El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
27 de enero de 2013
La anchoveta y los descartes
POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE
Este 31 de enero, junto al cierre de su segunda temporada
de pesca del 2012, se despedirá la vieja mala práctica de las embarcaciones
pesqueras de devolver al mar la anchoveta capturada con alta incidencia de
ejemplares juveniles, y se introducirá el sistema de vigilancia directa del
Ministerio de la Producción (PRODUCE) a través de inspectores y/o técnicos
científicos de investigación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) a bordo,
que hará posible la respuesta inmediata del PRODUCE cuando se observe esta grave
incidencia en las faenas de pesca y pueda disponer oportunamente la suspensión
de las actividades extractivas en las zonas donde aquello suceda.
En estos últimos meses hemos observado, con mucha
decepción, la práctica irresponsable de este descarte de juveniles en altamar
que realizan muchas embarcaciones pesqueras, acatando seguramente directivas de
las empresas a las que pertenecen y contando con el cómplice silencio de sus
tripulantes, a pesar que antes de dar inicio a la presente temporada de pesca,
la ministra de la Producción Gladys Triveño, en conferencia de prensa difundida
a nivel nacional, expuso la preocupante disminución de la biomasa de anchoveta
(estimada en 5.3 millones de toneladas y con alta presencia de ejemplares
juveniles), dando lectura al dramático informe alcanzado a su despacho por investigadores
científicos del IMARPE.
En esa ocasión y ante esa adversa circunstancia,
sacrificando las recomendaciones técnicas de abstenerse de pescar en esta
segunda temporada y en atención a la dramática situación laboral al que
quedarían expuestos los pescadores, la ministra determinó una cuota social de
810 mil toneladas, demandando públicamente mayor compromiso a los actores
involucrados en esta actividad extractiva para preservar este preciado recurso
marino. Muchos dudaron de tal informe e
inclusive solicitaron una nueva inspección y hasta el incremento de la cuota
asignada.
Una vez que se hicieron a la mar, los pescadores se han
dado cuenta de la certeza del informe del IMARPE y de la gravedad del problema
que alertó la ministra. Pero, de manera contradictoria, salvo unas pocas
embarcaciones (es justo reconocerlo) de la empresa pesquera Hayduk, estas malas
prácticas del descarte de juveniles en altamar se volvieron más recurrentes. A
esta reprochable actitud altamente depredatoria, se sumó el desorden y
corrupción que aún están latentes en la supervisión en los desembarques de pesca industrial a cargo
de CERPER y SGS, las cuales han hecho todo lo posible por ocultar el reporte
real de la alta incidencia juvenil en las descargas y han retardado la acción
correctiva del PRODUCE.
Hay quienes ahora piden veda general y hasta la cabeza
de Gladys Triveño, a pesar que la ministra les advirtió de esta alta incidencia
de ejemplares juveniles antes de iniciar las actividades extractivas y les
pidió ponerse la camiseta del país extrayendo con sensatez el recurso,
disponiendo no una cuota técnica, sino una social o de voluntad política. Quizá
allí haya radicado su error, porque la cruda realidad le ha demostrado tardíamente
que lograr el comportamiento responsable de los actores principales en la
actividad extractiva de la anchoveta, es aún una tarea muy difícil para el
Estado.
Por todo lo dicho, para que las nuevas normas dictadas
por el PRODUCE surtan el efecto deseado, es necesario que se involucren con
mayor responsabilidad quienes participan directamente en la labor extractiva,
de tal manera que puedan desarrollar junto al Estado, una alianza estratégica
para la sostenibilidad del recurso y de los beneficios económicos que éste les
brinda.
E mail: cesarcordova_55@hotmail.com