El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
11 de septiembre de 2010
A 10 meses de que termine este gobierno, una nueva autoridad de pesquería, que se espera asuma en los próximos días, tiene un reto singular. No hay tiempo para grandes cosas, para promesas, para ofertas, para experimentos, para aprender, ni sería adecuado utilizar lo que queda de esta gestión para saturar los medios de comunicación con fotos y discursos sobre cosas que ya serían imposibles de resolver en tan corto plazo.
Hay tres cosas fundamentales que este gobierno debiera enfrentar en estos últimos meses:
La primera es ejecutar al 100% el presupuesto de inversiones y de capacitación. Ambas partidas ofrecen pobres cifras de avance en su ejecución que son preocupantes.
La segunda es resolver los problemas existentes a nivel de conflictos entre normas promulgadas y los intereses del sector tratando de encontrar un consenso para soluciones intermedias.
La tercera es empezar el diseño de una política pesquera de largo plazo para beneficio del país, tendiendo lazos con todas las fuerzas políticas que intervendrán en la contienda electoral. Un acuerdo entre todos los candidatos podría generar un documento que sirva de base para que el nuevo gobierno encuentre una política ya diseñada en consenso que contenga un plan estratégico sectorial de largo plazo. De esta forma quien asuma el próximo gobierno habría ganado un tiempo valioso al punto de que sus primeras acciones de gobierno serían la implementación de una política y un plan ya estructurado y consensuado entre administrador, administrados y sociedad civil.
Los planes de gobierno de los candidatos podrían de esta forma incorporar para el sector pesca una propuesta coherente, técnica, realista y conveniente para la pesquería peruana.
El país se merece el esfuerzo para dar inicio a una gestión pesquera eficiente que conduzca realmente a disponer de pesquerías sostenibles y un futuro.
Un futuro que nos encuentre preparados para enfrentar el cambio climático, el agotamiento de las poblaciones de peces y la seguridad alimentaria de nuestra población, como principales objetivos estratégicos de largo plazo. Definir estas matrices es fundamental pues de ellas se derivan todas las acciones, políticas y objetivos que debe mencionar un plan estratégico como respuesta a una política de Estado.
La Ley General de Pesca fue promulgada con DECRETO LEY Nº 25977 del 7 de noviembre de 1992.
El Reglamento de dicha ley fue promulgado con DECRETO SUPREMO Nº 012-2001-PE del 13 de marzo del 2001.
Entre la ley y el reglamento pasaron 9 años.
Entre el primer reglamento y el día de hoy, el mismo ha sufrido infinidad de variaciones y modificaciones a tal punto que se ha convertido en una documento lleno de parches, confuso y complicado. Siendo que el reglamento se aprueba por decreto supremo, es fácil introducir constantemente cambios y modificaciones.
Eso indica dos cosas: Una es que la ley no es la más adecuada ni el reglamento original tampoco por cuanto ha requerido muchas variaciones; otra es que la facilidad con la que puede cambiarse el reglamento al no tener que pasar por el Congreso puede significar muchas cosas, entre ellas que no sean modificaciones estrictamente técnicas.
En todo caso, en 2011 tanto la ley como su reglamento y modificaciones serán demasiado antiguas y requieren un cambio.
El nuevo Congreso asumirá el reto de diseñar una nueva ley de pesca que minimice los riesgos de que el reglamento distorsione el espíritu de la ley.
La situación ideal es que la nueva ley recoja el espíritu de una Política de Estado y un Plan Estratégico trabajados en consenso con todas las fuerzas políticas, administrados y sociedad civil. Su aprobación sería más rápida, respondería a las reales necesidades de la pesquería peruana, y de hacerse en la primera legislatura, la autoridad de pesquería tendría las herramientas legales básicas para trabajar su implementación en forma técnica y no empírica ni improvisada.
Esto requerirá decisión y voluntad políticas y el mejor esfuerzo de los políticos por entender que la pesquería es un tema complejo que requiere la participación de muchas disciplinas, el consenso y sobre todo el conocimiento del sector.