El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
9 de junio de 2013
La tragedia de la administración de la pesquería peruana
La tragedia de la pesquería
peruana radica en la inexistencia de políticas de estado de largo plazo y la
ausencia de Planes Estratégico sectoriales multianuales que se hayan cumplido
más allá de constituir una mera formalidad exigida por el sistema.
El PESEM actualmente
vigente, por cuanto la RM que lo aprobó en el 2012 no ha sido modificada, es
ignorado por la administración actual continuando una larga secuencia de
administraciones que, ante la ausencia de políticas emanadas de Palacio de
Gobierno y sin voluntad de continuar los PESEM existentes, introducen una
agenda propia. O lo que es peor aún: careciendo de agenda y objetivos
estratégicos, avanzan en base a criterios más políticos que técnicos.
Al mes de Junio la
estadística pesquera, que hasta antes de la última reestructuración del
Ministerio de la Producción se publicaba en forma bastante amplia, no existe en
el portal de Produce. Solamente está el boletín de enero del 2013 el cual
contiene menos información que antes. Los demás links a descargas y datos
conducen a páginas inexistentes o incompletas. Los anuarios estadísticos
dejaron de publicarse a partir del 2011. El último publicado data de 2010.
El portal del IMARPE
tampoco ofrece acceso a información estadística detallada y transparente como
antes sí ocurría.
Esta omisión demuestra
falta de interés por exhibir datos, bien sea por desidia, negación de
información u ocultamiento o porque se volvió información clasificada o
secreta.
Las decisiones políticas
deben basarse en información científica y estadística que tienen que ser
públicas. Si no lo son, inducen a pensar que bien podrían no existir. La
ausencia de ambas dejan mucho que pensar y desear.
La saludable intención de
introducir reformas en la normatividad pesquera tienen, en el aspecto
estadístico (ante su ausencia), una contraparte negativa que permite presumir
que pueden estarse tomando decisiones inadecuadas.
El sistema no permite
evaluar el cumplimiento o avance de cumplimiento de los objetivos estratégicos
vigentes y diseñados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual, pese a que
existen indicadores claros.
El único indicador visible
es el índice de ejecución presupuestal. El presupuesto aprobado deriva,
teóricamente, de un Plan Operativo Institucional (POI), el cual se desprende
del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el ejercicio fiscal. El cual a su
vez debe ser concordante, coherente y alineado con el Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM) aprobado con RM 107-2012 PRODUCE en marzo del 2012.
Si la actual gestión
desconoce la existencia de este documento, está agravando la situación de
ausencia de políticas de estado de largo plazo al ignorar un planeamiento
estratégico vigente e introduciendo una administración sin agenda y sin
sustento técnico. En el peor caso podría hacer uno nuevo; pero lo grave es que
la violación del sistema de planeamiento estratégico vigente introduce un
elemento caótico y de improvisación en la administración sectorial.
Por tanto los índices de
ejecución presupuestal muestran el índice de eficiencia cuantitativa de la
gestión, aunque no miden cualitativamente el avance hacia el cumplimiento de
objetivos estratégicos.
El índice al 31 de mayo
muestra un nivel de eficiencia preocupante, el cual sumada a la ausencia de
datos estadísticos, nos muestra una debilidad de esta administración que merece
atención. Lo cual es un tema relativamente sencillo por cuanto es cuestión de
capacidad de gestión institucional que no está afectada por factores externos o
políticos.
25% de avance en 5 meses no
es precisamente la mejor tarjeta de presentación para el sector, del cual
destaca el pobre índice del FONDEPES del 17%. Siendo este último el principal
ente que realiza inversión en infraestructura, el ratio es preocupante.
Es probable que estos
ratios y el ignorar el PESEM se deriven de una organización inadecuada para el
sector, ya que antes de la reestructuración, si bien es cierto los índices eran
parecidos, por lo menos la opinión pública tenía acceso a mejor data
estadística.