El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
18 de octubre de 2014
EL REORDENAMIENTO DE LA ANCHOVETA
El proyecto de decreto supremo que aprueba las normas
para el fortalecimiento del ordenamiento pesquero del recurso anchoveta
publicado casi simultáneamente con el informe del IMARPE sobre la crítica
situación de dicho recurso, es una evidencia de que el sector trabaja bajo
cuerdas separadas.
La norma pretende establecer puntos de desembarco, y
fijar una cuota anual de captura para el CHD. Pero con el pequeño stock de
anchoveta informado por el Instituto del Mar, la intención de ordenamiento no
podía ser más inoportuna. ¿Qué límite máximo de captura se puede fijar con una
biomasa que no permite su extracción sana sin comprometer más al recurso?
Los permisos de pesca para la captura de anchoveta por
las embarcaciones de menor escala vuelven al ámbito de control del Ministerio,
lo que implica que este este organismo será el responsable de su fiscalización
y control. Esto requiere de recursos financieros que permitan implementar
mecanismos y personal de control.
¿De dónde van a salir estos si por efecto de
la probable suspensión de la temporada de pesca el Estado cobrará menos por
derechos de pesca y por impuesto a la renta?
La norma puede ser buena o mala o susceptible de ser
mejorada según diversos puntos de vista; pero publicarla casi en simultáneo con
el informe del IMARPE es poco prudente.
En declaraciones al diario El Comercio el 17 de octubre
la autoridad de pesquería expresó que “en cuanto a la decisión de incrementar
el derecho de pesca al sector industrial, mencionó que eso aún sigue en
evaluación.
Sin embargo, consideró que en la medida que la pesca para consumo
humano directo (CHD) se vaya ordenando también debería contribuir con el pago
de este derecho”. “Cuestionó que la contribución de la pesca industrial es
baja, de solo US$6 por tonelada de anchoveta”. Esto es un error. EL derecho de
pesca es el 0.25% del valor FOB de la tonelada exportada de harina de pescado.
Si fuese su precio US$1,500, el derecho de pesca a pagar sería de US$3.75 y no
de 6 dólares, que además no se cobrarán si no se asigna cuota para la
temporada”.
Por otro lado, la misma nota dice que el Ministerio de
la Producción (Produce) inaugurará en quincena de diciembre un nuevo centro de
seguimiento satelital para fiscalizar la pesca de la anchoveta, el mismo que se
convertirá en el más moderno de la región, adelantó el viceministro de
Pesqueria, Juan Carlos Requejo.