El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
27 de marzo de 2013
Abril del 2012: Un año después. Entonces la merluza, hoy la anchoveta
En abril del 2012 el escenario en la administración de la pesquería peruana era totalmente diferente al que presenta abril del 2013. Vale la pena recordar lo ocurrido en ese mes y compararlo con la situación que se vive en estos momentos en el enfrentamiento por la anchoveta. Basta recordar el artículo de milagros Salazar para evaluar las diferencias y también las similitudes, así como para especular nuevos probables escenarios.
El Premier y la merluza
Por Milagros Salazar.-
En medio de los secuestros en el VRAE y a
pocas horas de la presentación del peritaje sobre el conflictivo proyecto
minero Conga, el premier Óscar Valdés se dio tiempo el lunes 16 de abril para
realizar una inusual visita al ministerio de la Producción, en la Urbanización
Córpac, en San Isidro.
Valdés subió al séptimo piso donde se
encuentra la oficina del titular del sector, José Urquizo. Ahí lo esperaban el
ministro, acompañado por su nuevo jefe del gabinete de asesores, José Vidal; y
por el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Omar Alfaro. A los
pocos minutos, llegó la viceministra de Pesquería, Patricia Majluf, acompañada
por su asesor principal, Juan Carlos Sueiro.
La reunión duró unos cuarenta minutos. Fue
tensa por momentos, según pudo conocer IDL-R. ¿De qué hablaron? De la merluza.
Valdés estaba impaciente porque aún no se emitía la norma para ampliar la cuota
de captura de merluza de 8, 600 toneladas a 14, 500 tal como acordó con los
empresarios en una reunión el 9 de abril
en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Valdés reiteró a Urquizo y a Majluf que
debía ejecutarse la ampliación que exigían los empresarios y que no había
marcha atrás, a pesar que la viceministra expresó su desacuerdo por la decisión
debido a que la población de merluza ha disminuido considerablemente en los
últimos años y se encuentra en riesgo, según estudios científicos.
“Ya
hay un compromiso y hay que respetarlo”, insistió Valdés. Alfaro de Asesoría
Jurídica explicó al premier que había un freno legal y que la ampliación no iba
a ser un trámite sencillo ya que las normas exigen que la cuota anual se
establezca antes de iniciarse la temporada. Y resulta que la temporada comenzó
en enero. ¿Cómo iba a modificarse la cuota casi cuatro meses después?
“Si hay que conseguir que firme algún
decreto el Presidente (Ollanta Humala), yo lo puedo hacer”, habría manifestado
Valdés. Al instante, Majluf increpó: “No me parece responsable que involucremos
al Presidente en algo que no tiene precedente. Eso no se ha hecho antes”.
Pero el primer ministro habría reiterado:
“Esto se hace”.
¿Por qué el Premier insiste en ampliar la
cuota en contra de la opinión de la viceministra (una experta respetada internacionalmente) y por qué se muestra tan interesado en el
tema? Sucede que varios días antes, el 9 de abril, hubo una reunión previa en
la PCM.
Asistieron unas quince personas, entre
empresarios pesqueros, autoridades de Piura, congresistas, el ministro Urquizo
y la viceministra Majluf. En la primera parte de la reunión, Majluf expuso un
informe breve sobre el grave estado de la merluza que elaboró el reconocido
científico Arnaud Bertrand, del IRD, un instituto público de investigación de
Francia.
Los empresarios de merluza, casi todos
extranjeros y que tienen su base de operaciones en Paita, atacaron a Majluf
luego de su exposición. Sostienen que la viceministra por lo menos se equivoca
y que hay suficiente merluza para pescar. Los respaldaba un informe que
mandaron a hacer a Luis Alfredo Icochea, quien hasta octubre pasado fue
presidente del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), que depende del Ministerio
de la Producción, y asesor de varias empresas pesqueras. Liderados por el
furibundo empresario Carlos Milanovitch, insistieron en que unas 10 mil
personas dependen de la pesca de merluza en Paita y serían perjudicados si no
se ampliaba la cuota.
En medio de la discusión, el presidente de
Imarpe, Germán Vásquez (quien llegó tarde a la cita), informó que su institución
recomendó una cuota mínima de 8, 600 toneladas y otra cuota máxima de 14, 500
toneladas. Ni bien escuchó Valdés la segunda opción, consideró que esa era la
salida: ampliar la cuota máxima a pesar de la opinión en contra de Majluf.
Valdés también acordó que Imarpe realizará
en mayo un crucero para investigar la situación actual de la especie y ver si
es posible una nueva ampliación. Fuentes cercanas al pensamiento de Majluf
aseguraron a IDL-R que si Valdés continúa ampliando la pesca de merluza, ella
renunciará al cargo. Para Majluf, esta situación abre la puerta para que
empresarios que comercializan otras especies también pidan su decreto
“presidencial” para pescar más.
Las presiones asedian a Majluf. Entre la
reunión del 9 de abril en la PCM y la visita de Valdés al Ministerio de la
Producción el lunes 16, los empresarios enviaron cartas al ministro Urquizo
exigiendo que se cumpla lo acordado. Mientras tanto, desde Palacio de Gobierno
intentan averiguar si existe un acta de compromisos con los empresarios como
habría señalado Valdés, según pudo conocer IDL-R. Lo cierto es que no existe
ningún documento firmado.
Este hecho ha deteriorado más la relación
entre Urquizo, que acata silenciosamente lo dicho por Valdés, y la viceministra
Majluf cuyos escasos dos meses en el cargo han estado marcados por
controversias y obstáculos.
Controversias de fondo
Ni bien se convirtió en viceministra a fines
de febrero, Majluf pidió a Urquizo reemplazar a los responsables de las cinco
direcciones generales que dependen de Pesquería. Logró los primeros cambios en
las direcciones de Extracción y Procesamiento Pesquero y en la de Asuntos
Ambientales.
Sin embargo, diversas fuentes confirmaron
que Majluf encontró mayor resistencia de Urquizo en su propuesta de cambiar a
Hernán Huacachi, quien comandaba la estratégica Dirección de Seguimiento,
Control y Vigilancia (Digsecovi), Según congresistas, dirigentes pesqueros y
demás funcionarios que conocen a Huacachi, este funcionario no tenía “la menor
idea” de cómo mejorar la fiscalización en la pesca.
Huacachi, ayacuchano al igual que el
ministro, estuvo en el cargo hasta el miércoles 18. Una insistente Majluf
consiguió que Urquizo finalmente accediera que la directora general de Pesca
Artesanal, Jessica Pino, reemplazara a Huacachi, ya que sus candidatos
iniciales fueron rechazados por el ministro.
Personas cercanas a Majluf sostienen que el
cambio de Huacachi era urgente, debido a que se entramparon varias acciones,
entre ellas las auditorías a las empresas inspectoras de desembarques de
anchoveta, Cerper y SGS, y las mejoras para evitar la manipulación de las
balanzas en las fábricas harineras, problema revelado en una amplia
investigación de IDL-R.
Pero las discrepancias también involucraron
a los hombres más cercanos a Urquizo, que plantaron una oposición constante a
Majluf desde el ingreso de esta. En diciembre, cuando Uriquizo asumió el mando
del ministerio, lo hizo acompañado por dos conocidos asesores: el ex
congresista del partido de gobierno, César Cayo Galindo, y por el ex juez Edwin
Yalico Contreras.
A este último se lo recuerda por haber
investigado inicialmente el caso Business Track; y por haber anulado las
resoluciones de inicio de instrucción, acusación y auto de enjuiciamiento
contra el presidente Humala por la asonada de Andahuaylas.
Cayo Galindo se mantuvo en el cargo hasta el
3 de abril en medio de las críticas de dirigentes de pescadores, entre ellos
los de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros que agrupa a los dueños de
las naves “vikingas” y que lo denunciaron, junto a otros funcionarios, por los
presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento y demora de
actos funcionales.
Yalico sigue en el ministerio a pesar de que
también enfrenta acusaciones. El Sindicato de Pescadores de Anchoveta del
Puerto de Pisco envió en enero un oficio a la Comisión de Producción del
Congreso para que solicite a Urquizo investigar la participación de Yalico en
las cuestionadas resoluciones que otorgaron permisos de pesca a naves
protegidas por medidas cautelares. El Congreso trasladó el reclamo a Urquizo en
febrero.
IDL-Reporteros verificó que cuando Urquizo
asumió el cargo, encomendó a Yalico que ayudara al ingeniero Félix Álvarez,
entonces responsable de la Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero, a
resolver los pedidos del Poder Judicial. Varios de los proyectos de resolución
de esta dirección, entre ellos los relacionados con las medidas cautelares,
fueron vistos por Yalico, aseguraron varias fuentes. Sin embargo, el asesor no
es investigado por estos hechos ya que no fue nombrado oficialmente para esas
funciones.
Para calmar las aguas, Yalico ha sido
trasladado del séptimo piso, donde tenía un escritorio junto al ministro, al
tercer nivel del edificio. Sin embargo, sigue entrando y saliendo del despacho
de Urquizo y la única diferencia, según diversas fuentes, es que ahora usa más
el ascensor.
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