El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
13 de marzo de 2016
¿Y la pesca en estas elecciones?
SEÑORES CANDIDATOS: ¿Y LA PESCA?
Con la atención centrada en la lucha que
libran los candidatos para seguir en carrera, la expectativa de muchos sectores
sobre propuestas programáticas está quedando totalmente desairada en esta competencia
electoral. Uno de los sectores que precisa conocer de manera urgente la visión
política de los aspirantes a gobernar nuestro país en los próximos 5 años, es
el pesquero.
Razones tiene de sobra. En el año 2018 vence
el período de vigencia del aporte social obligatorio de $ 1.95, creado mediante
la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 1084 – Ley de Cuotas –,
hecho que afectará la sostenibilidad del nuevo régimen pensionario de los
pescadores creado por la Ley 30003, por ser uno de sus principales soportes.
Ese año también se rompe el candado jurídico que puso el armador en la misma
norma como condición de su aporte y que le permite mantener sin alteración el
monto y la forma de cálculo de los Derechos de Pesca que paga por cada tonelada
de anchoveta que extrae. Actualmente, ese pago se calcula en base al 0.25% del
valor FOB de la harina de pescado por tonelada extraída. Si tomamos en cuenta
el precio promedio que ha tenido la harina este año, el armador solo paga
alrededor de 4 dólares por tonelada. Monto irrisorio, que no compensa los
enormes pasivos ambientales que deja y que el Estado los asume sin que el
timorato gobernante de turno siquiera pestañee.
Como dato adicional, cabe señalar que el 50%
de los Derechos de Pesca y el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las
empresas pesqueras, constituyen los aportes al Canon Pesquero, cuya
distribución necesita ser replanteada por la atomización actual que sufre y que
no permite que se cumplan con sus reales objetivos. Como muestra, habría que
preguntarnos cuánto y a dónde han ido a parar los recursos correspondientes al
Canon Pesquero que han sido transferidos al gobierno regional de Ancash y a sus
municipalidades provinciales y distritales en los últimos años.
Se necesita saber también la opinión de los
candidatos en cuanto a la restitución del Ministerio de Pesquería, o sobre el
fortalecimiento del IMARPE como ente científico en el que se basan las
disposiciones de PRODUCE y cuya credibilidad ha sido cuestionada en las últimas
temporadas de pesca, o sobre el manejo equivocado de competencias en la pesca
de anchoveta al compartirlas con los gobiernos regionales que muchas veces se
convierten en cómplices en la producción ilegal de harina de pescado, como es
en el caso de Ancash.
Hay mucha expectativa para escuchar a los
candidatos hablando sobre estos temas. Ojalá que lo hagan pronto.
NOTA DE PESCA
Es improbable que lo hagan. Si no lo hicieron desde el
comienzo, como parte componente de un plan general de gobierno, de una
filosofía y de un concepto ¿porqué habrían de hacerlo a pocas semanas de la
elección? Sería una improvisación electorera, nada creíble y además comprometedora
en cualquier escenario. Después de la función ya no hay ensayo.
Gane quien gane,
el único ganador real será, como siempre ha sido, la gran industria, la defensa
del modelo y del sistema que ofrece más de lo mismo: todo para los pocos, nada
para los muchos.