Durante
las décadas en las cuales la industria pesquera, en especial la anchovetera, se
ha manejado con privilegios, se generaron las condiciones de un lucrativo
negocio que atrajo a mucha gente. La cantidad de dinero que mueve el negocio es
tan grande y rentable, que la corrupción y
presión para mantener ese estatus es tremenda.
La industria pesquera debe exhibir en forma transparente
cuánto empleo genera y de qué calidad. Cuántos empleados están dentro de
regímenes laborales legales y están siendo pagados con todos los beneficios que
manda la ley, y cuántos están fuera de la formalidad y/o subempleados. La
autoridad de Trabajo debería exhibir cuáles son los salarios que ganan, si
cobran horas extras, gratificaciones y CTS, tanto los tripulantes, como el
personal de tierra y los que laboran en la industria exportadora. Estas cifras
mostrarían una verdad que podría ser sorprendente ya que no es suficiente
lanzar cifras al aire que nadie puede verificar; pero que la prensa difunde.
Se llega a esta situación gracias a una ley promotora y
estimuladora de la extracción pesquera que durante años incentivó el desarrollo
de cada vez mayor esfuerzo pesquero. Poco a poco el negocio se volvió tan
lucrativo, que todos quieren ingresar al mismo y rechazan y rechazarán
cualquier intento de cambio.
Una razón, aunque no la única, de lo rentable y lucrativo
que constituye exportar productos pesqueros o sus derivados, es que los peces que se capturan son gratis para
los “artesanales”, (algunos de los cuales no califican como tales), dado que no
pagan derechos de pesca; y demasiado
baratos para la pesca industrial que sí paga derechos de pesca.
El Estado está intentando corregir los efectos, más no la
causa. El origen radica en una ley promotora que debiera modificarse
despojándola de todo espíritu promotor, en beneficio de la sostenibilidad. Hoy
no existe la misma cantidad de peces que hace 20 años. No se necesita un
informe científico para ello: todos los que realizan esfuerzo pesquero lo
saben. Cada vez hay menos peces, y cada vez son más caros para el pueblo
peruano. Por tanto no es posible admitir más pescadores porque cada nuevo que
ingresa le quita ingresos al pescador que ya existe. La capacidad extractiva
actual de la flota necesita reducirse.
Los peces deben tener un precio. Un justiprecio que
permita que la Nación cobre por cada kilogramo que se extrae de su dominio
marítimo, que entre otros, tenga un efecto disuasivo de seguir invirtiendo como
hoy.
Todos quienes capturen peces para la industria
exportadora deben pagar un valor real por lo que capturan, siendo las plantas
procesadoras las que se encarguen de la recaudación actuando como agentes de
retención de cada armador, a quienes descontarán dicho impuesto o regalía de su
precio. Facilita el control y la cobranza y los cálculos se harían en función
del producto terminado, deduciendo la cantidad de materia prima empleado
basados en el ratio de conversión de la misma. Esta acción compete a la Autoridad
Tributaria en coordinación con la Autoridad de Pesquería.
Debe introducirse a la
ecuación pesquera un nuevo y justo tributo o una regalía.
EL CONCEPTO
Actualmente ocurre como si
cada uno de nosotros tuviese una parcela llena de animales, patos por ejemplo,
que son propiedad de cada uno. Ocurre que el sistema permite a cualquiera venir a capturarlos para hacer negocio con
ellos, pagándonos en proporción a la utilidad que reciban del negocio. Si ganan
poco pagan poco, si no ganan no nos pagan. Injusto porque su eficiencia debe
ser independiente del pago por cazar animales de nuestra propiedad.
Puede ocurrir lo siguiente:
1.
Una persona se lleva diez patos, hace
negocio con ellos y obtiene como utilidad bruta 1,000 soles. No nos paga nada
por llevárselos, sino solamente el impuesto a la renta por la utilidad que
obtiene, que es el 30% de la misma. O sea que paga 300 soles.
2.
Otra persona se lleva también diez patos,
hace negocio con ellos y pierde en el negocio, o sea que declara que no obtuvo
utilidades. Por tanto no paga impuesto a la renta porque el 30% de nada, es
nada.
3.
Una tercera persona paga un sol por cada
pato que se lleva, hace negocio con ellos y obtiene una utilidad de 500 soles
porque declara que tiene muchos gastos y por tanto su utilidad es baja. Paga
30% de esos 500 soles, o sea 150 como impuesto a la renta más 10 soles por el
derecho a llevárselos. Pagará en total 160 soles.
Ninguno de ellos se
preocupa por alimentarlos, limpiar el área donde habitan ni les interesa cuidar
que se reproduzcan para que no se acaben. Sencillamente se los llevan.
El dueño de los patos tiene
que soportar que ensucien su parcela, entren a la hora que quieran y cuando
pretende imponer una cuota máxima de la cantidad de patos que pueden sacarse y
cobrar lo justo, todos aquellos que sacan patos de esa propiedad lo agreden, le
tiran piedras y le impiden movilizarse libremente.
La lógica indica que
extraer esos patos tiene que tener un precio que compense al propietario y le
deje un margen que le permita mantener libre de suciedad el área, y los gastos
de cuidarlos, veterinario y otros. Eso es independiente de la utilidad que cada
extractor obtenga. Al dueño de la parcela no le interesa si gana poco o mucho
dinero por ser eficiente o no, honesto o
no. Le interesa que le paguen por cada pato un justiprecio, además de compartir
ese 30% de su utilidad que constituye el impuesto a la renta como en todas
partes.
Lo que ocurre actualmente
es que algunos pescadores pagan derechos de pesca por la extracción, poco; pero
otros no pagan nada. Unos pagan impuesto a la renta apropiado, otros pagan poco
y otros no pagan nada.
El hecho es que el estatus
del sector pesquero al día de hoy representa una situación de inmoralidad.
Puede ser legal, pero no es moral ni aceptable. Más allá de los usos y abusos
del sistema democrático y legal del país, la industria no paga lo que debe,
contamina y pone en riesgo la supervivencia de la biomasa de recursos marinos.
Pese a ello y para defender el negocio acude a los más diversos mecanismos para
defender sus intereses directamente o a través de la manipulación de las
personas que viven alrededor de este negocio, sea que estén bien o mal pagadas,
formalizadas o no. Es aquí donde entra la sociedad civil que debe ser la primera
línea de defensa de los intereses nacionales.
La situación es
evidentemente injusta. Se ha creado una situación en la cual el Estado, como
representante de todos los ciudadanos del país, se encuentra ante un negocio
que no quiere regulación, se resiste a pagar con justicia y que a cada intento
de poner orden en todo este sistema, enfrenta una reacción que consiste en
tirarnos piedras o impedirnos caminar por la parcela cada vez que les
restringimos el uso de nuestros animales.
Nuestros derechos, como
ciudadanos y propietarios de los recursos naturales, no son inferiores a los
que ellos creen tener. La pesca debe pagar un justiprecio y actuar sin afectar
el medio ambiente ni poner en riesgo la sostenibilidad de los recursos que
extrae.
