El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
17 de octubre de 2012
Incentivo perverso en la pesca
Las exportaciones
pesqueras, además de no pagar IGV puesto que se restituye este tributo, son
incentivadas con un drawback, que no es sino un estímulo a la exportación.
Lo cual es útil en términos
de promoción. Sin embargo la autoridad correspondiente debería considerar si en
lugar de incentivar y premiar la exportación de proteína, se reemplaza este
incentivo por uno que estimule y premie la venta de productos pesqueros al
mercado interno. No es igual exportar espárragos, que muy pocos comen en el
país, que exportar pescado que sí todos comen o pueden comer.
La política sectorial de
siempre, menciona el incremento del consumo de pescado como un objetivo. Más
allá de una declaración lírica, lo real es que el pescado es caro, no existe un
red de frío a nivel nacional, ni una infraestructura adecuada para
comercialización que asegure la continuidad del abastecimiento, la inocuidad y preservación de estos productos,
así como el incremento de su oferta.
La inversión privada es
nula o pequeña en esta área porque para la industria es más sencillo y beneficioso exportar estos
productos. Las cifras así lo confirman. El eliminar el drawback y reemplazarlo por otro tipo de estímulos
para generar la inversión en infraestructura de frío y el incremento de la
oferta de pescado y mariscos dentro del país resulta interesante.
La demanda nacional existe;
pero es insatisfecha debido a los altos precios y a la ausencia de medios de
distribución, almacenamiento y comercialización en el interior del país.
Los programas sociales no
son una solución a largo plazo, como sí lo serían mecanismos de promoción que
hagan atractiva la creación de empresas y pequeñas o micro empresas dedicadas a
la comercialización interna de los recursos hidrobiológicos del
país.
Existiendo necesidad y
demanda de alimentos y de proteína, el Estado debe vender la idea de convertir
este abastecimiento en un negocio, que además genere empleo, limitando su
actuación a la capacitación en esta materia.
La exportación no debe
analizarse solamente desde el punto de vista de la cantidad de divisas
generadas, (que son del exportador y no del país), sino preguntar cuánto
impuesto ha pagado, deducido el drawback y la devolución del IGV.