La anchoveta y los derechos de pesca

La anchoveta y los Derechos de Pesca

Eco. Juan Carlos Sueiro Cabredo

Director de la ONG Cooper@cción e Investigador Asociado al Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Blgo. Santiago de la Puente

Investigador del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

                Recientemente ha estado viva la discusión en relación al valor de los derechos de pesca. Para darnos una idea de la magnitud de estos, debemos estimar la renta asociada a la anchoveta, como recurso natural, es decir su contribución (como la del capital y la del trabajo) resultante de su utilización en la producción de harina y aceite de pescado. Para ello estimaremos el valor de las capturas obtenidas, calculadas en base a los ingresos obtenidos por la venta de harina y aceite y los costos totales de la producción de estos productos.

Los ingresos están dados por los precios de harina y aceite y las cantidades producidas (ver ecuación 1).

IT = Ph + Pa

(Ecuación 1)

Donde:

IT = Ingresos por tonelada de harina y de aceite producida

Ph= precio de una TM de harina de pescado

Pa = precio de una TM de aceite de pescado

Dado que se necesitan 4,3 toneladas métricas de anchoveta para producir una de harina y 20 toneladas métricas para producir una de aceite de pescado, los ratios productivos para una tonelada de anchoveta serían los siguientes:

IT = 0.232 × Ph + 0.05 × Pa

Por otro lado, calculemos los Costos medios de producción (CMeT), es decir los costos totales por cada tonelada métrica de harina de pescado. Estos se calculan en base a la sumatoria del Costo Medio Operativo en Planta, que incluye el costo de la anchoveta, sea con flota propia o de terceros, (CMeOPl), el Costo Medio de Capital en Planta (CMeKPl), la Depreciación de Planta (DMePl) (ver ecuación 2).

CMeT = CMeOPl + CMeKPl + DMePl

(Ecuación 2)

Seguidamente a los costos Totales los dividimos por las capturas (el ratio 4:3 lo que es lo mismo 0.232) los que los expresamos con un * (Ecuación 3) para diferenciarlo de los Costos Medios Convencionales, expresados en volúmenes de producto final (harina de pescado).

CMeT* = 0.232 × (CMeOPl + CMeKPl + DMePl)

(Ecuación 3)

Según el BCRP el precio FOB promedio de harina de pescado en el 2008 fue $902 dólares americanos por tonelada métrica. Para el precio de aceite, como el 2008 fue inusualmente alto hemos tomado el promedio entre el precio del 2007 y el del 2009. Según la misma fuente en el 2010 los precios promedios anuales para harina y aceite de pescado han sido de $1,486.7 y $1,079.2 dólares americanos respectivamente.

Para los costos en planta he utilizado una estructura de costos para el 2008 y el 2010, donde la principal diferencia es el precio de la anchoveta. Esta estructura de costos considera: (a) el abastecimiento de pescado tanto con embarcaciones propias (2/3 partes del volumen de pesca utilizado) como con la flota de terceros (1/3 del volumen de pesca utilizado), (b) los montos de combustibles, (c) de mano de obra y (d) de depreciación de la planta, expresada en términos de una tonelada de anchoveta. Vale recalcar que las embarcaciones de madera y las de acero más pequeñas tienen un costo menor.

Los costos de producción por tonelada de harina producida calculadospara el año 2008 ascienden a $860 dólares americanos por tonelada de harina producida. Es importante mencionar que no hemos considerado la “recuperación” por aceite. De manera similar, los costos de la captura de anchoveta para la producción de harina de pescado ascienden a $91 por tonelada extraída (para ver los detalles de este cálculo revisar el Anexo 2 de La Pesquería Peruana de Anchoveta: Evaluación de los sistemas de gestión pesquera en el marco de la certificación a cargo del Marine Stewardship Council, disponible aquí).

Para el 2010, los costos de producción de una tonelada harina de pescado han sido calculados en $1,200 dólares, mientras que el costo de captura de una tonelada de anchoveta asciende a $96.5 dólares americanos.

Anotaremos que teóricamente la depreciación es la diferencia de valor entre el precio de compra o de fabricación y el precio de venta (residual) sin embargo, para la pesquería de anchoveta, las embarcaciones y las plantas se revaloran antes que se deprecian. Así una embarcación que hace 10 años costó 2 millones de dólares hoy se vende a más del doble.

Con esos parámetros la renta asociada a la anchoveta tanto para 2008 (antes de la aplicación del DL 1084), como para el 2010 se calcula utilizando la ecuación:

2008: 0.232 * (902.6 + 811.5 – 860) = $50.4 dólares americanos

2010: 0.232 * (1486.9 + 1079.1 –1200) = $119.8 dólares americanos

Como se puede observar, éstos difieren significativamente de los exiguos montos de derechos de pesca que se calcularon para el 2010, 0.25% del precio FOB de la harina de pescado equivalente en promedio a 3.72 dólares por tonelada métrica.

Esta situación ha sido ampliamente discutida en estas semanas tanto en la lista OANNES como en la Revista Pesca, resaltando que los derechos de pesca son claramente insuficientes: (a) para cubrir los costos de las acciones gubernamentales de gestión, vigilancia, control e investigación - necesarios para garantizar el aprovechamiento sostenible de la anchoveta y la sostenibilidad de la actividad pesquera en general, así como (b) para cubrir con un importe justo de retribución por el uso de un recurso natural que no sólo es patrimonio de la Nación, sino que también clave en nuestro mar.

En el 2005, como parte de un reporte para el Banco Mundial en el que colaboré junto con la Dra. Majluf y el Dr. Barandiarán calculamos con precios y costos de ese año en $16 dólares esta renta. Para Chile, la organización Oceana, quien nos facilitó esta metodología, la calculó (con ratios de 0.25 y 0.12 en harina y aceite respectivamente) para el año 2002 en 25,8 dólares por tonelada.

Queda abierto el debate acerca de cual debiera ser el monto por derechos de pesca de anchoveta para harina de pescado. Los cálculos aquí presentados de la renta asociada a esta especie en la producción de harina y aceite de pescado es una contribución a éste.

La gran transformación, inclusión y redistribución

El PERÚ ENTERO, Y EN ESPECIAL EL SECTOR PESQUERO, SOBRE TODO LOS PESCADORES ARTESANALES, ESPERAN CON ILUSION Y CONFIANZA COMO SE APLICARAN LAS FRASES DEL PRESIDENTE HUMALA EN EL SECTOR.

Más allá de la prensa y los medios tradicionales que dicen ser expresión de la "opinión pública", la realidad impone su propio paisaje. Es ese paisaje de realidad el que la Nación espera que el Presidente observe con detenimiento.

"Por eso, cuando contemplo y medito sobre todas esas repúblicas que hoy florecen por ahí, no se me ofrece otra cosa, séame Dios propicio, que una cierta conspiración de los ricos que tratan de sus intereses bajo el nombre y título de república. Y discurren e inventan todos los modos y artes para, en primer lugar, retener sin miedo de perderlo lo que acumularon con malas artes; después de esto, para adquirirlo con el trabajo y fatigas de todos los pobres por el mínimo precio; y para abusar de ellos. Estas maquinaciones, tan pronto que los ricos han decretado que se observen en nombre del pueblo, esto es, también de los pobres, se hacen ya leyes"

(Utopía, Libro II).

“Los recursos marinos son un bien público, no un recurso privado. Por tanto, el derecho de explotar esos recursos debe asignarse con arreglo a criterios que garanticen que la pesca contribuya lo máximo posible al interés público.

Tradicionalmente, los permisos de pesca se han concedido en función de la participación histórica en la pesca. Con frecuencia, quienes más habían capturado recibían la mayor parte de la cuota. Este criterio favorece que quienes han sido los máximos responsables de la sobrepesca en el pasado tengan las mayores oportunidades de pesca en el futuro. Este principio no contribuye a la recuperación de las poblaciones, ni favorece la pesca sostenible ni tampoco a las comunidades costeras”

“El derecho a pescar debería basarse en criterios ambientales y sociales”

La injusticia tributaria: cobrar o no cobrar impuestos

Esta nota tiene un exponente casi patético en la recaudación tributaria y por derechos de pesca que proviene del sector pesquero en el Perú.

Una industria pesquera que contribuye en una proporción injusta, un sector artesanal que no tributa pero que demanda inversiones y una pasividad e indolencia censurables por parte del Estado.

Sin embargo vale la pena agregar al comentario que aún si la recaudación y contribución mejorasen a niveles adecuados, ¿está el aparato estatal del sector pesquero capacitado para ejecutar el gasto de inversión, proveniente de mayor recaudación, en forma eficiente y oportuna?

Las cifras estadísticas de la ejecución presupuestal de los últimos diez años indican que no lo está.

La inversión en mejoramiento de la infraestructura pesquera de desembarque es necesaria desde todo punto de vista. El punto es ¿de dónde debe salir el dinero para hacerlo? ¿Del IGV, del Impuesto selectivo al consumo? ¿De la renta? ¿De qué sector?

La respuesta, obviamente es que tiene que salir del sector pesquero. Pero ocurre que la contribución del sector industrial es pobre y la del sector artesanal es nula.

Los desembarcaderos pesqueros sirven, tanto al industrial que por ellos desembarca la materia prima que procesa y exporta, como al artesanal que alimenta el sistema de comercialización del mercado interno.

El gobierno del presidente Humala tiene que introducir acciones concretas en esta problemática que ha sido soslayada por las administraciones anteriores. Tiene entonces la oportunidad de ejecutar una política redistributiva y de inclusión social en todo aspecto.

Marcos Kisner

INJUSTICIA TRIBUTARIA EN AMÉRICA LATINA: COBRAR O NO COBRAR IMPUESTOS

Carlos Alonso Bedoya

Red del Tercer Mundo

América Latina ha tenido un crecimiento económico no visto desde fines de los años sesenta, pero sigue siendo la región más desigual del mundo. Todo indica que el problema se produce a la hora de cobrar impuestos.

Llevamos años escuchando que es fundamental la disciplina fiscal. Que no podemos gastar más de lo que tenemos. Que uno debe taparse hasta donde le alcanza la frazada. Así hemos ido acostumbrándonos a la idea de que llegará el día en que el crecimiento económico alcance para todos pero, mientras tanto, debemos medirnos con el gasto en salud, educación o seguridad social.

Hemos venido entendiendo lo “fiscal” como ajustarnos el cinturón, en lugar de recaudar lo suficiente para cubrir nuestras necesidades. Seguramente que en esto tienen que ver los traumas provocados por la crisis de la deuda y la hiperinflación de los años ochenta. Pero resulta que hoy el escenario económico es otro. Inversionistas privados obtienen grandes ganancias en nuestros países y, en muchos casos, no pagan lo justo en impuestos con el argumento de que si no se les otorga beneficios o exenciones tributarias se van a otro territorio. En realidad, nos chantajean al mismo tiempo que utilizan sofisticados mecanismos para llevarse lo que deberían dejar en el tesoro público.

Esta trampa ideológica hace también que diversos países de la región cobren menos tributos para captar mayor inversión extranjera directa, generando una competencia irracional entre vecinos. Ello, además de colocarnos en una posición desfavorable para negociar con el capital foráneo, impide que los sistemas tributarios estén lo suficientemente interconectados para detectar evasiones u otras movidas ilegales.

Ahora lo vemos con claridad. Mientras que en el periodo 2003–2008, América Latina ha crecido a una tasa promedio de 5.5 por ciento, no ha dejado de ser una de las regiones del mundo que dispone de menor financiamiento tributario. La presión tributaria de América Latina y el Caribe alcanzó apenas el 18.3 por ciento durante el 2010, según CEPAL. O sea que de cada cien dólares producidos en nuestra región sólo 18.3 fueron a dar a la administración tributaria de cada país en promedio. Y eso que este cálculo incluye las contribuciones a la seguridad social.

Política fiscal e igualdad

La política fiscal es un instrumento potente a la hora de atacar la desigualdad. Lamentablemente ese debate aún no ha ingresado con fuerza en América Latina. Es que la potencialidad que tiene la manera en que cobramos impuestos y como asignamos el gasto incide directamente en la distribución de la renta de un país. En buena cuenta, la política fiscal debe ser vista también como una política redistributiva, porque con una mano le cobro a quien más gana y, con la otra, le doy a quien menos tiene.

Precisamente, mediante la recaudación justa de impuestos se pueden obtener recursos suficientes para dar servicios públicos de calidad a la población, incluso transferencias monetarias condicionadas, como el programa Bolsa Familia en Brasil, Juntos en Perú o la Asignación Universal por Hijo en Argentina.

Con un sistema de impuestos de carácter progresivo, donde el que más renta genera más paga, se tiende a lograr equidad. Los montos pagados aumentan a medida que crece el nivel de ingresos de individuos y empresas. Así, el conjunto de banqueros, mineros, pesqueros o industriales agroexportadores pagan en proporción más que el resto de la población.

Es decir, el impuesto a la renta que pagan los que la generan nos debe permitir recaudar más que por concepto del impuesto a las ventas que pagamos todos. Por ello, la imposición a la renta y el patrimonio, denominados impuestos directos, es clave como mecanismo de justicia tributaria.

Sin embargo, ésta no es la realidad que vivimos en la región. América Latina enfrenta grandes dificultades para aumentar el peso de los impuestos directos. La estructura tributaria del conjunto de los países latinoamericanos es más bien regresiva. Pagan más los que menos tienen. Cerca del sesenta por ciento de los recursos tributarios proviene del impuesto por adquirir bienes o servicios, mientras que sólo un treinta por ciento corresponde a impuestos directos como renta y patrimonio, según la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).

Un ejemplo extremo se daba en Perú antes de la eliminación de la exoneración de las ganancias en bolsa. En 2008, una persona que vivía debajo de un puente pagaba por Impuesto General a las Ventas (IGV) el diecinueve por ciento, mientras que en ese mismo año una persona que invertía 50,000 dólares en la Bolsa de Valores de Lima y duplicaba su inversión pagaba cero.
 

Un sistema fiscal donde una porción elevada de su recaudación se deriva de impuestos indirectos, como el impuesto al consumo, perjudica a los pobres, ya que ellos destinan una mayor proporción de sus ingresos a pagar impuestos al consumo que las personas con mayores ingresos.

Evasión tributaria, pobreza y desigualdad

Lo cierto es que la evasión del impuesto a la renta en América Latina oscila entre el cuarenta y el sesenta y cinco por ciento, según Latindadd, y esto definitivamente atenta contra cualquier efecto redistributivo. En buen romance, con esa práctica de no pagar suficientes impuestos directos tampoco hay dinero para redistribuir.

Mucha de esa plata que deja de entrar a las arcas fiscales indebidamente se remesa al exterior burlando la ley. Esto, que en la jerga económica se conoce como parte de los flujos de ilícitos, entre 2000 y 2008 superó los 150,000 millones de dólares, según la misma fuente. No es poca cosa.

 

Mientras tanto, en nuestra región tenemos registrados todavía ciento ochenta y tres millones de personas en la pobreza y setenta y cuatro millones en la indigencia. Y aunque durante la primera década del este siglo la pobreza disminuyó en entre seis y once puntos porcentuales, producto del crecimiento, la mejoría hubiera sido mucho más significativa de haberse evitado la fuga ilegal de miles de millones de dólares.

 

Además, hay que tener en cuenta que el impulso de reducción de la pobreza ha disminuido tras la crisis global.

Del lado de la desigualdad, las cifras para América Latina nos dicen que el ingreso medio captado por el veinte por ciento más rico de la población supera en 19,3 veces al del veinte por ciento más pobre. El coeficiente de Gini, un método que mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso en el que el valor de cero expresa la igualdad total y el de uno la máxima desigualdad, da como promedio para la región hasta 0,53 por ciento. Aunque si lo vemos de manera diferenciada entre países, algunos, como Brasil, Guatemala, Colombia y Honduras, se acercan a 0,6.

A pesar de los instrumentos desplegados por los distintos gobiernos en los últimos años para impulsar la demanda agregada y el boom internacional de los precios de los commodities, América Latina permanece como la región más desigual del mundo.

Otra de las constataciones a tomar en cuenta es que el coeficiente de Gini, antes y después del pago de impuestos, ofrece un acercamiento al impacto de la política tributaria sobre la distribución de la renta nacional. En Argentina, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Panamá, la distribución mejora después del pago de impuestos, mientras que en Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Perú el efecto es el contrario.

Como podemos ver, la ideología que promueve la llegada de inversiones, la firma de Tratados de Libre Comercio y el ajuste del gasto como vía para alcanzar bienestar no ha reparado en que la principal fuente de injusticia se produce a la hora de cobrar los impuestos. Sin duda la tarea es enorme, pero ya es momento de revertir las prácticas tributarias neoliberales que nos hacen competir entre vecinos y les dan la sartén por el mango a los criminales de cuello y corbata.

http://agendaglobal.redtercermundo.org.uy/2011/07/14/injusticia-tributaria-en-america-latina-cobrar-o-no-cobrar-impuestos/

La agenda pendiente en la pesquería

Por Juan Carlos Sueiro

COOPERACCION

El nuevo gobierno tiene la obligación de enfrentar importantes y urgentes aspectos relacionados con la actividad pesquera en el país.

Las propuestas en la campaña relacionadas a la pesquería han sido episódicas, generales e insuficientes. No obstante, en los espacios de discusión como de investigación han sido abundantes los debates como también las propuestas. Destacan en ello la lista de interés OANNES como el CSA de la UPCH. Mayor detalle se encuentra en http://csa-upch.org/pdf/lapesqueriaver.pdf.

Aquí queremos destacar algunas: es necesario replantear el sistema de abastecimiento de anchoveta para el consumo de las personas, completamente distorsionado e insatisfactorio; que ha resultado en un irregular abastecimiento para la producción de harina de pescado, denunciado innumerables veces, pero que no obstante ha sido favorecido por PRODUCE con disposiciones de menor jerarquía que socavan planes y propósitos supuestamente definidos.

Asimismo, es imperativo encarar aspectos claves en la extracción de anchoveta para harina de pescado: asegurar la salida efectiva de embarcaciones y que no terminen entrando por la puerta falsa (argucia por demás conocida en el sector) fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones con las tripulaciones desvinculadas y reajustar el reglamento de sanciones e infracciones. Basta decir que del 2004 al 2009, 132 embarcaciones han tenido mas de 20 infracciones y, sin embargo, PRODUCE no ha sancionado nunca la reincidencia, debido a su inaplicabilidad, tal como esta redactada.

Afrontar la pesca no reportada, alrededor de un millón de TM por año, según el Sindicato de Pescadores de Chimbote. Para ello se debe incluir las exportaciones como mecanismo de control (sistemáticamente se comercializa mas de lo que se produce) y facilitar el funcionamiento del observatorio pesquero, inicialmente aceptado pero luego vetado por los poderes fácticos y funcionarios interesados en mantener la opacidad en la gestión pesquera. También implica iniciar un amplio debate para la reubicación del IMARPE en el MINAM

Ampliar de manera significativa la venta directa de productos pesqueros. La campaña actual de venta de jurel no representa ni el 2% de los desembarques para congelado de jurel y, sin embargo, han sido las ventas más publicitadas de los últimos años.

Aun cuando no ha recibido la atención de la prensa, ni muestra los niveles de la actividad minera, la ampliación de las ganancias en la pesquería ha sido significativa, impulsada por la demanda mundial acuícola que ha más que duplicado los precios en pocos años. Asimismo, ha habido una importante revaluación de todos los activos pesqueros.

No obstante, los pagos por derechos de pesca son extremadamente bajos y han sido congelados por 10 años sin sustento técnico alguno. Para el 2010 fueron un total de 12 millones de dólares mientras las exportaciones de harina y aceite de pescado han sido de 1.874 millones de dólares, lo que es insuficiente para el control y la investigación, más aún cuando es imperativo transitar a un enfoque ecosistémico en la gestión pesquera. Así las cosas, en la pesquería es inaceptable una gestión que sea más de lo mismo.

http://www.larepublica.pe/12-07-2011/la-agenda-pendiente-en-la-pesqueria

Las cifras del canon pesquero para el 2012

El Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado la Resolución Directoral Nº: 001-2011-EF/64.03 del 28 de Junio del 2011, cuyo anexo detalla la estimación de los recursos públicos que los gobiernos locales y regionales considerarán en el presupuesto institucional 2012.

El cuadro está expresado en nuevos soles y muestra la cifra del canon pesquero que se transferiría a los gobiernos locales y regionales.

Si se examina la norma completa y su anexo, a nivel de Municipalidades, es evidente que las cifras que algunas de ellas reciben no solo son injustas, sino groseramente ridículas.

Por mencionar un ejemplo: Además de las "donaciones" que recibe la Región Sur del Perú, provenientes del régimen especial de Pesca de anchoveta en dicha zona, la participación formal de sus gobiernos locales y regionales ¿es acaso justa?

La revista Pesca ha publicado en varios artículos las cifras de las exportaciones pesqueras y su contribución con la Nación a través de la tributación a la cual la industria pesquera está obligada.

También ha expresado que detrás de la publicitada excelencia del sector, del elogio al crecimiento de sus exportaciones y de las campañas mediáticas de venta de pescado barato se esconde la realidad de una pobre contribución de la industria pesquera para con la Nación.

Estas cifras evidencian, en una norma oficial recientemente publicada, la injusta participación del País en el negocio pesquero.

El nuevo gobierno tendría que examinar y evaluar las razones de esta injusticia y aplicar las medidas correctivas que fuesen pertinentes.

La conducción política del sector pesquero

Mientras la conducción de la investigación científica y política del sector pesquero continúe en manos de funcionarios inexpertos y/o con intereses económicos en el negocio pesquero, no podrán diseñarse ni mucho menos aplicarse las reformas que el sector requiere.

Mientras la autoridad tributaria no establezca nuevas metodologías para determinar la existencia de elusión y/o evasión tributaria en el negocio pesquero, no habrá una contribución justa de la pesquería para con la Nación.

Mientras no se reforme el sistema penal y se tipifique como delito ecológico la contaminación del océano y del medio ambiente y se penalice con prisión efectiva a los infractores, nadie detendrá los impactos negativos que la industria pesquera causa sobre el medio ambiente.

Mientras no se sancione con prisión efectiva la elusión y la evasión del pago de impuestos, el país seguirá siendo un espectador de cómo un pequeño grupo explota sus riquezas sin compartirlas.

Mientras los funcionarios designados, en especial los Titulares de Pliego  no sean personas capaces, decididas, honestas, probas, con conocimiento de la pesquería y sin ningún compromiso, vinculación directa o indirecta con los intereses de los administrados, la administración de las pesquerías seguirá siendo influída por los interesados en mantener sus actuales privilegios en perjuicio de la Nación.

Tanto, o más peligroso aún, es designar funcionarios cuyo principal objetivo es satisfacer su propia vanidad de figuración y agendas personales.

Mientras los gobiernos sigan designando Titulares de Pliego de perfil inadecuado o sospechoso, sin capacidad y sin una genuina vocación de servicio, la Nación asistirá impotente a la destrucción de su potencial pesquero y será muda testigo del enriquecimiento de unos cuantos a expensas de toda la Sociedad.

Es poco probable que un funcionario con intereses económicos en el negocio pesquero actúe con imparcialidad, corrigiendo lo que es impostergable corregir.

El gobierno tiene el deber de gobernar y administrar las pesquerías en beneficio de la Nación y no solamente en beneficio del sector y de unos cuantos.

El nuevo gobierno frente al reto del sector pesquero

LA PESQUERIA PERUANA ENFRENTANDO EL RETO DE DISEÑAR UN NUEVO MODELO

El Perú ha votado por el cambio en las elecciones del día hoy. El país ha expresado su disconformidad con un sistema que solo ha recogido triunfalistamente las estadísticas macroeconómicas que han beneficiado el crecimiento de un pequeño sector de la población, menospreciando y olvidando al ciudadano común, postergando el día a día hacia un futuro indeterminado e incierto, impreciso, variable; alimentando a la mayoría de la Nación con esperanzas tan solo.

La pesquería peruana, secularmente olvidada por los gobiernos de turno, ha experimentado un crecimiento estadístico en desembarques y exportaciones que ha sido hábilmente explotado por los Titulares de Pliego para promocionarse a sí mismos olvidando que el crecimiento no ha significado mitigación de los impactos negativos sobre el ecosistema y el medio ambiente, sino lo contrario. Olvidando la inclusión de los pescadores artesanales y del conjunto de la Sociedad, en especial de aquella gran porción con carencias nutritivas. Olvidando que no hay evidencia alguna en las cifras oficiales de recaudación tributaria y de canon pesquero que refleje un beneficio justo y equitativo para la Nación, la legítima propietaria de los recursos hidrobiológicos. Olvidando, o soslayando que tampoco ha significado un crecimiento proporcional de los presupuestos de los pliegos del sector ni mejoría en la eficiencia de su programación y ejecución.

El sector pesquero ha sido mantenido en un estado de desinformación y/o de información parcial y subjetiva.

El país ha votado contra todo eso.

Compete al Presidente electo asumir la responsabilidad de darle al sector pesquero una Política de Estado inclusiva y redistributiva, dirigida por gente proba, eficiente y con experiencia. El país no quiere más de lo mismo, el sector tampoco.

El sector requiere de cambios y también de acciones en todo orden de cosas.

El proceso de transferencia, próximo a iniciarse debe poner especial atención en los actos de corrupción denunciados, en proceso de investigación, y/o reportados y concluirlos con celeridad aplicando las sanciones correspondientes, así como a los actos de encubrimiento de corrupción conocidos e identificados por los empleados y funcionarios públicos que tienen mucho que decir al respecto y que ahora deben poder hablar sin temores ni reservas.

Durante la década de los 90 se privatizaron muchas empresas estatales pesqueras, en la gran feria de la privatización como solución a todos los males del país. Esas empresas pasaron al sector privado. ¿Pagaron todos los nuevos dueños un justiprecio? O más aún… ¿pagaron? ¿Demostraron ser más eficientes?

Es uno de los tantos puntos de una agenda pesquera olvidada pero aún pendiente. Mantienen su vigencia las interrogantes que fueron formuladas en el artículo del 17 de abril en los siguientes links:

http://pescasostenible.blogspot.com/2011_04_01_archive.html

http://www.revistapescaperu.com/index.php/actualidad/340-dia-despues

Comentarios a las declaraciones de la autoridad de pesqueria

Las ultimas declaraciones de la viceministra de pesqueria, que se reproducen en el artículo comentado y publicado en la web de la revista Pesca, dejan un sabor a triunfalismo que para algunas personas raya en ofensivo. La administración solamente se elogia a sí misma, no hace autocrítica alguna y lo más grave es que las informaciones oficiales inducen al país a creer que nuestra pesquería está perfectamente orientada y administrada.

Lea la nota en el siguiente enlace:

http://www.revistapescaperu.com/

Peces: su clasificación

Peces: información, su clasificación y su valor nutritivo. Una infografía didáctica e interesante. Vela en el siguiente link:

http://www.revistapescaperu.com/index.php/sabia-usted

La oclocracia

La democracia degenera, tiende a la oclocracia. La oclocracia no es otra cosa, como ya se sabe, que la forma específica de degeneración de la democracia. Desde Pericles a Giovanni Sartori, pasando por Juvenal, Shakespeare, Lope de Vega, Tocqueville u Ortega, con unas u otras palabras, los más preclaros analistas de la naturaleza humana y de la política han advertido siempre de un permanente peligro para la democracia: el interés de unos pocos en hacerla degenerar hacia la oclocracia.

Etimológicamente, la democracia es el gobierno del pueblo, y la oclocracia es el gobierno de los insipientes, o como mejor se le quiera llamar ahora al conjunto de esas muchas personas que en los asuntos públicos o políticos andan confusos o desordenados de cabeza, escasos de razón, flojos en la forma de discurrir o débiles en la capacidad de juicio.

Siendo obvio que ni el pueblo ni los insipientes han gobernado nunca, ni podrán gobernar jamás, porque, como diría Rousseau, va contra la naturaleza de las cosas que sean los más los que gobiernen y los menos los gobernados, lo que con la expresión ``gobierno del pueblo'' se quiere significar es que el gobierno está apoyado, respaldado y legitimado por el pueblo, de la misma manera que con la expresión ``gobierno de los insipientes'' lo que se significa es que es entre éstos, de manera expresa, entre quienes el gobierno, o los que aspiran a gobernar, buscan el apoyo, el respaldo o la legitimación.

Así entendidas democracia y oclocracia resulta evidente que no se trata, sólo, de dos formas distintas, sino de dos formas antagónicas de gobierno. La democracia vale lo que vale el saber del pueblo que la sustenta; la oclocracia, por el contrario, se apoya en la ignorancia o, lo que es lo mismo, busca la legitimación en el sector más ignorante de la sociedad. La primera vive del uso y la defensa del discurso racional y la segunda utiliza, sobre todo, la manipulación. Si la una es el reino de los verdaderos políticos, la otra es el campo de los auténticos demagogos.

http://www.lfcia.org/~mosky/recortes/html/El_Pais-node25.html

http://147.96.1.15/info/bas/utopia/html/rouss310.htm