El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

9 de marzo de 2013

Quién pierde en el sur del Perú: ¿el país o la industria?


La ambición por la producción de harina de anchoveta en la zona sur del Perú, ha conducido a una especie de guerra asimétrica entre la industria harinera y las autoridades de Pesquería. Guerra que, si nos atenemos a los antecedentes históricos, no podría ganar la administración actual debido a que los medios que tiene a su disposición el lobby pesquero superan largamente la capacidad de reacción y de respuesta del Estado. Mientras Palacio de Gobierno no exprese directamente voluntad y decisión políticas de introducir reformas sustanciales en la pesca, respaldando públicamente a sus autoridades, lo más probable es que en última instancia un bloqueo de carreteras con cierta dosis de gravedad provoque la caída de la Ministra.

Si su sucesor continúa la línea de trabajo, correría la misma suerte. Si es una persona que va a defender los intereses de la industria, se iniciaría una marcha atrás en muchas reformas y se volvería a más de lo mismo. Que es lo que muchos esperan pacientemente: que termine esta gestión para volver a lo de antes asegurando los intereses de una industria poco aportante a la economía del país.

Es el precio que el país paga por carecer de políticas de Estado de largo plazo y del coraje necesario para imponer voluntad y decisión políticas que favorezcan al país y no a pequeños grupos que tienen la capacidad de desarrollar campañas mediáticas con recursos ilimitados.

El día 9 de marzo 2013 en RPP Raúl Vargas entrevistó a la Ministra de la Producción sobre la problemática pesquera de la coyuntura. El señor Vargas deslizó la idea de que pese a que sea harina de pescado lo que se exporta, trae divisas para el país. Expresa muy bien lo que la prensa cree o piensa: que exportar per se es bueno para el país, sin profundizar en el análisis de las diferencias entre sectores, y sin pretender siquiera analizar la real contribución de la industria harinera. Lo que el señor Vargas debiera preguntar es cuánto impuesto a la renta ha pagado la industria harinera; cuanto han aportado por derechos de pesca y cuánto dinero le ha devuelto el Estado.
La cantidad de divisas que ingrese al país es irrelevante. No es dinero del país, sino de la empresa. Lo que cuenta es la recaudación tributaria.
La ministra esgrimió argumentos técnicos pero también omite en su análisis cuál es la ganancia del país en el negocio harinero del sur del Perú.
La autoridad administrativa, tributaria y laboral deberían hacer una exposición conjunta y demostrarle al país cuánto empleo genera la industria en la zona, cuánto del mismo es formal e informal, cuántos impuestos pagan, cuántos impuestos les devuelven, cuál es el impacto de la extracción de anchoveta en el ecosistema así como cuál es el impacto contaminante de la industria.

El aparato estatal pelea sus guerras aislado, no se integran sectores que por la naturaleza de sus funciones debieran trabajar juntos. Sus adversarios sí se unen: plantas, flota, población, pescadores, todo lo que la capacidad del lobby pueda reunir para enfrentar a un Estado desarticulado y tímido.

Cifras y hechos concretos son los que deben exponerse para demostrar didácticamente a la sociedad civil que dejar de hacer harina en el sur no es tan grave como el lobby pesquero viene diciendo. El argumento de que lo que dejamos de pescar favorece a Chile no es sino exacerbar el antichilenismo natural que existe en el Perú, pero es irrelevante desde este análisis.

Lanzar cifras de pérdidas como las aparecidas en algunos medios en los últimos días es una grotesca manipulación de los números.

Con el objeto de enfocar integralmente el asunto y entender qué es lo que está en juego y quienes son todos los beneficiados de este régimen, es pertinente analizar el volumen y tamaño de las plantas procesadores de harina en la zona sur, así como los ingresos que las regiones del sur perciben como canon pesquero, que es realmente el único beneficio de las gobiernos locales y regionales.

Toda la problemática, tiempo consumido, horas empleadas y atención brindada alrededor de este tema, finalmente giran sobre los intereses de 17 plantas reductoras de harina de pescado que pertenecen a 13 empresas de las cuales el 62% de la capacidad de producción está concentrada en 4 de ellas.

17 Plantas de harina, algunas de las cuales tienen una capacidad muy pequeña, como se ve en el cuadro, no significan una fuente generadora de empleo significativa, como tampoco empleos indirectos trascendentes.

¿Pierde el Perú con dejar de pescar anchoveta en el sur para la harina?
Desde el punto de vista ecosistémico y medioambiental ganaría mucho.