El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
28 de enero de 2013
Los paises con pesca sostenible obtienen mejores capturas
Reducir la presión pesquera da
resultados beneficiosos en un plazo de tiempo no demasiado largo. Esta es una
de las principales conclusiones que se desprenden de una investigación liderada
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la que se
analizan las capturas de 53 países y jurisdicciones a lo largo de algo más de
una década. El trabajo, publicado en la revista Global Environmental Change,
revela que aquellos que han aplicado el Código de Conducta para una Pesca
Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO)
han logrado mejorar sus recursos pesqueros y están obteniendo unas capturas de
mejor calidad.
El estudio, liderado por la
investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar Marta Coll, ha contado
con la participación de la Universidad de British Columbia (Canadá), del
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Italia) y la
organización World Wildlife Fund.
El Código de Conducta para una Pesca
Responsable fue desarrollado en 1995 por la FAO y tiene como objetivo reducir
el impacto negativo de la pesca en el ecosistema. Los expertos están
convencidos de que este código es una herramienta eficaz en la gestión
sostenible de los recursos pesqueros. No obstante, su cumplimento es voluntario
y los países que lo han firmado lo están incorporando a su legislación con
mayor o menor éxito.
13 años de pesca
El trabajo analiza las capturas
llevadas a cabo por 53 países y jurisdicciones, que suponen el 96% de la pesca
global, desde 1990 hasta 2003. Para evaluar los beneficios ecológicos del
código, se comparó su cumplimiento con cinco indicadores ecológicos: el nivel
trófico de las capturas (relacionado con el tamaño de las presas capturadas);
el volumen de la captura total; la captura total expresada en unidades de
producción primaria necesaria para generar los peces capturados; el índice de
pérdida de producción (la pérdida que supone para el ecosistema la captura, que
de no haber sido atrapada podrían haber alimentado a otros peces); y la
probabilidad de sostenibilidad de la pesca.
Una mejora derivada de una pesca más
sostenible se refleja en una reducción en la captura total, así como en la
producción primaria requerida para generar la captura y en el índice de pérdida
de producción, mientras que se observa un aumento en el nivel trófico de las
capturas y en el índice de sostenibilidad. “Aunque los países que han
implementado el código tienen un menor volumen de capturas, la calidad y
diversidad de su pesca es mayor. Esto se refleja en el hecho de que han recuperado poblaciones de especies de
gran tamaño, como atunes o bacalao, que tienen un mayor nivel trófico y un
mayor valor comercial”, explica Coll.
Posiciones por países
En términos relativos, detalla Marta
Coll, “los 10 países y regiones que más han mejorado la pesca, haciéndola más
sostenible en 2003 con respecto a 1990 son: Estados Unidos (costa atlántica),
Namibia, Chile, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Portugal, Ecuador, Rusia (costa
del Pacífico) y Alemania. Al contrario, los países que han empeorado por pescar
de forma más insostenible en el mismo período son: Ghana, Filipinas, Vietnam,
Bangladesh, Islandia, Egipto y Suráfrica”.
En términos absolutos, la pesca más
sostenible (según los datos de 2003) es la de Canadá (costa Pacífica),
Australia y Estados Unidos (costa Pacífica). La menos sostenible, también según
datos de 2003, está en Turquía, Corea de Sur, Malasia, China, Perú, Ghana,
Filipinas, Marruecos, Vietnam y Bangladesh.
España, en términos relativos de
mejora respecto a 1990, se encuentra en el puesto 14 y 15 (para costa Atlántica
y Mediterránea), y en términos absolutos está en el 10 y 14, respectivamente.
“Nuestro estudio transmite un mensaje positivo en el contexto de los acuerdos
internacionales que se ocupan de cuestiones ambientales: el cumplimiento de
acuerdos como el código de conducta de la FAO puede contribuir a aumentar la
sostenibilidad, independientemente de la posición geográfica del país.
Dado que el cumplimiento del Código
en todo el mundo sigue siendo bajo o muy bajo, concluye el trabajo, “estos
resultados pueden alentar a los países a adoptar las medidas necesarias para
aumentar la sostenibilidad ecológica de los recursos marinos”.
Fuente:
http://www.csic.es/web/guest/publicaciones;jsessionid=8B5214F321EBC7CB14C70A6D0143FC0C?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1e7fe088-0141-494e-a938-62877b3e30d4&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news
27 de enero de 2013
La anchoveta y los descartes
POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE
Este 31 de enero, junto al cierre de su segunda temporada
de pesca del 2012, se despedirá la vieja mala práctica de las embarcaciones
pesqueras de devolver al mar la anchoveta capturada con alta incidencia de
ejemplares juveniles, y se introducirá el sistema de vigilancia directa del
Ministerio de la Producción (PRODUCE) a través de inspectores y/o técnicos
científicos de investigación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) a bordo,
que hará posible la respuesta inmediata del PRODUCE cuando se observe esta grave
incidencia en las faenas de pesca y pueda disponer oportunamente la suspensión
de las actividades extractivas en las zonas donde aquello suceda.
En estos últimos meses hemos observado, con mucha
decepción, la práctica irresponsable de este descarte de juveniles en altamar
que realizan muchas embarcaciones pesqueras, acatando seguramente directivas de
las empresas a las que pertenecen y contando con el cómplice silencio de sus
tripulantes, a pesar que antes de dar inicio a la presente temporada de pesca,
la ministra de la Producción Gladys Triveño, en conferencia de prensa difundida
a nivel nacional, expuso la preocupante disminución de la biomasa de anchoveta
(estimada en 5.3 millones de toneladas y con alta presencia de ejemplares
juveniles), dando lectura al dramático informe alcanzado a su despacho por investigadores
científicos del IMARPE.
En esa ocasión y ante esa adversa circunstancia,
sacrificando las recomendaciones técnicas de abstenerse de pescar en esta
segunda temporada y en atención a la dramática situación laboral al que
quedarían expuestos los pescadores, la ministra determinó una cuota social de
810 mil toneladas, demandando públicamente mayor compromiso a los actores
involucrados en esta actividad extractiva para preservar este preciado recurso
marino. Muchos dudaron de tal informe e
inclusive solicitaron una nueva inspección y hasta el incremento de la cuota
asignada.
Una vez que se hicieron a la mar, los pescadores se han
dado cuenta de la certeza del informe del IMARPE y de la gravedad del problema
que alertó la ministra. Pero, de manera contradictoria, salvo unas pocas
embarcaciones (es justo reconocerlo) de la empresa pesquera Hayduk, estas malas
prácticas del descarte de juveniles en altamar se volvieron más recurrentes. A
esta reprochable actitud altamente depredatoria, se sumó el desorden y
corrupción que aún están latentes en la supervisión en los desembarques de pesca industrial a cargo
de CERPER y SGS, las cuales han hecho todo lo posible por ocultar el reporte
real de la alta incidencia juvenil en las descargas y han retardado la acción
correctiva del PRODUCE.
Hay quienes ahora piden veda general y hasta la cabeza
de Gladys Triveño, a pesar que la ministra les advirtió de esta alta incidencia
de ejemplares juveniles antes de iniciar las actividades extractivas y les
pidió ponerse la camiseta del país extrayendo con sensatez el recurso,
disponiendo no una cuota técnica, sino una social o de voluntad política. Quizá
allí haya radicado su error, porque la cruda realidad le ha demostrado tardíamente
que lograr el comportamiento responsable de los actores principales en la
actividad extractiva de la anchoveta, es aún una tarea muy difícil para el
Estado.
Por todo lo dicho, para que las nuevas normas dictadas
por el PRODUCE surtan el efecto deseado, es necesario que se involucren con
mayor responsabilidad quienes participan directamente en la labor extractiva,
de tal manera que puedan desarrollar junto al Estado, una alianza estratégica
para la sostenibilidad del recurso y de los beneficios económicos que éste les
brinda.
E mail: cesarcordova_55@hotmail.com
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