LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA NORMATIVA DE PESCA ARTESANAL EN EL PERÚ

 

CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA NORMATIVA PESQUERA ARTESANAL EN EL PERÚ:

UN ENFOQUE CRÍTICO ENTRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REALIDAD OPERATIVA.

Raúl Castillo Rojas

Resumen

El presente artículo analiza de manera crítica la calidad y eficiencia del marco normativo emitido por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) en relación con la pesca artesanal en el Perú. Se examina la brecha estructural existente entre el diseño regulatorio centralizado y las realidades socioeconómicas y operativas que enfrentan las comunidades pesqueras en los muelles y caletas. A través de una metodología analítica sustentada en dimensiones de diagnóstico, viabilidad económica y capacidad de implementación regional, se argumenta que el Estado peruano ha consolidado un enfoque predominantemente fiscalizador, de control administrativo y restrictivo en detrimento de una política pública articulada que fomente el desarrollo integral, el financiamiento viable y la infraestructura pesquera básica. Finalmente, se validan estas deficiencias utilizando datos e informes internacionales recientes emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2025, proponiendo un conjunto de reformas estructurales orientadas a una regulación diferenciada y participativa.

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Introducción

La identidad y la seguridad alimentaria en el Perú se encuentran íntimamente ligadas a su mar territorial. Históricamente, la pesca artesanal ha constituido el soporte biológico, cultural y nutricional de la población popular, proveyendo especies hidrobiológicas esenciales para el consumo humano directo. Sin embargo, la proliferación contemporánea de normativas estatales contrasta drásticamente con una realidad caracterizada por la informalidad, la pobreza extrema, la falta de infraestructura de frío y la escasa rentabilidad de la faena diaria.

El problema de investigación radica en determinar si el Estado peruano ha construido una política de desarrollo genuina o si, por el contrario, ha erigido un sistema exclusivamente administrativo y de control que impone obligaciones asimétricas y costosas sin resolver las carencias estructurales preexistentes del sector. La hipótesis de trabajo sostiene que existe una brecha importante entre la regulación diseñada desde los despachos ministeriales y las condiciones en las que realmente trabajan los pescadores, lo que propicia una desconexión crítica entre la validez jurídica de la norma y su implementación fáctica en el litoral peruano.

Revisión de la Literatura y Marco Normativo

El marco normativo que regula la actividad pesquera en el Perú se cimenta en el Decreto Ley N° 25977 (Ley General de Pesca) y su Reglamento aprobado mediante el D.S. N° 012-2001-PE. Si bien ambos instrumentos declaran formalmente objetivos de desarrollo socioeconómico, empleo y aprovechamiento sostenible, los mecanismos específicos para el sector artesanal se han fragmentado a través de constantes modificaciones reglamentarias.

Entre las normas más significativas de la última década destacan el D.S. N° 006-2016-PRODUCE y su modificatoria, el D.S. N° 003-2022-PRODUCE, las cuales impulsaron esquemas de fortalecimiento basados en el cooperativismo, la trazabilidad estricta, puntos de desembarque autorizados y exigencias de seguimiento satelital. Más recientemente, la promulgación de la Ley N° 31749 —orientada al reconocimiento de la pesca tradicional ancestral y tradicional artesanal para resguardar la biodiversidad dentro de las primeras cinco millas marítimas— junto con el D.S. N° 002-2025-PRODUCE y el D.S. N° 006-2025-PRODUCE, reconfiguraron los criterios de fiscalización y clasificación de las modalidades extractivas.

A pesar de la robustez del andamiaje jurídico, la literatura institucional revela un grave problema de sobreproducción y atomización normativa. El error de diseño radica en tratar como actores homogéneos a realidades intrínsecamente desiguales, asimilando bajo los mismos requisitos administrativos a un pescador de subsistencia no embarcado en una caleta aislada, a una organización social de pescadores artesanales y a un armador comercial con capacidad financiera que opera flotas mecanizadas de cerco de menor escala.

Dimensiones de la Calidad Regulatoria en PRODUCE

Para evaluar la eficiencia e impacto de las disposiciones emitidas por el Ministerio de la Producción, se proponen cinco dimensiones de análisis crítico basadas en la gestión pública moderna:

 

1.     Calidad del Diagnóstico Sectorial: Las normativas suelen aprobarse con un carácter generalista y centralizado, careciendo de estudios empíricos diferenciados por regiones geográficas, artes de pesca específicos o costos operativos reales de navegación.

2.     Calidad Técnica y Jurídica: La modificación constante y apresurada de reglamentos e instrumentos de fiscalización introduce una severa incertidumbre jurídica, obligando al pescador a adecuar de forma recurrente su documentación ante exigencias que colisionan entre sí o duplican requisitos burocráticos.

3.     Viabilidad Económica: Disposiciones de control técnico, tales como la implementación obligatoria de equipos satelitales avanzados y certificaciones sanitarias, resultan económicamente desproporcionadas e inviables para unidades productivas pequeñas con ingresos variables y nulo acceso a créditos formales.

4.     Capacidad de Implementación Regional: Existe una severa contradicción institucional en la descentralización de competencias pesqueras, toda vez que el Ejecutivo delega funciones de control a los gobiernos regionales sin verificar que estas instancias presentan serias limitaciones presupuestarias y de personal técnico especializado.

5.     Evaluación de Resultados: El Estado prioriza la cantidad de resoluciones y decretos publicados como indicadores de gestión, omitiendo la acreditación de métricas de impacto real sobre el incremento de ingresos netos o el éxito de las cooperativas promovidas.

Evidencia Internacional y Validación Institucional

Los cuestionamientos respecto al marco regulatorio peruano guardan una estricta correspondencia con los hallazgos independientes publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su informe titulado Políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en Perú. La OCDE corrobora cinco deficiencias estructurales críticas:

 

• Informalidad y sobrecapacidad: La expansión de embarcaciones fuera del control estatal efectivo genera una sobrecapitalización de pesquerías y una competencia desleal destructiva para el pescador formalizado.
• Brechas de información científica: A pesar del rol supervisor del IMARPE sobre las principales pesquerías comerciales, una proporción mayoritaria de las especies explotadas comercialmente en los desembarques carece de seguimiento científico continuo y medidas de ordenamiento fundamentadas.
• Debilidad institucional en regiones: Se valida técnicamente que las autoridades subnacionales carecen de los recursos y la especialización idónea para aplicar el marco regulatorio nacional.
• Sistema sancionador ineficiente: Los procesos de reducción y condonación recurrente de multas debilitan el carácter disuasivo de la fiscalización, promoviendo una aplicación territorialmente desigual.
• Burocracia sin contraprestación: Los procesos de formalización fracasan porque se conciben como meras cargas burocráticas de control, por lo que se recomienda vincular estas exigencias a beneficios tangibles como capacitación técnica, mejoras en seguridad a bordo y acceso a fondos de apoyo gubernamental.

 Análisis de Casos Recientes: Monitoreo Satelital y Adecuación de Permisos

 Seguimiento Satelital (D.S. N° 001-2025-PRODUCE)

La obligación de instalar sistemas de monitoreo satelital en las embarcaciones artesanales para el año 2026 ilustra con claridad la brecha entre el objetivo y la realidad. Si bien el control de la pesca ilegal es un fin legítimo, la norma omitió evaluar de manera realista los costos de adquisición y mantenimiento del equipamiento frente a la baja conectividad en zonas alejadas, operando en la práctica como una barrera de exclusión económica para los pescadores de subsistencia.

Adecuación de Permisos de Pesca (R.M. N° 407-2025-PRODUCE)

La reciente publicación del proyecto para adecuar los derechos y permisos de pesca artesanal conforme al D.S. N° 002-2025-PRODUCE ha generado una enérgica resistencia en el sector. El nudo del conflicto radica en los criterios técnicos de clasificación, tales como la eslora y la capacidad de bodega.

Nota de campo respecto a la tipificación de flotas: Respecto a la duda sobre las embarcaciones, la incorporación de un sistema de izado mecanizado de redes (denominado técnicamente "macaco") en un cerquero tradicional o "bolichito" incrementa drásticamente su poder de pesca y volumen extractivo. De acuerdo con los criterios del reordenamiento pesquero actual, el uso de métodos y cercos mecanizados dentro de la franja costera excluye a la embarcación del carácter artesanal selectivo y de subsistencia, forzando técnicamente su reclasificación hacia la categoría de menor escala, lo que restringe su operación en las primeras millas para proteger los hábitats bentónicos.

Conclusiones y Propuestas de Reforma

La producción regulatoria demuestra que una norma formalmente válida y administrativamente ordenada puede constituir un rotundo fracaso socioeconómico si se diseña desde el aislamiento de un escritorio de oficina. El Estado peruano ha administrado la escasez del sector artesanal mediante la imposición de obligaciones, en lugar de emplear la ley como un motor de desarrollo productivo. Para revertir esta parálisis, se proponen siete reformas esenciales basadas en el cambio de enfoque de las políticas públicas:

 

1.     Regulación diferenciada y asimétrica: Segmentar las obligaciones legales segmentando con precisión al pescador de orilla y subsistencia de los armadores comerciales mecanizados.

2.     Inversión en infraestructura productiva: Priorizar la modernización de los desembarcaderos pesqueros artesanales, garantizando cadenas de frío y acceso a hielo.

3.     Circuitos comerciales directos: Promover la asociatividad pesquera para quebrar la dependencia asfixiante de los compradores intermediarios mayoristas en playa.

4.     Financiamiento y cofinanciamiento estatal: Subvencionar y asumir estatalmente los costos de los equipos tecnológicos obligatorios (como el seguimiento satelital y kits de seguridad) para las flotas de menores recursos.

5.     Fortalecimiento técnico descentralizado: Proveer presupuesto y capacidades humanas especializadas a las direcciones regionales de producción.

6.     Ampliación de la investigación científica aplicada: Incrementar los recursos para cubrir con fundamento biológico el ordenamiento de las especies costeras y bentónicas rezagadas.

7.     Evaluación obligatoria de impacto regulatorio (RIA): Prohibir la aprobación de decretos y resoluciones que afecten al sector sin un análisis previo que cuantifique sus costos, beneficios y efectos distributivos sobre la canasta familiar del pescador.

 

Fuentes Bibliográficas

[1] Ministerio de la Producción [PRODUCE]. (2025). Resolución Ministerial N° 407-2025-PRODUCE: Publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el proceso de adecuación de los permisos de pesca artesanal. Diario Oficial El Peruano.

[2] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2025). Políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en Perú. OECD Publishing. doi.org.

[3] Perú. (1992). Decreto Ley N° 25977: Ley General de Pesca. Diario Oficial El Peruano.

[4] Perú. (2023). Ley N° 31749: Ley que reconoce la pesca tradicional ancestral y la pesca tradicional artesanal e impulsa su preservación dentro de las cinco millas marítimas. Congreso de la República. 

LA GOBERNANZA Y LA SOSTENIBILIDAD EN LA PESQUERIA ARTESANAL

 

Raúl Castillo Rojas - Consultor Senior

mggperu32014@gmail.com

 

La gestión de los recursos hidrobiológicos enfrenta hoy un desafío estructural que trasciende lo estrictamente biológico o económico: la crisis de legitimidad en la toma de decisiones. Históricamente, el diseño de políticas pesqueras, cuotas de captura y periodos de veda ha seguido un modelo vertical, formulado por instancias técnicas o administrativas alejadas de la realidad cotidiana de los muelles. Esta desconexión suele derivar en resistencia social, informalidad y conflictos socioambientales que comprometen la sostenibilidad del ecosistema marino. Frente a este escenario, y en el marco de la histórica visita de Su Santidad el Papa León XIV, la adaptación de metodologías participativas como el proceso sinodal ofrece un marco conceptual y operativo innovador para fortalecer la gobernanza del sector pesquero.

El término sínodo proviene de las raíces griegas syn (juntos) y hodos (camino), cuya traducción literal es "caminar juntos", una noción que en el ámbito marítimo se traduce operativamente en “navegar juntos”. Aunque su desarrollo contemporáneo proviene de la tradición comunitaria y eclesial de la Iglesia católica, su arquitectura metodológica resulta plenamente transferible a la gestión de bienes comunes. En esencia, un proceso sinodal constituye una dinámica institucionalizada de escucha activa, diálogo horizontal y discernimiento colectivo. Su principal aporte a la gestión pública y sectorial radica en la diferenciación operativa entre el discernimiento y la decisión: mientras la facultad resolutiva o normativa permanece en la autoridad competente, el proceso previo de consulta y construcción de consensos se abre de manera vinculante a todos los integrantes del sistema, dotando a la norma final de una sólida base social.

Trasladar este paradigma a la actividad pesquera exige reconocer que el “océano es un espacio socioecológico complejo” donde convergen múltiples intereses y saberes. Por ello, una gobernanza sinodal demanda articular en una misma mesa de trabajo a la totalidad de los actores de la cadena de valor. En primer lugar, los pescadores artesanales y mariscadores aportan el conocimiento ecológico tradicional, basado en la observación empírica de corrientes, ciclos reproductivos y variaciones estacionales. A ellos deben sumarse las comunidades costeras y las mujeres vinculadas al sector —fileteadoras, rederas, procesadoras y comerciantes—, cuya labor sostiene la economía local pero cuya participación suele quedar marginada de los espacios formales de consulta. Asimismo, el modelo requiere integrar al sector industrial y a los armadores, quienes aportan su perspectiva sobre capacidad de flota, inversión tecnológica, trazabilidad y abastecimiento de mercados. Este tejido productivo se equilibra con la participación de la comunidad científica y la academia, encargadas de proveer evidencia objetiva sobre el estado de las biomasas y los efectos del cambio climático, junto con el Estado y los gobiernos locales, responsables del ordenamiento territorial, la fiscalización y el marco regulatorio.

Para evitar que esta integración quede en una declaración de intenciones, el proceso sinodal se estructura en cinco fases secuenciales y retroalimentadas. La primera etapa consiste en la escucha territorial en caletas y puertos, donde las instituciones salen al encuentro de las comunidades mediante asambleas abiertas y libres de tecnicismos para recoger diagnósticos reales sobre problemáticas como la contaminación, la seguridad marítima o la comercialización. Superada esta fase, se inicia el diálogo multisectorial horizontal, un espacio deliberativo donde los testimonios empíricos de los hombres y mujeres de mar se contrastan en igualdad de condiciones con los informes científicos y las normativas vigentes. La tercera fase corresponde al discernimiento de prioridades comunes, momento en el cual los actores trascienden la defensa de intereses corporativos para identificar consensos que permitan compatibilizar la rentabilidad económica inmediata de las familias con la recuperación biológica de las especies. Con este insumo consolidado, se avanza hacia la toma de decisiones y la corresponsabilidad institucional, etapa en la que la autoridad pesquera promulga los planes de manejo o regulaciones pertinentes. La eficacia de este paso reside en que, al haber participado en la génesis de la norma, cada actor asume compromisos verificables de cumplimiento. Finalmente, el ciclo se completa con la evaluación y el ajuste continuo, mediante mecanismos periódicos de monitoreo participativo en el mar que permiten calibrar las medidas ante fluctuaciones oceanográficas o de mercado.

En conclusión, incorporar el enfoque sinodal en la gestión pesquera supone transitar del monólogo técnico hacia una cultura de corresponsabilidad compartida. La evidencia en manejo costero demuestra que, cuando los usuarios directos del recurso participan en el diseño de herramientas como zonas de reserva, tallas mínimas o vedas, se fortalecen los mecanismos de autocontrol comunitario y se reduce significativamente la pesca ilegal. Navegar juntos en el sector pesquero no pretende anular las naturales tensiones entre conservación y explotación, sino canalizarlas institucionalmente para garantizar la resiliencia de los ecosistemas marinos y la viabilidad socioeconómica de las comunidades que dependen de ellos.

LA PESCA ARTESANAL BAJO EXCESO DE REGULACIÓN

 

BRECHA ENTRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REALIDAD OPERATIVA DE LA PESCA ARTESANAL

Raúl Castillo Rojas

 

El presente artículo analiza críticamente la eficiencia y calidad de la regulación en el sector de la pesca artesanal. Se examina la brecha existente entre las disposiciones diseñadas en los entornos administrativos y las particularidades operativas, socioeconómicas y biológicas de la actividad en campo. A través de un enfoque metodológico multidimensional, se identifican las principales deficiencias normativas —como el desconocimiento técnico, la falta de participación de los actores locales y el exceso de burocracia— y se propone una matriz de indicadores y un modelo de evaluación institucional previo y posterior a la emisión de leyes. Se concluye que la sostenibilidad del recurso hidrobiológico y el desarrollo del sector dependen de una transición desde un modelo de control punitivo e improvisado hacia una gobernanza basada en el conocimiento especializado y la viabilidad económica.

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Introducción

La regulación de la pesca artesanal constituye un desafío complejo para la gestión pública contemporánea. Esta actividad no responde únicamente a dinámicas extractivas de mercado, sino que se configura como un tejido económico, social, cultural y productivo indispensable para miles de comunidades costeras. No obstante, la eficiencia de la regulación pesquera actual se encuentra cuestionada por una persistente brecha entre la proliferación de decretos y resoluciones y la resolución efectiva de los problemas estructurales del pescador artesanal.

El principal problema de la administración pública sectorial radica en el diseño de políticas normativas centralizadas que adolecen de un profundo desconocimiento de la realidad operativa y de campo. Cuando los marcos regulatorios se elaboran bajo un enfoque puramente legalista o administrativo, se prescinde del contexto empírico. Como consecuencia, se generan marcos jurídicos técnicamente descontextualizados, de difícil cumplimiento y con efectos sociales contraproducentes. La validez de una norma no debe medirse por su rigurosidad formal, sino por su capacidad de aplicación efectiva y su impacto resolutivo en el entorno pesquero real.

Deficiencias Estructurales de la Normativa Pesquera Actual

El análisis de la gobernanza pesquera permite catalogar cuatro deficiencias críticas en la formulación de las políticas regulatorias:

• Desconocimiento de la praxis operativa y de campo: La asimetría de información entre el administrador y el pescador artesanal provoca que se ignoren las diferencias técnicas entre modalidades de pesca, las capacidades reales de las embarcaciones, la diversidad de aparejos y la variabilidad oceanográfica o estacional de las especies.
• Déficit de sustento científico-técnico: Abundan las restricciones desproporcionadas y las exigencias técnicas inviables para las flotas artesanales que incrementan los costos de transacción sin demostrar un beneficio ecológico o económico equivalente.
• Exclusión y falta de participación de los actores locales: Al omitir el conocimiento empírico tradicional del pescador artesanal en los procesos consultivos, disminuye la legitimidad de la norma, lo que estimula la resistencia civil, la informalidad y la pérdida de confianza en las instituciones públicas.
• Hiperregulación y burocratización administrativa: El enfoque regulatorio tiende a centrarse en el incremento de controles documentarios y obligaciones formales, transformando la fiscalización en una barrera de acceso en lugar de una herramienta de formalización y ordenamiento sostenible.

Criterios para la Evaluación de la Calidad Regulatoria

Para medir el impacto de la gestión sectorial, es imperativo desagregar los conceptos de eficiencia (optimización de recursos económicos, humanos y administrativos) y calidad normativa (coherencia jurídica, sustentación técnica y viabilidad de aplicación). Se propone un sistema multidimensional basado en diez indicadores analíticos:

 

Criterio Analítico	Pregunta de Investigación / Indicador Operativo
Sustento científico	¿La norma se respalda en información biológica y pesquera confiable?
Conocimiento de campo	¿Considera de manera explícita las condiciones reales de la pesca artesanal?
Viabilidad operativa	¿Las exigencias técnicas e infraestructurales pueden cumplirse en el contexto actual?
Viabilidad económica	¿Los costos de cumplimiento son razonables y absorbibles para el sector?
Participación sectorial	¿Se integró activamente a los pescadores y sus organizaciones de base?
Coherencia normativa	¿Muestra compatibilidad y armonía con el resto del ordenamiento jurídico pesquero?
Eficacia	¿Resuelve directamente la problemática de fondo que motivó su creación?
Sostenibilidad	¿Consigue proteger los recursos hidrobiológicos sin destruir la dimensión socioeconómica?
Fiscalización	¿El Estado posee los recursos presupuestales y las capacidades operativas para hacerla cumplir?
Evaluación ex-post	¿Existen mecanismos periódicos para medir su impacto real y corregir desviaciones?

 

Dinámica Causal del Impacto Regulatorio Negativo

La implementación de una política pública desvinculada de la realidad empírica desencadena un esquema multicausal que deteriora al propio sector que busca ordenar. A continuación se detalla la secuencia de degradación institucional y operativa:

Formulación: Normativa elaborada desde un enfoque puramente administrativo y sin conocimiento de campo.

   Instrumentación: Emisión de disposiciones inadecuadas, restrictivas o de imposible cumplimiento logístico.

  Fricción sectorial: Incremento sustancial de los costos operativos, aparición de conflictos sociales y trabas burocráticas.

Respuesta del sistema: Aumento del desacato normativo, proliferación de la informalidad y debilitamiento de la legitimidad estatal.

Impacto final: Deterioro de la sostenibilidad de las pesquerías y precarización de las condiciones de vida de las comunidades pesqueras. 

 Discusión y Propuesta de Reforma Institucional

Los hallazgos demuestran que las políticas regulatorias exigentes no son intrínsecamente deficientes; la conservación biológica exige límites estrictos. Sin embargo, la validez de la coacción estatal radica en la proporcionalidad y la justificación técnica de las medidas. Una gobernanza óptima de la pesca artesanal debe refundarse bajo los principios de conocimiento especializado, diferenciación de pesquerías, adaptabilidad basada en la evidencia y evaluación de impacto socioeconómico.

Para operativizar estos principios, se propone la creación de un Modelo de Evaluación Institucional Independiente, estructurado en tres dimensiones analíticas obligatorias que actúen de manera previa (ex-ante) y posterior (ex-post) a la promulgación de cualquier norma:

 

-        Evaluación Técnica: Dictaminada por especialistas en biología marina, tecnología extractiva y economía pesquera.

-       Evaluación Socioeconómica: Enfocada en predecir los impactos directos sobre los ingresos familiares, la empleabilidad local y la estructura comunitaria.

-    Evaluación de Implementación: Destinada a auditar si los organismos fiscalizadores cuentan con el presupuesto, personal e infraestructura logística para garantizar el cumplimiento de la norma en el litoral.

 Conclusión

 

•     La calidad de la administración pública en el sector pesquero no puede evaluarse mediante el volumen de producción legislativa ni por la severidad punitiva de sus sanciones. Su éxito radica en su capacidad de ordenamiento responsable, protección ecológica y viabilidad socioeconómica.

 

•      Reemplazar el conocimiento técnico y la experiencia empírica por decisiones burocráticas improvisadas socava el desarrollo de la pesca artesanal.

 

•      Se requiere urgentemente una transición hacia autoridades reguladoras caracterizadas no solo por su competencia jurídica, sino por su alta especialización técnica, sensibilidad social y apertura al diálogo democrático con las bases pesqueras.

COMPRENDER LA PESCA ARTESANAL

 

Raúl Castillo Rojas

Marcos Kisner Bueno

Sin conocimiento real de la pesca artesanal, de sus costumbres, historia, vivencias, problemas y necesidades, así como de su idiosincrasia, todo intento de regularla, normarla y atenderla es solo ilusión, incertidumbre y conflictos permanentes.

Politiquería inútil a la que le siguen las visitas a las caletas, los préstamos,  bonos, mesas técnicas y mecidas, una tras otra hasta que termina el turno de la administración y entra una nueva, que por lo general tampoco entiende el tema y se repite el ciclo. La autoridad de turno, que no conoce de pesca, solo quiere pasar el tiempo y que el cargo le dure lo más posible, pero es difícil creer que tenga la voluntad de servir realmente al futuro y a los intereses del sector.

PRODUCE acumula disposiciones, requisitos y mecanismos de fiscalización, mientras persisten los problemas de formalización, infraestructura, financiamiento y comercialización. ¿Se está regulando la pesca artesanal desde el conocimiento de su realidad o desde la burocracia ministerial?

El análisis no debe limitarse a describir las normas. Debemos reconstruir el universo normativo de PRODUCE y confrontar cada disposición con sus efectos reales. Así podremos determinar, con evidencia documental, cuáles son los errores de diseño regulatorio, cuáles son las responsabilidades institucionales y qué reformas necesita la pesca artesanal.

Un documento técnico de la FAO publicado ¡¡¡hace 25 años!!! sobre las comunidades pesqueras a pequeña escala era de lectura obligatoria en los despachos ministeriales del Perú y no para archivarlo como teoría abstracta, sino para generar un urgente despertar en las autoridades pesqueras, quienes parecen no tomar conciencia del daño real y la parálisis que sus decisiones, o  la falta de ellas, provocan en el litoral. Legislar para el mar peruano desde la comodidad de un escritorio estatal no es solo un error metodológico; es una irresponsabilidad política que asfixia la soberanía alimentaria del país.

Hay que decir las cosas claras: la gestión de la pesquería artesanal en el Perú ha acumulado históricamente pocos éxitos. Sería reconfortante pensar que esto se debe únicamente a las severas limitaciones presupuestales o a la falta de tiempo para procesar la ciencia. Sin embargo, la realidad apunta a un diagnóstico más severo. Gran parte del caos actual proviene de una profunda desconexión y un alarmante desconocimiento de las dinámicas sociales de las caletas. Peor aún, el sector parece estar secuestrado por mentes obtusas y dogmáticas que imponen visiones centralistas y punitivas, completamente ciegas a la realidad de supervivencia del pescador artesanal.

El resultado de esta miopía estatal está a la vista: una telaraña normativa que cambia las reglas del juego a mitad de la marea, sembrando una incertidumbre jurídica asfixiante y detonando conflictos sociales que se pudieron evitar. Cuando una autoridad diseña un decreto que afecta la actividad en lugar de habilitar rutas de formalización realistas, no está ordenando el sector; lo está empujando a la clandestinidad y ensanchando las históricas brechas de desigualdad socioeconómica.

Es hora de que las autoridades despierten y entiendan que el ordenamiento no se decreta, se cogestiona. Insistir en modelos rígidos y verticales frente a recursos tan dinámicos como la pota o el perico, ignorando la voz y el conocimiento empírico de los gremios artesanales, es una necedad que solo beneficia a la ilegalidad. Salvaguardar los derechos de acceso preferencial de los pescadores tradicionales no es un tema de beneficencia; es una necesidad estratégica para blindar la mesa de millones de peruanos.

Para salir de este entrampamiento, la confrontación debe dar paso a la sensatez a través de una propuesta de diálogo urgente, vinculante y descentralizada. El Ministerio de la Producción debe convocar de inmediato a la instalación de Mesas Macroregionales de Cogestión Pesquera-Norte, Centro y Sur- que reúnan de manera paritaria a los verdaderos líderes de los gremios artesanales, científicos, académicos, expertos y técnicos del sector. No se trata de otra mesa informativa para cumplir el protocolo, sino de un espacio de concertación técnica donde cada nuevo reglamento o cuota sea evaluado bajo la luz de la realidad de la caleta antes de ser publicado. Solo democratizando la información y abriendo las puertas del ministerio a quienes verdaderamente conocen el mar, podremos transformar la desconfianza actual en un modelo de desarrollo sostenible y predictivo. Si la política pesquera insiste en mantener los ojos cerrados, la crisis social terminará por despertar al país de la manera más dolorosa.

“La pesca es considerada una de las actividades de subsistencia más antiguas y representativas en el mundo; además, de ser una fuente de alimentación y de ingresos económicos para las personas que lo practican. También, es considerada como una actividad de extracción sumamente importante porque proporciona alimento rico en nutrientes y beneficios para el organismo. Siendo uno de los sectores más influyentes para la economía, su rentabilidad depende netamente de los factores climáticos, divisas, desarrollo de actividades y estrategias por parte del Estado, y es por ello, que muchas veces este sector es gravemente afectado.

En vista de las regulaciones y políticas que los gobiernos han venido implementando para tener un control y mayor productividad en el sector, muchas personas en su desesperación, han optado por la pesca artesanal como medio para subsistir y obtener ingresos propios. Cuando se habla de pesca artesanal, se hace alusión a la actividad que realizan ciertas personas bajo sus propios medios y herramientas para recolectar especies y poder ofrecerlas al mercado, sin embargo, estas personas tienen un radio de acción limitado debido a que con sus embarcaciones son pueden movilizarse muy lejos (Zambrano et al., 2021).

Esta actividad se caracteriza por ser informal, debido a que no se encuentra regulada ni supervisada por las autoridades o instituciones pesqueras, asimismo, es muchas veces practicada por el núcleo familiar, heredada de generación a generación. Además, la pesca artesanal es considerada una actividad que respeta al medioambiente y a las prácticas de cuidado ecológico, ya que tiene fines sociales, económicos y culturales; es por ello que es una opción para que pequeños emprendedores tengan la posibilidad de acceder a un sustento o tenerla como mecanismo de movilidad social (Camus & Arias, 2015).

Por otro lado, las personas que lo practican, muchas veces no cumplen con los estándares mínimos de cuidado y extracción de especies, lo cual evita que existan cadenas productivas para tener un desarrollo empresarial y poder competir en la escala industrial.

La pesca artesanal es definida como una actividad realizada por profesionales o personas en sociedad para atrapar especies marinas, a través de redes de enmalle o herramientas sencillas arrojadas desde embarcaciones pequeñas. La producción de esta actividad es de escala menor y, los productos que se ofrecen suelen ser comercializados para generar un sustento o mejorar la calidad de vida (Silva et al., 2019). Igualmente, la pesca artesanal es catalogada como un proceso o actividad que desempeña un papel importante en el desarrollo social, cultural y económico, ya que surge a causa de las presiones del mercado y las regulaciones de la actividad. En el pasado, fue concebida como una actividad enteramente masculina, ya que las mujeres eran un actor secundario, casi invisible, pero en la actualidad, esta división de labores ha quedado atrás (Nakiyende et al., 2022).

Lo cierto es que es que la captura de especies marinas, surge desde hace años atrás, cuando los hombres se unían en pequeños grupos y en botes de remo para recoger peces y recursos marítimos con qué alimentarse, remontándose a los años 50. Inicialmente, la pesca artesanal era realizada por productores de zonas costeras, quienes utilizaban sus propias manos o pequeñas lanzas, las cuales eran arrojadas a las aguas continentales y al mar; pero, poco a poco las técnicas fueron evolucionando. Incluso, antiguamente era considerada como una actividad de refugio, es decir, era una alternativa al cual las personas podían recurrir mientras realizaban otros tipos de trabajo o cuando había algún tipo de crisis (Carbonell, 2020)”.

FUENTE

Condiciones culturales y socioeconómicas de las caletas pesqueras artesanales en Yacila y Carquín, Perú

Walter Alvites Ruesta, Roberto Quesquén Fernández, Cynthia Lisette Jo Rivero, Rodolfo Martín Cornejo Urbina.

 

“Una aplastante mayoría de la población pesquera mundial está formada por los miembros de comunidades pesqueras en pequeña escala que aportan una valiosa contribución a los suministros alimentarios de la humanidad.  Para mejorar el bienestar de estas personas será imprescindible que los funcionarios de pesca comprendan cómo están organizadas y funcionan sus comunidades, cuáles son las orientaciones importantes de sus valores y cómo se las puede fortalecer y proteger.  Además, para comprender mejor las culturas de las comunidades pesqueras en pequeña escala será importante también utilizar métodos para estudiarlas que ofrezcan información valiosa, fiable y útil.

En el curso de su desarrollo, gran parte de la ciencia de ordenación pesquera, tanto teórica como práctica, ha estado mal enfocada.  Mientras sus principales preocupaciones deberían haber sido los seres humanos que utilizan los recursos pesqueros, sus fundamentos han sido realizados principalmente por biólogos, economistas, administradores y políticos, preocupados en primer lugar de la conservación de importantes especies biológicas marinas y, en segundo lugar, de asignar los recursos pesqueros y elevar al máximo los beneficios económicos de los mismos. 

Este estado de cosas es comprensible si recordamos que, cuando nació la moderna ciencia pesquera hacia fines del siglo XIX, las disciplinas científicas de la biología y la economía se hallaban ya bien adelantadas, mientras que las ciencias sociales estaban todavía en su infancia. 

Y la herencia de estos primeros comienzos puede verse todavía en gran parte de la ordenación pesquera actual. Es preciso que tanto la ciencia como la práctica y las políticas de ordenación pesquera hagan más hincapié en el hecho de que la pesca es un fenómeno humano.  Esencialmente, las pesquerías son lugares donde las actividades humanas están vinculadas con ecosistemas marinos y recursos renovables.  En efecto, la actividad pesquera humana es uno de los atributos que define una pesquería, ya que, sin ella, habría sólo un espacio acuático donde viven varias especies marinas. 

Es evidente, por lo tanto, que las pesquerías son mucho más que regiones geográficas, métodos de pesca, tipos de artes, especies concretas de peces, recursos naturales o sectores económicos, es decir, son algo mucho más humano.

Por consiguiente, es imprescindible ahora que los funcionarios de pesca tengan que repensar lo que son las pesquerías, comprendiendo que su tarea no consiste sólo en la ordenación de recursos naturales y sistemas económicos, sino también en la ordenación de personas, los pescadores.  Para que la ordenación pesquera tenga más éxito en el futuro debe integrar preocupaciones sociales y culturales con las preocupaciones biológicas y económicas que hasta ahora han sido más tradicionales. 

Y en último término, la medida de su éxito será el bienestar que promueve para las personas que viven en comunidades pesqueras”.

Fuente

Comprender las culturas de las comunidades pesqueras Clave para la ordenación pesquera y la seguridad alimentaria. FAO DOCUMENTO TÉCNICO DE PESCA 401