El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

19 de marzo de 2014

¿LOGRARÁ EL PRODUCE QUE LOS INDUSTRIALES PAGUEN MÁS POR PESCAR?



El titular del sector, Piero Ghezzi, ha planteado la propuesta. Especialistas consultados por Día_1 analizan su viabilidad

La llegada del economista Piero Ghezzi al despacho de la Producción ha vuelto a poner en agenda la necesidad de revisar el aporte de la industria pesquera al Estado. El principal argumento es que el pago por el derecho de pesca –congelado por 10 años, hasta el 2018– es muy pobre si se lo compara con el incremento del precio de la tonelada de harina de pescado, que se elevó hasta tres veces en los últimos años. Desde un inicio, la discusión fue planteada por este gobierno; primero con Kurt Burneo y luego con Gladys Triveño. Esta última formó un equipo para revisar el tema, pero el debate sobre su polémico reordenamiento de la captura de anchoveta se llevó el protagonismo en la discusión diaria. A esto se han sumado estudios y debates académicos, que han puesto sobre el tapete la real rentabilidad del sector.

Entonces, ¿es verdad que el aporte pesquero sufre de raquitismo? ¿Cuál debería ser el aporte del sector? ¿A dónde debe destinarse ese mayor dinero? Piero Ghezzi adelantó que se paga US$6 por cada tonelada métrica de harina de pescado, calculada encima de US$1.300 durante el 2013. Considera que con esa recaudación el Produce no puede cumplir con los controles y supervisión para evitar la pesca negra. Confía en que habrá buena voluntad de diálogo por parte de los industriales pesqueros.

La Sociedad Nacional de Pesquería, que tuvo con el Produce una enconada discusión por el reordenamiento pesquero, aún mantiene silencio. Todo indica que sus miembros se sentarán hoy para fijar una posición. En discusiones anteriores, el gremio ha dejado en claro que sus miembros no solo pagan los derechos de pesca, sino un conjunto de costos adicionales, que incluyen el servicio de la supervisión.

También han hecho énfasis en que la cuota de pesca ha caído en las últimas temporadas. “En el 2012-2013, el promedio de desembarque fue de 4,1 millones de toneladas, es decir, 40% menos. Esto es de especial relevancia en una industria, en la que existen elevados costos fijos”, dicen.

CONVERSAR

“Nada está escrito en piedra”, nos comentó off the récord un pesquero, quien además considera que el Produce, igualmente, debe estar abierto al diálogo en otros frentes, como el del nuevo ordenamiento que llevó a los industriales más allá de las 10 millas. “Se debe hacer un estudio técnico, porque no en toda la zona norte es igual”, agrega.

El ex viceministro de Pesquería Alfonso Miranda admite que las condiciones desde el 2008, en que se reformó el sector y se crearon las cuotas individuales de captura, han cambiado, porque la harina maneja otros valores. 

“Creo que el sector privado será razonable cuando se pidan cosas razonables”, afirma. Juan Carlos Sueiro, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, resalta que por cada US$500 en que subió la tonelada de harina de pescado el derecho de pesca creció apenas en US$2,50. También dice que el aceite de la anchoveta, un producto considerado por mucho tiempo como residual, ha alcanzado picos de US$3.000 la tonelada.

Si bien se prevé que los costos para el sector bajaron con las cuotas individuales, la economista Elsa Galarza indica en “Los derechos de pesca: el caso de la pesquería de anchoveta peruana” que eso no ocurrió del todo, porque las empresas han incrementado sus costos variables, bajo el objetivo de vender harina de mayor calidad, demanda que crece año a año. Sin embargo, la experta considera que no está bien calculado el derecho de pesca, pues debería sujetarse a la renta del recurso, es decir, la diferencia entre los ingresos y costos. Carlos Paredes, economista de Intelfin, también recomienda no “promover más enfrentamientos en el sector, pero sí corregir las cosas que no están bien, como la ínfima tasa del derecho de pesca en la pesquería de anchoveta, nuestra principal riqueza hidrobiológica”. Además propone que los industriales no tengan que pagar directamente a las empresas supervisoras, sino que el Estado sea el que recaude y contrate el servicio. Lo que sí deja en claro es que debe haber transparencia sobre el destino de ese aporte. Se desconoce si lo recaudado se distribuye al interior del Produce o se va a tareas específicas de investigación, fiscalización y para la administración del sector pesquero.

LIMITACIONES

El ex presidente de la Comisión de la Producción del Congreso Freddy Sarmiento considera que una modificación de la tasa del derecho de pesca no será posible, a menos que se modifique el Decreto Legislativo 1084, que congeló el pago en 0,25% por tonelada de harina.
Solo si hay un acuerdo previo entre industriales y el Produce, considera que podría gestionarse con éxito una modificación de la mencionada norma en el Legislativo.
Por su parte, Sueiro habla de crear regalías pesqueras con un concepto muy similar a las regalías mineras, que se cobran cuando los precios están encima de determinados valores. Cabe mencionar que Ghezzi afirmó que buscarán la forma legal para incrementar el aporte del sector. El primer paso será estar abierto al diálogo, lo segundo es revisar las cifras y evaluar un aporte pesquero acorde con la renta actual, para que el sector cubra sus principales necesidades, sobre todo, en cuanto a fiscalización.

MARIENELLA ORTIZ / @MarienellaOrtiz

Fuente




NOTA DE PESCA


La extracción de materia prima genera un impacto negativo sobre el medio ambiente, contamina tanto la flota como la planta industrial y se genera un impacto sobre el ecosistema. Por lo tanto, adicionalmente a que no se paga por el valor de materia prima, no se cobra por los impactos que genera, lo que lleva al estado a mantener un ecosistema contaminado o a programar su des-contaminación utilizando recursos provenientes de otras fuente de financiamiento, o sea de impuestos de otros sectores.


El resto de pagos que efectúa la industria pesquera de anchoveta son tasas o gastos de funcionamiento del sistema satelital. Los aportes al FONCOPES, en el caso de la industria reductora de harina de pescado, que devienen del DL 1084 y que de alguna manera han sido compensados por el privilegio de la exclusividad que representan las cuotas individuales de pesca. De igual manera los gastos que genera el sistema de control y vigilancia, que fueron asumidos por los propios administrados, que se auto vigilan por acuerdo con la autoridad de Pesquería; pero que igual se destinan al pago de ese servicio exclusivamente.


Por lo tanto no son pagos que compensen al país por la extracción de los peces y los impactos que genera esa actividad.


Adicionalmente la exportación de los recursos pesqueros transformados le genera incentivos al empresario pesquero como son la devolución de IGV y el pago del drawback, en algunos casos, que es una especie de premio a la exportación. Cabe decir que la venta para el mercado interno no tiene incentivo, premio, estímulo ni privilegio alguno. Lo que significa que nadie tendrá interés en invertir en alimentar a nuestra propia población porque es mejor negocio exportar.


En este escenario es natural y justo que la ciudadanía exijar que el Estado cobre un justiprecio por la extracción de todos los recursos pesqueros y no solamente de la anchoveta, que represente una debida participación de la Nación en el negocio que la industria hace con recursos que son patrimonio de todos los ciudadanos.


Así como la minería paga regalías y se discute en todos los foros la aplicación de impuestos a las sobreganancias, debería discutirse también la necesidad de aplicar regalías a la extracción de recursos pesqueros, que si bien es cierto son renovables, no significa que se puede lucrar con ellos en beneficio de una reducida porción de la población sin abarcar a toda la sociedad.


Lo que el Estado peruano cobra por lo que denomina “derechos de pesca” es una cantidad bastante pobre.

1 de marzo de 2014

La exministra de Produccion y los tiburones. Entrevista a Gladys Triveño



Habla la ministra que resistió los ataques de uno de los gremios más poderosos durante casi dos años, mientras lidiaba con los conflictos de interés en el sector y regulaba el ordenamiento pesquero que ahora peligra.

Por Milagros Salazar.-

La abogada Gladys Triveño había planificado que el lunes 24 de febrero sería un día normal en su rutina de ministra de la Producción. Tenía una agenda llena: a las 9 de la mañana debía acudir a la habitual reunión de coordinación del gabinete en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); luego a una actividad con las MYPES; a las 3 de la tarde una cita con unos inversionistas; horas después atendería a un alcalde y así la pasaría, atiborrada de reuniones y papeles, hasta acabar el lunes.

Triveño vestía ropa casual sin ninguna sospecha de ceremonias palaciegas ni presentaciones ante la prensa, hasta que se canceló la reunión en la PCM y fue convocada en la mañana por el presidente Ollanta Humala. Triveño recuerda que el mandatario le informó “de manera cordial” que había decidido “refrescar el gabinete”. Así como quien prende el aire acondicionado en un día caluroso o de incendios políticos.

Después de enfrentar durante casi dos años los ataques del gremio empresarial por su empeño en ordenar la pesca con la aprobación del decreto 005, la reunión con Humala que la llevó a cerrar su etapa en el ministerio de la Producción, duró menos de una hora.

IDL-R entrevistó el jueves 27 por la noche a la ex ministra Triveño en la oficina de un familiar en San Isidro. Lucía un pantalón jean y un polo colorido lejos de las tensiones de un despacho ministerial. Al inicio del diálogo se mostró cautelosa pero luego sus afirmaciones fueron entre la ironía y la indignación. Aquí sus respuestas.

¿Se puede poner en juego el ordenamiento del sector pesquero por “refrescar” un gabinete?

Quisiera verlo de otra manera. Cuando el Presidente me comunicó que  salía del gabinete me dijo que no se iba a dar marcha atrás y tengo que confiar que va a ser así. Antes ya había conversado con él sobre las presiones (del sector empresarial) porque esto ha sido una campaña de casi 23 meses que primero se inició con avisos en los medios, luego pasó a la contratación de voceros de toda clase, y después se buscó influenciar con editoriales. Sólo en el 2014 hubo 10 artículos, entre editoriales y columnas de opinión, dirigidos a cuestionar el ordenamiento pesquero con data imprecisa entregada por la Sociedad Nacional de Pesquería.

Usted se refiere a las editoriales y artículos del Grupo El Comercio…

Sí. Le había comunicado al Presidente que iban a venir más ataques. Conversamos a principios de enero antes del comunicado de Confiep (publicado el 12 de enero y en el que el gremio empresarial cuestiona que el gobierno se haya pronunciado sobre la concentración de medios del Grupo El Comercio y el ordenamiento pesquero). Le dije que estaba preparada para afrontar el tema o para que pueda darse un cambio. Siempre he sabido que en política y con tantos flancos abiertos, mi presencia en el gabinete podía elevar la temperatura.
Gladys Triveño fue ratificada como ministra de la Producción el 31 de octubre de 2013 (Fuente: Andina).

Gladys Triveño fue ratificada como ministra de la Producción el 31 de octubre de 2013 (Fuente: Andina).

Cuando usted asumió el cargo encontró un ministerio acostumbrado a consultarle a los empresarios y que éstos digan “qué va a salir y qué no”, según dijo a IDL-R.

Encontré un gremio empresarial acostumbrado a influir en el ministerio. Y lo único que hemos hecho es diferenciar roles. Ustedes empresarios tienen un rol importante que cumplir, nosotros tenemos que ordenar, regular, defender los intereses de todos los peruanos. No hemos dado concesiones políticas como ellos están acostumbrados. La mejor evidencia es la ley de cuotas, que les regaló las cuotas de pesca. Esas cuotas que valieron 67 millones de dólares por punto porcentual y por las que ahora están ofreciendo 80 millones de dólares. Si el ordenamiento fuera una porquería, esos inversionistas no vendrían al país. Si había un sector económico con una gran desigualdad era el sector pesca. Los recursos del mar peruano están en manos de ocho empresas. Y para los otros no hay forma que la situación cambie porque ellos (los empresarios) se han asegurado que así sea.

Con gestores de intereses, estudios de abogados, normas…

Lo que encuentras es un ministerio debilitado.  Si el Grupo Apoyo no hace el informe técnico para la ley de cuotas, nadie lo puede hacer (Ver: ‘Olor a Pescado’). Se piensa que el ministerio no es capaz, que sus profesionales no piensan, que sólo cumplen órdenes. No encuentras inspectores propios del Estado porque hay empresas supervisoras pagadas directamente por las compañías fiscalizadas y que, además, son socias del gremio empresarial (Ver: ‘Conflicto de intereses’). Encuentras un área de fiscalización y supervisión incapaz de convertir un reporte de ocurrencia en una resolución con una sanción efectiva, encuentras 11 mil reportes de ocurrencia a punto de prescribir, empresas que judicializan los procesos de sanción para no pagar al Estado. Y además, ministros condecorados por dar esos favores políticos.

Y como él pueden haber más. O los condecoran o después los convierten en socios o gerentes. Una vez a uno de los representantes de estas empresas le pregunté por qué (esa reacción ante el ordenamiento). Y me dijo: nos había costado tanto tiempo tener la capacidad de influir en el sector, y de pronto tú llegas sin ser una experta y en dos meses nos quitas la capacidad de controlar el sector.  Va a ser muy difícil que te lo perdonen.

Probablemente se lo dijo Humberto Speziani (asesor de TASA), quien es el que tiene más experiencia y mostró su desacuerdo con un ataque tan confrontacional contra usted.

Con la experiencia que tiene, él se puede dar licencia para decir lo que piensa. Es uno de los representantes de las empresas con el que he tenido una de las conversaciones más gratas hasta que el mismo gremio se molestó con él por tener contacto con nosotros. Entendí que todo se trataba de rentabilidad porque con el ordenamiento las empresas tenían que invertir más combustible para pescar. Un día en una reunión, uno de los ocho (empresarios) de manera muy ofuscada me dijo: ¡Por qué crees que no bajo! Me cuesta 75 mil dólares bajar mi barco al sur en vez de estar pescando en el norte donde es más fácil y después tengo que pagar más combustible y más a la tripulación. En cambio si puedo pescar en las primeras millas gasto menos. Su lógica es la de la mayor rentabilidad. Así los acostumbraron. Y se trata del aprovechamiento de un recurso renovable por el cual no pagaron nada y por el cual pagan derechos de pesca ridículos.

Que además se encargaron de congelar por diez años para mantener el mismo porcentaje de pago por derecho de pesca.

Lo congelaron por diez años, y además, sujeto a que si el Estado no cumplía (con mantener el mismo cobro) no pagaban el fondo social para la jubilación de sus tripulantes. Pusieron un candado. Ese es el ministerio que yo me encontré. Los pescadores artesanales no tienen la misma plataforma que tienen las empresas que contratan a sicarios comunicacionales como el señor Roberto Vieira (quien se presenta como presidente del Frente de Defensa de la Pesca). Nadie se ha puesto a investigar qué intereses representa. Otro sicario era Aurelio Loret de Mola que me dijo corrupta, ignorante, de todo, cuando es sabido que trabaja para la SNP. Lo que yo he dicho es que veía mucha codicia en esas empresas, y es la verdad.

¿Cómo cambió la relación con los empresarios luego de que Elena Conterno, una ex ministra de Producción como usted, decidiera saltar al otro lado del escritorio como vocera de la SNP?

Cambió la estrategia. Al inicio publicaban avisos y eso era transparente porque quedaba claro que era algo pagado, pero luego empezaron a sacar editoriales. Fritz Du Bois (director de El Comercio), tendría que decir: Yo he sido director de Austral (una de las empresas pesqueras más importantes del país) y mi esposa Cayetana Aljovín es gerente general de la agencia de comunicación (Llorente&Cuenca) que maneja la cuenta de la SNP. Nunca le dije a Beto Ortiz porque no creo que él haya estado metido en estas gestiones, pero el grupo empresarial Enfoca también es dueña de la pesquera Diamante, y tiene acciones en Frecuencia Latina (canal en el que se invitó a varios voceros que atacaron a Triveño).

(La abogada Cayetana Aljovín asumió en agosto de 2013 la gerencia general de la oficina de Lima de la consulta de comunicación Llorente&Cuenca y aún continúa en el cargo. IDL-Reporteros se comunicó con Martín Higa, jefe de comunicaciones de la Sociedad Nacional de Pesquería, quien señaló que la institución a la que representa trabaja cuestiones “puntuales” con la consultora que representa Aljovín y que las coordinaciones con prensa las ve él. Hoy viernes 28 nos comunicamos con Llorente&Cuenca y nos informaron que hay una persona que está a cargo de la cuenta de la SNP).

También hay una muralla china en el caso de los abogados. Las empresas no dejan al ministerio ninguna posibilidad de consultar sobre alguna norma a un estudio porque todos tienen alguna cuenta con una pesquera. Ya sea porque les ven temas laborales, administrativos, corporativos, etc. (El abogado y regidor de la Municipalidad de Lima) Fernán Altuve, quien decía “¡esa ministra…!”, le acaba de hacer una consultoría a la SNP sobre si el Perú debía ratificar la OROP (la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur que regula las cuotas de jurel). Encontramos que era complicadísimo contratar a un estudio de abogados independiente para los temas legales que debíamos enfrentar (como el proceso judicial contra el decreto 005). Esa es la Muralla China del Derecho. Esa misma capacidad la tienen las consultoras de comunicación.

(Altuve ha llamado a Triveño la ministra “Angelini” en alusión a Roberto Angelini, uno de los empresarios pesqueros más importantes de Chile. En una entrevista en radio Capital en febrero último, dijo que ella era “una colaboracionista chilena” debido a las medidas que tomó para regular la pesca en el sur. Altuve confirmó a IDL-R que realizó una reciente consultoría sobre el organismo que regula la pesca de jurel para la SNP pero que no podía dar más detalles por un acuerdo de confidencialidad con su cliente.)

Usted señaló que las preguntas de la interpelación que enfrentó en el Congreso no parecían haber sido redactadas por los parlamentarios. ¿Quiénes las hicieron?

Claramente fue hecho desde afuera. Así como se decía que había una ‘narcobancada’, también había una ‘pescabancada’. Fue la interpelación más larga de la República, defendimos noventa preguntas durante 17 horas contra una bancada que tenía claros intereses, que había tenido alguna vinculación con las empresas o había recibido dinero para sus campañas políticas de la propia SNP. Ellos decían que yo hacía magia: que en un año había 1. 5 millones de biomasa de anchoveta y al año siguiente 10 millones. Lo único que contesté es que volverte rico de la noche a la mañana porque te regalaron las cuotas de pesca, sí es magia. Lo único que he respondido es en el tono que me preguntaron. Decían que yo le hablaba al oído al Presidente, que le mentía, y la única que le habla al oído al Presidente es su mujer.

¿Cuál ha sido la mayor presión que ha recibido?

Antes de la interpelación pagaron para que se hiciera una marcha por mi casa y yo me quejé con Speziani. Y él con firmeza me dijo: ¡Eso sí no Gladys, a ese nivel no se puede llegar. Con eso no estoy de acuerdo! Es que sacaron unos volantes para convocar a una marcha por mi casa y yo se los mostré. Al final no se realizó la marcha, no sé si hablar con Speziani ayudó. Si yo hubiera tenido la oportunidad de hablar con los patriarcas de la pesca, con los Brescia (dueños de TASA), los Romero (dueños de Centinela), los Ribaudo (que fundaron pesquera Diamante), y pudieran haber visto qué han invertido en pagar a Loret de Mola, Vieira, etc, y que la ministra aún sigue viva, seguro que los despedían a todos por ineficientes. Estarían molestos porque, además, se contrató a Elena Conterno en la SNP buscando un acercamiento ya que decían que era mi amiga. Si lo hubiese sido, habría respetado mi trabajo. Ahora ella ha elegido defender esos intereses, pero la entiendo porque seguro le pagan bien.

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