El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

9 de mayo de 2013

Sanciones en el sector pesquero del Perú


Ahora será más difícil dilatar los procesos de cobros de sanciones ambientales, porque se les exigirá a las empresas una carta fianza equivalente al monto que se pretende cobrar.

Con el propósito de hacer más efectiva la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), imponer sanciones más disuasorias, cobrar las multas y reducir la contaminación ambiental, el Poder Ejecutivo publicó la Ley Nº 30011, que modifica la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Nº 29325).

De acuerdo al presidente del Consejo Directivo del OEFA, Hugo Gómez, la nueva ley permitirá, por ejemplo, reducir las trabas legales para el cobro efectivo de las multas ambientales, pues establece que la sola interposición de una demanda contencioso-administrativa (como ocurría hasta hace poco) no interrumpirá ni suspenderá el procedimiento de ejecución coactiva. OEFA estimó que, a la fecha, los jueces del Poder Judicial han paralizado los cobros de sanciones ambientales por S/. 92 millones. Agregó que este monto equivale al 81% del total de multas impuestas por la Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).

“Para que el juez admita a trámite una medida cautelar se requiere presentar una contracautela (carta fianza) personal o real, por un monto equivalente a la multa que se quiere cobrar”, precisó.

Salas especializadas
Otro de los cambios que introduce es el fortalecimiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental, con salas especializadas y vocales con dedicación a tiempo completo; anteriormente eran a tiempo parcial.

Según Hugo Gómez, en un mes estarían decidiendo el número de salas, aunque prevé que pueden ser tres e implementadas progresivamente; puede haber una sala para minería, otras dos para energía y producción, respectivamente.

Sostuvo que a la fecha falta resolverse 104 procesos. Reveló que en lo que va del 2013 se han aplicado 50 sanciones en el sector minero por 3,252 UIT (cada UIT equivale a S/. 3,700), 17 sanciones en el sector energía por 393 UIT y 54 sanciones en el sector pesquero por 546 UIT. Recordó que en el 2012 aplicó 215 sanciones a mineras por 16,927 UIT, 43 sanciones a empresas de energía por 13,995 UIT y 31 sanciones a pesqueras por 439 UIT.

Fuente:

¿Aplicará también al sector pesquero? En el caso del Consumo Humano Directo, ¿cómo se aplican sanciones si no hay límites máximos permisibles?

Por otro lado el estado de sanciones impuestas en el sector pesca del Perú es de un volumen tan alto, tanto en valor monetario como en unidades sancionadas, que refleja y evidencia una situación alarmante en el manejo y operación de la pesca en el Perú. Si se agrega las sanciones ambientales impuestas por la OEFA la situación puede ser más que preocupante.

Produce ha aplicado sanciones por diferentes conceptos y con multas que en algunos casos llegan a las 30 U.I.T. a una  cantidad de administrados realmente alucinante.

Las relaciones que pueden apreciarse en los enlaces siguientes son las que han sido impuestas por la autoridad de Pesquería y hablan por sí mismas.

Listado de embarcaciones suspendidas al 8 de mayo 2013

Relación de resoluciones sancionadoras apeladas al 0 de mayo 2013

Estado de sanciones en la Oficina de Ejecución coactiva

Esta información pública y transparente, que se encuentra colgada en la página web de PRODUCE es sana para que la sociedad civil aprecie lo que ocurre; sin embargo falta colocar la relación de armadores que han pagado derechos de pesca y la de aquellos que no han pagado los mismos, precisando las correspondientes cantidades.