El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

27 de julio de 2014

QUIERO COMER PESCADO SOSTENIBLE




En la edición de Agosto de la Revista Pesca:

Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues por ahora, preguntar por la procedencia del pescado, presionar para que se nos dé la información, demandar un etiquetado con más información, informarme sobre el estado de las especies y los caladeros, o apoyar iniciativas locales de promoción del pescado sostenible.

Lea el artículo "QUIERO COMER PESCADO SOSTENIBLE" en la edición de Agosto de la Revista Pesca.

18 de julio de 2014

COSME CARACCIOLO: "PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN EN LA PESCA SE DEBE ELIMINAR A LA INDUSTRIA PESQUERA"



Comentario:
La pesca en Chile, con problemática similar a la peruana y a la argentina.
La diferencia: que en Chile y Argentina hay, aparentemente, un mejor entendimiento y conocimiento de la pesca y sus alcances en relación a la ciudadanía.

Patricio Villa

El reciente gobierno de Sebastián Piñera fue decisivo, en tanto se aprobó la ley de pesca, profundizando la política pesquera de los gobiernos anteriores, aunque en un escenario distinto, marcado por el colapso de casi la totalidad de las pesquerías producto de la sobreexplotación.

Esta ley fue aprobada en medio del escándalo protagonizado por el gerente de la empresa CORPESCA de entonces y la diputada Marta Isasi, quien recibió el pago de 25 millones de pesos de parte de éste. Junto a ello, la ausencia de los pescadores en el diseño de sus cláusulas constituyó otro hecho que la invalida.

El bloqueo de la voz de los pescadores y de quienes buscan el desarrollo sustentable del trabajo pesquero fue la condición para imponer una serie de medidas funestas para la continuidad de la pesca artesanal y la seguridad alimentaria del país. Entre éstas pueden consignarse las siguientes:

-Se le permitió a CORPESCA capturar sardina española y anchoveta dentro de la franja reservada a la pesca artesanal entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Cabe destacar que toda esta pesca es reducida a harina.

-Se reconoció la soberanía sobre los recursos hidrobiológicos, sin que esto implique la propiedad del Estado sobre ellos. Para el caso de los peces, esto se justifica, pues su trayectoria no está determinada por los límites jurisdiccionales del país, por cuanto adquieren un propietario en tanto es pescado por quien tenga permiso para ello, es decir, por quienes controlen las cuotas de captura. Paralelamente, la ley estableció que la entrega de éstas fuera proporcional al promedio de captura de los últimos tres años, por cada armador (dueño de embarcación). Por lo tanto, los mismos que sobreexplotaron los peces durante los últimos años, quedaron con el derecho de pescar.

-Estos permisos de pesca son por 20 años renovables. Además, se puede hacer cualquier tipo de negocio jurídico con estos, pudiéndolos dividir hasta en cien mil partes y transarlos en el mercado financiero, adquiriendo un valor determinado por el propio juego especulativo de la bolsa, donde no es necesario que existan peces para hacer negocios.

-No se prohibió el uso de métodos de pesca no selectivos, tales como el arrastre y el cerco industrial.

-Tampoco se resguardó la seguridad alimentaria, pues, aparte de todas las medidas que atentan contra la sustentabilidad pesquera, no se prohibió la fabricación de harina con la pesca de sardina, anchoveta, jurel, caballa y otros peces muy rentables para este propósito. La crianza industrial de pollos, chanchos y salmones, con esta harina, representa una pérdida nutricional sólo explicable por el lucro de las empresas intervinientes en el negocio. Los peces contienen grandes cantidades de proteínas y ácidos grasos como el Omega 3, fundamental para el desarrollo y regeneración de funciones neurológicas y oculares en las personas.

La deslegitimación de esta ley fue motivo para que Bachelet, en su candidatura presidencial, se comprometiera ante pescadores a "revisarla". En conversación con Resumen, el pescador Cosme Caracciolo realizó un balance del comportamiento del presente Gobierno frente a este tema, junto con plantear medidas urgentes y fundamentales para la recuperación de las poblaciones de peces.

¿En qué se ha avanzado respecto a la revisión de la Ley de Pesca?

En el programa de la Nueva Mayoría se dice que se revisará la ley Longueira, y además se menciona que "los peces pertenecen a todos los chilenos". Estas dos cuestiones son contradictorias, pues por un lado se plantea revisar la ley Longueira que tiene como objetivo entregar la propiedad de los peces a un pequeño grupo de empresarios pesqueros y, por otra parte, el programa de la nueva mayoría reconoce que los peces son propiedad de todos los chilenos.

Esta ley hay que derogarla, no resiste "revisiones". Esperamos que el grupo gobernante asuma una posición clara, a pesar de que algunas señales nos indican que los empresarios pesqueros están poniendo sus intereses y su agenda como carta de navegación. Basta con mirar la designación del subsecretario de pesca, un reconocido lobista de la gran industria pesquera.

El subsecretario de pesca, Raúl Súnico, busca defender aspectos de esta Ley, diciendo que los pescadores artesanales controlan grandes proporciones de las cuotas de captura por especies. ¿Cuál es la veracidad de esta afirmación?

El subsecretario de pesca miente en forma descarada al asegurar que la pesca artesanal controla grandes proporciones de las cuotas de captura. Este señor miente, pues el sector pesquero artesanal está compuesto por pescadores propiamente tal (que son quienes efectivamente pescan) y los armadores artesanales (que son los dueños de las embarcaciones). Dentro de este último grupo, muchos de ellos no salen a la mar o sea no pescan, pero la asignación de cuotas está dada por la historia de desembarque, historia construida con el trabajo de los pescadores propiamente tal. Ahora, si consideramos que el grupo de los armadores representa aproximadamente sólo el 10% del registro pesquero artesanal, el 90% de los pescadores no tiene ningún derecho de pesca sobre las especies que históricamente han capturado.

Más todavía, si consideramos que muchos de estos armadores son representantes de la industria pesquera, la mentira del subsecretario se agrava.

¿Qué riesgos tiene la pesca artesanal, considerando el control ejercido por la industria sobre los recursos pesqueros?

Ellos quieren volver dinero todos los recursos pesqueros en el menor tiempo posible, lo que menos les preocupa es la sustentabilidad. Si la industria sigue teniendo el manejo de la pesca, los recursos se agotarán y la pesca artesanal pasará a la historia. Los empresarios y los políticos que les favorecen saben que están haciendo, pero no les interesa, porque si terminan con la pesca, sencillamente, buscarán otro rubro.

Este año, las cuotas de captura para diversas especies fueron menores que en los años anteriores. ¿Cuál es la repercusión de esta política en la recuperación de las pesquerías?

Sin duda que estas medidas están en la dirección correcta, sin embargo, el poder de la industria vuelve a opacar los buenos intentos, pues la industria, a través del Consejo Nacional de Pesca o argumentando que es para investigación, ampliaron las cuotas de captura de varias especies.

Además, es necesario que esta medida se acompañe de la eliminación de los artes de pesca no selectivos, como el cerco y el arrastre. En este sentido, el caso de la merluza común es paradigmático. Si bien, se redujo su cuota de captura, se permite que el 60% de ésta se capture con pesca de arrastre, eso no resiste ningún criterio.

Hace unos días se han movilizado trabajadores de la industria pesquera exigiendo la restitución del 20% de la cuota de captura de jibia para el sector, luego que se estableciera que la totalidad de ésta debía pescarse artesanalmente. ¿Cuál es tu propuesta, como pescador artesanal, hacia los trabajadores de la industria pesquera?

Primero hay que dejar claro que no somos enemigos de los trabajadores de la industria, al revés, somos hermanos. Debemos entender que la única manera de que su actividad sea permanente y continua en el largo plazo es que la jibia sea pescada con métodos artesanales. En este sentido debemos trabajar juntos para preservar los recursos pesqueros.

Ahora bien ¿Desde los pescadores artesanales existe la disposición de recibir a los tripulantes de la pesca industrial con el propósito de que toda la pesca se haga garantizando la conservación de los recursos?

Mira, para pescar el 60% de merluza común, a nivel nacional, la industria no requiere más de 54 tripulantes pesqueros. El sector artesanal no tiene ningún problema en recibirlos, es más, sería un gran logro para todos quienes vivimos del mar. Y con esto, los trabajadores de las plantas de proceso van a tener garantizada su fuente laboral.

En la región del Bío Bío, un porcentaje enorme de la gente que laboraba en la industria ahora está en la artesanal y no ha habido ningún problema en ello.

Hace unos meses finalizó la captura de sardina y anchoveta. Junto con ello, han habido denuncias de parte de trabajadores de la empresa Intertek, encargada de realizar los muestreos de las especies capturadas, de ser presionados por armadores y la propia empresa para falsear datos, clasificando por especie "mote" a la sardina común. La especie "mote" no tiene cuota de captura definida, por cuanto no está sujeta a fiscalización, por cuanto declarar a la sardina común como tal, les permite a los armadores no agotar la cuota asignada de ésta última y seguir pescando. Desde tu experiencia, ¿Qué aspectos de la institucionalidad pesquera permite esta corrupción y qué efectos tiene?

Este es un secreto a voces. Todos los armadores y la industria que pesca para fabricar harina han tratado de obtener más cuotas utilizando cualquier otra especie. Por ejemplo, en la región de Atacama se ha aprobado una cuota de caballa, pero en realidad lo que pescan es jurel, el cual lo declaran como caballa. El blanqueo de la pesca ha existido por mucho tiempo y en la región del Bío Bío es grosero, la industria lo promueve y los armadores que le entregan la pesca lo hacen sin importarle las consecuencias en el agotamiento de los recursos.

Respecto a la institucionalidad pesquera, no se puede esperar otra cosa. Tenemos un subsecretario de pesca que ha trabajado para la industria y la corrupción parte de ahí. Ahora, para eliminar toda esta corrupción se debe eliminar a la industria de la extracción pesquera, no hay otra alternativa.

En esta temporada la cuota de captura fue de 373.000 toneladas para la sardina común y de 42.200 toneladas para la anchoveta entre la región de Valparaíso y la de Los Lagos, marcando una ostensible disminución en comparación con las temporadas anteriores. No obstante, se ampliaron estas cuotas bajo el pretexto de ser necesario para la pesca de investigación. ¿Cómo puede interpretarse este argumento?

Este es un artilugio de la industria pesquera. Comenzó a usarse cuando colapsó el jurel y se otorgaron menores cuotas para su pesca, ante lo cual la industria y sus funcionarios serviles, comenzaron a solicitar la ampliación de la cuota para hacer "investigación". Tú no necesitas cien mil toneladas para investigar. Es similar al caso de Japón y la caza de ballenas, que la disfraza de investigación. Es una mentira.

Paradójicamente, el jurel, que está colapsado hace bastantes años, es la pesquería que acumula más investigación y todos los informes confirman su colapso. Ahora esto se hace con muchas pesquerías, entre ellas la sardina y la anchoveta.



Fuente

16 de julio de 2014

DEBEMOS TERMINAR CON LA POLÍTICA PESQUERA DEL GOBIERNO

COMENTARIO

Este artículo referido a la problemática pesquera en Argentina tiene muchas características comunes y/o similares con la peruana.

Con algunas diferencias de forma mas no de fondo, es destacable la existencia de este pronunciamiento. Muestra un grado de interés formalmente expresado por un sector de los trabajadores y de las organizaciones políticas argentina.
En el Perú, el desinterés de la sociedad y de los ciudadanos por lo que ocurre con la pesca es, por decir lo menos, curioso.

Declaración del PCR (Partido Comunista Revolucionario) y PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo) Regional Mar del Plata. Conferencia zonal del PCR de mar del Plata, el 3 de junio.

Saqueo imperialista y pérdida de soberanía

El modelo pesquero en nuestro país se mantuvo sobre los mismos rieles que terminó de confeccionar el menemismo durante los años´90: Absoluta dependencia del mercado externo, flexibilización laboral, depredación del recurso pesquero, concentración de la producción y de la comercialización en pocas empresas, evasión fiscal y poca inversión a largo plazo.

Este modelo pesquero condena a esta actividad a crisis recurrentes y a sus trabajadores a condiciones de trabajo marcadas por la inestabilidad, la falta de derechos y la superexplotación.

Los grandes frigoríficos exportadores y el gobierno acuerdan en la esencia de este modelo: la exportación de casi la totalidad de los productos. Para el gobierno significa conseguir dólares tan necesarios tanto para la importación de hidrocarburos como para hacer frente a los vencimientos de deuda externa (en su mayoría ilegítima). Para los grandes empresarios pesqueros implica materializar inmensas ganancias en mercados ya desarrollados para sus productos. También les permite ser parte de las fabulosas ganancias de su comercialización en mercados de mejor poder adquisitivo. Los grandes empresarios de la pesca han sido, en gran medida, una verdadera burguesía intermediaria de los intereses de los capitales europeos y en particular de los españoles.

Estos últimos, proveedores de la mayoría de los barcos congeladores (verdaderas máquinas de destrucción de empleo y recursos) fabricados en sus astilleros hace varias décadas. Flota responsable de la casi extinción de varios caladeros en el mundo.

Lo cierto es que los compradores de los productos pesqueros (como sucedía con la carne a principio del siglo 20 con Inglaterra) se fueron convirtiendo en sus verdaderos y únicos dueños. Esto lo lograron con inversiones directas (instalación de empresas); a través de fusión con empresas argentinas (joint venture); con ingreso de buques extranjeros a través de convenios con el Estado; con permisos de pesca otorgados por el gobierno de Malvinas, títere de los intereses británicos; o con la instalación de barcos en la milla 201.

En tal sentido, se comprende la casi inexistente política de fomento al mercado interno en este rubro, escudada, como siempre, en una supuesta restricción cultural al consumo de pescado. Esta orientación gubernamental está motivada también por los grandes negocios que mantiene el kirchnerismo con la industria avícola, competidora directa del pescado en el mercado nacional.

Aumento de la concentración y extranjerización. La política pesquera del kichnerismo.

Una de las consecuencias más nefastas de la política pesquera del kirchnerismo es el proceso de concentración que sufre la actividad pesquera en nuestro país. La aprobación de las (CIT) Cuotas Individuales Transferibles de Pesca significó darles un marco legal al reparto y privatización de nuestros recursos ictícolas a los grandes empresarios. El único límite que establece la Ley es que las empresas no podrán concentrar más del 10% de la captura, lo que implica, en el mejor de los casos, que solo diez empresas podrán concentrar el total de la captura por especie. Esto gracias al carácter transferible de dichas cuotas de pesca lo que facilita precisamente esa concentración con la progresiva resignación de sus cuotas por parte de los empresarios pequeños y medianos en beneficio de los monopolios. Según fuentes de la Dirección de Economía pesquera, en el año 2012 las primeras 15 empresas exportadoras, de un total de 242 que operan en el mercado externo, acumularon el 49% del total exportado. En el caso de especies como la merluza hubbsi, principal producto exportado desde Mar del Plata, el porcentaje de concentración de la exportación es mucho mayor: de un total de 109 empresas las primeras 10 firmas concentraron el 54,1% del total exportado.

En la actividad pesquera, como en otras ramas de la industria y la economía de nuestro país, la extranjerización es un fenómeno en crecimiento. Con sólo decir, que de las primeras 5 firmas exportadoras sólo una es de capitales “argentinos” y el resto son todas de capitales españoles, estamos graficando claramente este problema. Las supuestas expropiaciones de empresas españolas realizadas en el sur, como fue el caso de la empresa Vieira SA en Puerto Deseado, fueron medidas decorativas que, en muchos casos, solo apuntaron a salvar a las mismas empresas de sus deudas.

Con respecto a las extranjerización y saqueo de nuestros recursos pesqueros debemos destacar la decisión del Kirchnerismo de permitir el ingreso de 10 buques poteros chinos al caladero argentino en el año 2013, lo que significa en pocas palabras, la vuelta al charteo de buques extranjeros, aplicada durante la década del 90 por Menen-Cavallo-Solá, cuya vigencia se mantuvo sin solución de continuidad desde 1993 hasta el 2001, como demuestran claramente las estadísticas. Existen versiones sobre el posible ingreso de numerosos buques factorias a nuestro caladero.

Efectos de la crisis internacional

La crisis internacional está golpeando con fuerza al sector y deja en evidencia lo frágil de este modelo exportador, totalmente dependiente de los vaivenes internacionales. A la crisis de los principales mercados de nuestros productos (España - Brasil), hay que agregarle el crecimiento exponencial de especies asiáticas de carne blanca como el Pangasius que, producto de los bajos costos de producción (bajo costo de la mano de obra y no utilización de gas oil) ofrecidos por la acuicultura, van desplazando a la merluza del mercado exterior. Sumado a este cuadro externo, el aumento del gasoil a causa de la crisis energética y de otros insumos producto de la inflación, nos brindan un contexto de estancamiento y recesión. Desde el 2008 los precios internacionales de la merluza siguen estancados o en descenso, solo tuvieron una leve recuperación en los años 2010, 2011, pero luego siguieron bajando. La carga del valor del gas-oil en la estructura de costos es cada vez mayor, llegando al 60-65% de cada viaje. Esto sucede en primer lugar por la política del Gobierno en relación al permanente aumento de los combustibles y, en segundo lugar, por la cada vez mayor distancia que deben recorrer los buques pesqueros para completar sus bodegas. Esto obligado por la creciente depredación del recurso permitida desde la dictadura videlista hasta acá, particularmente a partir de la irrupción masiva de Factorías y Congeladores.

¿Esto quiere decir que los grandes empresarios dejaron de ganar? Aun perjudicados por esta situación de ninguna manera dejaron de ganar. Los grandes empresarios descargan la crisis sobre los trabajadores con despidos, suspensiones, quita de plus por productividad, salarios de hambre, superexplotación, precariedad laboral, etc. Siguen haciendo fortunas sobre la base de profundizar, también, la evasión fiscal, la especulación y el fraude laboral (cooperativas truchas). Al mismo tiempo, reciben ayuda económica del Estado (Repros, reintegros, créditos).

Se han perdido miles de empleos, sólo en el año 2012 las cifras rondan entre 2.000 y 2.500 despidos en las plantas procesadoras de pescado. Las changas se hicieron escasas y el trabajo en negro recrudeció enormemente. El estancamiento y la recesión afectan al conjunto del complejo portuario/fabril. La estiba y la industria naval reciben el impacto directamente. También se ven afectados otros gremios de servicios y transportes que actúan en torno a la industria. Ni hablar de los marineros-pescadores que ven reducidos al máximo la cantidad de viajes que realizan en el año. El gobierno y los empresarios lograron establecer incrementos salariales por debajo de la inflación lo que significó una reducción muy fuerte del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Al agudizarse la crisis los empresarios pesqueros pidieron ayuda estatal (baja de retenciones, gas oíl mayorista, créditos, etc.) y devaluación brusca del peso. El gobierno les brindó una ayuda limitada (Repros, subsidios, reintegros) y les propuso una devaluación graduada. En ningún momento deslizó un cambio de modelo. A los que el gobierno sí les pidió paciencia es a los trabajadores, que deben sostener la rentabilidad de las empresas aceptando pautas salariales a la baja, despidos, suspensiones, precarización laboral extrema y falta de trabajo.

La devaluación realizada por el gobierno, en lo que va del 2013 y 2014, fue del 64%. Sin embargo, dándonos razón a los sectores que nos oponíamos a esta medida como salida a la crisis, la situación de la actividad continuó estancada, en lo que va del año los volúmenes y montos en dólares por exportación registraron leves mejoras o mejor dicho estancamiento. Para los trabajadores significó una fuerte reducción del salario con el incremento de la inflación y los techos salariales

De la crisis no se sale con las mismas recetas que nos llevaron a la situación en la que estamos. La devaluación beneficia solo a los exportadores y golpea a los trabajadores y a los empresarios que operan en el mercado interno; la vuelta al charteo de buques trae consecuencias nefastas para la sustentabilidad de los recursos y resta fuerzas a nuestra industria; los subsidios a los grandes empresarios no se trasladan al desarrollo productivo y la mejoría de las condiciones de trabajo, sino, más bien, para la construcción de cámaras para el almacenamiento especulativo del pescado o directamente totalmente para otros fines alejados totalmente del tema pesquero. La crisis la tienen que pagar los que se enriquecieron todos estos años con el sacrificio de los trabajadores (en nuestra ciudad principalmente Mozzcusa, Solimeno, Valstro). Para esto debemos pelear por un nuevo modelo pesquero que coloque a los intereses nacionales y populares en primer lugar.

Recuperar la actividad pesquera para los argentinos significa tener un instrumento fundamental para la generación de empleo, para garantizar la soberanía alimentaria del pueblo y para proteger y defender los espacios y recursos marítimos asediados por las potencias imperialistas.

Los trabajadores luchamos contra esta política

Para lograr este objetivo nos paramos en las luchas históricas que mostraron un camino para dar vuelta la realidad. La lucha y el paro activo del 13 de octubre de 1986 contra los convenios Acuerdos-Marco con la URSS y Bulgaria firmados por Alfonsín; las grandes luchas marineras y de los obreros del pescado de 1999 y 2000 contra los Acuerdos firmados por Menem con la Unión Europea y la lucha contra el trabajo en negro del año 2007. Luchas que conmovieron a la ciudad y al país cosechando una gran solidaridad y admiración en el conjunto del pueblo. En este camino, nos dan mucha fortaleza y esperanza las grandes luchas que han protagonizado en el último tiempo los trabajadores del puerto de nuestra ciudad. El paro largo de los trabajadores del SOIP en el año 2010, los paros de estibadores, navales y marineros del año 2012 y las luchas diarias de los trabajadores contra los abusos de la patronal en cada lugar de trabajo. También sacamos enseñanzas de experiencias de avanzada en lo que refiere a unir a amplios sectores a la realidad del puerto y sus trabajadores, en este sentido, destacamos la Multisectorial lograda a mediados del 2012 que reunió a más de 60 organizaciones sociales, gremiales, políticas y estudiantiles. 

Siete medidas para que la crisis no la paguemos los trabajadores y el pueblo

Convocamos a un gran frente de fuerzas políticas, sindicales, sociales y estudiantiles que se unan alrededor de un programa y un accionar común de lucha para que la crisis pesquera no la paguemos los trabajadores y el pueblo, desde el PCR/PTP proponemos:
1) Declarar la emergencia socio-ocupacional en el puerto de la ciudad de Mar del Plata en todas las cadenas que componen la industria: Prohibición de despidos; Ampliación del listado, reconocido por la subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Trabajo, de 9200 trabajadores afectados a la industria pesquera; Subsidio para todo el listado mientras se mantenga la falta de trabajo y la parálisis de la industria; Blanqueo inmediato de todos los trabajadores; Suspensión de cortes de luz y gas y demás servicios hasta que se normalice la situación laboral; puesta en la funcionamiento por parte de los trabajadores de aquellas empresas que generen despidos masivos, presenten quiebra o realicen fraude laboral, exigiendo el apoyo municipal necesario y su expropiación por parte del gobierno provincial en beneficio de sus trabajadores.

2) Garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores del sector, verdaderos sostenedores de la producción: Salarios no menores a la canasta familiar, estabilidad laboral, trabajo registrado, verdadera cobertura social, jubilación anticipada e insalubridad. Establecer un piso salarial único para los trabajadores del Complejo Portuario-fabril de la ciudad de Mar del Plata, como sucede en el puerto de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.

3) Definir al recurso ictícola como un bien común y estratégico de todos los argentinos y no como el patrimonio personal de un puñado de grandes empresarios exportadores: no a las Cuotas Individuales Transferibles de Pesca; cumplimiento estricto de las CMP (Capturas Máximas Permitidas) con el fin de preservar el recurso ictícola y evitar su depredación; planes reales de promoción, protección y desarrollo del mercado interno.

4) Promover un modelo pesquero que garantice la ocupación efectiva del Mar Argentino a fin de fortalecer nuestra soberanía sobre espacios estratégicos. Que la prefectura tenga los medios necesarios para defender la frontera marítima y no sea utilizada para la represión interna.

5) Impulsar un modelo pesquero que basado en el desarrollo de la pesca para abastecer nuestro mercado interno, deje de ver al recurso como un mero commoditie de exportación con poco o nulo valor agregado: leyes de fomento a la agregación de valor; fomento de las pequeñas empresas; plan de inversión real en infraestructura e investigación para el desarrollo de la producción de alimentos. Apoyo a la pesca fresquera, con limitación de bodega, y anulación de todas las autorizaciones para operar en nuestras aguas a las flotas de Factorías y Congeladores, garantizando los puestos de trabajo y todos sus derechos a los trabajadores de las mismas. Fomento de la acuicultura. Defensa y desarrollo del Inidep. Jerarquización y defensa de los Inspectores de Pesca, combatiendo todo tipo de corrupción. Defensa del recurso por los trabajadores.

6) Desarrollar un modelo pesquero que sirva de plataforma para el desarrollo de una industria naval nacional: Ley de promoción de la industria naval que establezca la prohibición de charteo de buques y compra en el exterior; plan de renovación de la flota pesquera. Defensa del Astillero Rio Santiago poniéndolo al servicio de los intereses nacionales y populares.

7) Promover un amplio debate de la legislación vigente y en particular de la Ley Nacional de Pesca. En este sentido convocar a todos los sectores interesados e implicados en la problemática pesquera: trabajadores; pequeños y medianos empresarios; científicos; estudiantes y docentes de carreras pesqueras; dirigentes políticos y sociales de nuestro litoral marítimo; para garantizar una Ley que defienda los intereses populares, nacionales y democráticos de nuestra pesca.
Paro nacional de 36 horas para que la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo.

Fuente:

13 de julio de 2014

Menos exportaciones de harina de pescado ¿a quién perjudican realmente?



Elena Conterno, presidenta del gremio pesquero, señaló que es necesaria una ampliación de la temporada de pesca. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) señaló que se perderán US$385 millones en exportaciones pequeras, debido a la mala temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte.

"No se cumplirá la cuota determinada de 2,53 millones de toneladas para la actual temporada. Faltan 20 días para el final y apenas hemos sobrepasado el 50% de las capturas de anchoveta estimadas. Eso significa que el Perú dejará de recibir más de 385 millones dólares por exportaciones pesqueras este año, lo que sin duda debilitará el crecimiento del PBI", indicó Elena Conterno, presidenta de la SNP.

La razón principal de estos resultados es la migración de las anchovetas hacia el sur, en busca de aguas frías. La normatividad pesquera impide que embarcaciones puedan realizar la pesca en esta zona, señaló Conterno.

En otro momento, Conterno hizo referencia a la nueva medida del Ministerio de Producción (Produce), la cual permite pescar en algunas zonas desde la milla 8 en adelante. La presidenta de la SNP afirmó que esta resulta insuficiente para poder alcanzar la cuota de pesca establecida.

Aseguró que se requiere "medidas técnicas, como la ampliación de la temporada de pesca –asumiendo que el ciclo biológico de la anchoveta lo permite– y que se permita a las empresas trabajar desde la milla 5" para contrarrestar estos resultados que afectan a 221.000 familias involucradas en esta actividad.

Fuente:

NOTA DE PESCA:

Para que el ciudadano común, no involucrado con la pesca pueda formarse una opinión correcta y completa, la información que presenta la nota transcrita debería ser complementada respondiendo a las siguientes preguntas:

1. ¿Es el Perú quien dejará de recibir 385 millones de dólares por exportaciones pesqueras o la industria pesquera? Porque no confundamos el ingreso de dinero a la caja de la empresa con el ingreso de impuestos a la caja fiscal.

2. De esos 385 millones que la industria dejará de recibir ¿Cuánto le corresponde al Estado por impuesto a la renta, cuánto va al canon pesquero, cuánto corresponde a derechos de pesca y cuánto se le va a devolver a la industria por IGV? Solo así podríamos saber realmente en cuánto se afecta al ciudadano peruano, legítimo propietario del recurso pesquero e injustamente remunerado por su extracción.

3. ¿Se afectan 221,000 familias? ¿Pero no se benefician los 29 millones y medio de peruanos restantes no involucrados directamente en la pesca, a través de la conservación de la biomasa de anchoveta como sostén principal del resto de especies marinas, que son las que contribuyen a la alimentación nacional? Es decir lo que queda para el país después de que la industria exporta lo mejor.

El defecto de siempre en la información que los medios difunden es que, solamente se lanzan cifras desde la perspectiva del industrial; pero no se toman en cuenta desde la percepción del ciudadano no pesquero, que solamente ve de lejos las ganancias pesqueras y se ve influenciado y confundido por el mito del crecimiento del PBI, cuando en términos reales él no ve que sus ingresos económicos crezcan con el crecimiento del PBI. Como tampoco ve como el reducido canon pesquero se convierte en obras para su localidad, bien sea por ineficacia o por corrupción.

El PBI es un índice perverso.

Lea las siguientes notas para mejor entender como la direccionalidad de la información en un solo sentido contribuye a la desinformación del ciudadano común  y a la creación de corrientes de opinión parcializadas e incorrectas: