El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
29 de agosto de 2018
Editorial de la Revista Pesca septiembre 2018
La problemática de la pesca
artesanal peruana requiere de una atención urgente; pero no tan solo en
resolver coyunturas o necesidades del día. Se requiere una atención integral
que abarque sus problemas y necesidades de fondo en primer lugar y como
condición indispensable para ordenar la actividad.
Sin embargo no se puede
ordenar, reformar o resolver la problemática artesanal en ausencia de la visión
de largo plazo de la pesquería peruana. Sin una Política de Estado que nos
marque el rumbo y defina como queremos ver nuestra pesca en veinte quince, diez
y cinco años de aquí en adelante, cualquier medida será temporal, eventual y un
parche sin garantía de continuidad.
La formalización, por
ejemplo es un tema recurrente. Hace poco se generó una discrepancia sobre quién
es la autoridad que concede el permiso de pesca: el Gobierno Regional o
PRODUCE. El punto es que habiendo pasado tanto tiempo, existiendo una ley de
descentralización, el problema hoy está dominado por el origen del permiso,
cuando debiera estar en la parte procedimental. En esta edición recordamos el
tema de los permisos cooperativos.
El tema debiera estar
resuelto y definido desde hace tiempo. La actividad hoy debiera estar
concentrada en la formalización en sí. Y ello implica también una formalización
tributaria, porque solo se viene actuando sobre permisos de pesca y carnet del
pescador embarcado.
La pesca artesanal viene
siendo considerada como sujeto que merece promoción y atención sin que pague
derechos de pesca y tributos. Existe un
sector de verdaderos pescadores artesanales que merecería un trato promocional
y de apoyo social; pero no todos. Lo que implica la necesidad de redefinir el
concepto de quién es pescador artesanal y quien merece el apoyo estatal y quién
no lo necesita.
En un escenario pesquero en
el cual los problemas crecen día a día y las necesidades de alimentación
nacional también se incrementan, no se está enfrentando la situación con la
debida importancia y racionalidad. La rotación de funcionarios es demasiado alta,
entre otras cosas. La ausencia de políticas facilita que cada nueva
administración inserte nuevas ideas o programas, los que no necesariamente responden
a una visión de largo plazo y que finalmente no son sostenibles y/o no son
continuados por las subsiguientes administraciones. Lo que nos lleva a una
situación caótica y de deterioro institucional y sectorial.
El
trabajo que realizan el armador y pescador artesanal es uno de los eslabones
más importante de la cadena productiva,
ya que es el primer contacto con el recurso, y es aquí donde se decide el
destino final que tendrá. El pescador artesanal debe ser consciente de que es
el principal proveedor y debe aprovechar esa situación explotándola en su
beneficio mediante su tecnificación y organización.
Ambos
tienen que desarrollar una cultura empresarial, para lo cual deben ser
motivados y capacitados; pero con respeto, no con paternalismo. Es necesario
estimular un cambio de actitud en los pescadores artesanales, propiciando su
incorporación definitiva al sector empresarial y el abandono de procesos de
baja productividad. El armador artesanal debe convertirse en un micro
empresario altamente tecnificado, formal y tributariamente aportante, debiendo
ofrecer un producto hidrobiológico sanitariamente inocuo.
Finalmente,
estamos frente a un problema normativo y regulatorio que carece de base
científica, por cuanto no hay información que permita saber el estado de salud
y volumen de las biomasas a los cuales accede la pesquería artesanal. En
consecuencia, se pesca sin tener idea de cuáles son los límites máximos de
captura por especie.
La
revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y
de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes,
que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de
contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas
publicadas.
Siendo
la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, la
Revista Pesca pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento
individual. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita
para quien desee conocer el sector pesquero y mantenerse informado sobre
su temática.
Para
mantenerse informado los invito a formar parte del grupo “Pesca y Mar”, en
Facebook, que además transcribe información periódica de relevancia para el sector
pesquero.
Los invito
cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a SEPTIEMBRE
2018 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.
En formato
revista en el siguiente link:
29 de julio de 2018
Derechos de pesca: propuesta se presentaria en agosto
Los recursos pesqueros
pertenecen a la Nación, legítimamente representada por sus autoridades. Es en
ese contexto que el Estado otorga permisos de pesca para la extracción de
recursos naturales, renovables en el caso de los hidrobiológicos. Por tanto, no
son los pescadores ni la industria los propietarios del recurso.
Este concepto elemental no
debe ser olvidado, ya que aparentemente se
ha creado una conciencia colectiva de que son los pescadores e industriales los
propietarios de los recursos pesqueros.
Por el derecho a extraerlos
y lucrar con ellos, es natural que efectúen un pago justo a la Nación, por ser
propietaria del recurso. El Estado actúa como ente recaudador para destinar ese
pago a gastos en beneficio de las mayorías. Es su privilegio y su deber
organizar el destino y empleo de los recursos financieros que la pesquería
aporta. Pero también debe ser liberada de sobrecostos.
La dificultad está en establecer con precisión el
precio de ese derecho de pesca de forma que ni sea tan grande que acabe con la
explotación ni tan pequeño que no haga
partícipe del negocio al país.
El Estado debe participar en forma justa y equitativa
no solamente en la rentabilidad del negocio, sino que, fundamentalmente, debe
ser resarcido por los impactos que la pesquería causa sobre el ecosistema y el
medio ambiente, los cuales son independientes de las utilidades económicas del
negocio.
Esto tiene que ser entendido en su verdadero contexto.
El impuesto a la renta de tercera categoría es una participación en las
utilidades empresariales. Pero ocurre que una empresa puede tener grandes,
medianas o pequeñas utilidades; o aún pérdidas. Sin embargo para llegar a
cualquiera de esos niveles de utilidad o pérdidas, se ha efectuado una
extracción de recursos pesqueros con los efectos inevitables que ello produce
sobre el ecosistema y el ambiente. Por ese solo acto el Estado merece una
compensación adecuada.
Más allá de que, tal como ha
anunciado el Ministro de la Producción, en agosto se presentaría la propuesta
sobre la nueva tasa de derechos de pesca para la anchoveta, se requiere de
varias acciones paralelas: La
publicación del uso que se da a los derechos de pesca; normar que el empleo de dichos recursos sea
controlado en forma detallada; revisar los índices de distribución del canon
pesquero; evaluar la incorporación de especies a la afectación de derechos de
pesca, como la pota.
Cabe mencionar que según publicación
del diario El Comercio del 19 de julio, “en los primeros cinco
meses del 2018, Perú se consolidó como el principal exportador de pota en América Latina, superando a Chile
y Ecuador, informó el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo. En este período, las exportaciones peruanas de pota
al mundo ascendieron a US$296 millones, lo que significó un
crecimiento de 57% respecto al citado período del 2017 (US$ 189 millones)”.
Sería justo entonces que, al igual que la anchoveta, la pota pagase
algún tipo de derecho de pesca también.
La
revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y
de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes,
que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de
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Siendo
la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común,
pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual derivada
del análisis de los artículos. Se publica en forma mensual, en formato
digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector
pesquero y mantenerse informado sobre su temática.
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29 de junio de 2018
Editorial de la edicion de julio Revista Pesca
Los
ciudadanos peruanos tenemos un reto en la coyuntura actual, el cual consiste en
participar activamente en la política nacional. Participación implica, primero,
informarse debidamente de cada tema vigente desde diversas fuentes,
contrastando opiniones, evaluándolas y formándose su propio juicio. Debatir en
grupos de amigos, laborales y familiares y sacar conclusiones que les permitan
fijar una posición, alejados de la manipulación sicológica impuesta por la
presión mediática en redes sociales y medios de comunicación y/o a través de
operadores políticos que defienden intereses de parte.
Tenemos
que pensar y no asumir necesariamente como ciertas todas las informaciones que
bombardean nuestro intelecto. Nuestro primer mandamiento debe ser: “pensarás”.
En este
contexto, la pesca es una actividad poco difundida y poco conocida por el
ciudadano común. Salvo cuando se transmiten informaciones que pretenden
defender determinados intereses, es muy limitado el conocimiento del mar, ríos
y lagos que se posee. Ello hace vital que se activen mecanismos individuales de
consulta, comparación de informaciones y análisis de la credibilidad de las
fuentes.
Si no
aprendemos a desarrollar juicio propio, a expresarlo y a defender nuestras
opiniones y derechos, nos estaremos adentrando cada vez más en el oscurantismo
provocado por la indiferencia y pasividad ciudadana, dejando al país en manos
de operadores políticos que no defienden a las mayorías y de funcionarios sin
capacidad de imponer una agenda en beneficio de la ciudadanía.
Hasta ahora, nuestra ciudadanía
es incompleta, parcial y fragmentada, por cuanto el ciudadano debe ser el titular
de derechos políticos, además de
derechos sociales y económicos. Se debe buscar el
empoderamiento de ciudadanos y sus organizaciones propiciando formas de participación
más innovadoras y activas. La capacidad de crítica, expresión y propuesta de la
gente requiere del desarrollo de capacidades para la presentación de opciones
ante las iniciativas del Estado. El
ciudadano debe ir hacia el aseguramiento de las libertades públicas y la
integridad, que le garanticen el derecho a comer, vestir, educarse y educar,
habitar y vivir dignamente en un ambiente sano.
Un
ejemplo de la desinformación y falta de análisis se aprecia últimamente en los
comentarios sobre el DL 1084, mal llamado ley de cuotas de anchoveta. Es
evidente que el decreto legislativo y su reglamento no ha sido leído en su
totalidad por muchos comentaristas, ni analizado, ni comprendido debidamente.
Si así
fuese la discusión no estaría centrada en la vigencia de la norma a los diez
años de publicada, porque no hay un solo párrafo que mencione esa posibilidad.
Solamente la primera disposición final menciona un aporte social de US$1.95
para la Caja de Beneficios del Pescador (que ya no existe) por diez años,
período durante el cual se congela la tasa de derechos de pesca.
Si se
entendiese debidamente el tema, las opiniones deberían formarse alrededor de
esta disposición final para fijar posiciones desde la perspectiva de cada
ciudadano, emitir opinión mejor informada y tomar las acciones que se estimen
convenientes.
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30 de mayo de 2018
El poder ciudadano en la pesca
El poder ciudadano elige y nombra a sus
gobernantes, quienes ejercen el poder en su nombre, debiendo defender sus
intereses y atender sus necesidades.
No es al revés, como generalmente ocurre,
debido a la ausencia de un poder ciudadano efectivo y real que haga respetar al
sistema.
El poder nace del pueblo, es para el pueblo
y por el pueblo. Ello requiere acción ciudadana efectiva, que no tenemos en el
país.
Para construir el poder ciudadano es
necesario que cada ciudadano se vuelva activo, se informe, analice desde todos
los puntos de vista cada uno de los temas políticos, económicos y sociales,
piense y fije su posición.
El no hacerlo en forma seria y personal,
coloca a los ciudadanos en manos de la manipulación de la prensa y los
operadores de los poderes fácticos o grupos de interés.
El gran poder de los medios y de los grupos
que controlan la política y la economía ahogan al ciudadano y lo convierten en
un pasivo repetidor de ideas y opiniones de otro.
La pasividad de la ciudadanía es la
responsable de todo lo que ocurre en el país, donde no se gobierna
efectivamente para las mayorías, aunque el discurso político diga que sí.
La incursión en la política nacional, en su
gran parte, obedece no al amor por el servicio a la patria, sino al interés por
el dinero.
Finalmente todo se reduce a dinero para unos
pocos o para unos grupos. El bienestar del país es irrelevante en un sistema en
el cual los ciudadanos no intervienen activamente para hacer respetar su
voluntad y sus derechos. El vacío dejado por ellos, lo cubren los medios y los
operadores políticos que influencian en autoridades que no ejercen el poder en
beneficio de las mayorías nacionales
Somos responsables de las autoridades que
existen porque nosotros las elegimos. Nadie más. No están ahí por accidente o
por designio de nadie, sino por nosotros mismos, que actuamos con ligereza e
irresponsabilidad cuando votamos en las elecciones.
¿O será también que no hay mucho para
escoger a la hora de votar?
Tenemos que informarnos desde varias
fuentes, tenemos que analizar, tenemos que comparar, tenemos que reunirnos en
grupos para cambiar ideas y sacar conclusiones, tenemos que pensar. En la pesca
peruana hay tres temas que están rondando los medios, que ameritan un análisis
integral: los derechos de pesca, tema derivado de los diez años del DL 1084
(Ley de cuotas de pesca de anchoveta), la exploración de petróleo en el mar y
las ventanas de penetración en el sur.
Si no lo hacemos, estamos dejando al país en
manos de operadores políticos y medios de comunicación manipuladores y de
funcionarios, en varios casos, necios y omnipotentes al servicio de unos pocos.
Marcos Kisner
Bueno
Presidente de la
Revista Pesca
28 de abril de 2018
Revista Pesca editorial mayo 2018
La
seguridad alimentaria del país es una responsabilidad de gobierno, por lo cual
tiene que crear las mejores condiciones para la promoción del consumo de
pescado y la atención del mercado nacional en apropiadas condiciones de calidad
e inocuidad.
El último
informe sobre la anemia en el país indica que, según cifras oficiales, existen
19 regiones donde más del 40% de niños menores de tres años sufre de anemia.
La
pesquería peruana tiene un reto y una responsabilidad en contribuir a mejorar
la alimentación de los peruanos, para lo cual se necesita de una agenda
apropiada y consensuada entre los actores del sector.
No se
puede seguir en un ambiente de confrontación y politización mientras el hambre
avanza en las poblaciones más vulnerables.
El
sector pesquero tiene necesidades de reformas de fondo, pero la agenda tiene
que priorizar los temas que son posibles de atender en prioridad, en lo que
queda de este gobierno. Uno de ellos es la anemia y la desnutrición.
Probablemente en 3 años sea imposible resolver toda la problemática sectorial,
pero la reducción del hambre sí podría tener avances importantes y debería ser
prioritaria.
Actuar
en beneficio de la alimentación nacional requiere de recursos que el propio
sector puede proporcionar en un ambiente de diálogo y búsqueda de acciones
rápidas y apropiadas que beneficien a las mayorías nacionales.
La renta
de los actores de la cadena, basada en la extracción de un recurso natural que
es propiedad de todos los peruanos, debe generar una equitativa participación
del Estado en la rentabilidad del negocio, de forma tal que le permita
financiar la construcción y mejoramiento de infraestructura; las acciones de
investigación y fiscalización; y la creación de programas sociales para la
alimentación de las poblaciones más vulnerables.
Es
necesaria la reestructuración de las tasas y aportes a los que hoy está
obligado el sector, eliminando sobrecostos, mejorando la recaudación y
racionalizando las transferencias del canon pesquero.
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30 de marzo de 2018
Pesca abril 2018 Editorial
Existen opiniones referidas al importe de la tasa
actual de los derechos de pesca, que muchos consideran demasiado bajos, que
podrían ser incrementados al cumplirse en 2018 los diez años que el DL 1084
dispuso se congelen los derechos de pesca de anchoveta.
Hacer un incremento de dicha tasa nada más, sería una
medida poco racional. El verdadero punto del debate debería estar en establecer
que la explotación de recursos naturales debe beneficiar a todos los peruanos y
no a unos cuantos, así como que todos quienes realizan esfuerzo extractivo de
pesca deben pagar un derecho.
Enfocar el análisis para generar medidas integrales es lo
óptimo, ya que hay pesquerías (como la anchoveta destinada al CHI) con
sobrecostos, (laborales principalmente), que solo favorecen a pequeños grupos de
trabajadores que laboran alrededor de la industria reductora y no a todo el
país; y hay pesquerías que no pagan
ningún derecho.
Los “derechos de pesca”
deben ser el justiprecio que el extractor paga a la Nación por el
privilegio de usufructuar un recurso natural que es propiedad de todos los
peruanos. Deben estar vinculados con el impacto que la extracción de peces
causa sobre el ecosistema, independientemente de que genere utilidades o no, ya
que la extracción se produce en forma independiente de los resultados del
balance, el cual está sujeto a otras variables. Se pueden extraer miles de
toneladas de peces y perder dinero por una mala gestión, por lo cual no se
pagaría impuesto a la renta; pero el impacto generado a la biomasa y al
ecosistema permanece, con ganancias o sin ellas. Por ello el concepto de
“derecho de pesca” es la única forma con la cual el extractor aporta al país.
Las especies capturadas por la flota artesanal se
encuentran exoneradas, por ley, de pagar derechos de pesca. Cuando se promulgó la Ley General de Pesca
que establece las tasas y las especies que están afectas al pago, la situación
pesquera nacional y mundial era totalmente diferente. La pota no constituía un
recurso principal y la anchoveta solo se destinaba a la harina. Estas últimas destinadas
al congelado y enlatado, son los principales recursos de exportación del sector
de CHD. Al no ser consumidos dentro del
Perú y no pagar derechos de pesca ¿qué beneficios le traen al ciudadano peruano
que no labora para el sector pesquero?
La recaudación de derechos de pesca, efectuada por el
Ministerio de la Producción, transfiere el 50% al canon pesquero y se queda con
el saldo. Si es utilizado en gasto corriente del propio Ministerio, ¿en qué
beneficia al ciudadano y al país? No existe rendición de cuentas de este dinero
en forma transparente y específica. No sabemos cuál es su destino.
El canon pesquero se reparte entre los gobierno locales y
regionales en base a unos índices que calcula el Ministerio de Economía y
Finanzas que necesitan ser revisados. ¿En qué se invierten? No se sabe. Las
cifras que se transfiere a gran cantidad de municipalidades distritales es tan
poca, que constituye, realmente, una burla y tampoco se conoce su destino.
Parte de la agenda pendiente en cuanto a derechos de pesca, consiste en
modificar la base legal del canon pesquero y los índices de distribución.
La ley general de pesca, dice literalmente “Los ingresos que genere el pago de tales
derechos, constituyen recursos propios del Ministerio de Pesquería”. Actualmente
la Ley del canon constituye una
modificación de la norma al partirlos en dos: una parte para el canon y otra
para Produce. Lo debido, ahora, es destinar este último 50% a inversión en programas
sociales de alimentación. El punto es que la pesca beneficie a las mayorías y
no solamente a los pesqueros.
La página 55 de la presente edición contiene
las cifras que muestran cómo se efectúa la transferencia del canon pesquero. La
página 4 muestra una data histórica desde 1998.
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20 de marzo de 2018
LAS REFORMAS EN LA PESCA PERUANA ¿SERIAN POSIBLES?
Nuestra pesquería requiere de cambios.
Pero ¿sería esto posible?
En un sistema en el cual dar leyes
requiere mucho tiempo y en el cual los funcionarios del sector no duran el
tiempo suficiente para hacer algo significativo, probablemente no sería posible.
Sin un interés total y un seguimiento
constante por parte de la Presidencia de la República, la ejecución de un plan
de reformas, aún encargándolo a un Ministro íntegro, honesto y con
conocimiento de la problemática sería imposible.
Por otro lado, ni la autoridad de pesquería ni los partidos políticos han presentado una agenda o un proyecto de políticas
de Estado para la pesquería que sugiera reformas de fondo. El Acuerdo
Nacional tampoco tiene un instrumento de políticas apropiado a las necesidades
de cambio actuales del sector pesquero.
En este contexto, solo sería posible
pensar en dos o tres objetivos de corto plazo que puedan formar parte de una
política de gobierno y que se puedan ejecutarse en el tiempo que dura un gobierno.
Estos objetivos deben ser consensuados entre administrados, administradores y sociedad
civil.
Las acciones básicas deben proveer
difusión de información sobre el sector, estimular el interés por parte de la
ciudadanía por estos temas y mostrar integridad y despojo de cualquier interés
de parte.
En un medio en el cual nadie puede
controlar efectivamente el cumplimiento de las normas, la mejor garantía del
cumplimiento de las mismas, en especial las de protección al recurso y al
ambiente, será que aquellos que de una u otra forma actúan en el sector,
asuman conciencia de que detrás de la norma hay una lógica irrefutable y una
necesidad incuestionable.
La introducción de un modelo
educativo para el sector se torna cada vez más un imperativo. Este
modelo debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y
tripulaciones. Debe ampliar su radio de acción a todos los trabajadores de la
industria pesquera en tierra, a todas las comunidades de pescadores marítimos y
continentales y difundir información a las poblaciones costeras y aledañas a
ríos y lagos.
Debe ir más allá de lo tradicional y educar en temas de
protección al ambiente y a las poblaciones ícticas, debe incursionar en temas
que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad
compartida de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces, como elemento
clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.
La definición de objetivos
estratégicos y su inclusión en un plan de gobierno o política de gobierno o de
Estado, es apenas el primer paso. Es una declaración de intenciones, es el
inicio del camino. En términos prácticos, los cambios o reformas estructurales
se activan únicamente a través de los instrumentos de gestión apropiados, los
cuales son una ley, decreto supremo, resolución suprema o resolución
ministerial. Mientras una política o un objetivo estratégico no aterriza en
cualquiera de estos documentos de gestión, no deja de ser una declaración lírica
que muestra voluntad política; pero no evidencia una decisión política con
efectos reales.
26 de febrero de 2018
La rentabilidad social de la pesquería peruana
La mayor parte de los análisis y
comentarios sobre la pesca que aparecen en los medios, apuntan a evaluar su
desempeño en términos de crecimiento, impacto sobre el PBI y rentabilidad
económica. Comentaristas y analistas salen a la luz cuando pueden generar un
impacto mediático en base al tema pesquero del día, que generalmente es por
algún escándalo, problema o queja. Después de 48 horas el asunto queda
olvidado, como todo en la prensa peruana.
Pero no se dice que es lo que gana el país en términos de
rentabilidad social, de reducción de la desnutrición y de alivio del hambre en
las poblaciones más necesitadas. Las mayorías peruanas no forman parte del
sector pesquero; pero son propietarias de sus recursos, mereciendo ser
atendidas y debidamente informadas. Con conocimiento de la pesca, tal vez
podrían exigir una gobernanza justa y adecuada de sus peces, moluscos y
mariscos.
La estadística pesquera es deficiente en términos de
oportunidad de su difusión. A febrero de 2018, el boletín estadístico mensual
que publica PRODUCE solo exhibe en su web el correspondiente a mayo de 2017. En
cuanto al anuario estadístico anual, a la misma fecha solo se encuentra
publicado el correspondiente a 2015. ¿Cómo se pueden realizar análisis y/o
tomar decisiones sobre pesca en ausencia de información actualizada, o
administrarla debidamente?
Hace años que la sociedad peruana viene asistiendo a una
confrontación estéril e infructuosa sobre diversas problemáticas pesqueras,
especialmente las referidas a la industria de harina de pescado. Los ciudadanos
somos simples espectadores de enfrentamientos y debates interminables entre
administrados y autoridades sobre un recurso natural que no es propiedad del
sector pesquero, sino de la Nación. Nadie nos dice que los peruanos tenemos derecho
a disfrutar de una alimentación saludable proveniente de los recursos
pesqueros. Más allá de noticias periódicas sobre la incidencia en el PBI, y
sobre impuestos y costos que no nos generan beneficio directo alguno, no
sabemos qué ganamos cada uno de nosotros.
¿Cuánto tiempo más debe el Perú soportar la ausencia de
una visión de largo plazo de la pesquería, la inexistencia de una política de
Estado que garantice el bienestar y la salud de todos los peruanos y dejar de
ser simple observador de una confrontación
por la pesca de anchoveta?
Necesitamos una agenda pesquera que genere consensos y
resultados para toda la población.
El fin de la pesca no puede ser solo la ganancia
empresarial o personal de unos pocos.
La pesquería no puede ser administrada en base a la
intriga y la improvisación, o para satisfacer los intereses de unos cuantos. Su
fin mayor debe ser el bienestar de las mayorías, sin que ello signifique que sus operadores no disfruten de las ganancias
de su trabajo. Se requiere evaluar la rentabilidad social del negocio pesquero
porque el insumo principal, los peces, mariscos y moluscos, son de todos
nosotros.
Mientras el país siga administrado por funcionarios
improvisados dominados por paradigmas, que rotan con demasiada velocidad, que
no poseen un objetivo de largo plazo; y mientras los ciudadanos mantengamos una
cultura de indiferencia y pasividad por la cosa pública, estamos condenados al
deterioro económico, moral y ambiental del país.
La corrupción no es el único problema nacional. La
indiferencia y la inacción ciudadanas podría ser peor.
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28 de enero de 2018
Improvisación y ausencia de agenda pesquera
La promulgación del DS 021-2017
PRODUCE, que flexibiliza el ROP del atún en cuanto al plazo de entrega del 30%
del atún capturado por embarcaciones de bandera extranjera a plantas nacionales,
ha generado reclamos y cuestionamientos por parte de los industriales
conserveros peruanos.
Pero más allá del hecho en sí mismo, lo que se ha puesto
en evidencia, es que, al parecer, existen funcionarios con determinados niveles
de autoridad o de influencia que son los que en realidad dictan la política
pesquera nacional. Es improbable que el anterior Ministro de la Producción haya
medido el impacto de la norma en cuestión, debido a su escasa experiencia en la
materia. Lo que nos lleva a especular que alguien con algún interés en el tema
sorprendió a la Autoridad de Pesquería al otorgar beneficios indebidos a
algunas embarcaciones extranjeras; pero que resulta perjudicando a la industria
pesquera domiciliada en el país. ¿O no?
Este tipo de normas que modifican las reglas de juego, que
desconciertan al inversionista y que crean incertidumbre, se facilitan por la inexistencia
de una visión oficial de la pesquería para el largo plazo y la ausencia de una
Política de Estado. Colabora con ello la presencia de funcionarios temporales sin
experiencia ni conocimiento de la pesca, lo que abre un espacio de poder a otros
funcionarios, cuyas recomendaciones pueden no estar dirigidas a favorecer a las
mayorías nacionales o a la industria local, sino estar al servicio de intereses
de parte.
Enfrascados en el día a día, consumidos por el
inmediatismo y la improvisación ante temas que no conocen debidamente, la
pesquería peruana no tiene un rumbo.
La inexistencia de una agenda y/o política pesquera
técnicamente elaborada y consensuada con administrados y sociedad civil, sugiere
que algunos aspectos de la pesca en el país pueden estar siendo manejados
indebidamente. La promulgación de este dispositivo en particular, amerita ser
investigada por las instancias pertinentes a fin de descartar cualquier
posibilidad de que responda a un hecho de corrupción.
Los industriales planean sus actividades y suscriben contratos basados en
la estabilidad jurídica y normativa del país. No pueden funcionar eficazmente
bajo la incertidumbre y el riesgo de no saber qué capricho o idea de algún
funcionario se impondrá sobre ellos para demoler en un momento la totalidad de
sus esfuerzos y planes. Si no se respeta el ordenamiento jurídico, quedamos
desprotegidos frente al omnipotente poder de cualquier funcionario que cree que
puede hacer lo que quiere. En este caso se violó la norma que obliga a pre
publicar el dispositivo.
Las normas podrían estar técnicamente bien elaboradas y
hasta ser legales; pero más allá de la justificación técnica, ¿es lo debido? La
industria pesquera y el país deben ser informados de las razones que han
llevado al Ministerio de la Producción a promulgar este Decreto Supremo y porqué
se favorece a flotas extranjeras en
perjuicio de la industria nacional.
La ciudadanía debe conocer quién es el gestor de este
dispositivo, cuáles sus argumentos justificatorios y para quién fue diseñado
porque finalmente, viéndolo en un
contexto amplio, ese es el problema de fondo y la gravedad que trasciende al
hecho en sí mismo. Hoy es el atún y la conservería, mañana puede ser la
anchoveta o la pesca artesanal. ¿Y antes qué podrá habrá sido?
Mientras tanto, se espera que cesen las confrontaciones
en el sector y que asuman autoridades con experiencia en pesca, moralmente
íntegras y con vocación de servicio por el país, que actúen en beneficio del ciudadano común que quiere pescado de
precio accesible a su bolsillo y sirvan al que no tiene acceso al mismo.
¿Acaso el Estado no existe para el servicio de las
mayorías?
La
revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y
de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes,
que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de
contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas
publicadas.
Siendo
la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común,
pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual derivada
del análisis de los artículos. Se publica en forma mensual, en formato
digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector
pesquero y mantenerse informado sobre su temática.
Para
mantenerse informado los invito a formar parte del grupo Pesca y Mar, en
Facebook, que además transcribe información periódica de relevancia para el
sector pesquero.
Los invito
cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a FEBRERO
2018 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.
En formato
revista en el siguiente link:
En
PDF en el siguiente link:
31 de diciembre de 2017
El jurel en el Pacifico Sur y el Peru
En 2016 PRODUCE estableció un
marco de lineamientos para asignar la cuota de captura del jurel de altamar,
asignada por la OROP P-S, de manera supletoria o complementaria a la flota
nacional. En 2017 se modificaron dichos lineamientos, a fin de que Perú pueda
aprovechar su cuota de jurel en altamar dentro de su jurisdicción, en la medida
que luego de varios años no hubo esfuerzo pesquero peruano en el área descrita.
Se dice que es mejor que el Perú esté dentro de la
OROP-PS que no estarlo, ya que no estar presente en dicha organización con voz
y voto, por su posición geográfica, es
perjudicar al país en las proyecciones de largo plazo con respecto no sólo al
jurel, sino a otros recursos transzonales, como la pota.
Dado que la flota nacional decide pescar sólo en aguas
nacionales, el Estado habría encontrado como mecanismo de aprovechamiento de los
recursos pesqueros que se encuentren más allá de las 200 millas, específicamente
en el caso de del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur,
acudir a embarcaciones de bandera extranjera.
Si a la flota nacional no le interesa participar y el
Estado no encuentra mecanismos eficaces para incentivarlos, ¿cuál es el
beneficio práctico, más allá del diplomático, geopolítico o geoestratégico de
insistir en pertenecer a dicha organización?
En términos reales, ¿qué gana el Perú con eso? ¿Derechos
de Pesca? Si está cobrándolos, deberíamos saber cuánto estamos cobrando y
cuánto nos cuesta pertenecer a la OROP en términos de viajes y cuota anual por
la membresía. De pronto la relación beneficio costo sale negativa para el país.
¿Qué hace falta para que el empresario peruano realice
esfuerzo pesquero sobre el jurel en la jurisdicción de la OROP-PS y no debamos
recurrir a extranjeros?
El tema de fondo es que no existe una visión de la
pesquería para el Perú ni una Política de Estado para el sector, como afirma
habitualmente la revista Pesca. De lo contrario, si tuviésemos idea de lo que
queremos como país, tendríamos un marco promotor que incentive eficazmente a embarcaciones
de bandera peruana a operar en toda la jurisdicción de la OROP del Pacífico Sur
y en el triángulo del Sur, donde tampoco hay información, visible por lo menos,
de actividad extractiva. Este es el conocido Triángulo que el Perú obtuvo luego
del fallo de la Haya en relación a nuestra frontera marítima con Chile. Tampoco
hay mucho interés por la captura de atún al punto de que se estableció un
procedimiento de fletamiento de la cuota, es decir que alquilamos una parte o
toda nuestra cuota obtenida luego de arduas negociaciones en el marco de la
CIAT.
Si el sector privado no está operando en las áreas
descritas, debe existir un razonable motivo o una causa que les impide hacerlo.
Estas razones no están, aparentemente, debidamente atendidas por la autoridad
de pesquería en la medida que los resultados son evidentes: No hay presencia
peruana en estas zonas. Y si la hay, no lo sabemos por ausencia de comunicación
desde el Gobierno sobre estos temas.
La
revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y
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que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de
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la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común,
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