El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

19 de noviembre de 2026

LA CALIDAD DE LA NORMATIVA PESQUERA: MUCHO PAPEL Y POCO RESULTADO

 


Raúl Castillo Rojas

Marcos Kisner Bueno

PESCA ARTESANAL: ¿NORMAS PARA DESARROLLAR O BUROCRACIA PARA CONTROLAR?

El presente artículo realiza un análisis de las medidas de regulación del PRODUCE y de su impacto real sobre el desempeño de los pescadores artesanales. Propone que la eficiencia de la regulación pesquera debe revisarse. El hecho es que abundan los decretos y resoluciones; pero persisten los problemas estructurales de los pescadores.

La administración de la pesquería necesita de un liderazgo de alguien con conocimiento del sector y verdadera vocación de servicio por la actividad pesquera. No es lo mejor que esté dirigida por personas improvisadas, que no conocen del tema y que solo actúan en beneficio de su permanencia en el cargo a través de campañas mediáticas y propagandísticas, sin un real y verdadero interés por los pescadores. Actúan reaccionando a los sucesos del día a día sin verdadera convicción y conocimiento.

1. Planteamiento del problema

La proliferación de normas de PRODUCE contrasta con una actividad que sigue enfrentando informalidad, pobreza, falta de infraestructura y escasa rentabilidad.

La regulación de la pesca artesanal constituye una responsabilidad compleja, porque no se limita a establecer prohibiciones, restricciones, temporadas de pesca, tallas mínimas, cuotas o requisitos administrativos. Requiere comprender una actividad económica, social, cultural y productiva que involucra a miles de pescadores, armadores, comerciantes, trabajadores y comunidades costeras.

Uno de los principales problemas de la administración pesquera aparece cuando las autoridades encargadas de elaborar las normas tienen escaso conocimiento de la realidad de la pesca artesanal, de sus particularidades operativas, de sus limitaciones económicas y de las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

En esas circunstancias, existe el riesgo de producir normas técnicamente descontextualizadas, administrativamente difíciles de cumplir y socialmente contraproducentes.

La pregunta fundamental no debería ser solamente si una norma está legalmente bien redactada, sino si resuelve el problema que pretende regular y si puede aplicarse eficazmente en la realidad pesquera.

Una regulación puede ser jurídicamente válida, técnicamente bien redactada y administrativamente ordenada, pero resultar ineficiente si no mejora las condiciones económicas, productivas, laborales y comerciales del pescador artesanal.

El problema que merece investigarse es si el Estado peruano ha construido una política de desarrollo de la pesca artesanal o si, por el contrario, ha desarrollado un sistema predominantemente administrativo, fiscalizador y restrictivo (regulatorio), que impone obligaciones sin resolver las limitaciones estructurales de la actividad, sin incluir la promoción pesquera.

La hipótesis de trabajo es que existe una brecha importante entre la regulación diseñada desde el despacho ministerial y las condiciones en las que realmente trabajan los pescadores.

¿La normativa está diseñada para desarrollar la pesca artesanal o para administrar y controlar a quienes la ejercen? Esta distinción debe orientar toda la evaluación.

Principales normas de referencia

Norma

Materia

Aspecto que debe evaluarse

Decreto Ley 25977

Ley General de Pesca

Si sus objetivos de desarrollo, empleo y aprovechamiento sostenible se cumplen en la pesca artesanal.

D.S. 012-2001-PE

Reglamento de la Ley General de Pesca

Adecuación de las disposiciones generales a la realidad artesanal.

D.S. 006-2016-PRODUCE

Fortalecimiento de la pesca artesanal en cadenas productivas

Efectividad de la formalización y asociatividad.

D.S. 003-2022-PRODUCE

Modificación del régimen de fortalecimiento

Resultados y cargas de los programas piloto y cooperativas.

Ley 31749

Reconocimiento de la pesca tradicional ancestral y artesanal

Protección efectiva de la actividad tradicional dentro de las cinco millas.

D.S. 002-2025-PRODUCE

Modificación del Reglamento de la Ley General de Pesca

Aplicación de la Ley 31749 y delimitación de las modalidades de pesca.

D.S. 006-2025-PRODUCE

Modificaciones al Reglamento de la Ley General de Pesca y al régimen de fiscalización

Proporcionalidad, claridad y consecuencias de las nuevas disposiciones.

 

2. Principales deficiencias que pueden presentar estas normativas

2.1. Desconocimiento de la realidad pesquera

Una regulación elaborada sin suficiente conocimiento de campo puede ignorar aspectos esenciales:

- Las diferencias entre las distintas modalidades de pesca artesanal.

- Las características de las embarcaciones y sus capacidades operativas.

- La diversidad de artes y aparejos de pesca.

- Las condiciones geográficas, oceanográficas y climáticas.

- La estacionalidad y variabilidad de los recursos hidrobiológicos.

- Las condiciones económicas y sociales de los pescadores.

- Las particularidades de los desembarcaderos y las cadenas de comercialización.

El resultado puede ser una normativa que responde a una interpretación administrativa de la pesca, pero no necesariamente a su funcionamiento real.

2.2. Elaboración de normas sin suficiente sustento técnico

Una disposición pesquera debería fundamentarse en información científica, técnica, económica y social.

Cuando estos elementos no se consideran adecuadamente, pueden aparecer problemas como:

- Restricciones que no guardan proporción con el problema identificado.

- Prohibiciones que no consideran las diferencias entre pesquerías.

- Exigencias técnicas difíciles de cumplir para embarcaciones artesanales.

- Medidas de ordenamiento que no consideran las condiciones de acceso a los recursos.

- Disposiciones que generan costos adicionales sin demostrar beneficios equivalentes.

2.3. Falta de participación de los actores directamente involucrados

Los pescadores artesanales no deberían ser considerados únicamente sujetos obligados a cumplir las normas. Son también portadores de conocimientos prácticos sobre los recursos, las zonas de pesca, los cambios ambientales, las temporadas y los problemas operativos de la actividad.

Excluirlos o ignorarlos del proceso de elaboración normativa puede ocasionar:

- Normas alejadas de las necesidades del sector.

- Resistencia a su cumplimiento.

- Conflictos entre autoridades y organizaciones pesqueras.

- Incremento de la informalidad.

- Pérdida de confianza en las instituciones.

2.4. Exceso de regulación administrativa

En ocasiones, las disposiciones se concentran en incrementar controles, requisitos documentarios, procedimientos y obligaciones formales, sin evaluar suficientemente si estos instrumentos contribuyen realmente a mejorar el ordenamiento pesquero. La regulación debe facilitar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y formalización, no convertirse en una barrera que dificulte el desarrollo de la pesca artesanal.

Una de las primeras cuestiones que debe examinarse es la proliferación de modificaciones reglamentarias.

El D.S. 006-2016-PRODUCE, por ejemplo, ha sido objeto de sucesivas modificaciones. El D.S. 003-2022-PRODUCE mantuvo un esquema de fortalecimiento basado en cooperativas, trazabilidad, seguimiento satelital, puntos de desembarque autorizados y obligaciones de comercialización.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1392948-3/pdf

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/2915335-003-2022-produce

La pregunta es si estas exigencias fueron diseñadas considerando las diferencias entre:

•          Un pescador embarcado en una caleta aislada.

•          Un armador con varias embarcaciones.

•          Una organización social de pescadores artesanales.

•          Una cooperativa con capacidad administrativa y financiera.

•          Un pescador dedicado a la extracción, transporte y comercialización de recursos frescos.

Tratar estas realidades como si fueran equivalentes constituye un defecto de diseño regulatorio.

 


3. ¿Cómo evaluar la eficiencia y calidad de una normativa pesquera?

Es importante diferenciar dos conceptos:

- Eficiencia: determina si la norma consigue los resultados previstos utilizando razonablemente los recursos económicos, humanos y administrativos disponibles.

- Calidad normativa: determina si la norma tiene sustento técnico, coherencia jurídica, pertinencia social, claridad y viabilidad de aplicación.

Se propone utilizar los siguientes indicadores:

Sustento científico ¿Está respaldada por información oceanográfica, biológica y pesquera actualizada y confiable?

Conocimiento de campo  ¿Considera las condiciones reales de la pesca artesanal?

Viabilidad operativa  ¿Puede cumplirse en las condiciones existentes?

Viabilidad económica  ¿Los costos son razonables para los pescadores?

Participación sectorial  ¿Se consultó a los pescadores y sus organizaciones?

Coherencia normativa  ¿Es compatible con las demás disposiciones pesqueras?

Eficacia  ¿Resuelve el problema que motivó su aprobación?

Sostenibilidad  ¿Protege los recursos sin desconocer la dimensión socioeconómica?

Fiscalización ¿Existen recursos y capacidades para hacerla cumplir?

Evaluación posterior ¿Se mide periódicamente su impacto y se corrigen sus deficiencias?

4. Consecuencias de una normativa desvinculada de la realidad pesquera

Una normativa que no considera adecuadamente la problemática del sector puede producir efectos que contradicen sus propios objetivos.

Cadena de consecuencias posibles:

Normativa elaborada sin suficiente conocimiento de campo

Disposiciones inadecuadas o difíciles de cumplir

Mayores costos, conflictos y dificultades operativas

Incumplimiento, informalidad y debilitamiento institucional

Posible deterioro de la sostenibilidad y de las condiciones de vida del sector

Esquema causal hipotético que debe contrastarse con evidencia en cada caso.

No obstante, es importante señalar que una regulación exigente no es necesariamente inadecuada. Puede ser necesaria para proteger los recursos hidrobiológicos. El problema surge cuando las exigencias no tienen suficiente justificación, proporcionalidad o posibilidades reales de implementación.

5. ¿Qué características debería tener una buena normativa para la pesca artesanal?

Se propone siete reformas:

1. Regulación diferenciada

Establecer categorías normativas según modalidad de pesca, tamaño de embarcación, recurso explotado y condiciones territoriales.

2. Infraestructura productiva

Priorizar desembarcaderos, hielo, cámaras frigoríficas, transporte y conservación del pescado.

3. Mejoramiento de la comercialización

Facilitar acceso directo a mercados, información de precios, asociatividad comercial y capacidad de negociación.

4. Seguridad y formalización viable

Financiar la adecuación de embarcaciones, equipamiento de seguridad y seguimiento satelital, con obligaciones proporcionales.

5. Fortalecimiento institucional

Capacitar a funcionarios regionales y nacionales en tecnología pesquera, economía de la pesca y realidad de las comunidades.

6. Investigación aplicada

Ampliar las evaluaciones de recursos y generar información que permita ordenar las pesquerías artesanales con fundamento científico.

7. Evaluación de impacto regulatorio

Ninguna norma importante debería aprobarse sin evaluar sus costos, beneficios, efectos distributivos y resultados esperados.

Una regulación de calidad debería sustentarse en los siguientes principios:

·        Conocimiento especializado: quienes elaboran las normas deben comprender las características biológicas, económicas, técnicas y sociales de las pesquerías que pretenden regular.

·        Participación efectiva: incorporar a pescadores artesanales, armadores, organizaciones representativas, especialistas y comunidades vinculadas a la actividad.

·        Sustento científico y técnico: utilizar información verificable sobre el estado de los recursos y las características de cada pesquería.

·        Proporcionalidad: evitar que las obligaciones impuestas sean mayores que las necesarias para alcanzar los objetivos regulatorios.

·        Diferenciación: reconocer que no todas las pesquerías artesanales tienen las mismas características ni requieren idénticas medidas.

·        Viabilidad económica y operativa: considerar la capacidad real del sector para cumplir las disposiciones.

·        Evaluación de impacto: medir los efectos de la normativa sobre la sostenibilidad de los recursos y sobre los ingresos, el empleo y las condiciones de trabajo de los pescadores.

·        Revisión y actualización: modificar las disposiciones cuando la evidencia demuestre que no están alcanzando sus objetivos.

 


6. Propuesta de evaluación institucional

Se propone que toda normativa pesquera de relevancia sea sometida a una evaluación independiente que considere tres dimensiones:

- Evaluación técnica: realizada por especialistas en recursos hidrobiológicos, tecnología pesquera, economía pesquera y ordenamiento.

- Evaluación socioeconómica: orientada a identificar los efectos sobre los pescadores, sus familias, las organizaciones y las economías locales.

- Evaluación de implementación: destinada a determinar si las autoridades cuentan con los recursos, conocimientos y mecanismos necesarios para aplicar y fiscalizar la norma.

La evaluación debería realizarse antes de aprobar la disposición y también después de su entrada en vigencia.

Se propone evaluar cinco dimensiones:

1. Calidad del diagnóstico

Antes de aprobar una norma, PRODUCE debería poder demostrar que conoce:

•          Las características de las distintas modalidades de pesca artesanal.

•          Las diferencias entre pesca con y sin embarcación.

•          Las características operacionales de las embarcaciones y sus capacidades operativas.

•          Los sistemas de extracción utilizados por especie.

•          Las condiciones de navegación y seguridad de cada zona.

•          Los costos reales de operación.

•          La estructura de comercialización y formación de precios.

•          Las condiciones económicas y sociales de los pescadores.

 Deficiencia que debe investigarse: la aprobación de disposiciones generales sin estudios diferenciados por regiones, especies, artes de pesca y características de las flotas.

2. Calidad técnica y jurídica

Debe comprobarse si las normas:

·                  Son coherentes con la Ley General de Pesca.

·                  Son compatibles entre sí.

·                  Definen claramente sus obligaciones.

·                  Evitan contradicciones y duplicidad de requisitos.

·                  Establecen plazos razonables de adecuación.

·                  Consideran la capacidad económica de los administrados.

·                  Contienen mecanismos de revisión y evaluación de resultados.

La modificación constante de las disposiciones puede generar incertidumbre jurídica, especialmente cuando los pescadores deben adecuar sus embarcaciones, documentación y operaciones a nuevas exigencias.

3. Viabilidad económica

Una disposición puede ser técnicamente razonable, pero económicamente inviable.

Por ejemplo, exigir equipamiento satelital, certificados, adecuaciones de infraestructura, sistemas de trazabilidad y documentación puede resultar desproporcionado para un pescador que trabaja con una embarcación pequeña, ingresos variables y escaso acceso al crédito.

Esto no significa que deba eliminarse el control. Significa que el Estado debe evaluar quién debe asumir su costo y cómo puede hacerlo.

4. Capacidad de implementación

La normativa no se ejecuta solamente desde Lima. Los gobiernos regionales tienen responsabilidades importantes en autorizaciones, seguimiento y fiscalización de la pesca artesanal. Sin embargo, existen limitaciones de recursos humanos, financieros y de especialización técnica en estas instancias, que debilitan la aplicación del marco regulatorio. Por tanto, existe una contradicción institucional: el Estado puede exigir el cumplimiento de una norma sin haber desarrollado previamente la capacidad administrativa necesaria para implementarla.

5. Evaluación de resultados

Una buena norma debe tener indicadores de cumplimiento de sus objetivos.

PRODUCE debería informar, entre otras cosas, lo siguiente:

•          Cuántos pescadores se formalizaron gracias a cada disposición.

•          Cuántos permisos se tramitaron y cuánto demoraron.

•          Cuántas embarcaciones pudieron adecuarse.

•          Cuánto aumentaron los ingresos de los pescadores beneficiados.

•          Cuánto se redujeron las pérdidas posteriores a la captura.

•          Cuántos desembarcaderos mejoraron su funcionamiento.

•          Cuánto aumentó el acceso al crédito.

•          Qué resultados tuvieron las cooperativas promovidas por el Estado.

La cantidad de resoluciones aprobadas no constituye un indicador de desarrollo pesquero.

Matriz de evaluación de la política pesquera artesanal

Se propone utilizar esta matriz para calificar la eficiencia de la regulación.

Las calificaciones siguientes son una evaluación preliminar de los problemas identificados, no una auditoría estadística de cada norma.

·          Dimensión                                    Evaluación preliminar

·          Coherencia normativa                     Por verificar

·          Calidad del diagnóstico sectorial       Deficiente

·          Formalización                               Resultados insuficientes

·          Infraestructura pesquera                 Insuficiente

·          Desarrollo comercial                       Débil

·          Acceso al financiamiento                 Insuficiente

·          Seguridad del pescador                  Pendiente de evaluación

·          Fiscalización                                 Desigual territorialmente

·          Investigación y ordenamiento          Cobertura incompleta

·          Evaluación de resultados                 Insuficientemente acreditada

 7. Conclusión

La calidad de la normativa pesquera no puede medirse por el número de disposiciones emitidas, por su complejidad administrativa ni por el rigor de las sanciones que establece.

Debe medirse por su capacidad para resolver problemas concretos, ordenar responsablemente la actividad, proteger los recursos hidrobiológicos y garantizar condiciones razonables para el desarrollo de la pesca artesanal.

Cuando quienes elaboran las normas carecen de suficiente conocimiento de la realidad pesquera, existe un riesgo de que las decisiones administrativas terminen sustituyendo al conocimiento técnico y a la experiencia de quienes desarrollan diariamente la actividad.

Esto plantea una cuestión fundamental de gestión pública: ¿puede una autoridad regular eficazmente una actividad productiva compleja sin conocer suficientemente sus características, dificultades y necesidades?

La respuesta debe buscarse en la evidencia, en los resultados de las normas y en la evaluación de sus efectos reales, no solamente en las intenciones declaradas por quienes las aprobaron.

La pesca artesanal necesita autoridades reguladoras que no solamente tengan facultades legales para normar, sino también conocimientos especializados, capacidad de diálogo, sensibilidad social y comprensión de la realidad del sector.

8. Estudio específico para el Perú

El análisis, dirigido a la realidad peruana, debe conducir al desarrollo de una investigación que consista en una evaluación de la calidad, eficiencia y pertinencia de la normativa pesquera artesanal en el Perú. Además que realice un análisis de la brecha entre las decisiones administrativas y la realidad del sector pesquero.

Podría estructurarse en cinco capítulos:

1. Evolución de la normativa de la pesca artesanal en el Perú.

2. Análisis de las competencias y capacidades técnicas de las autoridades pesqueras.

3. Identificación de las principales disposiciones que presentan problemas de aplicación.

4. Evaluación de sus impactos económicos, sociales, operativos y ambientales.

5. Propuesta de reforma del proceso de elaboración, consulta, aprobación y evaluación de las normas pesqueras.

Fotos

Fuente: Revista Pesca

16 de noviembre de 2026

EL ESTADO REGULA, EL PESCADOR SOBREVIVE

 

Raúl Castillo Rojas

Marcos Kisner Bueno

Mientras aumentan las exigencias administrativas y de fiscalización, los problemas estructurales de los pescadores siguen sin solución


1. Planteamiento central

La normativa para la pesca artesanal en el Perú debe evaluarse no solamente por el número de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales y disposiciones administrativas que ha producido el Ministerio de la Producción (PRODUCE) sino, fundamentalmente, por su capacidad para resolver los problemas públicos de quienes desarrollan esta actividad.

2. Marco normativo que debe ser evaluado

La evaluación debe partir de una distinción: no todas las normas tienen el mismo objeto ni resuelven los mismos problemas. Hay normas de ordenamiento pesquero, formalización, sanidad, fiscalización, seguridad marítima, comercialización y promoción productiva. El problema aparece cuando estas obligaciones no están articuladas y terminan convirtiéndose en una carga acumulativa para el pescador.

2.1. Principales normas de análisis

Hay dos normas, relativamente recientes, que merecen especial atención:

•   La Ley 31749 que reconoce la pesca tradicional ancestral y la pesca tradicional artesanal y busca preservar estas actividades dentro de las cinco millas marítimas.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2179664-1

 • El D.S. 002-2025-PRODUCE que modifica el Reglamento de la Ley General de Pesca para incorporar los alcances de dicha ley.  

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/6516282-002-2025-produce

No basta con que estas normas reconozcan derechos. Es necesario determinar si su reglamentación permite ejercerlos efectivamente, sin generar conflictos interpretativos, exclusiones o nuevas dificultades administrativas.


3. Los problemas reales que la normativa no puede ignorar

La evaluación debe partir de los problemas económicos y operativos que determinan la vida cotidiana del pescador.

 

Problema estructural                                  Consecuencia para el pescador

Falta de infraestructura de desembarque     Pérdidas, deterioro del producto y mayores costos.

Ausencia de cadena de frío                       Menor calidad y menor precio de venta.

Dependencia de intermediarios                  Escaso poder de negociación.

Precios bajos en playa                              Reducción de la rentabilidad de la faena.

Dificultad para acceder al crédito                Imposibilidad de renovar equipos y embarcaciones.

Informalidad documental                          Dificultad para obtener permisos.

Falta de seguridad social                           Vulnerabilidad económica y familiar.

Inseguridad en el mar                              Riesgos para la vida y el patrimonio.

Escasa información científica                      Incertidumbre sobre  medidas de ordenamiento.

Limitada capacidad de organización             Dificultad para negociar precios y acceder a mercados.

La dependencia de compradores mayoristas, los bajos precios en playa, la carencia de infraestructura, la falta de acceso al crédito y las dificultades de comercialización, son problemas reales que deben ser abordados en forma prioritaria.

La pregunta es ¿por qué, después de tantos años de producción normativa, estos problemas siguen condicionando la actividad?


4. Calidad de las disposiciones de PRODUCE

La calidad de una norma no depende únicamente de su legalidad, sino también de la calidad del diagnóstico que la sustenta. Una autoridad puede tener atribuciones legales para dictar una disposición, pero eso no significa que necesariamente tenga el conocimiento operativo, económico, biológico y social suficiente para diseñarla correctamente.

5. La OCDE confirma varias deficiencias estructurales

Evidencia internacional relevante

El informe de la OCDE “Políticas para el futuro de la pesca y la acuicultura en Perú”, publicado en 2025, proporciona una base independiente particularmente útil:

https://www.oecd.org/es/publications/politicas-para-el-futuro-de-la-pesca-y-la-acuicultura-en-peru_712e7084-es/full-report/key-findings-and-recommendations_17712ce4.html?utm_source=chatgpt.com

Sus conclusiones identifican problemas que coinciden con los cuestionamientos planteados:

a. Informalidad y sobrecapacidad. La expansión de embarcaciones fuera del control gubernamental ha contribuido a la sobrecapitalización de determinadas pesquerías y a una competencia desleal frente a los pescadores formalizados.

b. Deficiencias de información científica. Aunque IMARPE realiza evaluaciones periódicas de 30 poblaciones que abarcan 28 especies, se identificaron 207 especies en desembarques marinos en los años examinados. Una parte considerable de los recursos explotados no dispone de seguimiento científico y medidas de ordenamiento equivalentes.

c. Debilidad institucional regional. Las autoridades regionales presentan limitaciones de personal especializado y recursos para aplicar adecuadamente las disposiciones.

d. Fiscalización insuficientemente disuasiva. La reducción y condonación de multas, junto con las limitaciones de control, debilitan la eficacia del sistema sancionador.

e. Necesidad de una formalización con beneficios concretos. La OCDE recomienda que la formalización se acompañe de acceso a apoyo gubernamental, capacitación y mejoras en seguridad a bordo, en lugar de limitarse a exigir requisitos administrativos.

Esta evidencia permite decir que el problema no es únicamente que falten normas, sino que existen deficiencias en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

6. La cuestión del conocimiento de las autoridades que elaboran las normas

No sería técnicamente correcto afirmar que los funcionarios de PRODUCE carecen de conocimientos sin examinar sus antecedentes profesionales y los expedientes que sustentan cada disposición. Sin embargo, sí es posible establecer criterios objetivos para determinar si una norma ha sido elaborada con suficiente conocimiento de la actividad pesquera.

Se propone examinar los siguientes aspectos:

Criterio                               Pregunta para evaluar a la autoridad

Experiencia pesquera       ¿Conoce directamente las operaciones de pesca artesanal?

Formación técnica            ¿Tiene conocimientos de tecnología pesquera y ordenamiento?

Conocimiento económico  ¿Comprende los costos, ingresos y rentabilidad de la actividad?

Conocimiento territorial     ¿Conoce las diferencias entre las caletas y regiones pesqueras?

Consulta sectorial             ¿Ha recogido opiniones de pescadores y organizaciones representativas?

Sustento normativo         ¿La exposición de motivos presenta estudios técnicos y económicos?

Evaluación posterior        ¿Ha medido los resultados de las normas que aprobó?

La falta de cualquiera de estos elementos no prueba automáticamente incompetencia profesional. Pero la ausencia sistemática de estudios, consultas y evaluaciones constituye una señal de debilidad en la calidad de la gestión pública.

Una norma pesquera no debería elaborarse exclusivamente desde una oficina administrativa. Debe sustentarse en el conocimiento de quienes investigan, regulan y, sobre todo, realizan la actividad pesquera.

 

7. Las disposiciones recientes sobre formalización y control

Hay dos asuntos que merecen un examen especial porque ilustran la relación entre regulación y realidad operativa.

7.1. Seguimiento satelital de las embarcaciones artesanales

El D.S. 001-2025-PRODUCE estableció la obligación de incorporar el seguimiento satelital en las embarcaciones pesqueras artesanales dentro del plazo previsto para 2026, según la evaluación de la OCDE.

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/6450620-001-2025-produce

La finalidad de esta medida puede ser legítima: mejorar el control de las operaciones, combatir la pesca ilegal y disponer de información sobre la actividad de las embarcaciones.

Sin embargo, hay preguntas que PRODUCE debe responder:

•          ¿Se evaluó el costo de adquisición, instalación y mantenimiento?

•          ¿Se consideraron las características técnicas de las distintas embarcaciones?

•          ¿Existe cobertura y conectividad suficiente?

•          ¿Quién financia el equipamiento?

•          ¿Qué sucede cuando el sistema presenta fallas?

•          ¿Se establecieron mecanismos de asistencia técnica?

•          ¿Se diferenció la situación de los pescadores de subsistencia y de los armadores con actividad comercial?

El seguimiento satelital puede ser una herramienta de ordenamiento, pero no debe convertirse en una barrera económica que excluya a los pescadores de menores recursos.

Sería adecuado evaluar si el Estado puede asumir el costo de los equipos de seguimiento satelital para facilitar su activación y reducir el impacto económico sobre los armadores, que podría ser una de las razones para su resistencia a implementarlo.

7.2. Adecuación de los permisos de pesca y Ley 31749

Otro caso importante es la R.M. 407-2025-PRODUCE, publicada el 26 de noviembre de 2025.

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/7442394-407-2025-produce

Esta resolución dispuso publicar un proyecto de decreto supremo sobre el proceso de adecuación de los permisos de pesca artesanal al D.S. 002-2025-PRODUCE.

Es importante distinguir que la resolución de publicación de un proyecto no equivale a la aprobación definitiva de ese proyecto.

Aquí corresponde investigar:

•          Qué permisos necesitan adecuación.

•          Cuántos pescadores y embarcaciones están involucrados.

•          Qué documentación se exige.

•          Cuáles son los plazos y costos.

•          Qué ocurre con los permisos previamente otorgados.

•          Si existen mecanismos para resolver discrepancias documentales.

•          Si se consideraron los derechos y situaciones preexistentes de los pescadores.

La Ley 31749 tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de los pescadores tradicionales y artesanales. Por consiguiente, su reglamentación debe evaluarse también en función de ese objetivo social, no solamente desde la perspectiva de clasificación y control de embarcaciones.

Siendo la clasificación nueva de embarcación de menor escala el principal problema que ocasiona resistencia. ¿No sería saludable establecer un mecanismo de discusión que proponga una alternativa satisfactoria para todos?

 


Un bolichito, por el hecho de tener macaco (equipo auxiliar, solo de apoyo al final de la pesca efectiva), deja de ser artesanal para convertirse en menor escala. Esto puede ser políticamente útil; pero ¿es socioeconómica y técnicamente correcto?

La conclusión preliminar es que el Estado ha desarrollado instrumentos de regulación y control, pero no ha demostrado resultados equivalentes en el mejoramiento de las condiciones económicas y productivas de la pesca artesanal.

8. Hacia una política normativa realmente orientada al desarrollo de la pesca artesanal

La solución no consiste en eliminar las regulaciones. Consiste en cambiar el enfoque de la política pública.

9. El problema no es la ausencia de normas, sino la calidad de la política pesquera

La pesca artesanal peruana necesita un Estado que conozca la actividad que pretende regular.

No basta con producir decretos supremos y resoluciones ministeriales, establecer procedimientos administrativos, exigir certificados, imponer obligaciones de seguimiento o aumentar la fiscalización.

El desarrollo de la pesca artesanal exige comprender la economía de la faena, los costos de operación, la disponibilidad de recursos, las condiciones de comercialización, la seguridad en el mar y la realidad social de las comunidades pesqueras.

La responsabilidad de PRODUCE no termina cuando publica una norma. Comienza cuando debe demostrar que esa norma produce resultados.

La crítica institucional más importante es que la regulación pesquera puede terminar convirtiéndose en un mecanismo para administrar las limitaciones del sector, en lugar de ser un instrumento para superar esas limitaciones.

Y hay una cuestión de fondo: si las autoridades que diseñan las disposiciones no cuentan con suficiente conocimiento de la actividad, no consultan adecuadamente a los pescadores y no evalúan las consecuencias económicas de sus decisiones, el resultado puede ser una normativa formalmente ordenada, pero alejada de las necesidades de quienes viven de la pesca.

10. Una investigación de mayor alcance

Se considera que el trabajo debería avanzar hacia una auditoría normativa de la pesca artesanal peruana, con tres componentes:

•      Auditoría jurídica: inventario de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales y demás disposiciones de PRODUCE, identificando modificaciones, contradicciones, duplicidades y vacíos legales.

•      Auditoría institucional: identificación de los funcionarios y órganos responsables de elaborar las normas, sus competencias, sustento técnico, consultas y mecanismos de evaluación.

•      Auditoría económica y social: comparación de las obligaciones impuestas con los ingresos, costos, infraestructura, financiamiento y condiciones de trabajo de los pescadores.

El resultado debería ser una matriz que permita calificar cada norma y determinar si contribuye al desarrollo de la pesca artesanal, si es neutral o si genera costos y restricciones que perjudican al pescador.

Fotos: Revista Pesca