Durante
años se nos ha hecho creer y pensar en la pesquería peruana de un modo alejado
de la realidad. Se nos hizo creer que éramos buenos porque exportamos mucha
harina de pescado y se nos inculcó la creencia en muchos mitos más.
Los volúmenes de recursos pesqueros
naturales no aumentan a la par que crece la población vinculada a la
extracción. Los recursos pesqueros no aumentan en función a la demanda.
La realidad es que
en el Perú hacer harina es el negocio más rentable. Con no más de 150 días de
producción al año se generan cifras de exportación espectaculares que, con toda
seguridad, proporcionan gran riqueza a los exportadores y participantes del
negocio, aunque no para el país como lo demuestran las cifras de recaudación
del impuesto a la renta y derechos de pesca en relación a las ventas y
exportaciones del sector.
La cantidad de
dinero que mueve el negocio pesquero es tan grande que ha creado todo un
sistema de defensa de intereses, de lobbies y de corrupción apenas destapado
por algunos sectores de la prensa, y tan solo en forma eventual.
Intentar introducir
cambios en el sistema en beneficio de la sociedad civil no es solo un deber
sino una obligación de cualquier gobierno. Sin embargo la historia nos muestra
como autoridades con esa intención han caído, víctimas del lobbysmo de diversas
áreas del sector y de la falta de compromiso de Palacio de Gobierno con la reforma
pesquera que el país necesita.
Lo que ocurra en los próximos meses con esta
Administración de Pesquería que ha tenido el coraje de introducir una reforma
que toca muchos intereses particulares en beneficio del país, definirá la
calidad y valor del compromiso de Palacio de Gobierno con el país y con el
concepto de inclusión social.
Siendo la pesca
artesanal la principal abastecedora de recursos pesqueros para el consumo
humano directo de la población nacional era necesario redefinir con precisión
su concepto y sus alcances. El DS 005-2012-PRODUCE es un documento importante
orientado en el sentido correcto. Aunque haya discrepancias y críticas sobre el
procedimiento de su promulgación, la verdad es que una norma consensuada entre
la autoridad y los interesados en el negocio pesquero es un imposible dada la
cantidad de dinero que hay en juego
