El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
17 de octubre de 2015
La política y la pesca en el Perú
El debilitamiento del sector pesquero
se inició en el año 2000 cuando el Estado decidió desaparecer el Ministerio de
Pesquería. Se creó el Ministerio de la Producción por Ley N° 27779 - Ley
Orgánica modificatoria de la Organización y Funciones de los Ministerios,
publicada el 11 de julio del 2002, a partir de la fusión del Ministerio de
Pesquería y parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales – MITINCI, determinándose su
competencia en materia de las actividades extractivas y productivas comenzando
en los sectores industria y pesquería (Art. 33°).
Tiene como finalidad diseñar,
establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la política general y los
planes de gobierno, política nacionales y sectoriales aplicables a los sectores
de pesquería y de MYPE e industria, asumiendo rectoría respecto de ellas. Dicta
normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las
políticas, la gestión de los recursos del Sector, así como para el
otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución
coactiva.
La fusión del Despacho
Viceministerial de Industria con el Ministerio de Pesquería no ha favorecido a
este último. Por un lado los pocos recursos por derechos de pesca que recauda
Pesquería, los comparte injustamente con Industria. Por otro lado es difícil
encontrar un Titular del Pliego que conozca lo suficiente de ambos sectores como
para poder liderarlos y administrarlos adecuadamente.
No tuvo ni tiene mucho sentido la
fusión de un sector complicado como es la pesca con otro. La naturaleza de las
funciones del Despacho Viceministerial de Industria y Pymes es más afín con el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en donde estuvo originalmente, pudiendo
volver a dicho Pliego como un Viceministerio de Comercio Interior.
Operativamente solo tendría que confeccionarse el correspondiente documento de
gestión sin que implique gasto alguno por cuanto ocupa el mismo edificio, así
que el tema se reduce tan solo a cambiar nombres. Operativamente Pesquería
recibiría mejor y más eficiente atención logística y administrativa, al
concentrar la Secretaría General su atención en un solo Despacho
Viceministerial.
Se requiere de un liderazgo con capacidad
y conocimiento para poder reformar lo que necesita ser reformado en beneficio
del país y no solamente de los intereses del sector privado. En ausencia de
ambas cualidades se crea un vacío que llenan lobistas que defienden intereses
privados que, siendo legítimos, tienen que subordinarse al interés público, el
cual solo puede ser defendido por personas íntegras, con experiencia, con una
clara visión de largo plazo y comprometidos con la defensa de los intereses del
Estado, que son los de la Nación. Los lobistas proliferan cuando las
autoridades carecen del indispensable y suficiente conocimiento del sector y de
cualidades de liderazgo.
La sola restitución
del Ministerio de Pesquería no es la solución final a los problemas y
necesidades del sector. Tan solo el cambio de nombre a un Ministerio, ofrece poca
esperanza de mejora si no va unida a la implementación de una visión y mística
sectorial con vocación de servicio al país. Si no va acompañado de un
cambio estructural integral, sería tan solo un gesto y no una solución.
La pesquería peruana, una de las
más grandes del mundo, requiere de la visión de un Estado que tenga clara la
necesidad de introducir reformas en la pesquería y de su importancia para
aportar soluciones a la alimentación nacional. El alarmante índice de
desnutrición y anemia infantil que tiene reflejos sobre la asimilación de la
educación, obliga a replantear los objetivos de la pesca en el Perú.
No se
podrá hacer con funcionarios inexpertos, sin conocimiento del sector y sin
mística social que caen fácil e inevitablemente en las redes de manipuladores
profesionales.
El diseño de una política pesquera
requiere de una previa definición conceptual de lo que se quiere, por parte de
la más alta autoridad que tiene la potestad de dictar políticas de Estado, es
decir el Presidente de la República. Para ejecutar una nueva política pesquera sería
lo más recomendable y óptimo la restitución del Ministerio de Pesquería. También
una nueva ley orgánica para el Instituto del Mar, el cual debe ser un organismo
técnico autónomo, sin relación de subordinación ni dependencia hacia el Titular
del Pliego de Pesquería y dirigido por un científico. Es la mejor garantía de
que sea la ciencia objetiva e independiente, la que sirva de base para la toma
de decisiones de manejo de las pesquerías. La decisión política deberá ser
tomada sobre la base de la mejor recomendación técnica y científica, lejos de
influencias y manipulaciones que no tienen carácter estrictamente científico.
La política pesquera tiene que
formar parte de la estructura de un plan de gobierno con contenido ideológico y
conceptual que sustente las decisiones técnicas que deban tomarse.
La Revista Pesca aporta ideas
para el diseño de una política de Gobierno para el sector pesquero peruano
basado en seis objetivos estratégicos. Sin embargo es necesario considerar que
existe un Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 que está
vigente. Por lo tanto debe ser revisado para determinar qué objetivos fueron
alcanzados y cuáles deben continuar en el marco de la nueva política y un nuevo
PESEM, el cual debe derivar del Plan de Gobierno.
El Plan Estratégico Sectorial
Multianual para los cinco años del nuevo Gobierno debe derivar del plan de
Gobierno y compatibilizarse con el PESEM implementado para el período de
gobierno que termina. Lo ideal sería que derive de Políticas de Estado de largo
plazo.
De esta manera, se tiene una
Política de Gobierno para cinco años que no debe ser modificada, en esencia,
durante el período de la gestión, aun cuando hubiese cambios de funcionarios.
No es recomendable una alta rotación de funcionarios, pero si fuese inevitable,
lo único que debiera cambiar es el estilo de conducción; pero no los objetivos
estratégicos ni modificarse temas de fondo.
La pesquería no puede regularse
improvisando ni introduciendo elementos anti técnicos. Es necesaria una clara
estabilidad y continuidad de objetivos y propósitos. De esta forma los
administrados pueden organizar y planificar mejor sus actividades sin estar
sometidos a los sobresaltos que trae la rotación de funcionarios.
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