Se dice que por efecto
derivado del DS-05-2012-PRODUCE, que es una norma que intenta introducir orden
en la pesquería del Perú, el país perdería 300 millones de dólares. La noticia
ha sido difundida en casi todos los medios de comunicación.
Lo afirmado es correcto,
salvo por un detalle que nadie ha mencionado: los 300 millones serían perdidos
por la industria pesquera, mas no por el país. ¿cómo así?
Al final de esta nota se
aprecia un cuadro con cifras que merece ser explicado para entender como la
información puede convertirse en desinformación.
Según la información
oficial publicada en el portal de la Sunat, en 2011 se exportaron 2,099,470,000 dólares en el rubro harina y
aceite de pescado. En el mismo período se recaudó la suma de 48,609,566 dólares por concepto de impuesto a
la renta de tercera categoría. Es decir una proporción del 2.32% en relación al
valor exportado.
La cifra de 300 millones de
dólares que supuestamente perdería el país, es la que perdería la industria, mas no el
país porque ese dinero pertenece al exportador. Lo que corresponde al país,
basado en la estadística del 2011 es el 2.32% por impuesto a la renta, o sea 6,945,977 de dólares.
Se puede decir que el país
también perdería la contribución por derechos de pesca.
El precio promedio de la
harina en 2011 fue de 1,400 dólares por
TM. Si se han exportado 2,099,470,000, significa que se fueron 214,286 TM de harina. (Aproximadamente porque
en la cifra de exportación se incluye el aceite). Suponiendo que fue esa
cantidad de toneladas de harina, estimando un rendimiento de 4.5 TM de
anchoveta para hacer 1 TM de harina de pescado, se deduce que fueron necesarias
964,286 TM de anchoveta.
El derecho de pesca de
anchoveta es el 0.25% del valor FOB, o sea 3.5 dólares por TM (0.25% de 1,400).
Los derechos de pesca, en la suposición de que todos los armadores pagaron lo
que corresponde, serían 3,375,000
dólares. Pero la mitad de esos derechos de pesca se convierten en ingreso del
canon pesquero y la otra mitad queda en manos del Ministerio de la Producción.
Nadie, ni siquiera la Ministra o el Viceministro pueden decir en qué se gastó
el 50% de los derechos de pesca que recauda Produce y tampoco se informa en
ninguna parte por dicho gasto. La Oficina General de Administración del PRODUCE
tiene una tarea pendiente en el sentido de informar transparentemente al país
quienes no han pagado derechos de pesca, cuánto ha dejado de recaudar y en qué
gasta ese dinero.
Finalmente si sumamos el
total de derechos de pesca más el impuesto a la renta, lo que el estado deja de
percibir serían 10,320,977 dólares. Que
no es lo mismo que sembrar en la opinión pública la idea de que el país se está
perjudicando con 300 millones por culpa de una mala norma del Ministerio.
Probablemente la misma sea imperfecta y puede mejorarse, pero en el fondo su
espíritu es el correcto.
En el sur del país, región
sobre la cual se dice que se produciría esta pérdida, operan 17 plantas de
harina de pescado. El Ministerio de Trabajo debería informar qué cantidad de
empleo directo generan esas plantas para poder precisar qué tan grave es el impacto
sobre el empleo. En cuanto al empleo indirecto, cualquier cifra puede ser dicha
y será tan relativa como el hecho de que no puede precisarse oficialmente con
exactitud rigurosa.
En los siguientes links se
han publicado dos informes referidos a lo que fue el Régimen especial de pesca
en el sur del Perú, para mayor ilustración:
A cambio de esa “pérdida”
para el país, la biomasa de anchoveta podría incrementar su volumen en
beneficio de que haya mayor forraje o alimento para las otras especies que se
alimentan de ella aumentando así la pesca de consumo humano directo. También se
reduciría la contaminación del mar derivada del vertido de efluentes de las
plantas y la contaminación atmosférica derivada de la emisión de gases.
El mito de que lo que no
pesca el Perú lo pesca Chile, nada tiene que ver con la protección de la zona
de afloramiento peruana, sobre la cual el Ministerio del Ambiente ha expresado
la necesidad de declararla zona protegida en la última reunión del Convenio de
la ONU sobre Diversidad Biológica (CDB), que concluyó hace pocos días en la
India su undécima cumbre.
La industria se está
defendiendo, legítimamente por cierto, de una norma que afecta a sus intereses.
El Estado está defendiendo, también legítimamente, su derecho a legislar en
beneficio de las mayorías, como la propia Ley se lo encomienda. Sin embargo el
Estado esgrime una defensa tímida y omite en su análisis y exposición de
motivos una serie de sustentos que le permitan rebatir con fuerza y
contundencia los argumentos de la industria: Los expuestos anteriormente, entre
otros, como exhibir el número preciso de organizaciones pesqueras total del
país, en relación a la cantidad de afectados por una medida de ordenamiento, en
la cual, como es obvio, no todos pueden quedar contentos.
Más allá de los argumentos,
la industria se moviliza mediante huelgas, protestas y bloqueos de carretera,
confiados en los antecedentes de debilidad del gobierno. En abril, la industria
pesquera impuso sus reclamaciones por estos medios y las autoridades de
entonces cedieron fácilmente.
Por otro lado el poder
judicial y el Tribunal Constitucional, ¿fallarán a favor de la industria con la
misma facilidad que en ocasiones anteriores? Es conocido el hecho de numerosos
permisos de pesca otorgados judicialmente sin respetar criterios de
ordenamiento. Ni mencionar criterios de sostenibilidad y cuidado del medio
ambiente.
Finalmente, en esta guerra
entre la industria y el Estado, el convidado de piedra es la sociedad civil,
que permanece ajena, e indiferente a un problema que le atañe directamente por
ser la propietaria de los recursos pesqueros y por el impacto que recibe el
medio ambiente. Le corresponde también movilizarse en defensa de sus intereses.
Las poblaciones costeras
que conviven con la industria pesquera soportan con estoicismo el impacto
ambiental, porque como dicen en algunas zonas, el olor de la harina de pescado
es olor de dinero. No se dan cuenta de que podrían ganar dinero sin tener que
someterse a una calidad ambiental de vida nociva para la salud.
El Estado necesita de
mayores iniciativas para impulsar el consumo de pescado en el mercado interno y
de mejores formas de defender mediáticamente sus buenas intenciones.
