo punto de vista. El punto es ¿de dónde debe salir el dinero para hacerlo? ¿Del IGV, del Impuesto selectivo al consumo? ¿De la renta? ¿De qué sector?

La respuesta, obviamente es que tiene que salir del sector pesquero. Pero ocurre que la contribución del sector industrial es pobre y la del sector artesanal es nula.

Los desembarcaderos pesqueros sirven, tanto al industrial que por ellos desembarca la materia prima que procesa y exporta, como al artesanal que alimenta el sistema de comercialización del mercado interno.


El gobierno del presidente Humala tiene que introducir acciones concretas en esta problemática que ha sido soslayada por las administraciones anteriores. Tiene entonces la oportunidad de ejecutar una política redistributiva y de inclusión social en todo aspecto.


Marcos Kisner



INJUSTICIA TRIBUTARIA EN AMÉRICA LATINA: COBRAR O NO COBRAR IMPUESTOS


Carlos Alonso Bedoya

Red del Tercer Mundo


América Latina ha tenido un crecimiento económico no visto desde fines de los años sesenta, pero sigue siendo la región más desigual del mundo. Todo indica que el problema se produce a la hora de cobrar impuestos.


Llevamos años escuchando que es fundamental la disciplina fiscal. Que no podemos gastar más de lo que tenemos. Que uno debe taparse hasta donde le alcanza la frazada. Así hemos ido acostumbrándonos a la idea de que llegará el día en que el crecimiento económico alcance para todos pero, mientras tanto, debemos medirnos con el gasto en salud, educación o seguridad social.


Hemos venido entendiendo lo “fiscal” como ajustarnos el cinturón, en lugar de recaudar lo suficiente para cubrir nuestras necesidades. Seguramente que en esto tienen que ver los traumas provocados por la crisis de la deuda y la hiperinflación de los años ochenta. Pero resulta que hoy el escenario económico es otro. Inversionistas privados obtienen grandes ganancias en nuestros países y, en muchos casos, no pagan lo justo en impuestos con el argumento de que si no se les otorga beneficios o exenciones tributarias se van a otro territorio. En realidad, nos chantajean al mismo tiempo que utilizan sofisticados mecanismos para llevarse lo que deberían dejar en el tesoro público.


Esta trampa ideológica hace también que diversos países de la región cobren menos tributos para captar mayor inversión extranjera directa, generando una competencia irracional entre vecinos. Ello, además de colocarnos en una posición desfavorable para negociar con el capital foráneo, impide que los sistemas tributarios estén lo suficientemente interconectados para detectar evasiones u otras movidas ilegales.


Ahora lo vemos con claridad. Mientras que en el periodo 2003–2008, América Latina ha crecido a una tasa promedio de 5.5 por ciento, no ha dejado de ser una de las regiones del mundo que dispone de menor financiamiento tributario. La presión tributaria de América Latina y el Caribe alcanzó apenas el 18.3 por ciento durante el 2010, según CEPAL. O sea que de cada cien dólares producidos en nuestra región sólo 18.3 fueron a dar a la administración tributaria de cada país en promedio. Y eso que este cálculo incluye las contribuciones a la seguridad social.


Política fiscal e igualdad


La política fiscal es un instrumento potente a la hora de atacar la desigualdad. Lamentablemente ese debate aún no ha ingresado con fuerza en América Latina. Es que la potencialidad que tiene la manera en que cobramos impuestos y como asignamos el gasto incide directamente en la distribución de la renta de un país. En buena cuenta, la política fiscal debe ser vista también como una política redistributiva, porque con una mano le cobro a quien más gana y, con la otra, le doy a quien menos tiene.


Precisamente, mediante la recaudación justa de impuestos se pueden obtener recursos suficientes para dar servicios públicos de calidad a la población, incluso transferencias monetarias condicionadas, como el programa Bolsa Familia en Brasil, Juntos en Perú o la Asignación Universal por Hijo en Argentina.


Con un sistema de impuestos de carácter progresivo, donde el que más renta genera más paga, se tiende a lograr equidad. Los montos pagados aumentan a medida que crece el nivel de ingresos de individuos y empresas. Así, el conjunto de banqueros, mineros, pesqueros o industriales agroexportadores pagan en proporción más que el resto de la población.


Es decir, el impuesto a la renta que pagan los que la generan nos debe permitir recaudar más que por concepto del impuesto a las ventas que pagamos todos. Por ello, la imposición a la renta y el patrimonio, denominados impuestos directos, es clave como mecanismo de justicia tributaria.


Sin embargo, ésta no es la realidad que vivimos en la región. América Latina enfrenta grandes dificultades para aumentar el peso de los impuestos directos. La estructura tributaria del conjunto de los países latinoamericanos es más bien regresiva. Pagan más los que menos tienen. Cerca del sesenta por ciento de los recursos tributarios proviene del impuesto por adquirir bienes o servicios, mientras que sólo un treinta por ciento corresponde a impuestos directos como renta y patrimonio, según la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).


Un ejemplo extremo se daba en Perú antes de la eliminación de la exoneración de las ganancias en bolsa. En 2008, una persona que vivía debajo de un puente pagaba por Impuesto General a las Ventas (IGV) el diecinueve por ciento, mientras que en ese mismo año una persona que invertía 50,000 dólares en la Bolsa de Valores de Lima y duplicaba su inversión pagaba cero.
 

Un sistema fiscal donde una porción elevada de su recaudación se deriva de impuestos indirectos, como el impuesto al consumo, perjudica a los pobres, ya que ellos destinan una mayor proporción de sus ingresos a pagar impuestos al consumo que las personas con mayores ingresos.


Evasión tributaria, pobreza y desigualdad


Lo cierto es que la evasión del impuesto a la renta en América Latina oscila entre el cuarenta y el sesenta y cinco por ciento, según Latindadd, y esto definitivamente atenta contra cualquier efecto redistributivo. En buen romance, con esa práctica de no pagar suficientes impuestos directos tampoco hay dinero para redistribuir.


Mucha de esa plata que deja de entrar a las arcas fiscales indebidamente se remesa al exterior burlando la ley. Esto, que en la jerga económica se conoce como parte de los flujos de ilícitos, entre 2000 y 2008 superó los 150,000 millones de dólares, según la misma fuente. No es poca cosa.
 

Mientras tanto, en nuestra región tenemos registrados todavía ciento ochenta y tres millones de personas en la pobreza y setenta y cuatro millones en la indigencia. Y aunque durante la primera década del este siglo la pobreza disminuyó en entre seis y once puntos porcentuales, producto del crecimiento, la mejoría hubiera sido mucho más significativa de haberse evitado la fuga ilegal de miles de millones de dólares.
 

Además, hay que tener en cuenta que el impulso de reducción de la pobreza ha disminuido tras la crisis global.


Del lado de la desigualdad, las cifras para América Latina nos dicen que el ingreso medio captado por el veinte por ciento más rico de la población supera en 19,3 veces al del veinte por ciento más pobre. El coeficiente de Gini, un método que mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso en el que el valor de cero expresa la igualdad total y el de uno la máxima desigualdad, da como promedio para la región hasta 0,53 por ciento. Aunque si lo vemos de manera diferenciada entre países, algunos, como Brasil, Guatemala, Colombia y Honduras, se acercan a 0,6.


A pesar de los instrumentos desplegados por los distintos gobiernos en los últimos años para impulsar la demanda agregada y el boom internacional de los precios de los commodities, América Latina permanece como la región más desigual del mundo.


Otra de las constataciones a tomar en cuenta es que el coeficiente de Gini, antes y después del pago de impuestos, ofrece un acercamiento al impacto de la política tributaria sobre la distribución de la renta nacional. En Argentina, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Panamá, la distribución mejora después del pago de impuestos, mientras que en Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Perú el efecto es el contrario.


Como podemos ver, la ideología que promueve la llegada de inversiones, la firma de Tratados de Libre Comercio y el ajuste del gasto como vía para alcanzar bienestar no ha reparado en que la principal fuente de injusticia se produce a la hora de cobrar los impuestos. Sin duda la tarea es enorme, pero ya es momento de revertir las prácticas tributarias neoliberales que nos hacen competir entre vecinos y les dan la sartén por el mango a los criminales de cuello y corbata.


http://agendaglobal.redtercermundo.org.uy/2011/07/14/injusticia-tributaria-en-america-latina-cobrar-o-no-cobrar-impuestos/




12 de julio de 2011

La agenda pendiente en la pesquería

Por Juan Carlos Sueiro

COOPERACCION
El nuevo gobierno tiene la obligación de enfrentar importantes y urgentes aspectos relacionados con la actividad pesquera en el país.

Las propuestas en la campaña relacionadas a la pesquería han sido episódicas, generales e insuficientes. No obstante, en los espacios de discusión como de investigación han sido abundantes los debates como también las propuestas. Destacan en ello la lista de interés OANNES como el CSA de la UPCH. Mayor detalle se encuentra en http://csa-upch.org/pdf/lapesqueriaver.pdf.

Aquí queremos destacar algunas: es necesario replantear el sistema de abastecimiento de anchoveta para el consumo de las personas, completamente distorsionado e insatisfactorio; que ha resultado en un irregular abastecimiento para la producción de harina de pescado, denunciado innumerables veces, pero que no obstante ha sido favorecido por PRODUCE con disposiciones de menor jerarquía que socavan planes y propósitos supuestamente definidos.

Asimismo, es imperativo encarar aspectos claves en la extracción de anchoveta para harina de pescado: asegurar la salida efectiva de embarcaciones y que no terminen entrando por la puerta falsa (argucia por demás conocida en el sector) fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones con las tripulaciones desvinculadas y reajustar el reglamento de sanciones e infracciones. Basta decir que del 2004 al 2009, 132 embarcaciones han tenido mas de 20 infracciones y, sin embargo, PRODUCE no ha sancionado nunca la reincidencia, debido a su inaplicabilidad, tal como esta redactada.

Afrontar la pesca no reportada, alrededor de un millón de TM por año, según el Sindicato de Pescadores de Chimbote. Para ello se debe incluir las exportaciones como mecanismo de control (sistemáticamente se comercializa mas de lo que se produce) y facilitar el funcionamiento del observatorio pesquero, inicialmente aceptado pero luego vetado por los poderes fácticos y funcionarios interesados en mantener la opacidad en la gestión pesquera. También implica iniciar un amplio debate para la reubicación del IMARPE en el MINAM

Ampliar de manera significativa la venta directa de productos pesqueros. La campaña actual de venta de jurel no representa ni el 2% de los desembarques para congelado de jurel y, sin embargo, han sido las ventas más publicitadas de los últimos años.

Aun cuando no ha recibido la atención de la prensa, ni muestra los niveles de la actividad minera, la ampliación de las ganancias en la pesquería ha sido significativa, impulsada por la demanda mundial acuícola que ha más que duplicado los precios en pocos años. Asimismo, ha habido una importante revaluación de todos los activos pesqueros.

No obstante, los pagos por derechos de pesca son extremadamente bajos y han sido congelados por 10 años sin sustento técnico alguno. Para el 2010 fueron un total de 12 millones de dólares mientras las exportaciones de harina y aceite de pescado han sido de 1.874 millones de dólares, lo que es insuficiente para el control y la investigación, más aún cuando es imperativo transitar a un enfoque ecosistémico en la gestión pesquera. Así las cosas, en la pesquería es inaceptable una gestión que sea más de lo mismo.

http://www.larepublica.pe/12-07-2011/la-agenda-pendiente-en-la-pesqueria



2 de julio de 2011

Las cifras del canon pesquero para el 2012

El Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado la Resolución Directoral Nº: 001-2011-EF/64.03 del 28 de Junio del 2011, cuyo anexo detalla la estimación de los recursos públicos que los gobiernos locales y regionales considerarán en el presupuesto institucional 2012.

El cuadro está expresado en nuevos soles y muestra la cifra del canon pesquero que se transferiría a los gobiernos locales y regionales.
Si se examina la norma completa y su anexo, a nivel de Municipalidades, es evidente que las cifras que algunas de ellas reciben no solo son injustas, sino groseramente ridículas.
Por mencionar un ejemplo: Además de las "donaciones" que recibe la Región Sur del Perú, provenientes del régimen especial de Pesca de anchoveta en dicha zona, la participación formal de sus gobiernos locales y regionales ¿es acaso justa?

La revista Pesca ha publicado en varios artículos las cifras de las exportaciones pesqueras y su contribución con la Nación a través de la tributación a la cual la industria pesquera está obligada.

También ha expresado que detrás de la publicitada excelencia del sector, del elogio al crecimiento de sus exportaciones y de las campañas mediáticas de venta de pescado barato se esconde la realidad de una pobre contribución de la industria pesquera para con la Nación.

Estas cifras evidencian, en una norma oficial recientemente publicada, la injusta participación del País en el negocio pesquero.
El nuevo gobierno tendría que examinar y evaluar las razones de esta injusticia y aplicar las medidas correctivas que fuesen pertinentes.