“Al directorio (de la Sociedad Nacional de Pesquería) le pareció una mecida”, señaló el presidente del gremio pesquero, Humberto Speziani, comentando los motivos del duro comunicado publicado el 25 de agosto en contra del ministro de la Producción, Nicanor Gonzáles, con relación a los decretos que regulan la pesca de anchoveta, jurel y caballa. A pesar de sus críticas, no hubo marcha atrás por parte del ministerio, lo cual enfureció a los empresarios pesqueros.
El ministro ha respondido que “esta acción (la publicación de un comunicado) ha erosionado la confianza entre personas inteligentes que deben discutir estos temas en una mesa técnica”.
Las frases de ida y vuelta estuvieron presentes por más de una semana entre representantes del sector público y privado sobre, al menos, tres normas publicadas por el Produce en los últimos meses.
Origen
“El detonante en realidad fue el decreto 010 que ordena la captura de anchoveta destinada al consumo humano directo. Esto generó una serie de presiones por parte de las empresas medianas y pequeñas, porque muchas de ellas destinan finalmente la anchoveta a la harina y no a la conserva. Entonces, curiosamente sale el decreto 007 que permite al ministerio administrar los excedentes de saldos de bodega de la flota pesquera industrial. ¿Se entregarán esos saldos a otras embarcaciones, quizá a estas pequeñas? Ese es el temor”, señala el ex viceministro de pesquería, Juan Arrús.
Similar posición tiene Luis Icochea, ex decano de la facultad de Pesquería de la Universidad Agraria de La Molina, quien considera que “cada vez que entra un nuevo ministro o viceministro no entiende nada, entonces hay muchos empresarios que quieren madrugarlo y esta vez están los pequeños que quieren tener parte de la cuota para pescar anchoveta. La norma 007 puede abrir una puerta falsa de un recurso que ya está sobreexplotado como es la anchoveta”.
Cabe mencionar que desde el 2008 se inició un proceso de ordenamiento de la pesca de anchoveta que derivó en la designación de cuotas. “El temor es que este sistema que buscó ordenar la pesca industrial se altere si no se toma la misma actitud con la pesca destinada al consumo humano directo”, afirma Arrús.
Al respecto, el ministro Gonzales asegura que el objetivo del decreto no es entregar a terceros los saldos de los excedentes, sino presionar a las grandes compañías para que inviertan en embarcaciones de mayor tonelaje. “El entregar a terceros esos saldos sería incumplir con el mandato de la ley”, asegura.
Al entender de Arrús, lo señalado por el ministro debería estar en blanco y negro en una norma, porque los funcionarios son pasajeros. “Hay una zona oscura donde pueden venir otras autoridades sin buenas intenciones y ese saldo puede prestarse para la corruptela”, apuntó.
Además de la mencionada norma, según Arrús, la resolución ministerial 201 también genera suspicacias en el sector privado, pues eleva el uso de la merma de la anchoveta del actual 30% a un 70%, a fin de elaborar harina de pescado y ya no conservas, lo cual implicaría la legalización de una práctica lesiva (por no aprovechar adecuadamente el recurso). Sobre el particular, el ministro negó que el objetivo sea incrementar los porcentajes de merma o residuos. Agregó que se busca, hasta el 1 de octubre, establecer una plataforma de información técnica al respecto.
Congeladas
Una tercera norma que también caldeó los ánimos de la SNP fue la que permite transitoriamente la pesca de jurel y caballa, pero que dejó a por lo menos 15 embarcaciones sin renovarles contratos. Gonzales argumenta que la biomasa es muy baja y que es imposible abrir el mar para todas las embarcaciones.
La SNP a través de su comunicado del 25 de agosto dejó en claro que el sector hizo inversiones de US$ 200 millones que hoy están congeladas por no tener disponibilidad de jurel y caballa. Gonzáles precisa que esas inversiones se produjeron hace dos años, cuando las condiciones de biomasa eran diferentes “y esto lo constata el Imarpe con sus investigaciones”. Resaltó que el desembarco de jurel se redujo de 200 mil toneladas el 2007 a 7.600 toneladas en lo que va del año.
En todo caso, consideró que hoy el sector industrial tiene sobreganancias, producto de los mejores precios de la harina de pescado, como para comprar embarcaciones de mayor arrastre y así poder tentar fuera de las 200 millas.
Icochea consideró que invertir en embarcaciones más grandes es un albur, porque nada garantiza que más allá de las 200 millas se encuentre una mayor biomasa de jurel y caballa. Francisco Miranda de la ONG Oannes, critica que no existan estudios reales de la biomasa de las especies mencionadas. “Si bien Imarpe es una institución respetable, sus investigaciones para ver la biomasa de las mencionadas especies se realizan en las embarcaciones industriales de anchoveta, por eso resulta muy difícil de monitorear”, señaló.
En base a todo lo dicho, los expertos piden explicaciones sobre las últimas normas, para evitar sesgadas interpretaciones. Esto ahora queda en manos del ministerio. (ADEX)
http://agriculturadelperu.blogspot.com/2010/09/sociedad-nacional-de-pesqueria-aguas.html
