El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

31 de octubre de 2014

Produce y la SNP

Por más correcta que sea la tesis ecosistémica ¿cómo puede Produce defender técnicamente y con pruebas  el enfoque ecosistémico? Los escasos recursos para la investigación de todas las especies del dominio marítimo del Perú no lo permiten; pero si así es ¿porqué no se recaudan mayores ingresos o se privilegia el mar peruano por sobre la investigación antártica?

Lea el artículo " PRODUCE, LA SNP Y EL INFORME DE MACROCONSULT" en la edición de Noviembre de la Revista Pesca.


23 de octubre de 2014

No hay pescado en el mar peruano

EDITORIAL DE GESTIÓN
El Ministerio de la Producción no tiene la capacidad para controlar cuánto ni qué pescan las embarcaciones en esta franja.

BIOMASA EN PELIGRO.
Esta semana, el Instituto del Mar del Perú recomendó suspender la pesca en la zona norte y centro del país por un periodo de –por lo menos– un año. Así de crítica está la situación de la biomasa de anchoveta en el país. De acuerdo con Imarpe, esto se debe a las condiciones del ambiente y al ingreso de aguas cálidas por el fenómeno de El Niño, específicamente.

No obstante, hay otro factor que está siendo pasado por alto y que, sin duda, ha colaborado con el deterioro de la población de anchoveta en el mar peruano. Cuando este Gobierno emitió el D.S. 005, su objetivo era que se destine una porción mayor de la pesca de anchoveta al Consumo Humano Directo (CHD). Para ello, el Ministerio de la Producción inventó una franja entre la milla 5 y la 7 en el sur del país y entre la 5 y la 10 en el norte –donde antes podían pescar los industriales- exclusivamente para la pesca de embarcaciones de menor escala, siempre y cuando destinen su captura al CHD.

Esto ha ocasionado dos problemas. Por un lado, el CHD no ha subido en el país, sino todo lo contrario. La producción para CHD disminuyó y la pesca ilegal para harina aumentó desde el reordenamiento pesquero. Esto, porque –como ya se sabía– Produce no tiene la capacidad para controlar si la pesca de las embarcaciones de menor escala está siendo dirigida al CHD o no. Y mientras el precio del pescado en un destino sea mayor que en el otro, es evidente dónde terminará.

De igual manera, Produce no tiene la capacidad para controlar cuánto ni qué pescan las embarcaciones en esta franja por la cantidad que representan y la variedad de puntos de desembarque a lo largo del litoral. Lo anecdótico es que es precisamente en esta franja –en la que no existe ningún control efectivo en la actualidad– donde se concentra la mayor población de anchoveta juvenil. Tan solo en un operativo realizado en agosto en muelles, puntos de control, peajes, embarcaciones pesqueras, entre otros, en el norte y centro del país, Produce incautó más de 38 toneladas de pescados en talla juvenil.

Para asegurar la sostenibilidad de las riquezas de nuestro mar, debe existir un sistema de control que abarque tanto a los industriales como a las embarcaciones de menor escala, tanto a altamar como a las 10 primeras millas. Sobre todo a las 10 primeras millas.

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19 de octubre de 2014

El Estado peruano y su estrategia pesquera

La nota periodística que se transcribe a continuación nota fue publicada el 7 de marzo del 2012.

Plan Estratégico fortalecerá al sector pesquero peruano

El titular del Ministerio de la Producción (Produce), José Urquizo Maggia, afirmó que el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 -aprobado el 5 de marzo- permitirá fortalecer al sector pesquero nacional.
Según lo indicado por el funcionario al Diario Oficial El Peruano, este plan ayudará a:

Contribuir con la seguridad alimentaria;
Fortalecer la actividad acuícola;
Desarrollar la pesca artesanal;
Elevar la pesca en zonas de altamar;
Lograr pesquerías sostenibles.

Asimismo, se espera que el nuevo plan estratégico promueva la calidad ambiental, institucionalice una cultura de transparencia y fortalezca el ordenamiento pesquero y acuícola, añadió. Y explicó que el documento incluye los aportes realizados por diversos integrantes del ámbito de la pesca, con quienes el Gobierno se reunió en varias zonas del país. Urquizo Maggia también comentó que el Produce impulsará la institucionalización del programa nacional ‘A Comer Pescado’, para aumentar el consumo per cápita de productos hidrobiológicos; y la modernización de los desembarcaderos pesqueros artesanales. Además, el Ministerio estima necesario optimizar los instrumentos de apoyo a la pesca artesanal, en el que será de suma importancia el Primer Censo de la Pesca Artesanal; y formular el Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal. Durante su mandato, se impulsará la acuicultura en el ámbito regional con participación privada; se modernizará el sistema de control y vigilancia pesquera, y la sanidad pesquera; y se promoverá una política de transparencia. Por último, el ministro dijo que se trabaja para incrementar la participación de Perú en la zona de altamar y estimular las exportaciones pesqueras, entre otras medidas.  

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Si bien es cierto el ex ministro Urquizo firmo la resolución ministerial que aprobó el PESEM, el mismo fue diseñado en base a un proyecto presentado por la consultora Maximixe por encargo del Produce y aprobado 30 días antes del inicio del actual gobierno. Durante la gestión de Kurt Burneo fue actualizado, perfeccionado y quedó aprobado en noviembre del 2011; pero no se alcanzó a publicarlo debido al relevo ministerial que generó una revisión adicional. Urquizo asumió el  17 de diciembre del 2011 y el PESEM fue aprobado en marzo. En todos los casos el documento fue consultado y consensuado con los administrados y los funcionarios públicos a través de talleres y entrevistas en profundidad.

Sin embargo, no hay ninguna información pública que indique o mencione el avance del cumplimiento de los objetivos estratégicos diseñados en dicho documento hasta el día de hoy. Solo existen, en el portal de transparencia del PRODUCE,  informes evaluativos sobre los POI (Plan Operativo Institucional) del Ministerio, el último de los cuales expresa:

“concluido el segundo semestre del año 2013, se solicitó a todas las dependencias del PRODUCE la información respecto a lo programado en el POI, y en la mayoría de los casos las respuestas fueron recepcionadas con fecha posterior a lo solicitado, identificándose en los antecedentes que el último documento fue recepcionado (a través de mesa de partes de la OGPP) el 19 de setiembre 2013, y en algunos casos pese a reiteradas comunicaciones solo presentaron la información por correo electrónico”

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No hay informes de evaluación del PESEM y tampoco hay informes del POI del 2014.

Al 19 de octubre del 2014, el portal de transparencia del FONDEPES no evidencia ningún informe de evaluación de sus POI de los últimos 3 años. En el caso del ITP cargar la página es lento y no descarga la sección de Planeamiento y Organización. En el IMARPE no se aprecia el botón para cargar el portal de transparencia, que es un modelo único para todas las dependencias del Estado. Tan solo se accede a una sección de transparencia que no es la que debe. Por tanto resulta difícil saber si las OPDs del sector están publicando las evaluaciones de sus POI.

El PESEM vigente se encuentra colgado en la web de Produce en el siguiente link:

El PESEM 2011-2015 que es mejorado con el 2012-2016 se encuentra colgado en el siguiente link:

El PESEM 2004-2006 se encuentra colgado en el siguiente link:

La comparación simple entre este último y los dos anteriores evidencia que los dos últimos son de tal calidad técnica y de contenidos que merecen una mejor y debida atención por parte del Ministerio.

El dato curioso es que no existe PESEM para el período 2007-2011. En todo caso se sabe que existe pero nunca fue aprobado y por consiguiente tampoco fue publicado.

La estadística que debiera ofrecer públicamente todo el sector, en especial el Imarpe sigue siendo pobre y sumamente retrasada. El anuario estadístico del 2013 sigue sin ser publicado en la web de Produce.


La ausencia de estadística oportuna dificulta el análisis y el conocimiento que cualquier ciudadano merece acceder en relación a la pesquería.

18 de octubre de 2014

EL REORDENAMIENTO DE LA ANCHOVETA

El proyecto de decreto supremo que aprueba las normas para el fortalecimiento del ordenamiento pesquero del recurso anchoveta publicado casi simultáneamente con el informe del IMARPE sobre la crítica situación de dicho recurso, es una evidencia de que el sector trabaja bajo cuerdas separadas.

La norma pretende establecer puntos de desembarco, y fijar una cuota anual de captura para el CHD. Pero con el pequeño stock de anchoveta informado por el Instituto del Mar, la intención de ordenamiento no podía ser más inoportuna. ¿Qué límite máximo de captura se puede fijar con una biomasa que no permite su extracción sana sin comprometer más al recurso?

Los permisos de pesca para la captura de anchoveta por las embarcaciones de menor escala vuelven al ámbito de control del Ministerio, lo que implica que este este organismo será el responsable de su fiscalización y control. Esto requiere de recursos financieros que permitan implementar mecanismos y personal de control. 

¿De dónde van a salir estos si por efecto de la probable suspensión de la temporada de pesca el Estado cobrará menos por derechos de pesca y por impuesto a la renta?

La norma puede ser buena o mala o susceptible de ser mejorada según diversos puntos de vista; pero publicarla casi en simultáneo con el informe del IMARPE es poco prudente.

En declaraciones al diario El Comercio el 17 de octubre la autoridad de pesquería expresó que “en cuanto a la decisión de incrementar el derecho de pesca al sector industrial, mencionó que eso aún sigue en evaluación. 

Sin embargo, consideró que en la medida que la pesca para consumo humano directo (CHD) se vaya ordenando también debería contribuir con el pago de este derecho”. “Cuestionó que la contribución de la pesca industrial es baja, de solo US$6 por tonelada de anchoveta”. Esto es un error. EL derecho de pesca es el 0.25% del valor FOB de la tonelada exportada de harina de pescado. Si fuese su precio US$1,500, el derecho de pesca a pagar sería de US$3.75 y no de 6 dólares, que además no se cobrarán si no se asigna cuota para la temporada”.


Por otro lado, la misma nota dice que el Ministerio de la Producción (Produce) inaugurará en quincena de diciembre un nuevo centro de seguimiento satelital para fiscalizar la pesca de la anchoveta, el mismo que se convertirá en el más moderno de la región, adelantó el viceministro de Pesqueria, Juan Carlos Requejo.

14 de octubre de 2014

Oceanos y mares, nuestros vertederos

La contaminación no tiene fronteras. Se mueve por la atmósfera libremente y por los océanos gracias a las corrientes marinas, haciendo posible su desplazamiento y expansión a miles de kilómetros de su fuente. Desde el Polo Norte al Polo Sur, el mar esta contaminado con residuos y compuestos tóxicos exponiendo así todos los ecosistemas marinos a varios grados de polución. A pesar de las evidencias, el hombre, guiado por su avaricia hacía un desarrollo insostenible, aún niega de comprender que al contaminar el mar, envenena los ecosistemas marinos y consecuentemente a él mismo.

Lea el artículo " OCEANOS Y MARES, NUESTROS VERTEDEROS" en la edición de Octubre de la Revista Pesca.

4 de octubre de 2014

Pescando contradicciones ¿Política pesquera equivocada?

Cada vez queda más claro que la actual política pesquera es la equivocada.

Como informamos ayer en nuestra sección Portafolio, un reciente estudio de Macroconsult sobre los efectos del decreto que “reordenó” la pesca industrial de anchoveta hace dos años ha confirmado lo que –desde antes de su aprobación– diversos expertos argumentaban sucedería: no se ha cumplido ninguno de los objetivos por los que la norma fue aprobada y, por el contrario, esta ha agudizado los problemas que buscaba solucionar.

La regulación actual prohíbe la pesca industrial dentro de las 7 millas en el sur y las 10 millas en el norte de nuestro litoral, dejando las mismas como exclusivas y liberadas (es decir, sin límite de cuotas) para las embarcaciones pequeñas y artesanales siempre que pesquen para el consumo humano directo. Mientras tanto, los industriales, que, a diferencia de los anteriores, sí cuentan con cuotas máximas de pesca individuales, un régimen de vedas y un sistema de control vía satélite, pueden operar solo a partir de la milla 7 o 10 en el sur y norte, respectivamente.

El argumento utilizado por el presidente Ollanta Humala para la aprobación de esta norma fue que se debe privilegiar el consumo humano de los recursos marinos y reconocer el “sacrificio de los pequeños pescadores y la irresponsabilidad de las grandes empresas que han depredado la anchoveta”. El presidente, sin embargo, perdió de vista que lo que hace que un pescador deprede el recurso no es el tamaño de su operación (pues la suma de pequeños pescadores puede depredar igual que una embarcación industrial) sino que la misma se realice sin controles. Y esto, justamente, es lo que sucede con la pesca menor a la que se le entregaron las primeras millas.

A dos años de la aplicación de esta regulación, la evidencia sobre sus pésimos resultados es clara. El informe de Macroconsult ha mostrado que con el decreto ha aumentado la pesca ilegal y ha caído dramáticamente la pesca para el consumo humano directo (pues a los informales les sale más a cuenta vender el pescado para otros fines, lo que difícilmente se controla). El informe detalla, por ejemplo, que la brecha entre la exportación de harina proveniente de la pesca legal y de la pesca ilegal antes de la aplicación del decreto era de 73 mil toneladas anuales, mientras que ahora la brecha ha saltado a 163 mil toneladas en favor de los ilegales. Asimismo, el informe señala que la producción de anchoveta para el consumo humano antes del decreto había llegado a un pico histórico de 125 mil toneladas y ahora, sumado a que el Estado ha dejado de ofrecer este recurso en sus programas alimentarios, se estima que este año a duras penas se cerrará con 30 mil toneladas.

Por otro lado, a raíz de que se restringió la actividad de las grandes empresas, al término de la primera temporada de pesca la participación en el PBI de este sector se encuentra en descenso, el nivel de desembarques también ha caído y las exportaciones están yendo por el mismo camino. Para la Sociedad Nacional de Pesquería, se estima que al cierre del 2014 los desembarques totales serán de 3,5 millones de toneladas, equivalentes a la mitad del promedio de desembarques entre el 2000 y el 2011. Asimismo, las exportaciones de harina y aceite de pescado se encuentran en riesgo y se estima que serán similares al bajo nivel del 2013, aproximadamente de US$1.800 millones, lejos de los US$2.300 millones del 2012.

Como cereza de la torta, principalmente debido a las restricciones que se le impuso, la industria solo ha podido pescar el 68% del total de la cuota asignada por el propio gobierno, dejando de pescar 807.070 toneladas, lo cual representa aproximadamente US$385 millones en pérdida de exportaciones y US$21,2 millones en pérdida de ingresos de los trabajadores. Un lujo que en el contexto de desaceleración en el que nos encontramos no nos podemos dar.

Es urgente un cambio en la política pesquera. No debe hacerse distinciones entre grandes y pequeños y tiene que establecerse un sistema de cuotas individuales generalizado con controles aplicables a todo el mundo. La designación del flamante viceministro de Pesquería abre una nueva puerta para un cambio de rumbo. Ojalá él decida dar el giro que es necesario para enderezar este asunto y que el gobierno deje de pescar tan solo contradicciones.

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NOTA DE PESCA

Un cambio en la política pesquera supone que existe algo llamado política pesquera, lo cual no es cierto. Lo que existen son normas dispersas, aisladas y no integradas en un contexto que configure una política integral de largo plazo con objetivos e indicadores claros. Como muestra hay que referirse a la existencia de un Plan Estratégico Sectorial Multianual aprobado, con plena vigencia; pero el cual nadie respeta ni cumple, o quizá ni conoce siquiera.


Por tanto lo que se necesita es el diseño de una Política de Estado nacida de un consenso entre el Estado, los administrados y la ciudadanía. Las evidencias y la historia demuestran que la imposición de normas, por más sustento legal y constitucional que exista, no garantizan su fiel cumplimiento, sobre todo con un Estado débil y carente de adecuados mecanismos de fiscalización y sanción.