Raúl Castillo Rojas
Marcos Kisner Bueno
PESCA ARTESANAL:
¿NORMAS PARA DESARROLLAR O BUROCRACIA PARA CONTROLAR?
El presente artículo realiza un análisis de las medidas de regulación
del PRODUCE y de su impacto real sobre el desempeño de los pescadores
artesanales. Propone que la eficiencia de la regulación pesquera debe
revisarse. El hecho es que abundan los decretos y resoluciones; pero persisten
los problemas estructurales de los pescadores.
La administración de la pesquería necesita de un liderazgo
de alguien con conocimiento del sector y verdadera vocación de servicio por la
actividad pesquera. No es lo mejor que esté dirigida por personas improvisadas,
que no conocen del tema y que solo actúan en beneficio de su permanencia en el
cargo a través de campañas mediáticas y propagandísticas, sin un real y
verdadero interés por los pescadores. Actúan reaccionando a los sucesos del día
a día sin verdadera convicción y conocimiento.
1. Planteamiento del
problema
La proliferación de
normas de PRODUCE contrasta con una actividad que sigue enfrentando
informalidad, pobreza, falta de infraestructura y escasa rentabilidad.
La regulación de la pesca artesanal constituye una responsabilidad compleja, porque no se limita a establecer prohibiciones, restricciones, temporadas de pesca, tallas mínimas, cuotas o requisitos administrativos. Requiere comprender una actividad económica, social, cultural y productiva que involucra a miles de pescadores, armadores, comerciantes, trabajadores y comunidades costeras.
Uno de los principales problemas de la administración
pesquera aparece cuando las autoridades encargadas de elaborar las normas
tienen escaso conocimiento de la realidad de la pesca artesanal, de sus
particularidades operativas, de sus limitaciones económicas y de las
condiciones en las que se desarrolla la actividad.
En esas circunstancias, existe el riesgo de producir normas
técnicamente descontextualizadas, administrativamente difíciles de cumplir y
socialmente contraproducentes.
La pregunta fundamental no debería ser solamente si una
norma está legalmente bien redactada, sino si resuelve el problema que pretende
regular y si puede aplicarse eficazmente en la realidad pesquera.
Una regulación puede ser jurídicamente válida, técnicamente
bien redactada y administrativamente ordenada, pero resultar ineficiente si no
mejora las condiciones económicas, productivas, laborales y comerciales del
pescador artesanal.
El problema que merece investigarse es si el Estado peruano
ha construido una política de desarrollo de la pesca artesanal o si, por el
contrario, ha desarrollado un sistema predominantemente administrativo,
fiscalizador y restrictivo (regulatorio), que impone obligaciones sin resolver
las limitaciones estructurales de la actividad, sin incluir la promoción
pesquera.
La hipótesis de trabajo es que existe una brecha importante
entre la regulación diseñada desde el despacho ministerial y las condiciones en
las que realmente trabajan los pescadores.
¿La normativa está diseñada para desarrollar la pesca
artesanal o para administrar y controlar a quienes la ejercen? Esta distinción
debe orientar toda la evaluación.
Principales normas de referencia
|
Norma |
Materia |
Aspecto que debe evaluarse |
|
Decreto Ley 25977 |
Ley General de Pesca |
Si sus objetivos de desarrollo,
empleo y aprovechamiento sostenible se cumplen en la pesca artesanal. |
|
D.S. 012-2001-PE |
Reglamento de la Ley General de
Pesca |
Adecuación de las disposiciones
generales a la realidad artesanal. |
|
D.S. 006-2016-PRODUCE |
Fortalecimiento de la pesca
artesanal en cadenas productivas |
Efectividad de la formalización
y asociatividad. |
|
D.S. 003-2022-PRODUCE |
Modificación del régimen de
fortalecimiento |
Resultados y cargas de los
programas piloto y cooperativas. |
|
Ley 31749 |
Reconocimiento de la pesca
tradicional ancestral y artesanal |
Protección efectiva de la
actividad tradicional dentro de las cinco millas. |
|
D.S. 002-2025-PRODUCE |
Modificación del Reglamento de
la Ley General de Pesca |
Aplicación de la Ley 31749 y
delimitación de las modalidades de pesca. |
|
D.S. 006-2025-PRODUCE |
Modificaciones al Reglamento de
la Ley General de Pesca y al régimen de fiscalización |
Proporcionalidad, claridad y
consecuencias de las nuevas disposiciones. |
2. Principales
deficiencias que pueden presentar estas normativas
2.1. Desconocimiento de la realidad pesquera
Una regulación elaborada sin suficiente conocimiento de
campo puede ignorar aspectos esenciales:
- Las diferencias entre las distintas modalidades de pesca
artesanal.
- Las características de las embarcaciones y sus capacidades
operativas.
- La diversidad de artes y aparejos de pesca.
- Las condiciones geográficas, oceanográficas y climáticas.
- La estacionalidad y variabilidad de los recursos
hidrobiológicos.
- Las condiciones económicas y sociales de los pescadores.
- Las particularidades de los desembarcaderos y las cadenas
de comercialización.
El resultado puede ser una normativa que responde a una
interpretación administrativa de la pesca, pero no necesariamente a su
funcionamiento real.
2.2. Elaboración de normas sin suficiente sustento
técnico
Una disposición pesquera debería fundamentarse en
información científica, técnica, económica y social.
Cuando estos elementos no se consideran adecuadamente,
pueden aparecer problemas como:
- Restricciones que no guardan proporción con el problema
identificado.
- Prohibiciones que no consideran las diferencias entre
pesquerías.
- Exigencias técnicas difíciles de cumplir para
embarcaciones artesanales.
- Medidas de ordenamiento que no consideran las condiciones
de acceso a los recursos.
- Disposiciones que generan costos adicionales sin demostrar
beneficios equivalentes.
2.3. Falta de participación de los actores directamente
involucrados
Los pescadores artesanales no deberían ser considerados
únicamente sujetos obligados a cumplir las normas. Son también portadores de
conocimientos prácticos sobre los recursos, las zonas de pesca, los cambios
ambientales, las temporadas y los problemas operativos de la actividad.
Excluirlos o ignorarlos del proceso de elaboración
normativa puede ocasionar:
- Normas alejadas de las necesidades del sector.
- Resistencia a su cumplimiento.
- Conflictos entre autoridades y organizaciones pesqueras.
- Incremento de la informalidad.
- Pérdida de confianza en las instituciones.
2.4. Exceso de regulación administrativa
En ocasiones, las disposiciones se concentran en incrementar
controles, requisitos documentarios, procedimientos y obligaciones formales,
sin evaluar suficientemente si estos instrumentos contribuyen realmente a
mejorar el ordenamiento pesquero. La regulación debe facilitar el cumplimiento
de los objetivos de sostenibilidad y formalización, no convertirse en una
barrera que dificulte el desarrollo de la pesca artesanal.
Una de las primeras cuestiones que debe examinarse es la
proliferación de modificaciones reglamentarias.
El D.S. 006-2016-PRODUCE, por ejemplo, ha sido objeto de
sucesivas modificaciones. El D.S. 003-2022-PRODUCE mantuvo un esquema de
fortalecimiento basado en cooperativas, trazabilidad, seguimiento satelital,
puntos de desembarque autorizados y obligaciones de comercialización.
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1392948-3/pdf
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/2915335-003-2022-produce
La pregunta es si estas exigencias fueron diseñadas considerando
las diferencias entre:
• Un pescador
embarcado en una caleta aislada.
• Un armador
con varias embarcaciones.
• Una
organización social de pescadores artesanales.
• Una
cooperativa con capacidad administrativa y financiera.
• Un pescador
dedicado a la extracción, transporte y comercialización de recursos frescos.
Tratar estas realidades como si fueran equivalentes
constituye un defecto de diseño regulatorio.
3. ¿Cómo evaluar la
eficiencia y calidad de una normativa pesquera?
Es importante diferenciar dos conceptos:
- Eficiencia: determina si la norma consigue los resultados
previstos utilizando razonablemente los recursos económicos, humanos y
administrativos disponibles.
- Calidad normativa: determina si la norma tiene sustento
técnico, coherencia jurídica, pertinencia social, claridad y viabilidad de
aplicación.
Se propone utilizar los siguientes indicadores:
Sustento científico ¿Está respaldada por información oceanográfica,
biológica y pesquera actualizada y confiable?
Conocimiento de campo
¿Considera las condiciones reales de la pesca artesanal?
Viabilidad operativa
¿Puede cumplirse en las condiciones existentes?
Viabilidad económica
¿Los costos son razonables para los pescadores?
Participación sectorial
¿Se consultó a los pescadores y sus organizaciones?
Coherencia normativa
¿Es compatible con las demás disposiciones pesqueras?
Eficacia ¿Resuelve el
problema que motivó su aprobación?
Sostenibilidad
¿Protege los recursos sin desconocer la dimensión socioeconómica?
Fiscalización ¿Existen recursos y capacidades para hacerla
cumplir?
Evaluación posterior ¿Se mide periódicamente su impacto y se
corrigen sus deficiencias?
4. Consecuencias de
una normativa desvinculada de la realidad pesquera
Una normativa que no considera adecuadamente la problemática
del sector puede producir efectos que contradicen sus propios objetivos.
Cadena de consecuencias posibles:
Normativa elaborada sin suficiente conocimiento de campo
Disposiciones inadecuadas o difíciles de cumplir
Mayores costos, conflictos y dificultades operativas
Incumplimiento, informalidad y debilitamiento institucional
Posible deterioro de la sostenibilidad y de las condiciones
de vida del sector
Esquema causal hipotético que debe contrastarse con
evidencia en cada caso.
No obstante, es importante señalar que una regulación
exigente no es necesariamente inadecuada. Puede ser necesaria para proteger los
recursos hidrobiológicos. El problema surge cuando las exigencias no tienen
suficiente justificación, proporcionalidad o posibilidades reales de
implementación.
5. ¿Qué
características debería tener una buena normativa para la pesca artesanal?
Se propone siete reformas:
1. Regulación diferenciada
Establecer categorías normativas según modalidad de pesca,
tamaño de embarcación, recurso explotado y condiciones territoriales.
2. Infraestructura productiva
Priorizar desembarcaderos, hielo, cámaras frigoríficas,
transporte y conservación del pescado.
3. Mejoramiento de la comercialización
Facilitar acceso directo a mercados, información de precios,
asociatividad comercial y capacidad de negociación.
4. Seguridad y formalización viable
Financiar la adecuación de embarcaciones, equipamiento de
seguridad y seguimiento satelital, con obligaciones proporcionales.
5. Fortalecimiento institucional
Capacitar a funcionarios regionales y nacionales en
tecnología pesquera, economía de la pesca y realidad de las comunidades.
6. Investigación aplicada
Ampliar las evaluaciones de recursos y generar información
que permita ordenar las pesquerías artesanales con fundamento científico.
7. Evaluación de impacto regulatorio
Ninguna norma importante debería aprobarse sin evaluar sus
costos, beneficios, efectos distributivos y resultados esperados.
Una regulación de calidad debería sustentarse en los siguientes principios:
· Conocimiento especializado: quienes elaboran las normas deben comprender las características biológicas, económicas, técnicas y sociales de las pesquerías que pretenden regular.
· Participación efectiva: incorporar a pescadores artesanales, armadores, organizaciones representativas, especialistas y comunidades vinculadas a la actividad.
· Sustento científico y técnico: utilizar información verificable sobre el estado de los recursos y las características de cada pesquería.
· Proporcionalidad: evitar que las obligaciones impuestas sean mayores que las necesarias para alcanzar los objetivos regulatorios.
· Diferenciación: reconocer que no todas las pesquerías artesanales tienen las mismas características ni requieren idénticas medidas.
· Viabilidad económica y operativa: considerar la capacidad real del sector para cumplir las disposiciones.
· Evaluación de impacto: medir los efectos de la normativa sobre la sostenibilidad de los recursos y sobre los ingresos, el empleo y las condiciones de trabajo de los pescadores.
· Revisión y actualización: modificar las disposiciones cuando la evidencia demuestre que no están alcanzando sus objetivos.
6. Propuesta de
evaluación institucional
Se propone que toda normativa pesquera de relevancia sea
sometida a una evaluación independiente que considere tres dimensiones:
- Evaluación
técnica: realizada por especialistas en recursos hidrobiológicos, tecnología
pesquera, economía pesquera y ordenamiento.
- Evaluación
socioeconómica: orientada a identificar los efectos sobre los pescadores, sus
familias, las organizaciones y las economías locales.
- Evaluación
de implementación: destinada a determinar si las autoridades cuentan con los
recursos, conocimientos y mecanismos necesarios para aplicar y fiscalizar la
norma.
La evaluación debería realizarse antes de aprobar la
disposición y también después de su entrada en vigencia.
Se propone evaluar
cinco dimensiones:
1. Calidad del diagnóstico
Antes de
aprobar una norma, PRODUCE debería poder demostrar que conoce:
• Las características de las distintas modalidades de pesca artesanal.
• Las diferencias entre pesca con y sin
embarcación.
• Las características operacionales de
las embarcaciones y sus capacidades operativas.
• Los sistemas de extracción utilizados
por especie.
• Las condiciones de navegación y
seguridad de cada zona.
• Los costos reales de operación.
• La estructura de comercialización y
formación de precios.
• Las condiciones económicas y sociales
de los pescadores.
2. Calidad técnica y jurídica
Debe comprobarse si las normas:
· Son coherentes con la Ley General de Pesca.
· Son compatibles entre sí.
· Definen claramente sus obligaciones.
· Evitan contradicciones y duplicidad de requisitos.
· Establecen plazos razonables de adecuación.
· Consideran la capacidad económica de los administrados.
· Contienen mecanismos de revisión y evaluación de resultados.
La modificación constante de las disposiciones puede generar incertidumbre jurídica, especialmente cuando los pescadores deben adecuar sus embarcaciones, documentación y operaciones a nuevas exigencias.
3. Viabilidad económica
Una disposición puede ser técnicamente razonable, pero
económicamente inviable.
Por ejemplo, exigir equipamiento satelital, certificados,
adecuaciones de infraestructura, sistemas de trazabilidad y documentación puede
resultar desproporcionado para un pescador que trabaja con una embarcación
pequeña, ingresos variables y escaso acceso al crédito.
Esto no significa que deba eliminarse el control. Significa
que el Estado debe evaluar quién debe asumir su costo y cómo puede hacerlo.
4. Capacidad de implementación
La normativa no se ejecuta solamente desde Lima. Los
gobiernos regionales tienen responsabilidades importantes en autorizaciones,
seguimiento y fiscalización de la pesca artesanal. Sin embargo, existen
limitaciones de recursos humanos, financieros y de especialización técnica en
estas instancias, que debilitan la aplicación del marco regulatorio. Por tanto,
existe una contradicción institucional: el Estado puede exigir el cumplimiento
de una norma sin haber desarrollado previamente la capacidad administrativa
necesaria para implementarla.
5. Evaluación de resultados
Una buena norma debe tener indicadores de cumplimiento de
sus objetivos.
PRODUCE
debería informar, entre otras cosas, lo siguiente:
• Cuántos pescadores se formalizaron gracias a cada disposición.
• Cuántos permisos se tramitaron y
cuánto demoraron.
• Cuántas embarcaciones pudieron
adecuarse.
• Cuánto aumentaron los ingresos de los
pescadores beneficiados.
• Cuánto se redujeron las pérdidas
posteriores a la captura.
• Cuántos desembarcaderos mejoraron su
funcionamiento.
• Cuánto aumentó el acceso al crédito.
• Qué resultados tuvieron las
cooperativas promovidas por el Estado.
La cantidad de resoluciones aprobadas no constituye un indicador de desarrollo pesquero.
Matriz de evaluación
de la política pesquera artesanal
Se propone utilizar esta matriz para calificar la eficiencia
de la regulación.
Las calificaciones siguientes son una evaluación preliminar
de los problemas identificados, no una auditoría estadística de cada norma.
·
Dimensión Evaluación preliminar
·
Coherencia normativa Por verificar
·
Calidad del diagnóstico sectorial Deficiente
·
Formalización Resultados
insuficientes
·
Infraestructura pesquera Insuficiente
·
Desarrollo comercial Débil
·
Acceso al financiamiento Insuficiente
·
Seguridad del pescador Pendiente de evaluación
·
Fiscalización Desigual
territorialmente
·
Investigación y ordenamiento Cobertura incompleta
·
Evaluación de resultados Insuficientemente acreditada
La calidad de la normativa pesquera no puede medirse por el
número de disposiciones emitidas, por su complejidad administrativa ni por el
rigor de las sanciones que establece.
Debe medirse por su capacidad para resolver problemas
concretos, ordenar responsablemente la actividad, proteger los recursos
hidrobiológicos y garantizar condiciones razonables para el desarrollo de la
pesca artesanal.
Cuando quienes elaboran las normas carecen de suficiente
conocimiento de la realidad pesquera, existe un riesgo de que las decisiones
administrativas terminen sustituyendo al conocimiento técnico y a la
experiencia de quienes desarrollan diariamente la actividad.
Esto plantea una cuestión fundamental de gestión pública:
¿puede una autoridad regular eficazmente una actividad productiva compleja sin
conocer suficientemente sus características, dificultades y necesidades?
La respuesta debe buscarse en la evidencia, en los
resultados de las normas y en la evaluación de sus efectos reales, no solamente
en las intenciones declaradas por quienes las aprobaron.
La pesca artesanal necesita autoridades reguladoras que no
solamente tengan facultades legales para normar, sino también conocimientos
especializados, capacidad de diálogo, sensibilidad social y comprensión de la
realidad del sector.
8. Estudio específico
para el Perú
El análisis, dirigido a la realidad peruana, debe conducir
al desarrollo de una investigación que consista en una evaluación de la
calidad, eficiencia y pertinencia de la normativa pesquera artesanal en el Perú.
Además que realice un análisis de la brecha entre las decisiones
administrativas y la realidad del sector pesquero.
Podría estructurarse en cinco capítulos:
1. Evolución de la normativa de la pesca artesanal en el
Perú.
2. Análisis de las competencias y capacidades técnicas de
las autoridades pesqueras.
3. Identificación de las principales disposiciones que
presentan problemas de aplicación.
4. Evaluación de sus impactos económicos, sociales,
operativos y ambientales.
5. Propuesta de reforma del proceso de elaboración,
consulta, aprobación y evaluación de las normas pesqueras.
Fotos
Fuente: Revista Pesca


