El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
30 de marzo de 2018
Pesca abril 2018 Editorial
Existen opiniones referidas al importe de la tasa
actual de los derechos de pesca, que muchos consideran demasiado bajos, que
podrían ser incrementados al cumplirse en 2018 los diez años que el DL 1084
dispuso se congelen los derechos de pesca de anchoveta.
Hacer un incremento de dicha tasa nada más, sería una
medida poco racional. El verdadero punto del debate debería estar en establecer
que la explotación de recursos naturales debe beneficiar a todos los peruanos y
no a unos cuantos, así como que todos quienes realizan esfuerzo extractivo de
pesca deben pagar un derecho.
Enfocar el análisis para generar medidas integrales es lo
óptimo, ya que hay pesquerías (como la anchoveta destinada al CHI) con
sobrecostos, (laborales principalmente), que solo favorecen a pequeños grupos de
trabajadores que laboran alrededor de la industria reductora y no a todo el
país; y hay pesquerías que no pagan
ningún derecho.
Los “derechos de pesca”
deben ser el justiprecio que el extractor paga a la Nación por el
privilegio de usufructuar un recurso natural que es propiedad de todos los
peruanos. Deben estar vinculados con el impacto que la extracción de peces
causa sobre el ecosistema, independientemente de que genere utilidades o no, ya
que la extracción se produce en forma independiente de los resultados del
balance, el cual está sujeto a otras variables. Se pueden extraer miles de
toneladas de peces y perder dinero por una mala gestión, por lo cual no se
pagaría impuesto a la renta; pero el impacto generado a la biomasa y al
ecosistema permanece, con ganancias o sin ellas. Por ello el concepto de
“derecho de pesca” es la única forma con la cual el extractor aporta al país.
Las especies capturadas por la flota artesanal se
encuentran exoneradas, por ley, de pagar derechos de pesca. Cuando se promulgó la Ley General de Pesca
que establece las tasas y las especies que están afectas al pago, la situación
pesquera nacional y mundial era totalmente diferente. La pota no constituía un
recurso principal y la anchoveta solo se destinaba a la harina. Estas últimas destinadas
al congelado y enlatado, son los principales recursos de exportación del sector
de CHD. Al no ser consumidos dentro del
Perú y no pagar derechos de pesca ¿qué beneficios le traen al ciudadano peruano
que no labora para el sector pesquero?
La recaudación de derechos de pesca, efectuada por el
Ministerio de la Producción, transfiere el 50% al canon pesquero y se queda con
el saldo. Si es utilizado en gasto corriente del propio Ministerio, ¿en qué
beneficia al ciudadano y al país? No existe rendición de cuentas de este dinero
en forma transparente y específica. No sabemos cuál es su destino.
El canon pesquero se reparte entre los gobierno locales y
regionales en base a unos índices que calcula el Ministerio de Economía y
Finanzas que necesitan ser revisados. ¿En qué se invierten? No se sabe. Las
cifras que se transfiere a gran cantidad de municipalidades distritales es tan
poca, que constituye, realmente, una burla y tampoco se conoce su destino.
Parte de la agenda pendiente en cuanto a derechos de pesca, consiste en
modificar la base legal del canon pesquero y los índices de distribución.
La ley general de pesca, dice literalmente “Los ingresos que genere el pago de tales
derechos, constituyen recursos propios del Ministerio de Pesquería”. Actualmente
la Ley del canon constituye una
modificación de la norma al partirlos en dos: una parte para el canon y otra
para Produce. Lo debido, ahora, es destinar este último 50% a inversión en programas
sociales de alimentación. El punto es que la pesca beneficie a las mayorías y
no solamente a los pesqueros.
La página 55 de la presente edición contiene
las cifras que muestran cómo se efectúa la transferencia del canon pesquero. La
página 4 muestra una data histórica desde 1998.
La
revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y
de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes,
que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de
contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas
publicadas.
Siendo
la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común,
pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual derivada
del análisis de los artículos. Se publica en forma mensual, en formato
digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector
pesquero y mantenerse informado sobre su temática.
Para
mantenerse informado los invito a formar parte del grupo “Pesca y Mar”, en
Facebook, que además transcribe información periódica de relevancia para el
sector pesquero.
20 de marzo de 2018
LAS REFORMAS EN LA PESCA PERUANA ¿SERIAN POSIBLES?
Nuestra pesquería requiere de cambios.
Pero ¿sería esto posible?
En un sistema en el cual dar leyes
requiere mucho tiempo y en el cual los funcionarios del sector no duran el
tiempo suficiente para hacer algo significativo, probablemente no sería posible.
Sin un interés total y un seguimiento
constante por parte de la Presidencia de la República, la ejecución de un plan
de reformas, aún encargándolo a un Ministro íntegro, honesto y con
conocimiento de la problemática sería imposible.
Por otro lado, ni la autoridad de pesquería ni los partidos políticos han presentado una agenda o un proyecto de políticas
de Estado para la pesquería que sugiera reformas de fondo. El Acuerdo
Nacional tampoco tiene un instrumento de políticas apropiado a las necesidades
de cambio actuales del sector pesquero.
En este contexto, solo sería posible
pensar en dos o tres objetivos de corto plazo que puedan formar parte de una
política de gobierno y que se puedan ejecutarse en el tiempo que dura un gobierno.
Estos objetivos deben ser consensuados entre administrados, administradores y sociedad
civil.
Las acciones básicas deben proveer
difusión de información sobre el sector, estimular el interés por parte de la
ciudadanía por estos temas y mostrar integridad y despojo de cualquier interés
de parte.
En un medio en el cual nadie puede
controlar efectivamente el cumplimiento de las normas, la mejor garantía del
cumplimiento de las mismas, en especial las de protección al recurso y al
ambiente, será que aquellos que de una u otra forma actúan en el sector,
asuman conciencia de que detrás de la norma hay una lógica irrefutable y una
necesidad incuestionable.
La introducción de un modelo
educativo para el sector se torna cada vez más un imperativo. Este
modelo debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y
tripulaciones. Debe ampliar su radio de acción a todos los trabajadores de la
industria pesquera en tierra, a todas las comunidades de pescadores marítimos y
continentales y difundir información a las poblaciones costeras y aledañas a
ríos y lagos.
Debe ir más allá de lo tradicional y educar en temas de
protección al ambiente y a las poblaciones ícticas, debe incursionar en temas
que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad
compartida de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces, como elemento
clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.
La definición de objetivos
estratégicos y su inclusión en un plan de gobierno o política de gobierno o de
Estado, es apenas el primer paso. Es una declaración de intenciones, es el
inicio del camino. En términos prácticos, los cambios o reformas estructurales
se activan únicamente a través de los instrumentos de gestión apropiados, los
cuales son una ley, decreto supremo, resolución suprema o resolución
ministerial. Mientras una política o un objetivo estratégico no aterriza en
cualquiera de estos documentos de gestión, no deja de ser una declaración lírica
que muestra voluntad política; pero no evidencia una decisión política con
efectos reales.
26 de febrero de 2018
La rentabilidad social de la pesquería peruana
La mayor parte de los análisis y
comentarios sobre la pesca que aparecen en los medios, apuntan a evaluar su
desempeño en términos de crecimiento, impacto sobre el PBI y rentabilidad
económica. Comentaristas y analistas salen a la luz cuando pueden generar un
impacto mediático en base al tema pesquero del día, que generalmente es por
algún escándalo, problema o queja. Después de 48 horas el asunto queda
olvidado, como todo en la prensa peruana.
Pero no se dice que es lo que gana el país en términos de
rentabilidad social, de reducción de la desnutrición y de alivio del hambre en
las poblaciones más necesitadas. Las mayorías peruanas no forman parte del
sector pesquero; pero son propietarias de sus recursos, mereciendo ser
atendidas y debidamente informadas. Con conocimiento de la pesca, tal vez
podrían exigir una gobernanza justa y adecuada de sus peces, moluscos y
mariscos.
La estadística pesquera es deficiente en términos de
oportunidad de su difusión. A febrero de 2018, el boletín estadístico mensual
que publica PRODUCE solo exhibe en su web el correspondiente a mayo de 2017. En
cuanto al anuario estadístico anual, a la misma fecha solo se encuentra
publicado el correspondiente a 2015. ¿Cómo se pueden realizar análisis y/o
tomar decisiones sobre pesca en ausencia de información actualizada, o
administrarla debidamente?
Hace años que la sociedad peruana viene asistiendo a una
confrontación estéril e infructuosa sobre diversas problemáticas pesqueras,
especialmente las referidas a la industria de harina de pescado. Los ciudadanos
somos simples espectadores de enfrentamientos y debates interminables entre
administrados y autoridades sobre un recurso natural que no es propiedad del
sector pesquero, sino de la Nación. Nadie nos dice que los peruanos tenemos derecho
a disfrutar de una alimentación saludable proveniente de los recursos
pesqueros. Más allá de noticias periódicas sobre la incidencia en el PBI, y
sobre impuestos y costos que no nos generan beneficio directo alguno, no
sabemos qué ganamos cada uno de nosotros.
¿Cuánto tiempo más debe el Perú soportar la ausencia de
una visión de largo plazo de la pesquería, la inexistencia de una política de
Estado que garantice el bienestar y la salud de todos los peruanos y dejar de
ser simple observador de una confrontación
por la pesca de anchoveta?
Necesitamos una agenda pesquera que genere consensos y
resultados para toda la población.
El fin de la pesca no puede ser solo la ganancia
empresarial o personal de unos pocos.
La pesquería no puede ser administrada en base a la
intriga y la improvisación, o para satisfacer los intereses de unos cuantos. Su
fin mayor debe ser el bienestar de las mayorías, sin que ello signifique que sus operadores no disfruten de las ganancias
de su trabajo. Se requiere evaluar la rentabilidad social del negocio pesquero
porque el insumo principal, los peces, mariscos y moluscos, son de todos
nosotros.
Mientras el país siga administrado por funcionarios
improvisados dominados por paradigmas, que rotan con demasiada velocidad, que
no poseen un objetivo de largo plazo; y mientras los ciudadanos mantengamos una
cultura de indiferencia y pasividad por la cosa pública, estamos condenados al
deterioro económico, moral y ambiental del país.
La corrupción no es el único problema nacional. La
indiferencia y la inacción ciudadanas podría ser peor.
La
revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y
de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes,
que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de
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la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común,
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28 de enero de 2018
Improvisación y ausencia de agenda pesquera
La promulgación del DS 021-2017
PRODUCE, que flexibiliza el ROP del atún en cuanto al plazo de entrega del 30%
del atún capturado por embarcaciones de bandera extranjera a plantas nacionales,
ha generado reclamos y cuestionamientos por parte de los industriales
conserveros peruanos.
Pero más allá del hecho en sí mismo, lo que se ha puesto
en evidencia, es que, al parecer, existen funcionarios con determinados niveles
de autoridad o de influencia que son los que en realidad dictan la política
pesquera nacional. Es improbable que el anterior Ministro de la Producción haya
medido el impacto de la norma en cuestión, debido a su escasa experiencia en la
materia. Lo que nos lleva a especular que alguien con algún interés en el tema
sorprendió a la Autoridad de Pesquería al otorgar beneficios indebidos a
algunas embarcaciones extranjeras; pero que resulta perjudicando a la industria
pesquera domiciliada en el país. ¿O no?
Este tipo de normas que modifican las reglas de juego, que
desconciertan al inversionista y que crean incertidumbre, se facilitan por la inexistencia
de una visión oficial de la pesquería para el largo plazo y la ausencia de una
Política de Estado. Colabora con ello la presencia de funcionarios temporales sin
experiencia ni conocimiento de la pesca, lo que abre un espacio de poder a otros
funcionarios, cuyas recomendaciones pueden no estar dirigidas a favorecer a las
mayorías nacionales o a la industria local, sino estar al servicio de intereses
de parte.
Enfrascados en el día a día, consumidos por el
inmediatismo y la improvisación ante temas que no conocen debidamente, la
pesquería peruana no tiene un rumbo.
La inexistencia de una agenda y/o política pesquera
técnicamente elaborada y consensuada con administrados y sociedad civil, sugiere
que algunos aspectos de la pesca en el país pueden estar siendo manejados
indebidamente. La promulgación de este dispositivo en particular, amerita ser
investigada por las instancias pertinentes a fin de descartar cualquier
posibilidad de que responda a un hecho de corrupción.
Los industriales planean sus actividades y suscriben contratos basados en
la estabilidad jurídica y normativa del país. No pueden funcionar eficazmente
bajo la incertidumbre y el riesgo de no saber qué capricho o idea de algún
funcionario se impondrá sobre ellos para demoler en un momento la totalidad de
sus esfuerzos y planes. Si no se respeta el ordenamiento jurídico, quedamos
desprotegidos frente al omnipotente poder de cualquier funcionario que cree que
puede hacer lo que quiere. En este caso se violó la norma que obliga a pre
publicar el dispositivo.
Las normas podrían estar técnicamente bien elaboradas y
hasta ser legales; pero más allá de la justificación técnica, ¿es lo debido? La
industria pesquera y el país deben ser informados de las razones que han
llevado al Ministerio de la Producción a promulgar este Decreto Supremo y porqué
se favorece a flotas extranjeras en
perjuicio de la industria nacional.
La ciudadanía debe conocer quién es el gestor de este
dispositivo, cuáles sus argumentos justificatorios y para quién fue diseñado
porque finalmente, viéndolo en un
contexto amplio, ese es el problema de fondo y la gravedad que trasciende al
hecho en sí mismo. Hoy es el atún y la conservería, mañana puede ser la
anchoveta o la pesca artesanal. ¿Y antes qué podrá habrá sido?
Mientras tanto, se espera que cesen las confrontaciones
en el sector y que asuman autoridades con experiencia en pesca, moralmente
íntegras y con vocación de servicio por el país, que actúen en beneficio del ciudadano común que quiere pescado de
precio accesible a su bolsillo y sirvan al que no tiene acceso al mismo.
¿Acaso el Estado no existe para el servicio de las
mayorías?
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31 de diciembre de 2017
El jurel en el Pacifico Sur y el Peru
En 2016 PRODUCE estableció un
marco de lineamientos para asignar la cuota de captura del jurel de altamar,
asignada por la OROP P-S, de manera supletoria o complementaria a la flota
nacional. En 2017 se modificaron dichos lineamientos, a fin de que Perú pueda
aprovechar su cuota de jurel en altamar dentro de su jurisdicción, en la medida
que luego de varios años no hubo esfuerzo pesquero peruano en el área descrita.
Se dice que es mejor que el Perú esté dentro de la
OROP-PS que no estarlo, ya que no estar presente en dicha organización con voz
y voto, por su posición geográfica, es
perjudicar al país en las proyecciones de largo plazo con respecto no sólo al
jurel, sino a otros recursos transzonales, como la pota.
Dado que la flota nacional decide pescar sólo en aguas
nacionales, el Estado habría encontrado como mecanismo de aprovechamiento de los
recursos pesqueros que se encuentren más allá de las 200 millas, específicamente
en el caso de del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur,
acudir a embarcaciones de bandera extranjera.
Si a la flota nacional no le interesa participar y el
Estado no encuentra mecanismos eficaces para incentivarlos, ¿cuál es el
beneficio práctico, más allá del diplomático, geopolítico o geoestratégico de
insistir en pertenecer a dicha organización?
En términos reales, ¿qué gana el Perú con eso? ¿Derechos
de Pesca? Si está cobrándolos, deberíamos saber cuánto estamos cobrando y
cuánto nos cuesta pertenecer a la OROP en términos de viajes y cuota anual por
la membresía. De pronto la relación beneficio costo sale negativa para el país.
¿Qué hace falta para que el empresario peruano realice
esfuerzo pesquero sobre el jurel en la jurisdicción de la OROP-PS y no debamos
recurrir a extranjeros?
El tema de fondo es que no existe una visión de la
pesquería para el Perú ni una Política de Estado para el sector, como afirma
habitualmente la revista Pesca. De lo contrario, si tuviésemos idea de lo que
queremos como país, tendríamos un marco promotor que incentive eficazmente a embarcaciones
de bandera peruana a operar en toda la jurisdicción de la OROP del Pacífico Sur
y en el triángulo del Sur, donde tampoco hay información, visible por lo menos,
de actividad extractiva. Este es el conocido Triángulo que el Perú obtuvo luego
del fallo de la Haya en relación a nuestra frontera marítima con Chile. Tampoco
hay mucho interés por la captura de atún al punto de que se estableció un
procedimiento de fletamiento de la cuota, es decir que alquilamos una parte o
toda nuestra cuota obtenida luego de arduas negociaciones en el marco de la
CIAT.
Si el sector privado no está operando en las áreas
descritas, debe existir un razonable motivo o una causa que les impide hacerlo.
Estas razones no están, aparentemente, debidamente atendidas por la autoridad
de pesquería en la medida que los resultados son evidentes: No hay presencia
peruana en estas zonas. Y si la hay, no lo sabemos por ausencia de comunicación
desde el Gobierno sobre estos temas.
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1 de diciembre de 2017
Fondepes y la pesca artesanal
El pliego 59, Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero ha ejecutado al 30 de noviembre, el 54.7% de su presupuesto
destinado al fortalecimiento de la pesca artesanal en infraestructura pesquera.
Le falta ejecutar la suma de S/42,545,045 estando a 30 días del cierre del año.
La ejecución de más de 43
millones anunciada para 2018 en esta nota puede ser complicada, sobre todo
porque según fuentes periodísticas de fecha 27 de noviembre del 2017, se
resuelve Declarar la Nulidad del Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento
de selección de la Licitación Pública Nº 003-2017-FONDEPES, destinada a la
ejecución de la Obra “Mejoramiento de Servicios del Desembarcadero Pesquero
Artesanal de Ilo”, o sea que regresa al momento previo anterior al otorgamiento
de la Buena Pro, a cargo del Comité de Selección. Lo que significa, obviamente
menor posibilidad de gasto. Este DPA tiene un presupuesto de 5,978,321 de los
cuales se ha devengado 386,822 a la fecha.
En el siguiente cuadro se puede apreciar la ejecución del gasto presupuestal al 30 de noviembre y el nivel de avance de cada uno de los proyectos de inversión que se viene realizando.
28 de noviembre de 2017
El tema central en la pesquería peruana
El tema central en la pesca
peruana y la información que se maneja en los medios, gira principalmente
alrededor del PBI y el comercio exterior: exportar e importar. Omite el mercado
nacional y toda su problemática y necesidades.
Tenemos un Ministerio de Comercio Exterior y una
Asociación de Exportadores. Pero no tenemos una Institución que vele por el
mercado interno, que equilibre la oferta de productos pesqueros y se preocupe
por las mayorías nacionales más necesitadas de proteína.
El Perú necesita una pesquería que produzca, en primer
lugar, alimentos variados sanos y accesibles para nuestra población y después
para el mercado externo.
Para ello es necesario que la sociedad peruana preste
atención a la explotación de los recursos pesqueros, a fin de intervenir y
demandar su justa participación en los beneficios procedentes de la actividad
de pesquera.
Se necesita fomentar, mediante la educación, una
auténtica conciencia de cultura pesquera y de sostenibilidad ambiental.
Es deber del Estado prestar preferente atención al
desarrollo de un modelo educativo o informativo que tenga como principal
público objetivo no solamente a las comunidades de pescadores, sino a las
poblaciones costeras, lacustres y fluviales. Este modelo debe proporcionar a la
población la información necesaria para conocer los procesos que ocurren en el
mar, ríos, lagos y lagunas, en relación con los productos hidrobiológicos que
albergan.
Ello permitiría que los ciudadanos peruanos, legítimos
propietarios de los recursos hidrobiológicos, conozcamos por lo menos, la
información básica sobre ellos, sobre las medidas que debemos adoptar para
asegurar su sostenibilidad y la protección del ambiente y también para conocer
hacia que poblaciones y mercados se están dirigiendo nuestros productos
pesqueros.
El interés nacional, entendido como la defensa del bien
común y del bienestar de las mayorías, impone:
1.
Disponer de políticas que puedan proteger los recursos
pesqueros para las generaciones futuras.
2.
Una adecuada participación en las ganancias que obtienen
quienes se ven beneficiados por la concesión de explotación de un bien común, que
es patrimonio de toda la Nación.
3.
Disponer de información que nos permita saber cómo es que
estos recursos son explotados, por quiénes y qué es lo que recibimos a cambio
de esa concesión que el Estado, en nuestra representación, otorga a determinadas
empresas o personas naturales.
4.
Disponer de políticas que prioricen la alimentación de
los peruanos, en especial de las poblaciones vulnerables con carencias de
proteína.
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29 de octubre de 2017
Consenso en la pesca y visión de largo plazo en Perú
Es importante saber que, en el
ejercicio del poder, la aplicación de
políticas de Estado y/o de gobierno, deben ser ejecutadas por una administración cuyos miembros rotan
constantemente y que incorpora funcionarios, muchas veces, poco conocedores del
tema para el cual son designados. Se agrava la situación con el poco tiempo que
duran en la función. Llegan nuevos funcionarios e incorporan personal nuevo. Se
van y esas personas que llevaron también son reemplazadas por el nuevo jefe. No
solo cambian personas, sino que generalmente también se cambia la agenda,
exista o no un PESEM aprobado y vigente.
Entre el 2006 y el 2017 ha habido 12 ministros y 10
viceministros. Cada uno de ellos ha introducido cambios de personal y de
agenda. Las consecuencias son la ausencia de continuidad en las políticas del
sector.
Es una situación inevitable en la medida que las
decisiones políticas, en un sistema democrático, se sustentan en el derecho
concedido en el acto electoral por el pueblo a las autoridades elegidas. Este
derecho les permite designar a los funcionarios responsables para administrar
el país, teóricamente, en beneficio de las mayorías. Todo es legal, aunque no necesariamente es lo
debido y lo conveniente para el país.
Es necesario que el Estado intervenga en la explotación
de recursos naturales, no solo para asegurar su sostenibilidad, sino para
priorizar la atención al mercado nacional en el caso de los recursos
hidrobiológicos. Tiene que ser actor en un sector en el que se trabaja con
activos cuya propiedad es de toda la Nación, como es el caso de los peces,
crustáceos y moluscos.
El equilibrio necesario para la administración y gestión
de la pesca requiere de un consenso y una participación de los principales actores.
Hoy día solamente la industria pesquera a través de sus dos principales
gremios, la SNP y la SNI, tiene una presencia importante y fuerte, que es
visible en los medios de comunicación. Ambas son dialogantes con el Estado en
defensa de sus intereses, precisamente por la falta de políticas de Estado, lo
que genera altas probabilidades de cambios frecuentes de funcionarios y de
agenda. Pero también aportan a la gobernanza del sector.
Sin embargo para que la ecuación esté completa hace falta
la presencia del mismo nivel por parte de la Pesca Artesanal, la Academia y la
Ciudadanía.
Esta última, como propietaria del recurso pesquero y como
beneficiaria de la actividad pesquera, bien podría estar representada por la
Defensoría del Pueblo. A la fecha, el ciudadano peruano es el gran ausente en la
toma de decisiones y el manejo de sus recursos naturales. Los recursos
pesqueros son de todos los peruanos y debieran ser para todos ellos. No pueden,
por tanto, estar ausentes en la toma de
decisiones sobre la administración de los mismos.
La Pesca artesanal, atomizada y dispersa, requiere de un
gran esfuerzo para unificarse y designar un representante que se siente en la
mesa al mismo nivel y visibilidad que sus pares de la industria pesquera,
defendiendo sus intereses y aportando a la gobernanza también.
La Academia tiene que ser la contraparte de la ciencia
oficial que es manejada por el Estado a través de su ente científico.
Una suerte de “Directorio” o “Consejo”, conformado de
esta manera, no solo legitimaría el manejo pesquero, sino que lo democratizaría
y le daría permanencia y visión de largo plazo.
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1 de octubre de 2017
Revista Pesca octubre 2017: editorial pesca artesanal
La intención de actuar sobre la
pesca artesanal para fortalecerla, es una constante de larga data que se repite
gobierno tras gobierno, año tras año. Pero sin evaluar que las competencias de
los Gobiernos Regionales y el Ministerio de la Producción aún se mantienen en
un estado poco claro y escasamente evaluado, la voluntad de introducir mejoras
se debilita. Hay competencias no transferidas aún y hay desembarcaderos
pesqueros que no han sido entregados a los GOREs.
Para desarrollar efectivamente acciones que conduzcan a
mejorar la pesca artesanal, la primera cosa por hacer debiera ser evaluar las
ventajas, desventajas, conveniencias, fortalezas y debilidades de mantener un
sistema administrativo y regulatorio en cual coexisten dos niveles de
autoridad: el gobierno central y el gobierno regional. Sobre todo porque cada
gobierno regional tiene su propia realidad y problemática y porque las
embarcaciones pueden desplazarse de una región a otra.
Se debe analizar qué funciones y competencias han sido
trasladadas a los gobiernos regionales y cuáles permanecen en Produce, a la
fecha; pero también debe evaluarse los resultados de las transferencias de
competencias ya efectuadas y su impacto sobre el sector artesanal en términos prácticos
y reales.
La problemática de la pesca artesanal y de la
alimentación nacional están indiscutiblemente ligadas y merecen la mejor
atención posible debido a las necesidades alimentarias de la población.
Considerando que es posible anticipar que los tiempos
inmediatos que se vislumbran se presentan, aparentemente calmados y libres de
conflictos con la industria, sería el momento de concentrar esfuerzos en
abordar debidamente la problemática de la pesca artesanal.
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En octubre de 2017 cumple 57 años desde su creación en 1960 por el
Ingeniero Alejandro Bermejo y su esposa Gladys Elsa Esparza, siendo la
publicación especializada más antigua y prestigiosa de la pesquería del Perú.
Renovada al día de hoy, mantiene la línea analítica e informativa diseñada por
nuestro fundador.
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para el sector pesquero.
Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca
correspondiente a OCTUBRE 2017 y a compartirla dentro de sus círculos y redes
sociales.
En formato
revista en el siguiente link:
1 de septiembre de 2017
Editorial Revista Pesca septiembre 2017
El PESEM 2017-2021, recientemente
aprobado, no menciona acciones concretas
en cuanto a la pesca industrial, porque probablemente se haya considerado que
ya no son tan prioritarias como prestar preferente atención a la pesca artesanal,
consumo interno y acuicultura. Existen muchas acciones por ejecutar y problemas
por atender; pero todos ellos podrían enmarcarse dentro del objetivo 3:
“mejorar la cadena de valor de los productos hidrobiológicos”. Aun cuando el
título no define muy bien las acciones estratégicas consignadas, es importante
no confundir el título del objetivo estratégico con las acciones estratégicas.
Que las cosas funcionen o no, es
un tema de voluntad y eficiencia de los funcionarios responsables de ejecutar
los planes. Lo destacable es que el marco conceptual y teórico sobre el cual se
basarán los Planes Operativos del sector y sus presupuestos, a partir de ahora,
para este gobierno por lo menos, son más apropiados que lo que se hizo en
diciembre de 2015.
La actividad industrial de
extracción y procesamiento pesqueros no es la misma de hace diez años. Ha
alcanzado un importante nivel de ordenamiento, regulación y administración.
Probablemente la normatividad vigente aún es perfectible; pero no se puede
negar que es notoriamente superior a lo existente antes de 2008.
Por otro lado, algo está pasando.
Algo está germinando en las mentes de las nuevas generaciones del Perú, que
poco a poco vienen mostrando mayor interés por la pesca y el ambiente, sobre
todo a través de las redes sociales. La participación ciudadana se incrementa y
eso es algo que deberá cambiar la estructura del sector pesquero en los años
por venir. Falta que se incorpore a la ciudadanía a la mesa de discusiones y
toma de decisiones en su calidad de propietaria del recurso pesquero y
consumidor final del producto pesquero. Hasta ahora viene siendo excluida,
olvidando que toda la industria existe en función de un consumidor el cual
tiene derecho a la participación.
La industria pesquera de CHI y la
de CHD son componentes importantes del PBI. Eso es una realidad, por lo
cual no deberían ser objetos de
confrontación. El sector ha perdido mucho tiempo en enfrentamientos estériles
que no han dado resultados positivos para nadie, por lo cual se debe evolucionar
hacia la búsqueda armónica de consensos.
Lo que deberá hacer la industria
es ubicarse en una justa dimensión de contribución a la Nación, legítima
propietaria de los recursos naturales. Deberá basarse en un enfoque
ecosistémico. Deberá ser una industria limpia que no contamine perjudicando la
calidad de vida del poblador costero y seguirá existiendo, dentro de una justa
y adecuada dimensión.
Las poblaciones costeras deberán
organizarse y contribuir al esfuerzo. Su bienestar y el de las futuras
generaciones dependen de lo que hagan o dejen de hacer hoy en defensa de su
calidad de vida, de su sustento, y de la primacía de la realidad. Una realidad
que reclama el diseño de una Política de Estado integral, coherente y de
largo plazo.
Es necesario un escenario sin
conflictos entre la industria y el Estado que permita prestar atención a temas
pendientes. Dentro de ello no cabe ninguna duda de que se encuentra la
problemática de la pesca artesanal, de la acuicultura y de la alimentación
nacional, como prioritarios.
La
revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y
de la pesquería. Proporciona información, ideas y opiniones obtenidas de
fuentes diversas, que tienen por objeto exponer la problemática de la pesca en
el Perú y el mundo.
Los invito cordialmente a leer la edición de
la Revista Pesca correspondiente a SETIEMBRE 2017 y a compartirla dentro de sus
círculos y redes sociales.
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