Cada
vez queda más claro que la actual política pesquera es la equivocada.
Como
informamos ayer en nuestra sección Portafolio, un reciente estudio de
Macroconsult sobre los efectos del decreto que “reordenó” la pesca industrial
de anchoveta hace dos años ha confirmado lo que –desde antes de su aprobación–
diversos expertos argumentaban sucedería: no se ha cumplido ninguno de los
objetivos por los que la norma fue aprobada y, por el contrario, esta ha
agudizado los problemas que buscaba solucionar.
La
regulación actual prohíbe la pesca industrial dentro de las 7 millas en el sur y
las 10 millas en el norte de nuestro litoral, dejando las mismas como
exclusivas y liberadas (es decir, sin límite de cuotas) para las embarcaciones
pequeñas y artesanales siempre que pesquen para el consumo humano directo.
Mientras tanto, los industriales, que, a diferencia de los anteriores, sí
cuentan con cuotas máximas de pesca individuales, un régimen de vedas y un
sistema de control vía satélite, pueden operar solo a partir de la milla 7 o 10
en el sur y norte, respectivamente.
El
argumento utilizado por el presidente Ollanta Humala para la aprobación de esta
norma fue que se debe privilegiar el consumo humano de los recursos marinos y
reconocer el “sacrificio de los pequeños pescadores y la irresponsabilidad de
las grandes empresas que han depredado la anchoveta”. El presidente, sin
embargo, perdió de vista que lo que hace que un pescador deprede el recurso no
es el tamaño de su operación (pues la suma de pequeños pescadores puede
depredar igual que una embarcación industrial) sino que la misma se realice sin
controles. Y esto, justamente, es lo que sucede con la pesca menor a la que se
le entregaron las primeras millas.
A
dos años de la aplicación de esta regulación, la evidencia sobre sus pésimos
resultados es clara. El informe de Macroconsult ha mostrado que con el decreto
ha aumentado la pesca ilegal y ha caído dramáticamente la pesca para el consumo
humano directo (pues a los informales les sale más a cuenta vender el pescado
para otros fines, lo que difícilmente se controla). El informe detalla, por
ejemplo, que la brecha entre la exportación de harina proveniente de la pesca
legal y de la pesca ilegal antes de la aplicación del decreto era de 73 mil
toneladas anuales, mientras que ahora la brecha ha saltado a 163 mil toneladas
en favor de los ilegales. Asimismo, el informe señala que la producción de
anchoveta para el consumo humano antes del decreto había llegado a un pico
histórico de 125 mil toneladas y ahora, sumado a que el Estado ha dejado de
ofrecer este recurso en sus programas alimentarios, se estima que este año a
duras penas se cerrará con 30 mil toneladas.
Por
otro lado, a raíz de que se restringió la actividad de las grandes empresas, al
término de la primera temporada de pesca la participación en el PBI de este
sector se encuentra en descenso, el nivel de desembarques también ha caído y
las exportaciones están yendo por el mismo camino. Para la Sociedad Nacional de
Pesquería, se estima que al cierre del 2014 los desembarques totales serán de
3,5 millones de toneladas, equivalentes a la mitad del promedio de desembarques
entre el 2000 y el 2011. Asimismo, las exportaciones de harina y aceite de
pescado se encuentran en riesgo y se estima que serán similares al bajo nivel
del 2013, aproximadamente de US$1.800 millones, lejos de los US$2.300 millones
del 2012.
Como
cereza de la torta, principalmente debido a las restricciones que se le impuso,
la industria solo ha podido pescar el 68% del total de la cuota asignada por el
propio gobierno, dejando de pescar 807.070 toneladas, lo cual representa
aproximadamente US$385 millones en pérdida de exportaciones y US$21,2 millones
en pérdida de ingresos de los trabajadores. Un lujo que en el contexto de
desaceleración en el que nos encontramos no nos podemos dar.
Es
urgente un cambio en la política pesquera. No debe hacerse distinciones entre
grandes y pequeños y tiene que establecerse un sistema de cuotas individuales
generalizado con controles aplicables a todo el mundo. La designación del
flamante viceministro de Pesquería abre una nueva puerta para un cambio de
rumbo. Ojalá él decida dar el giro que es necesario para enderezar este asunto
y que el gobierno deje de pescar tan solo contradicciones.
Fuente
NOTA DE PESCA
Un cambio en
la política pesquera supone que existe algo llamado política pesquera, lo cual
no es cierto. Lo que existen son normas dispersas, aisladas y no integradas en
un contexto que configure una política integral de largo plazo con objetivos e
indicadores claros. Como muestra hay que referirse a la existencia de un Plan
Estratégico Sectorial Multianual aprobado, con plena vigencia; pero el cual
nadie respeta ni cumple, o quizá ni conoce siquiera.
Por tanto lo
que se necesita es el diseño de una Política de Estado nacida de un consenso
entre el Estado, los administrados y la ciudadanía. Las evidencias y la
historia demuestran que la imposición de normas, por más sustento legal y
constitucional que exista, no garantizan su fiel cumplimiento, sobre todo con
un Estado débil y carente de adecuados mecanismos de fiscalización y sanción.
