CERRAR PUERTOS A LA FLOTA CHINA

En los siguientes artículos se pone en vitrina el problema de la flota china nuevamente:

https://larazon.pe/rafael-rey-china-tiene-una-politica-de-estado-de-ocupar-todos-los-mares-del-mundo/

https://larepublica.pe/politica/2026/06/26/pucusana-pescadores-artesanales-acusan-a-flota-china-de-pescar-dentro-de-las-200-millas-hnews-707720

Las probables razones por las cuales Perú se abstiene de incomodar o molestar a China en relación a su flota pesquera, al parecer se deben al peso que tiene China en la economía del Perú. Siendo el principal socio comercial, no sería apropiado ni conveniente incomodarlo con propuestas u opiniones, en este caso sobre la pota, que pudieran no agradarle.

Tal vez lo que ocurre es que el impacto y peso de la pota es muy pequeño en relación al resto de inversiones e intercambio comercial. En ese contexto podría ser que la decisión política sea sacrificar la pesquería en el altar de la relación comercial macro.

Esos barcos necesitan subir a dique para mantenimiento una vez al año. Lo más barato es hacerlo en puertos cercanos a su zona de operación es decir Ecuador, Perú o Chile cuando operan en el Pacífico Sur o Argentina o Paraguay cuando operan en el Atlántico sur. 

Volver a China para ese efecto es demasiado costoso. Una solución probable; pero complicada, sería cerrar el acceso a puertos peruano a cualquier barco pesquero chino. Esto encarecería sus costos; pero no detendría la operación. Hay que considerar que esa flota es subsidiada por el Estado chino, así que a diferencia de la empresa privada, el costo no es un problema tan grave.

Pero más que complicado, la medida podría ser inapropiada.

SOBERANÍA DE CADA ESTADO SOBRE SUS PUERTOS

El principio dominante es que cada país tiene plena soberanía sobre sus puertos y que puede autorizar o negar el ingreso de buques extranjeros. Esto está reconocido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que es el marco global del derecho marítimo. Perú o cualquier país pueden cerrar sus puertos si quieren.

El reflejo fácil de cerrar puertos a la flota china, vende titulares, pero pierde en tribunales y no mueve la aguja en el mar. Perú no necesita gestos grandilocuentes, lo que necesita es un poder estatal aplicado con precisión y voluntad política. La ruta viable no es prohibir por bandera del estado rector del puerto, sino condicionar el acceso hasta volverlo tan complicado que no sea rentable hacerlo.

Y es exactamente lo que ha hecho el Perú. La norma vigente permite controlar donde han operado en los últimos meses y detecta si han realizado pesca dentro de las 200 millas. Pero no evita que operen fuera de esa área, es decir en alta mar.

El acceso y uso de los puertos nacionales por naves pesqueras de pabellón extranjero se ha regulado en el D. S. Nº 014-2024. El artículo 2.2  que se supone mejora al DS 016-2020, dice:

“Las medidas de control se aplican a todas las embarcaciones pesqueras que solicitan o requieran realizar cualquier tipo de operación, actividad o servicios en territorio peruano, incluyendo, sin limitación alguna, el transbordo o depósito en tierra de recursos o productos hidrobiológicos en puerto nacional, como mercadería en tránsito o verificación de productos hidrobiológicos; así como, toda actividad relacionada o vinculada con la pesca, considerando cualquier operación de apoyo, avituallamiento o preparación de la pesca, con inclusión del desembarque, el empaquetado de productos; así como la provisión de personal, cambio de tripulantes, obtención o actualización de documentos, abastecimiento de combustible, reparación o mantenimiento de artes o aparejos de pesca y otros suministros en el mar, reparación de maquinarias o equipos, servicios en astilleros o diques, entre otros supuestos, que motiven el arribo de una embarcación pesquera de bandera extranjera a puerto, infraestructura o fondeadero peruano”.

Esto indica que cuando el barco tiene su Sisesat y es autorizado a ingresar, puede hacer todo eso que menciona el artículo. O sea que hipotéticamente todos los barcos de bandera extranjera pueden ingresar a hacer mantenimiento y lo que quieran. Si toda esa flota tuviese su Sisesat, entrarían al dominio marítimo peruano cuando quieran, para hacer puerto en forma legal. Excepto pescar, obviamente.

Sin embargo, eso no aliviará los impactos sobre el ecosistema y la pota, lo cual es el tema de fondo pendiente y que deberá ser enfrentado debidamente.

El enfoque político debe ser mostrar firmeza sin suicidio comercial.

Apuntar a la República Popular China por nombre es tentador pero torpe. La regla debe ser universal y aplicarse con rigor. Eso evita represalias directas y fortalece la posición peruana en foros y mercados.

Perú no necesita cerrar puertos; necesita dejar de ser un puerto fácil. La diferencia entre el gesto y la política es simple: el gesto hace ruido; la política cambia incentivos. Si entrar exige probar legalidad, pagar el costo real y someterse a control, como dispone el DS 014, la flota se irá sola. Y el Estado, por fin, dejará de financiarla con su permisividad. Pero esto implica dureza y no flexibilizar la norma como ocurrió en el caso de una viceministra de pesca y acuicultura luego de la visita de funcionarios chinos.

Cerrar el acceso a puertos peruanos a embarcaciones pesqueras chinas suena contundente, pero en la práctica es una medida más problemática que efectiva. No es solo “complicada”, sino que puede ser inapropiada en términos legales, económicos y estratégicos.

1) Problema legal internacional

El Perú está sujeto a normas del derecho marítimo, especialmente la Organización Marítima Internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Los puertos son soberanos, sí, pero no pueden discriminar arbitrariamente por nacionalidad si ofrecen servicios comerciales.

Negar acceso de forma generalizada a una flota específica podría interpretarse como discriminación o restricción indebida al comercio internacional.

Solo es defendible si hay causales objetivas: pesca ilegal comprobada, sanciones, incumplimientos ambientales o de seguridad.

Es decir, se puede cerrar la puerta caso por caso, pero no simplemente “por ser chinos”.

2) Impacto económico y logístico

Una medida así no es neutra:

Los puertos peruanos perderían ingresos por servicios (mantenimiento, abastecimiento, logística).

Podría afectar cadenas vinculadas (combustible, astilleros, provisiones).

China es un socio comercial clave del Perú (principal destino de exportaciones), por lo que una acción de este tipo podría escalar a represalias comerciales indirectas.

3) Efecto real sobre la pesca

Aquí está el punto clave: cerrar puertos no evita la pesca en alta mar. La encarece en algo en sus necesidades logísticas y de mantenimiento; pero no la detiene.  Sobre todo cuando tiene fuertes subsidios estatales.

La flota china que opera frente al Pacífico Sur pesca mayormente fuera de las 200 millas. Si no entran a puertos peruanos, pueden usar otros (Ecuador, Chile u operaciones logísticas en altamar).

El resultado sería que el impacto sobre la presión pesquera sería limitado o simbólico.

Cerrar la puerta trasera: coordinación regional

Si Perú aprieta y el vecino no lo hace, el esfuerzo se diluye. La salida es alinear reglas con el Pacífico Sur:

·          Acuerdo operativo con Chile y Ecuador para estándares portuarios equivalentes.

·          Intercambio en tiempo real de listas IUU y perfiles de riesgo.

·          Inspecciones coordinadas en temporadas críticas.

4) Riesgo diplomático

Una medida explícitamente dirigida a China escalaría tensiones con un actor global como la República Popular China: Puede afectar inversión, comercio o cooperación. Perú perdería margen de negociación en foros internacionales.

ENTONCES, ¿QUÉ SERÍA APROPIADO?

En lugar de un cierre general, las políticas más efectivas suelen ser:

Control portuario estricto: inspecciones, trazabilidad, certificación de captura.

Aplicar el acuerdo de la Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto contra pesca ilegal.

Sanciones específicas a embarcaciones con historial de pesca ilegal (IUU).

Cooperación regional (Perú, Chile, Ecuador) para evitar “puertos alternativos”.

Perfeccionar, mejorar o endurecer el DS 014-2024/PRODUCE.

Cerrar puertos a toda una flota por su nacionalidad es más un gesto político que una solución real. Es jurídicamente débil, económicamente riesgoso y poco eficaz para el problema de fondo.

No existe una sola “ley mundial” que obligue a todos los países a abrir sus puertos sin condiciones. La idea de libre acceso portuario” en realidad viene de un conjunto de normas y prácticas del derecho marítimo internacional, donde los Estados mantienen control sobre sus puertos, pero bajo ciertos principios.

EL “LIBRE ACCESO” NO ES UN DERECHO ABSOLUTO.

Surge de tres cosas:

 a) Costumbre internacional y comercio marítimo

 Históricamente los puertos se mantienen abiertos para facilitar el comercio. Negar acceso sin motivo puede generar conflictos diplomáticos. Es una regla de práctica, no una obligación rígida.

 b) Acceso por necesidad o seguridad marítima

 Hay situaciones donde sí existe una obligación fuerte,  como emergencias (mal tiempo, averías, peligro de hundimiento) y salvaguarda de la vida humana en el mar. Esto se conecta con tratados como el SOLAS (seguridad marítima), impulsado por la Organización Marítima Internacional. En estos casos, negar acceso puede violar normas internacionales.

 c) Medidas contra pesca ilegal (el gran giro moderno)

 Aquí es donde entra el tema de los barcos chinos. El acuerdo clave es el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Este tratado permite y en algunos casos obliga a los Estados a negar entrada a barcos sospechosos de pesca ilegal, inspeccionarlos y bloquear servicios (combustible, mantenimiento, descarga). Esto rompe la idea clásica de “puertos abiertos”.

 El equilibrio real: apertura vs control

 En la práctica, los países se mueven entre dos fuerzas:

  A favor de abrir puertos:

  Comercio internacional

 Ingresos portuarios

 Relaciones diplomáticas

  A favor de restringir:

 Pesca ilegal (INDNR)

Protección de recursos

Presión política interna

 Aplicado al caso Perú–China

 Por eso no se podría simplemente cerrar todo: Se puede restringir (legalmente), se puede inspeccionar, se puede negar entrada con fundamento. Pero, una prohibición general sin justificación concreta es cuestionable. Puede generar conflictos comerciales y diplomáticos y requiere sustento técnico (evidencia de ilegalidad).

 En conclusión, el “libre acceso portuario” no es un derecho absoluto. Es una práctica internacional condicionada, limitada por la soberanía del Estado y cada vez más restringida por normas contra la pesca ilegal.

FUERZA POPULAR Y SU OFERTA PARA LA PESCA PERUANA

 

De acuerdo a la normatividad vigente, los partidos políticos que intervienen en las elecciones deben colgar su plan de gobierno en la página web del JNE.

El asunto es que los planes de gobierno no son vinculantes. Es decir no hay ley ni norma alguna que obligue al candidato ganador a poner en práctica aquello que ofreció en su plan. Es una declaración de intenciones que naufragarán en el mar de las negociaciones post elecciones para la designación de los cargos. En ese momento lo que cuenta ya no es la ideología ni las ofertas técnicas sino el cálculo político. La decisión de quién será ministro, viceministro y director, se negociará a cambio de apoyo del Congreso y otros poderes fácticos. Las bancadas con mayor fuerza exigirán y recibirán el control de algunos sectores y a cambio ofrecerán, entre otras cosas, no vacar al presidente al comienzo, por lo menos.

Es, a partir de la asunción de la Presidencia de la República, que deja de tener vigencia cualquier plan de gobierno. Hay que pagar deudas y gobernar, más allá de la oferta electoral.

De los dos partidos que participaron en la segunda vuelta, hay que mencionar que Juntos por el Perú, en su plan que consta de 74 páginas, a la pesca no le dedica ningún párrafo. A fines de mayo presentó un documento titulado: Prioridades Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo con Equidad de la Nación Peruana: 2026-2031. En el mismo presenta algunas propuestas para la pesca; pero el hecho es que su plan original carece de un párrafo para este sector.

En el caso de Fuerza Popular, su plan consta de 144 páginas.

Lo que más se destaca del plan de gobierno de Fuerza Popular para el sector pesquero no es tanto una batería de medidas específicas, sino el tipo de enfoque que propone. Es decir, más que “política pesquera detallada”, hay una orientación clara de modelo.

El plan general prioriza: inversión privada, desregulación, simplificación administrativa, seguridad jurídica. Este enfoque es transversal a todos los sectores y se aplica también a la pesca, aunque no se desarrolle en profundidad.

Uno de los elementos más claros es la apuesta por formalizar actividades productivas y ampliar la base de actores económicos. Esto es consistente con la lógica del plan en otros sectores (como minería artesanal), donde se promueven: incentivos, acceso a financiamiento, integración al sistema formal.

En pesca, esto se traduce en incorporar flota informal y regularizar actores fuera del sistema. La formalización pesa más que la fiscalización estricta.

El plan reafirma la defensa del comercio exterior, atracción de inversión y estabilidad para grandes sectores productivos. Aplicado al sector pesquero se mantiene el modelo de pesca industrial orientada a exportación y no se plantean cambios estructurales en el régimen actual.

No hay propuesta de reformar el modelo pesquero, sino de profundizarlo y ausencia de reforma sobre renta y derechos de pesca. No hay planteamientos claros sobre derechos de pesca, captura de renta por el Estado ni redistribución del valor del recurso

Esto confirma que el enfoque es pro-mercado, con baja intervención estatal directa; con débil énfasis en sostenibilidad y control. No destaca fortalecimiento del control pesquero, lucha frontal contra pesca ilegal, límites ecológicos o cuotas más ajustadas a los informes científicos. La prioridad está más en crecimiento, formalización, que en regulación ambiental fuerte.

No hay una propuesta de “reforma estructural pesquera”, sino de continuidad.

En síntesis, el plan en general destaca formalización productiva, impulso a la inversión, continuidad del modelo exportador

Lo implícito es que el Estado no busca capturar más renta del mar; el sector no será objeto de reforma estructural; la política pesquera queda subordinada a la lógica económica general.

Es un enfoque pro-mercado, conservador en cambios estructurales y cauto frente a conflictos con grandes actores del sector.

En el papel, todo suena razonable: sostenibilidad, ciencia, lucha contra la pesca ilegal, impulso a la acuicultura, formalización artesanal. El recetario técnico está completo. El plan pesquero de Fuerza Popular se queda corto, prudente o, más precisamente, funcional al statu quo. Porque no hay que confundirse, este no es un plan de transformación, es un plan de continuidad. Se habla de crear el Ministerio de Pesca, pero sin una sola línea sobre cómo el Estado capturará una mayor porción de la renta que genera uno de los recursos naturales más valiosos del país. Se invoca la evidencia científica del Instituto del Mar del Perú, pero se omite cualquier discusión sobre quién se beneficia y cuánto, de las cuotas que esa ciencia ayuda a definir.

Regular sin redistribuir es, en el fondo, legitimar el reparto existente. El silencio no es casual. Es político. El corazón del modelo, la extracción masiva de anchoveta para la industria de harina de pescado, permanece intocable. No hay cuestionamiento a la concentración empresarial, ni a los mecanismos de asignación de cuotas, ni al desbalance histórico entre grandes actores industriales y pesca artesanal. En un sector donde pocos capturan mucho y muchos sobreviven con poco. El plan opta por no incomodar a nadie que realmente importe.

La formalización artesanal aparece, una vez más, como solución universal. Pero sin incentivos reales, sin financiamiento y sin reducción de costos. Formalizar no es integrar, sino ordenar desde arriba. Es convertir la precariedad en estadística, no en bienestar.

Y luego está la acuicultura, presentada como promesa de futuro. Lo es, pero en cámara lenta. No reemplaza la escala económica de la pesca industrial ni resuelve los problemas estructurales del presente. Apostar por ella sin tocar el núcleo del negocio actual es, en el mejor de los casos, incompleto; en el peor, distractivo.

Esto es coherente con la visión de crecimiento con baja intervención redistributiva, promoción de la inversión sin revisión de las reglas de reparto, Estado presente para regular, pero ausente para cobrar.

En otras palabras: ordenar el sistema sin cambiar quién gana. El mar peruano sigue siendo una de las mayores fuentes de riqueza del país. La pregunta no es si debe explotarse, sino cómo y para quién. El plan de Fuerza Popular ofrece estabilidad, sí, pero al precio de evitar el debate central.

Porque gobernar la pesca no es solo cuidar el recurso. Es decidir quién se queda con la renta. Y en eso, aquí, no hay cambio. Solo continuidad.

En Pesca artesanal

Ofrece inclusión vía formalización, no vía subsidio estructural. Aunque el plan no detalla ampliamente políticas específicas, el enfoque dominante es: Formalización de pescadores artesanales, integración a mercados y cadenas productivas, acceso a financiamiento y tecnología

Industria pesquera:

En términos políticos, no hay señales de revisar temas como derechos de pesca; captura de renta por el Estado; redistribución del valor generado

Control y pesca ilegal:

No destaca una propuesta fuerte en fiscalización pesquera; lucha contra pesca ilegal industrial o extranjera. Más bien, el énfasis está en formalizar antes que sancionar, integrar antes que restringir

La propuesta pesquera  no es programáticamente profunda, pero sí es ideológicamente consistente: Apuesta por crecer más que regular; prioriza integrar actores antes que restringirlos; mantiene el modelo actual con ajustes de flexibilización y formalización.

En resumen: más mercado, más flota formal, menos Estado redistributivo. No se observa una reforma del régimen de acceso a recursos ni una política fuerte de redistribución de renta pesquera

Lo que no significa que exista una obligatoriedad de cumplirlo en caso de acceder a la presidencia de la República. Es una oferta no vinculante. Sin embargo, es lo que ofrece para el sector. La ciudadanía habrá de valorar y comparar, en el tiempo, si la realidad coincidió con la oferta.

El siguiente es un extracto literal de su propuesta para el sector pesquero.

PROPUESTAS QUE IMPACTAN EN LA PESCA

2.3. ENERGÍA E HIDROCARBUROS

Hidrocarburos y Seguridad Energética

• Optimización de la operación de Petroperú: la empresa estatal se concentrará exclusivamente en las actividades de refinamiento y distribución, garantizando sostenibilidad financiera, eficiencia operativa y transparencia en la Refinería de Talara.

• Gestión de la venta de activos no estratégicos de Petroperú para reducir pasivos, mejorar su flujo de caja y redireccionar recursos en las operaciones de mayor rentabilidad y valor público.

• Disposición de la división y administración técnica del Oleoducto Norperuano, separándolo de la estructura operativa de Petroperú. El oleoducto será gestionado por un operador especializado bajo un esquema de administración de activos que asegure mantenimiento, seguridad ambiental y continuidad logística.

• Fomento de la exploración y explotación de los recursos energéticos, impulsando nuevos lotes en la selva y la costa norte, con reglas estables que promuevan inversión privada y mayor oferta nacional.

2.5. PESCA Y ACUICULTURA

2.5.1. Diagnóstico

Insuficiencias en la infraestructura para la actividad pesquera

Más del 60% de los desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA) operan sin cadena de frío, servicios sanitarios adecuados ni acceso logístico eficiente. Esto afecta la calidad de los productos, encarece costos y restringe su comercialización formal. Según el Diagnóstico de la situación de brechas del sector Producción del Ministerio de la Producción (PRODUCE), solo el 8% de la infraestructura de DPA cumple integralmente con la norma sanitaria y un 24% lo hace parcialmente, lo que refleja que la mayoría presenta serias limitaciones (PRODUCE, 2021). Si bien PRODUCE ha anunciado inversiones por más de S/ 240 millones para modernizar DPAs, la ejecución es lenta y no alcanza a todas las regiones pesqueras.

La acuicultura se ha convertido en una de las actividades económicas de mayor crecimiento en los últimos años, pasando de 91 miles de toneladas métricas (TM) en el año 2015 hasta poco más de 160 mil toneladas en el 2019 (PRODUCE, 2025). Es preciso mencionar que en el año 2023 presentó una caída (25%), sin embargo, se ha mostrado una ligera recuperación en el 2024.

Sin embargo, la acuicultura enfrenta limitaciones estructurales por la falta de infraestructura básica como centros de acopio, laboratorios y caminos rurales, especialmente en la selva. Esta situación encarece la producción, reduce la competitividad de especies nativas y frena el desarrollo del sector frente a países vecinos más avanzados.

Brechas Productivas y Tecnológicas del Sector Pesquero y Acuícola

La adopción tecnológica en el sector pesquero y acuícola es desigual. Mientras la gran industria cuenta con monitoreo satelital, plantas de procesamiento modernas y certificaciones internacionales, la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala operan en condiciones precarias, con escaso acceso a equipos de conservación, trazabilidad y financiamiento para modernizarse. Menos del 10% de las pequeñas unidades usan tecnologías de procesamiento, y no existen incentivos tributarios ni acceso a crédito para su modernización.

A pesar de que el Perú es una potencia pesquera mundial, la mayor parte de su producción se destina a fines industriales y no alimentarios. Solo el 21,5 % de los recursos pesqueros nacionales se orientan al consumo humano directo, mientras que el 78,5 % restante se utiliza para la producción de harina y aceite de pescado, principalmente a partir de la anchoveta. Esta estructura productiva evidencia un bajo aprovechamiento del potencial nutricional y económico de los recursos marinos, limitando su impacto en la seguridad alimentaria y en la generación de valor agregado local.

Informalidad y Desorden en la Pesca

La pesca artesanal representa cerca del 90% de las embarcaciones pesqueras, siendo la principal generadora de empleo en el sector y una fuente clave de abastecimiento de alimentos. Sin embargo, su desarrollo ha sido desordenado y con escaso valor agregado, caracterizado por baja incorporación tecnológica y un nivel elevado de informalidad y actividades no reguladas. Se estima que más del 70 % de los trabajadores del sector operan de manera informal, sin acceso a seguros, programas sociales ni protección ante accidentes laborales. Además, estudios del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos han reportado casos de trabajo forzoso e infantil dentro de la cadena pesquera peruana, lo que evidencia graves déficits en la regulación laboral y en la fiscalización del sector.

A esto se suman los impactos del cambio climático, como El Niño, que provocó en 2023 pérdidas superiores a los USD 2,000 millones, afectando el ingreso de miles de familias.

No existen aún mecanismos sólidos de seguros ni programas de adaptación específicos para el sector.

Baja competitividad y desarrollo limitado del sector acuícola y pesquero

El Perú ha avanzado en sostenibilidad pesquera —particularmente en el manejo de la anchoveta—; sin embargo, en la pesca artesanal y la acuicultura persisten altos niveles de informalidad, escaso impulso a la inversión y limitaciones estructurales. La acuicultura peruana apenas representa alrededor del 0,1 % de la producción mundial y, en 2022, se ubicó quinta en Sudamérica por volumen, lo que evidencia su reducida escala frente al potencial existente. Este bajo desempeño se explica por trabas regulatorias, excesiva burocracia en las habilitaciones sanitarias y limitada disponibilidad de financiamiento, factores que restringen la expansión del sector y su aporte a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico del país.

El acceso a mercados de valor agregado es limitado: se exportan principalmente productos primarios, y no existe una estrategia nacional de promoción de filetes, conservas o congelados artesanales con estándares internacionales.

2.5.2. Nuestras propuestas

Infraestructura y modernización productiva

• Modernización integralmente los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA), incorporando cadenas de frío, servicios sanitarios, tratamiento de residuos y accesos logísticos eficientes.

• Implementación de un Programa Nacional de Renovación y Modernización de la Flota Pesquera Artesanal, priorizando embarcaciones más seguras, eficientes y menos contaminantes, mediante cofinanciamiento público, leasing social y asociatividad.

• Implementación de un Plan Nacional de Infraestructura Acuícola, que incluya centros de acopio, laboratorios de sanidad acuícola, plantas de procesamiento y caminos rurales en zonas altoandinas y amazónicas.

• Reactivación y fortalecimiento de astilleros artesanales regionales, orientados al diseño y mantenimiento de embarcaciones adaptadas a las condiciones locales y a la generación de empleo local.

• Establecimiento de convenios de APP y Obras por Impuestos para acelerar la modernización de la infraestructura pesquera artesanal y acuícola.

• Creación de un Fondo Nacional de Innovación Pesquera y Acuícola, con incentivos tributarios y líneas de crédito para modernizar equipamiento, trazabilidad y procesamiento.

Implementación de un Programa de recambio tecnológico de motores pesqueros, reduciendo costos operativos, consumo de combustible y emisiones contaminantes.

• Fomento de la transformación de la anchoveta y otras especies hacia consumo humano directo, mediante el desarrollo de conservas, filetes, congelados y deshidratados con estándares internacionales.

• Establecimiento de alianzas con universidades, CITE pesqueros y centros tecnológicos para la transferencia de tecnologías de postcosecha, procesamiento y monitoreo ambiental.

Acuicultura sostenible y competitiva

• Impulso de la acuicultura sostenible (marina y continental) con programas de asistencia técnica, financiamiento y certificación sanitaria para exportación.

• Promoción al Perú como potencia latinoamericana en acuicultura, aprovechando su extenso mar, ríos, lagos y biodiversidad, mediante la organización y fortalecimiento de gremios de pescadores artesanales orientados a la producción sostenible y al mercado internacional.

• Creación de reservas marinas productivas y zonas exclusivas para pesca artesanal y acuicultura de pequeña escala, bajo esquemas de cogestión y sostenibilidad ambiental.

• Incorporación de productores locales en los programas de abastecimiento y comedores populares, asegurando proteína de origen pesquero en la dieta  nacional.

• Promoción de cadenas de frío comunitarias para garantizar el acceso de la población a pescado fresco y nutritivo.

• Establecimiento de un Sistema Nacional de Información Pesquera que registre capturas, trazabilidad, exportaciones y formalización, interoperable con SUNAT y SANIPES.

• Fortalecimiento de la Ley General de Acuicultura y Pesca, incorporando incentivos a la formalización y producción nacional, optimizando la Ventanilla Única mediante inteligencia artificial y fortaleciendo las capacidades técnicas y de gestión de los GORE como ejecutores de AREL y AMYPE.

Gobernanza, formalización y bienestar pesquero

• Implementación del Programa Formalízate Pez: formalización de embarcaciones artesanales con acceso a titularidad, créditos, seguros, tecnología y capacitación continua.

• Creación del fondo PESCA SOLIDARIA, financiado por el Estado, la industria pesquera y cooperación internacional, para apoyar a pescadores en épocas de crisis climáticas o sanitarias.

• Establecimiento de un mecanismo automático de compensación económica durante vedas, articulado al fondo PESCA SOLIDARIA, con transferencias directas a pescadores formales y en proceso de formalización.

• Incorporación de pescadores artesanales en programas de seguridad social, seguros laborales y acceso a pensiones.

• Diseño de un Seguro Pesquero Nacional contra pérdidas por fenómenos climáticos como El Niño, financiado parcialmente por el Estado y con reaseguro internacional.

• Implementación de sistemas obligatorios y gratuitos de geolocalización, comunicación y botón de pánico en la flota artesanal, integrados a un centro nacional de monitoreo para emergencias marítimas.

• Reactivación del Ministerio de Pesca, devolviéndole rango ministerial para liderar la política nacional pesquera y acuícola.

• Creación de un Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura, con participación del Estado, gremios pesqueros, comunidades costeras y academia, para concertar políticas y evitar la sobreexplotación.

• Actualización de la normativa de pesca artesanal y de menor escala, definiendo criterios técnicos, zonas de operación y fortaleciendo la supervisión para una regulación justa y moderna acorde a la realidad del sector.

• Promoción de la reconversión productiva y laboral vinculada al sector marítimo pesquero, mediante formación técnica especializada, certificaciones y desarrollo de servicios complementarios.

2.5.3. Primeros 100 Días

• Inicio del Seguro Pesquero Nacional con participación de gremios del sector.

• Creación del Fondo Nacional de Innovación Pesquera y Acuícola, para cofinanciar equipamiento, trazabilidad y procesamiento en pequeñas plantas pesqueras.

• Formalización de 20,000 embarcaciones artesanales en coordinación con FONDEPES y SUNARP.

2.5.4. Principales metas e indicadores

EL NEGOCIO DE LA PESCA:

 

PESCA INSTITUCIONALIDAD Y POLITICA

 

EL NUDO DEL PROBLEMA

La pesca es un caso emblemático de cómo el Perú gestiona (o no gestiona) sus recursos naturales. El núcleo del problema es la gran renta industrial. Lo más revelador no es lo que se debate, sino lo que se evita debatir.

Cuando la política no lidera, la institucionalidad no regula, y la economía no redistribuye, la riqueza se convierte en oportunidad perdida. El problema no es cuánto pescado hay, sino quién decide sobre él. El mar es público, la renta no tanto. Sin institucionalidad, la abundancia es solo extractivismo eficiente.

No se habla de reformar derechos de pesca;  aumentar la captura de renta; redistribuir beneficios, o cambiar el modelo productivo. Porque hacerlo implicaría admitir algo incómodo: que el Estado ha sido un actor débil en uno de los sectores más rentables del país.

El mar secuestrado: cómo la política renunció a gobernar la pesca en el Perú

En el Perú, el mar no es de todos. Aunque la Constitución diga lo contrario, en la práctica tiene dueños funcionales: quienes capturan la renta mientras el Estado mira desde la orilla.

El problema no es la falta de normas. Es peor, es la falta de voluntad para hacerlas cumplir.

La fiscalización es débil, las sanciones no disuaden y las decisiones clave carecen de transparencia. En ese contexto, la institucionalidad funciona más como una formalidad que como un contrapeso real. El resultado es un sistema donde el cumplimiento es negociable. ¿Cuántas veces un ministro de turno a rebajado multas impuestas o dejado sin efecto algunas, por ejemplo?

El Perú no tiene un problema de mar. Tiene un problema de poder. Y mientras la política siga administrando silencios en lugar de tomar decisiones, la pesca seguirá siendo lo  que es hoy: un negocio extraordinario… con un Estado ausente.

En el Perú, la pesca es un caso de manual de cómo el poder económico disciplina al poder político. Aquí hay nombres propios, responsabilidades concretas y una cadena de decisiones y omisiones que explican por qué la renta del mar termina en pocas manos.

Una sola muestra para entender mejor el tema. El Decreto Legislativo 1084 que crea las cuota de anchoveta para CHI fue promulgado dentro de un paquete de normas destinadas al TLC con Estados Unidos. Se introdujo indebidamente. ¿Quién lo elaboró? ¿Dónde está el informe técnico? Se elaboró fuera del Ministerio. ¿quién lo hizo y quién lo pagó? No fue el Ministerio de la Producción.

El regulador que no regula: PRODUCE

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) administra el diseño de cuotas, temporadas y derechos. En el papel, es el árbitro. En la práctica, actúa como administrador de un statu quo que rara vez incomoda a los grandes jugadores.

Bajo gobiernos sucesivos,  la constante no ha sido la reforma, sino la prudencia política; ajustes marginales; debates postergados y una renuencia sistemática a revisar cuánto paga realmente la industria por explotar un recurso público.

El poder del Ministro es casi absoluto. Designa a los jefes de los Organismos Públicos y a todos los funcionarios. Así como los designa los puede remover. Ninguna norma le obliga a aceptar las recomendaciones del IMARPE. El ente científico, para todo efecto práctico tan solo recomienda a través de sus informes, que no son vinculantes. El único que decide cuánto y dónde se puede pescar, entre otras cosas, es el Ministro.

El peligro de este modelo es que el poder del cual dispone el Ministro puede llevar a ordenar, o presionar al ente científico o cualquier otro bajo su mando, a emitir informes que sustenten una decisión política ya tomada. Cuando la lógica es al revés. Se debe tomar la decisión siguiendo la recomendación técnica. En este estado de cosas ello no se puede garantizar.

Es oportuno conocer las funciones del Viceministro de Pesca y acuicultura. El DS 002-2017/PRODUCE, creó el “Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura”. No creó el viceministerio de Pesca y Acuicultura.

La diferencia es interesante y no es de jerarquía, sino de función dentro de la estructura del Estado.

Viceministerio es una unidad orgánica dentro de un ministerio. Forma parte de la estructura formal del Estado y tiene competencias definidas. Está a cargo de un viceministro.  Tiene funciones, direcciones generales y equipos técnicos bajo su mando. Se encarga de formular, implementar y supervisar políticas públicas en un ámbito específico.

Despacho Viceministerial es el ámbito inmediato de trabajo del viceministro, es decir, su oficina o instancia de gestión directa.  No es una estructura con funciones amplias propias.  Sirve para coordinar, tomar decisiones y canalizar el trabajo del viceministerio. Incluye asesores, secretaría y equipo cercano.

Viceministerio es la estructura (con funciones y órganos).

Despacho Viceministerial es la oficina del viceministro (espacio de decisión y coordinación).

La norma creo un Despacho, que es el espacio para un viceministro. En la práctica, funciona como secretario técnico del Ministro, sin poder de decisión ni de acción. Ni se requiere su firma en los documentos de gestión.

https://revistapesca.blogspot.com/2025/07/el-unico-responsable-del-sector-pesquero.html

El músculo gremial

La industria pesquera cuenta con dos gremios muy organizados y  con posibilidades de crear incidencias política. La SNI y la SNP. Ninguna de ellas necesita estridencias. Operan con eficacia técnica y política. Su influencia se expresa en lo que no ocurre: no hay rediseño sustantivo de los derechos de pesca; no hay salto en la captura de renta;  no hay cambios que alteren la estructura del negocio. Cada intento de reforma tropieza con el mismo argumento: “seguridad jurídica”. Traducido: no tocar las reglas que ya favorecen a quienes están dentro. Gracias a la capacidad organizacional que tiene, dispone de operadores que controlan la narrativa en todos los niveles en defensa de sus intereses, que no necesariamente coinciden con los del país; pero es un justo mecanismo de protección del que disponen y emplean con eficiencia. Controlan el discurso y creen que eso les da la razón y la verdad.

Hace algún tiempo un representante de un gremio expresaba públicamente que la pesca genera 750 mil empleos. Luego se dieron cifras que van desde los 250 mil hasta los 400 mil. Pero nunca se ha ofrecido la evidencia oficial de cuál es el número real y tampoco se precisan las fuentes de esta información. Es así como se construye una narrativa falsa sin que el ciudadano se plantee cuestionarla ni analizarla.

La Pesca Artesanal muestra como mayor debilidad su atomización en más de mil gremios, lo que le resta poder y fuerza para manejar una narrativa común. No pueden enfrentar con eficiencia a la industria ni al Estado en la situación en la que están.

Los trabajadores de la industria y la pesca artesanal forman parte de la sociedad, que es indiferente a la manipulación del poder. No tienen organización unificada ni del mismo nivel y además carecen de los medios, que sí exhiben los operadores de la industria para estructurar su propia narrativa, y probablemente carecen también de la voluntad suficiente y debida para hacerlo.

El Estado, por su parte, es manipulable y sujeto a la influencia política, para bien o para mal. En esta asimetría, la sociedad resulta ser siempre la perdedora.

La ciencia como escudo: el Instituto del Mar del Perú

El IMARPE es respetado por su capacidad técnica. Y, sin embargo, su rol termina encapsulado en lo biológico, es decir en informar cuánto hay y cuánto se podría pescar sin colapsar; pero a nivel de recomendación técnica, quedando la decisión en manos de la autoridad política.

El problema es lo que queda fuera: la ciencia no decide cómo se distribuye la renta ni cuánto captura el Estado. Así, el dato técnico se usa como frontera del debate: se discute sostenibilidad, pero se evita discutir distribución y magnitud y tiempos de la captura.

Por otro lado, su dirección depende de nombramientos políticos que vienen del Ministerio, lo que reduce anula su capacidad de influir en las decisiones finales. La amenaza de designar a un presidente de la Institución con un perfil mediocre e inferior al que existía en diciembre de 2025 sigue latente.

https://revistapesca.blogspot.com/2026/04/el-nuevo-perfil-del-presidente-del.html

“Informe sobre el avance de la primera temporada de pesca de la anchoveta peruana (Engraulis ringens) en la región norte-centro al 10 de mayo de 2026 (Of. N° 0813-2026IMARPE/PE;) y al 25 de mayo (Of. N° 0877-2026-IMARPE/PE). 

En el contexto actual, caracterizado por la intensificación de condiciones ambientales cálidas y una alta vulnerabilidad del stock, resulta pertinente mantener un enfoque precautorio respecto de la continuidad de la primera temporada de pesca de anchoveta 2026, a fin de proteger el reclutamiento, la renovación del stock norte-centro y garantizar la sostenibilidad del recurso y su pesquería”.

Este es un texto típico en el modelo pesquero peruano. El ente científico sugiere una medida precautoria sin precisar cuál debe ser, pasando la decisión al poder político. El Ministro es quien decide. ¿Y qué es lo que el Ministro quiere?

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/informes-publicaciones/8256382-informe-correspondiente-al-oficio-n-0977-2026-imarpe-pe

El MEF: el gran ausente

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el guardián de la caja, aparece poco donde más debería pesar: en la definición de cuánto vale el acceso al recurso.

En cualquier país con vocación de captura de renta, el equivalente del MEF lidera el diseño de regalías y esquemas de pago. En el Perú, su silencio ha sido funcional: deja que un sector altamente rentable opere con una contribución estatal que no guarda proporción con el valor que extrae.

El Congreso: ruido sin reforma

El Congreso de la República del Perú produce iniciativas, comisiones y titulares. Pero cuando se trata de tocar el núcleo, derechos de pesca, redistribución, condiciones de acceso, la energía se disipa.

Hay mucho discurso sobre la pesca artesanal; pero casi ninguno sobre la renta industrial.

Y absolutamente ninguno sobre el tema de la renta, cuotas o derechos de pesca.

El mecanismo: cómo se captura un recurso público

1.Acceso privilegiado mediante reglas estables que nadie quiere revisar.

2. Pago reducido por el derecho a explotar un recurso de alto valor.

3. Fiscalización intermitente que no altera el equilibrio del negocio.

4. Debate acotado a lo biológico, evitando lo económico.

El resultado es un sistema elegante en su simplicidad y eficaz en su objetivo: maximizar la renta privada con mínima fricción política. Defendido por una narrativa eficaz que destaca generación de empleo, aporte al PBI e ingreso de divisas. Pero sin mostrar información oficial en el caso del empleo y ninguna sobre pagos de impuestos y derechos de pesca.

La responsabilidad es compartida (y acumulativa). No es un solo gobierno. Es de varios. No es una entidad, sino varias. PRODUCE administra, el MEF no lidera, el Congreso no reforma y el gremio asegura que nada cambie demasiado. El IMARPE aporta la base técnica, pero no entra, ni tiene por qué, en la disputa por la renta. El equilibrio resultante no es casual, es político.

El problema no es falta de información. Es falta de decisión. El Perú sabe cuánto pesca. Sabe cuánto exporta. Sabe quién gana. Lo que no decide es cuánto debería ganar el país por lo que es suyo.

Y mientras ese cálculo siga siendo políticamente intocable, el mar seguirá siendo público en el papel… pero privado en la práctica.

La política se reparte el mar a través de privilegios y la fijación de las reglas del negocio. Entre cuotas, derechos de pesca bajos o inexistentes, la política controla la riqueza pesquera sin árbitros.

Información complementaria en el siguiente link:

https://revistapesca.blogspot.com/2026/06/pesca-en-el-peru-entre-la.html

LA ECONOMÍA DE LA PESCA: CUANDO LA POLÍTICA SUPERA A LA INSTITUCIONALIDAD

 PESCA Y ECONOMIA

Existe en el Perú una narrativa que domina el escenario de los medios y se sumerge en el inconsciente de las personas. Un relato que muestra una interpretación de lo que es la pesca y su impacto sobre el ecosistema y el país.

Por más artículos que se publiquen en medios de comunicación, entrevistas, discursos y mensajes, la realidad existe y al final impone su propio paisaje. Siglos atrás, se estableció la fórmula que definía el concepto de existencia y la regla de todo conocimiento:  “A es A”.  Toda cosa lo es en sí. La realidad es lo que existe, el discurso no existe.  La verdad es el reconocimiento de la realidad;  la razón, es el único medio de conocer los hechos. Y en este caso, la pesca debe ser conocida y analizada contrastando la narrativa con la realidad, el discurso con la razón y ésta con la evidencia.

El discurso se centra en destacar y elogiar, con justa razón, el aporte de la pesca al PBI y al empleo, entre otras cosas; pero jamás se ha mencionado la contribución al país a través de los derechos de pesca e impuesto a la renta. Tampoco se encuentra esta información al alcance de la ciudadanía.

No importa quién sea el autor quien dé el discurso sobre la narrativa oficial de la pesca industrial y la pesca artesanal. Lo que importa es que cada ciudadano adopte la actitud de un espíritu independiente, que no acepte el discurso sin analizarlo, que no reconozca más autoridad que la verdad que muestra la realidad, ni valor más alto que su juicio de la verdad. La realidad seguirá siendo la realidad, no importa lo que digan los medios ni los narradores.

En el Perú, el mar es público en la ley; pero privado en los hechos. La pesca, en particular la de la anchoveta para harina, genera millones de dólares; pero el Estado captura solo una fracción que no guarda relación con el valor del recurso. No es un accidente, es el resultado de decisiones políticas sostenidas.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) administra el statu quo; el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no lidera una política de captura de renta; el Congreso de la República del Perú debate, pero no intenta hacer reformas. En paralelo, la Sociedad Nacional de Pesquería asegura que las reglas no cambien en lo esencial. Y aunque el Instituto del Mar del Perú aporta la base científica, el debate se queda en lo biológico y evita lo central: quién se queda con la renta.

La pesca artesanal aparece en el discurso, con razón, pero también como coartada para no tocar el corazón del modelo industrial. Proteger a los pequeños no debería significar blindar a los grandes. Hoy, en la práctica, ocurre eso.

El mecanismo es simple: acceso estable, pago reducido, fiscalización intermitente y laxa y manejo de la narrativa. El resultado es un negocio extraordinario con mínima fricción política.

No falta información. Falta decisión. El país sabe cuánto pesca y cuánto exporta. Sabe quién gana. Lo que el Estado no decide es cuánto debería ganar el Perú por lo que es suyo. Mientras esa pregunta siga fuera de la agenda, el mar seguirá capturado.

El problema estructural en el Perú es la desconexión entre riqueza natural, decisiones políticas e instituciones débiles. La pesca en el Perú no es solo una actividad productiva, sino que es una gran fuente de renta natural del país. Sin embargo, esa riqueza convive con un problema crónico: la política no logra traducirla en el debido bienestar para los peruanos, y la institucionalidad no logra gobernarla con legitimidad. La muestra se ve desde hace años con funcionarios que dirigen la pesquería sin la debida experiencia, escaso o nulo conocimiento y con el claro encargo de no tocar cosas sensibles.

Más información en el siguiente link:

https://revistapesca.blogspot.com/2026/06/quien-nombra-quien-decide-el-poder.html

1. Pesca: abundancia sin gobernanza

El Perú es potencia mundial en anchoveta, base de la harina y aceite de pescado. Pero el negocio está altamente concentrado, orientado a exportación y con baja contribución al país.

El resultado: Alto valor generado. Bajo impacto en empleo y diversificación.  Dependencia de ciclos biológicos y precios internacionales.

2. Política: decisiones capturadas o ausentes

La política pesquera ha oscilado entre dos extremos: Regulación débil o permisiva e intervenciones reactivas ante crisis. En muchos casos, el diseño de reglas (cuotas, derechos de pesca, fiscalización) parece más influido por presiones sectoriales que por una visión de largo plazo.

3. Institucionalidad: reglas sin dientes.

Las normas existen, pero su cumplimiento es irregular. Problemas clave: Fiscalización insuficiente. Fragmentación entre entidades. Baja transparencia en decisiones.

Esto genera una paradoja: un sector altamente rentable operando en un marco institucional frágil.

4. Economía: la renta que no se captura

El punto más sensible: la captura de renta. El Estado recibe relativamente poco en comparación con el valor generado por el recurso. Esto abre preguntas incómodas:

¿Se está cobrando lo justo por explotar un recurso público?, ¿Quién se beneficia realmente de esta riqueza?, ¿Cómo se distribuye esa renta en la sociedad?

En este caso, como en otros, la política resulta ser el arte de no incomodar. Aquí no hay ambigüedad: la política ha decidido no meterse donde incomoda. Durante años, los gobiernos han evitado una discusión de fondo sobre: cuánto se debe pagar por el recurso;  quién accede a él  y bajo qué condiciones. No es descuido. Es cálculo. Tocar la renta pesquera implica enfrentarse a uno de los lobbies más organizados y silenciosamente influyentes del país.

La pesca, en particular la anchoveta, es uno de los negocios más rentables del país. Genera miles de millones, lidera exportaciones industriales y opera con precisión casi quirúrgica. Pero hay un detalle incómodo: esa eficiencia privada convive con una clamorosa renuncia pública. El silencio conviene.

El esquema es simple y brutal: El recurso es público; la renta es privada y la captura estatal es marginal.

En otras palabras, el país exporta proteína convertida en harina… pero el aporte al país es bajo.

Más información en el siguiente link:

https://revistapesca.blogspot.com/2026/05/peces-baratos-y-mucha-ganancia-el.html

El poder oculto

Todo esta problemática y manejo de la pesquería tiene, además de lo descrito, un componente importante y oculto: el poder político y económico que está detrás de todas estas manipulaciones, presiones e intrigas. Quien quiera que fuese el operador, lo hace dirigido por alguien más; pero existe y con  la autoridad y fuerza para disponer nombramientos. Con el poder de hacer que los designados cumplan la agenda.

La operación también alcanza al Congreso para asegurar el statu quo desde el Legislativo, en caso de que la presión sobre el Ejecutivo fallase.

Lo grave es que la ciudadanía peruana permanece ajena e indiferente ante esta situación.

El país tiene que despertar de su letargo y defender su derecho a participar de la renta de sus recursos naturales. El país tiene que romper el ciclo de manipulación y corrupción manejada por poderes fácticos.

¿Sería tan difícil tener una pesquería en la cual ganen lo justo todos, industriales y artesanales así como el país? La madurez cívica que el país requiere, debe llevarnos a un manejo del sector armónico, sin manipulaciones políticas, sin intrigas, sin ambiciones de parte y con visión de país y de futuro. 

EL PODER DETRÁS DE LA PESCA EN EL PERÚ

 

Por años, el debate público peruano ha girado en torno a políticos visibles, ministros efímeros y crisis recurrentes. Pero hay otro poder —más silencioso, más estable— que rara vez entra en el escrutinio: el de los tecnócratas que diseñan cómo se reparte el dinero del Estado.

Según la normativa peruana, los ministros son nombrados por Decreto Supremo del Presidente, mientras que los viceministros y directores generales se designan por Resolución Suprema o Ministerial.

Hace años se viene otorgando el poder sobre la pesca a desconocidos que instauran el favoritismo hacia amigos y gente de su confianza que solo busca su interés personal. Para ellos, el sector es lo menos importante, lo que cuenta es la colocación de las personas afines para proteger una estructura de poder que dure lo más posible. La repartija de cargos es un vil acto que beneficia al poder de turno sin importar las necesidades del sector.

La existencia de una clase política que convierte a la política y al sistema de gobierno en una forma de vida insana, amoral, indecente, favorece la aparición de funcionarios que lejos de defender los intereses nacionales, se subordinan a intereses de parte para obtener cargos, para asegurarse a sí mismos ventajas económicas y sociales que resuelvan sus propios problemas y no los del sector.

La preponderancia de cargos designados cercanos al sector privado, puede traducirse en políticas menos rigurosas para favorecer a quienes deciden quién va a ocupar determinado cargo.

Perú ha mostrado escasa adaptación de cuotas o vedas más estrictas pese a señales de sobrepesca en algunos recursos. La presión de la industria ha prolongado temporadas de pesca intensiva, como se aprecia en la primera temporada de anchoveta 2026. Por otra parte, la concentración de la industria en pocas empresas aumenta la tentación de buscar favores regulatorios que beneficien a las “pesqueras dominantes” a costa de actores menores o del medio ambiente. Por eso tiene que influir en los nombramientos.

En contraste, países con gobernanza pesquera más sólida muestran mejores resultados: Chile, tras reformar su ley en 2013, incorporó comités científicos independientes y planes de manejo concretos; Noruega basa su gestión en datos públicos y cuotas ajustadas a modelos científicos, con alta transparencia; España y la UE usan auditorías externas y sanciones automáticas por incumplimiento.

Estas experiencias sugieren que la dependencia de funcionarios interinos sin rendición de cuentas tiende a favorecer un enfoque extractivista y de corto plazo en Perú.

Lo que el país necesita es que el funcionario que es, o puede ser sujeto de ser influenciado en razón de su cargo, sea una persona decente, comprometida con el país, intelectualmente honesta, de una moralidad y ética intachables, y moralmente obligado a actuar en forma justa y debida, pese a la tentación proveniente de sobornos, o de la presión política. El funcionario debe tener el criterio para determinar si sus recomendaciones o sugerencias son lícitas o no y si benefician a alguien indebidamente. Debe tener el valor de decir “no” cuando piensa que es “no”. Pero cuando dicen “si” mientras piensan que “no” o dice sí por la carrera, comodidad, por la ganancia, por el temor a perder su empleo, mientras su conciencia dice que no, o calla, entonces sus actos se vuelven corruptos y el modelo político y económico se invalida de hecho.

La política y la normatividad debieran obedecer a principios y valores. Quien no los tenga debería ser incapaz de ordenar y gestionar un sistema decente. Toda la gestión pesquera debe estar respaldada por información provista por un ente científico con credibilidad y sin cuestionamientos.

¿Puede el futuro pesquero del Perú estar en las manos de funcionarios temporales sin mayor legitimidad que una resolución que los designa? ¿Sin visión de país, carentes de la experiencia necesaria y de decencia intelectual, inmorales y sin agenda, sino tan solo el interés por satisfacer los intereses gestionados por lobistas y/o poderes fácticos sin escrúpulos, o los de quienes lo han puesto en el cargo, que en la práctica se convierten en los verdaderos hacedores de las normas?

Los poderes fácticos son sectores de la sociedad, al margen de las instituciones políticas, que ejercen sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión o influencia. El poder fáctico no coincide necesariamente con el aparato formal del Estado pero puede influir en las estructuras legales y regulatorias, por intermedio de su capacidad de comunicación y/o de presión.

El funcionario público designado debe tener capacidad, habilidad y experiencia. Pero la experiencia no es el único elemento que debe medirse por los años de haber ocupado diversos cargos dentro del Estado, en los cuales se ha calentado un asiento en diversos puestos, reciclándose gobierno a gobierno como ocurre generalmente en nuestro sistema, sino por las cualidades personales del mismo.

Esa “experiencia”, sumada a una acumulación de títulos, es insuficiente para ejercer un cargo público, si es que no va acompañada de decencia, honestidad y un alto nivel de ética y moralidad. Un corrupto perfectamente capacitado y entrenado, seguirá siendo corrupto. Sus títulos no lo convierten en un funcionario comprometido con el cargo, ni lo vuelven decente, ni le dan la mínima estatura moral que se requiere.

Podrá haber nuevos gobiernos, nuevas autoridades, mejores o peores; pero se aprecia que buena parte de los funcionarios que se nombran en cada nueva administración, generalmente son los mismos que ya estuvieron en otros puestos, los cuales pertenecen a un grupo de personas las cuales, como manada gregaria se reciclan, mutan y se alimentan del Estado. Se ocultan en la espesura en espera de la oportunidad de saltar sobre un nuevo puesto público. Cual cardúmenes de peces en busca de aguas propicias por su temperatura y oxigenación, estas personas migran buscando a sus amigos y se protegen y acomodan entre ellos. Caminan en manada, rotan de líderes a subordinados y viceversa, de acuerdo a las circunstancias.

Están siempre acechando los cambios de autoridades para ver donde se ubican los amigos, a fin de recolocarse ellos también y seguir parasitando al Estado sin ofrecer, en contraparte, un servicio de calidad. Carentes de decencia intelectual y moral, poseen, de alguna manera, una experiencia en la administración pública, han aprendido de gestión pública y se han especializado. Sin embargo, eso no los convierte en conocedores de los temas del cargo y/o sector en el cual operan. Disimulan su desconocimiento de los temas sectoriales con discursos, gestos y poses; camuflan sus verdaderos intereses; no evidencian ni preocupación por el sector ni vocación por resolver sus problemas. Esa experiencia que aducen poseer, no les concede necesaria, ni automáticamente, la estatura moral, honestidad y decencia intelectual que requiere todo funcionario público digno.

En el tiempo más o menos corto que dura el cargo, que siempre pretenden alargarlo adoptando una conducta complaciente para con quienes tienen el poder de removerlos, exhiben una patética soberbia e incompetencia. Porque grande es el temor que poseen de que no se les renueve el contrato o se les retire la confianza. Por ello no hay que dar la contra, no hay que discutir, no hay que opinar, solo flotar y durar el máximo tiempo posible. Hay que rendirse, hay que actuar sumisamente, sin pensar, sin contradecir, sin discutir.

Optar o acceder a desempeñar una función para lo cual no se está capacitado, constituye un acto de inmoralidad e indecencia intelectual, tanto de quien designa como de quien acepta, que constituye una ofensa al sector y al país.

Estamos frente a la existencia de funcionarios que no hacen política en el sentido clásico, pero que ejercen poder político en su forma más efectiva: diseñando reglas, distribuyendo recursos y moldeando conductas y conciencias. No necesitan votos. No dan discursos encendidos. Pero definen ganadores y perdedores.

Ese es el punto ciego del asunto. El problema no es solamente la persona. El problema es el sistema que lo hace posible. Un sistema donde:  la tecnocracia decide, la política no supervisa,  y la ciudadanía no se entera hasta que los resultados, buenos o malos, ya están consolidados.

La pregunta de fondo es: Si el Estado va a intervenir en la pesquería, y es obvio que claramente lo hace, entonces la discusión no es si debe hacerlo, sino cómo, para quién y con qué controles.

Porque detrás de cada designación de funcionarios hay algo más que buenas intenciones: hay poder. Y ese poder, aunque no salga en la portada de los diarios, también debería rendir cuentas.