En todo el accionar
del otorgamiento del pabellón peruano a embarcaciones pesqueras que tienen una
dudosa reputación, probablemente ningún funcionario podría ser enjuiciado,
porque el alegato de su defensa sería que han dado cumplimiento a lo que indica
el TUPA (Texto Unico de Procedimientos Administrativos) de cada entidad.
Por
tanto no pasará nada, aunque el Perú haya quedado y esté quedando con una
pésima imagen internacional.
El reciente caso del
Lafayette no es sino el más reciente de una serie de eventos de esta naturaleza
puesto que existen muchos barcos a los cuales el Perú ha dado su bandera desde
hace años, especialmente para la pesca de jurel. Esto generó en sus momentos
observaciones, cuestionamientos y preguntas de algunas organizaciones
internacionales, sin que el Perú haya respondido satisfactoriamente. El manejo
de los asuntos internacionales de pesquería no ha tenido una transparencia lo
suficientemente amplia como para que la ciudadanía se entere y al parecer
tampoco los medios. Perfil bajo muy conveniente.
Cumplir lo que dice
el TUPA y la normatividad vigente exonera de responsabilidad legal al
funcionario público; pero no lo libra del cuestionamiento a la moral y ética
del acto administrativo que a todas luces fue y es indebido.
El punto es que no
hay suficiente ciudadanía activa ni prensa independiente para formular
acusaciones que trasciendan lo estrictamente legal y que vayan al fondo moral
del asunto. O miren más allá y más atrás del funcionario que hace el papeleo.
