El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

22 de mayo de 2013

Hildebrandt en sus trece


"Nada puede evitar que la derecha gane excepto que la izquierda sea una alternativa que encandile, que entusiasme al pueblo, y no lo está haciendo. No tienen posibilidad, ni programa, ni liderazgo, ni modernización; es una izquierda que no se ha aggiornado, que sigue pensando que en Cuba hay una revolución, cuando en Cuba hay una gran decadencia, una ruina fotografiable. Con una izquierda así, pensando que la dictadura del proletariado está encarnada en Cuba, y quizá en Corea, ¿qué espera?

 -¿Y no es posible que aparezca una alternativa de centro?

 Lo que tiende a aparecer es una izquierda ambientalista, que considera que el problema es planetario, que el modelo de desarrollo es insostenible, que lo que venden como crecimiento no es tal, lo que venden como consumo no es felicidad, lo que venden como metas a seguir no son metas, sino suicidios ecológicos. Esa izquierda está germinando. Tierra y Libertad es una expresión de eso, todavía en semilla, pero está. Es una esperanza.

¿Pero qué es un outsider en Perú? Fujimori, Kuczynski, Humala lo eran… En realidad en la política peruana tan destruida, sin partidos, o con estos tan corrompidos, ya todos son outsiders, transeúntes, repentistas. Que pueda aparecer cualquiera, ajeno, sí, pero sería lo mismo. Mientras el electorado tenga esa resignación, de aceptar los contrabandos, que un candidato incumpla su programa, que la derecha gobierne ganando o perdiendo, estos desarrollos electorales o jornadas cívicas serán rituales. Seguiremos en lo mismo al margen de quien gane. La política peruana es una fiesta de carnaval veneciano, con máscaras, donde nadie sabe quién es quién, con promiscuidad, donde la señora sale encinta y no sabe de quién.

La destrucción de la vida partidaria. El Apra es un club de amigos de Alan, el Partido Comunista es un cascarón vacío, el Partido Socialista ya vemos, la democracia cristiana dejó de existir y dio paso al PPC, que es un club aristocrático nacional con ciertas pretensiones, y los demás son ismos de bolsillo. En un mundo sin partidos, la posibilidad del figuretismo frívolo, de la anomia, y de lo anético, es una gran posibilidad. Chile tiene aun en eso la ventaja de haber conservado partidos, y Colombia. Ecuador es un caso especial, donde Corea sustituye al partido, con su personalidad que genera ilusión. Evo es otro caudillo que no necesita de partidos. Pero son casos atípicos. En Perú no hay ni uno ni lo otro. El drama del pueblo es que está irrepresentado. La franquicia pueblo no está representada.

Hay dos miradas. En la prensa escrita la hegemonía de la derecha es clarísima, aunque legítima, pues la izquierda no puede construir medios. La otra es la radio y la televisión. Creo que es el peor momento de la televisión informativa del Perú. Esto comenzó cuando la derecha se dio cuenta de que no podía dar concesiones. Y ha terminado con esta monotonía, esta cacofonía editorial que es la televisión. Todo está bien siempre que esté dentro del sistema. Ningún cuestionamiento esencial, ningún debate sobre cosas de verdad importantes. Se puede atacar a ministros, pero no al sistema. Eso produce esta grisura unánime de la televisión.

 -¿Y la radio?

 La radio es patética; solo hay una y está en manos de Alan, porque dos de sus mayores locutores son empleados suyos y porque él trató bien a esa emisora en su segundo periodo. No pretende informar sino adoctrinar. Son medios masivos. La prensa escrita es lo exquisito. Pero la gente forma opinión con la televisión y la radio. Soy de prensa escrita pero reconozco mis limitaciones"

César Hildebrandt en Diario 16

9 de mayo de 2013

Sanciones en el sector pesquero del Perú


Ahora será más difícil dilatar los procesos de cobros de sanciones ambientales, porque se les exigirá a las empresas una carta fianza equivalente al monto que se pretende cobrar.

Con el propósito de hacer más efectiva la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), imponer sanciones más disuasorias, cobrar las multas y reducir la contaminación ambiental, el Poder Ejecutivo publicó la Ley Nº 30011, que modifica la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Nº 29325).

De acuerdo al presidente del Consejo Directivo del OEFA, Hugo Gómez, la nueva ley permitirá, por ejemplo, reducir las trabas legales para el cobro efectivo de las multas ambientales, pues establece que la sola interposición de una demanda contencioso-administrativa (como ocurría hasta hace poco) no interrumpirá ni suspenderá el procedimiento de ejecución coactiva. OEFA estimó que, a la fecha, los jueces del Poder Judicial han paralizado los cobros de sanciones ambientales por S/. 92 millones. Agregó que este monto equivale al 81% del total de multas impuestas por la Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).

“Para que el juez admita a trámite una medida cautelar se requiere presentar una contracautela (carta fianza) personal o real, por un monto equivalente a la multa que se quiere cobrar”, precisó.

Salas especializadas
Otro de los cambios que introduce es el fortalecimiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental, con salas especializadas y vocales con dedicación a tiempo completo; anteriormente eran a tiempo parcial.

Según Hugo Gómez, en un mes estarían decidiendo el número de salas, aunque prevé que pueden ser tres e implementadas progresivamente; puede haber una sala para minería, otras dos para energía y producción, respectivamente.

Sostuvo que a la fecha falta resolverse 104 procesos. Reveló que en lo que va del 2013 se han aplicado 50 sanciones en el sector minero por 3,252 UIT (cada UIT equivale a S/. 3,700), 17 sanciones en el sector energía por 393 UIT y 54 sanciones en el sector pesquero por 546 UIT. Recordó que en el 2012 aplicó 215 sanciones a mineras por 16,927 UIT, 43 sanciones a empresas de energía por 13,995 UIT y 31 sanciones a pesqueras por 439 UIT.

Fuente:

¿Aplicará también al sector pesquero? En el caso del Consumo Humano Directo, ¿cómo se aplican sanciones si no hay límites máximos permisibles?

Por otro lado el estado de sanciones impuestas en el sector pesca del Perú es de un volumen tan alto, tanto en valor monetario como en unidades sancionadas, que refleja y evidencia una situación alarmante en el manejo y operación de la pesca en el Perú. Si se agrega las sanciones ambientales impuestas por la OEFA la situación puede ser más que preocupante.

Produce ha aplicado sanciones por diferentes conceptos y con multas que en algunos casos llegan a las 30 U.I.T. a una  cantidad de administrados realmente alucinante.

Las relaciones que pueden apreciarse en los enlaces siguientes son las que han sido impuestas por la autoridad de Pesquería y hablan por sí mismas.

Listado de embarcaciones suspendidas al 8 de mayo 2013

Relación de resoluciones sancionadoras apeladas al 0 de mayo 2013

Estado de sanciones en la Oficina de Ejecución coactiva

Esta información pública y transparente, que se encuentra colgada en la página web de PRODUCE es sana para que la sociedad civil aprecie lo que ocurre; sin embargo falta colocar la relación de armadores que han pagado derechos de pesca y la de aquellos que no han pagado los mismos, precisando las correspondientes cantidades.

30 de abril de 2013

OLLANTA HUMALA NO ESTABA MUERTO


Escribe César Hildebrandt

Como la derecha peruana estaba convencida de haber comprado a Ollanta Humala, ahora le salta a la yugular por algunas muestras de autonomía.

Por ejemplo, está el asunto de Venezuela.

La derecha peruana, que no protestó por el caso de Lugo, en Paraguay, o el de Zelaya, en Honduras, está preocupadísima por el estado de la democracia venezolana.

El problema es que Henrique Capriles es gobernador reelecto del estado de Miranda gracias a una elección controlada por la misma Comisión Nacional Electoral hoy acusada de impresentable.

Y el problema es que ningún observador internacional, incluyendo en la lista al Centro Cárter, ha formulado tacha alguna en con­tra del proceso que llevó a Nicolás Maduro, con las justas, a la presidencia.

La derecha peruana es chusca, golpista y sucia y creía que UNASUR debía impedir el mandato de Maduro.

Pero UNASUR no podía darles ese gusto porque no está entre sus funciones vetar una elección que no ha sido cuestionada por los observadores internacionales. Lo que ha hecho UNASUR es reco­mendar a Maduro que se efectúe el recuento de votos prometido y que se abran las puertas del diálogo en esa Venezuela con presentimientos de guerra civil.

Hay que ser muy bruto para no entender eso.

Y hay que ser muy cínico para que la prensa peruana, escrita y televisada, que avaló la dictadura putrefacta de Fujimori y su concentración de poder sostenga que hoy en Venezuela hay un monopolio de los medios y una práctica dictadura castrista. Curioso castrismo este que casi a punto estuvo de tolerar el triunfo del ferozmente opositor Henrique Capriles y que hoy asiste a un proceso inexorable de decadencia del PSUV y de fraccionamiento de sus filas.

 La derecha no tiene patria ni doctrinas ni principios. Sólo la excita el dinero, sólo la entusiasma la codicia, sólo le teme a la libertad

Para la derecha peruana el problema no es la democracia. Es quién corta el jamón. Si mañana fuera necesario dar un golpe de Estado sanguinario para reprimir a los opositores a la gran minería y a los que se niegan a obedecer el pensamiento único que todos los días expectoran los locutores de RPP, la derecha aplaudiría con el mismo fervor con que aplaudieron a Sánchez Cerro (creación heroica) y a Velasco (cuando creyeron que podían manejarlo).

La derecha no tiene patria ni doctrinas ni principios. Sólo la excita el dinero, sólo la entusiasma la codicia, sólo le teme a la libertad. Por eso quiere que todo sea inmóvil, fósil, eterno. Es una derecha eclesiástica que aspira a la inmortalidad de sus privilegios.

Y entre ellos está el de decretar qué cosa es buena o qué cosa es mala. Es como el evangelio según San Luis (el agua embotellada). Como el papel de los hechiceros en las tribus primordiales.

Nada que se salga de su monótono libreto es válido.

¿Maduro presidente aun después de muerto Chávez?
Inaceptable.

¿Argentina en manos de una mujer insumisa que se enfrentó con éxito al FMI y que pelea con una prensa mafiosa plagada de intereses?
Impresentable.

¿Bolivia reclamando lo que le fue arrebatado en una guerra procaz?
Deleznable.

¿Petroperú queriendo comprar 51% de las acciones de Repsol? Imperdonable.

¿Humala hablando de un Estado medianamente presente? ¡Velasquismo trasnochado! ¿Y cuando el Estado de Obama imprime trillones de billetes para salvar a la banca grande que estafó a los chicos? Ejemplar.

¿Y cuando Europa ajusta a los ciudadanos después de salvar a los bancos desregulados?
Maravilloso.

¿Y cuando la empresa estatal Entel Chile compra a Nextel en el Perú?
¡Gran noticia!

¿Y cuando la estatal noruega Cermaq compra a la privada peruana Copeinca? ¡Globalización!

Qué divina es la derecha peruana. Está convencida de que los peruanos somos débiles mentales que se aborregarán ante sus gritos, amenazas, editoriales y columnas escritas por quienes antes firma­ban contratos con las Cepris de Fujimori.

Y, en el caso de Repsol, sólo chillan ideológicamente porque Petroperú tiene la intención —ya confirmada— de comprar el 51% de sus acciones pero omiten señalar que buena parte del paquete accionario de esa empresa española ya está en manos de las AFP que operan en el Perú.

¿Alguna privada está dispuesta a invertir ese dinero?

Que lo digan Dionisio Romero júnior y sus socios chilenos, dueños ya de Primax y que, con la compra de la cadena de Repsol, serían los amos del mercado. ¿O no es eso lo que está en juego?

Repsol fue expropiada en Argentina por no hacer nuevas inversiones y por haber estado bombeando utilidades extremas a su casa matriz madrileña.
Aquí, el último año, vendió combustible por un valor de 4.600 millones de dólares y apenas ha tenido unos 30 millones de utilidad. ¿O es que en el Perú ha repetido la faena bombeadora de Buenos Aires?

Petroperú debe tener cuidado con sus próximos pasos no por la prédica de la derecha sino porque Repsol no es ninguna pera en dulce.

Pero, claro, este tipo de información no le interesa a la gran prensa peruana (y a su hija retardada, la televisión). Lo único que importa es que nadie se salga del libreto. Ni con Repsol ni con Venezuela ni con ningún otro tema.

Que Humala se entere de una vez: con la derecha peruana no hay tratos equitativos. Ella sólo reconoce iguales (entre los suyos) o subordinados. Y usted, señor presidente, era hasta hace unas horas un obediente subordinado.
Ya no lo es tanto.

Y esa es una gran noticia. No se retracte. No se chupe. No se asuste. La derecha es, al fin y al cabo, un tigre de papel periódico.

Que usted recupere algo de su identidad es sólo una mala noticia para quienes lo han visto como el mayordomo (siempre culpable) de una novela mala de Agatha Christie.

Hildebrandt en sus Trece, 26-04-2013

18 de abril de 2013

La transparencia en los derechos de pesca es una necesidad


La RD 211-2008-Produce/DGEPP publicó la relación  de embarcaciones cuyos armadores no habían presentado declaraciones juradas del pago de derechos de pesca 2007. Suman 617. Lo que significaba, para ese momento, que casi el 50% de la flota simplemente no declaraba pero igual pescaba y se lo permitían.

También detalla 320 embarcaciones cuyos armadores debían reintegrar derechos de pesca correspondiente al pago de derechos de pesca del 2007 por un valor aproximado de 3 millones y medio de soles. Algunos no solamente no pagaban, sino que se daban el lujo de no declarar.

PRODUCE recién reacciona en Junio del año entrante, es decir en 2008. Curiosamente esta RD tiene fecha del 18 de abril 2008; pero se publica el 9 de junio 2008.

Así como en el 2008 PRODUCE hizo pública la situación de la cobranza de los derechos de pesca, hoy más que nunca en el escenario actual, corresponde que se difunda una información similar a la que fue publicada en ese entonces. No conozco si entre el 2008 y el 2013 se ha hecho pública una información similar, la cual además, debería hacerse en forma periódica y ser ampliamente difundida.

Para mayor ilustración se transcribe el texto de la resolución mencionada.


13 de abril de 2013

Una ministra de la Producción incómoda


El Estado peruano tiene mucho que evaluar y analizar en torno a la industria pesquera.

 En ese sentido, una ministra como Gladys Triveño sale del molde tradicional de la mayoría de sus antecesores. Al concentrase en aplicar reformas se ha ganado la reacción de la industria que ve, por primera vez, un funcionario empecinado en ordenar el sector. Se ha convertido en una persona peligrosa para algunos intereses. Si su siguiente paso fuese ordenar el tema de derechos de pesca, que se detalla en esta nota, podría afectarse seriamente intereses nunca antes tocados.

Por tanto, siendo una funcionaria que no cede fácilmente, ni a la que se tiene acceso con la misma flexibilidad de antes, es imperativo que deje el cargo.

Si los bloqueos de carreteras, si la presión de los lobistas a través de los medios de comunicación no funcionan y no la sacan ni renuncia, entonces queda el recurso de la interpelación que conduzca a la censura.

Sin embargo, será Palacio de Gobierno quien diga la última palabra en torno a las reformas y ordenamiento del sector pesquero, en el cual hay mucho trabajo de inclusión por hacer y mucho dinero por recaudar que hasta hoy no se ha recaudado.

Las siguientes semanas mostrarán al país si realmente estamos o no ante una gran transformación en la pesquería peruana.

 El capítulo III del Reglamento de la Ley General de Pesca DS 012-2001-PE establece

 CAPITULO III DE LOS DERECHOS DE PESCA

 Artículo 40.- Pago de derechos

 40.1 Los armadores de embarcaciones pesqueras mayores de 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega y las comprendidas en el numeral 1.2 del inciso a) del Artículo 30 de este Reglamento están obligados a pagar los derechos de pesca establecidos en el Artículo 45 de este Reglamento y los que fije el Ministerio de Pesquería en función a cada recurso hidrobiológico no contemplado en dicho artículo. (Significa que las embarcaciones artesanales o sea las menores de 32,6 metros cúbicos no pagan derechos de pesca; no pagan nada por la extracción de un recurso natural propiedad de todos los peruanos)

 ANCHOVETA

 El DS 024-2006-PRODUCE (publicado el 26/11/2006). Modifica el monto de derechos de pesca de la anchoveta:

 (…) Se efectuará sobre la base de aplicar el 0,25% del valor FOB por tonelada de harina de pescado, promedio aduanet (…)

 Con la  aprobación en el año 2008 del Decreto Legislativo No. 1084, se dio inicio al mayor reordenamiento del sector de los últimos treinta y cinco años en el Perú. Aunque la norma no cuenta con informes del IMARPE ni fue elaborada por el Ministerio, introdujo cuotas individuales de pesca de anchoveta y las asignó a las embarcaciones que ya operaban en esta pesquería (en función a su record de pesca y a su capacidad de bodega). La asignación de derechos de propiedad incrementó la eficiencia del sector, lo cual se tradujo en un incremento significativo de las utilidades de las empresas que operaban en el mismo, lo que es concordante con una menor disipación de la renta del recurso. 

 Un aspecto de la implantación de este régimen que no ha recibido la suficiente atención, es el hecho que la asignación de derechos de propiedad usualmente tiene como contrapartida el pago por el derecho de pesca que se le asigna al armador. La lógica económica es simple: el recurso natural renovable es de propiedad de la nación; el recurso en cuestión goza de una renta debido a la alta productividad del mar peruano; por lo tanto, si un particular desea explotar este recurso y usufructuar la renta de la pesca, debe pagar una regalía por ello, o un derecho de pesca, que guarde cierta proporción con la renta transferida.

 Sin embargo el mismo DL 1084 en su primera disposición final congeló por diez años la tasa de derechos de pesca descrita.

 En el caso de la pesquería de anchoveta, el derecho por concepto de extracción de los recursos destinados al consumo humano indirecto vigente desde el año 2006 es de 0.25% del valor FOB por tonelada de harina de pescado. Si, por ejemplo, el precio FOB promedio de la harina fue de US$ 1,490/TM, el derecho pagado habría representado US$ 3.73 / TM.

Para hacer una Tm de harina, se requiere, en promedio, 4.5 Tm de anchoveta.

Si la Tm de harina de pescado tuvo un precio promedio de 1,490 dólares, la industria pagó US$ 16.78 (3.73 x 4.5) por cada tonelada de harina exportada a US$1,490 cada Tm.

 El aceite de pescado derivado de la producción, queda libre de pago de derechos en esta ecuación, asumiendo que la producción de harina absorve la contribución.

 La proporción grotescamente desproporcionada entre lo que factura la industria y lo que le paga a la Nación, como propietaria del recurso pesquero, es a todas luces injusta, ante la pasividad de un Estado que ha prestado escasa o nula atención a la pesquería peruana.

 La pota y la merluza, así como el jurel y caballa son también sujetos de “derechos de pesca”.

 Artículo 45.- Monto de los Derechos de Pesca para pelágicos y merluza.

  El pago de derechos por concepto de explotación de recursos hidrobiológicos que se señalan a continuación se establecen en:

 a) Derechos por extracción de los recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa: 0.075% UIT/ton. Métrica extraída (los correspondientes a la anchoveta fueron modificados según se ha descrito)

b) Derechos por extracción del recurso merluza: 0.15 % UIT/ton. Métrica descargada

 La UIT (unidad impositiva tributaria) para el 2013 es de S/.3,700

 Por tanto la merluza paga S/5.55 por tonelada métrica extraída.

 La actividad extractiva industrial de merluza convierte todo lo capturado en producto congelado que se exporta. Nada de esa producción se comercializa en Perú. Por la actividad de exportación la industria recupera el Impuesto General a las Ventas, que el Estado le devuelve, más el drawback.

 Paga el impuesto a la renta de tercera categoría por las utilidades que declare y 5.55 soles por derechos de pesca.

 Es decir que el costo de la materia prima es de S/.5.55 por cuanto no se puede decir que el costo de la extracción sea el costo de la materia prima. Esta, o sea la merluza, es propiedad de todos los peruanos y como recurso natural es administrado por el Estado quien solamente recauda esa pequeña cifra como derecho. La exportación del producto final en forma de congelado supera largamente los mil dólares, dependiendo del tipo de presentación. La participación del Estado es mínima e injusta. Por más que la industria genere empleo directo e indirecto (no oficialmente cuantificado) el costo de la materia prima no debe ser tan bajo.

 Un tanto parecido es el asunto con la anchoveta, jurel y caballa, con la diferencia que una parte importante de esa producción en forma de enlatado queda para el mercado interno.

6 de abril de 2013

El Perú y su pesquería


La sobrepesca no constituye el único problema. La degradación del entorno marino, y la interferencia con el ecosistema a través de la consciente o inconsciente utilización de los océanos como receptor de desechos, además de la destrucción del hábitat originado por malas prácticas de extracción, son factores de creciente incidencia en términos de deterioro de la producción marina.

La industria pesquera atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Han elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos. El  elogio constante a la producción y exportación de harina de pescado solamente alcanza a la comprensión de un pequeño sector nacional, que además no percibe íntegramente el escenario. A éste se le deben agregar las cifras exportadas, las de los impuestos recaudados, los derechos de extracción cobrados y el empleo de dichos fondos.

Una pesquería sostenible solamente será posible cuando el país alcance el adecuado nivel de madurez cívica que le permita entender y aceptar que se requiere colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte. El interés nacional requiere que se desechen los intereses económicos grupales y se privilegie la alimentación de la población nacional por encima de todo. Ello impone tener pesquerías sustentables, una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del ecosistema  y del medio ambiente, de tal forma que se garanticen alimentos baratos para toda la población del país en forma prioritaria.

Los beneficios económicos del sector pesquero marítimo alcanzan a una fracción mínima de la población costera involucrada. Los volúmenes de recursos pesqueros naturales no aumentan a la par que crece la población vinculada a la extracción. Los recursos pesqueros no aumentan en función a la demanda.

El Estado debe propiciar que todos asumamos la responsabilidad de hacer causa común con la defensa de nuestras zonas costeras, para preservar sus bienes y servicios. Así como incentivarnos a poner nuestros ojos en el medio marino y costero. Este esfuerzo resulta de suma utilidad para las nuevas generaciones, a quienes les corresponde pagar las deudas ambientales que dejamos las generaciones pasadas y presentes.

Años de línea directa con la autoridad de Pesquería, años de intervención directa o indirecta en las regulaciones dictadas sobre la pesca en el Perú parecen haber terminado, al menos por ahora.

La intervención directa de Palacio de Gobierno, defendiendo la correcta posición de autoridad del Titular del Pliego de Producción, introduce un elemento inédito, novedoso, que permite presumir que este escenario, podría durar hasta el fin de este gobierno.

La industria anchovetera, que rechaza normas que afectan la rentabilidad de su negocio, en especial en el sur del Perú, viene acudiendo al empleo de los medios de comunicación para expresar sus opiniones, fijar sus posiciones y debilitar la posición de la Ministra con la evidente intención de sacarla del cargo. Esta táctica tradicional parece que no funcionará en un escenario en el cual esta autoridad recibe un respaldo abierto del Jefe de Estado. El enfrentamiento actual es directamente con Palacio, autoridad que no puede ser revocada y cuya autoridad no puede ser minada.

En esta confrontación, la sociedad civil puede resultar beneficiada en la medida que, por primera vez, escucha en la televisión y en la prensa escrita la existencia de un problema pesquero, sobre el cual no sabía mayormente nada. Esto debería y podría llevarla a informarse mejor de aspectos sobre los cuales jamás antes se había interesado. Ello permitiría fijar posiciones con mayor información sobre los temas de fondo, que no se han tocado aún, como la real participación de la industria en la recaudación tributaria, pago de derechos de pesca, generación de empleo, contaminación, atención al mercado nacional y contribución con la seguridad alimentaria peruana.

La investigación individual u organizada de la sociedad civil debería evaluar los niveles de desinformación e inexactitudes que se han venido propalando en los medios sin sustento alguno como:

Que el Perú es el número uno en sostenibilidad según un estudio de la Universidad de Columbia no ha sido demostrado exhibiendo el documento fuente. Al exhibirlo, leerlo y analizarlo, la afirmación se cae porque no es cierta.


Que la industria invierte en el consumo humano directo de pescado, es una afirmación incompleta porque debería aclararse si su inversión es para exportar o para atender al mercado peruano. La realidad es que para la industria de consumo humano directo la prioridad es exportar y no el público consumidor peruano.


Que el Perú dejará de percibir 300 millones de dólares y 120 millones de dólares en impuestos dejados de recaudar tampoco ha sido sustentado con cálculos, estadísticas y proyecciones.





¿Cómo debe reaccionar el pueblo peruano ante esta avalancha de información y desinformación sobre un tema que desconoce?

El tema no es apoyar una posición u otra, sino defender sus propios intereses, es decir los de cada poblador del país. La mejor actitud debiera ser la de investigar e interesarse más sobre el asunto pesquero ya que se trata de recursos naturales de los cuales la Nación es la propietaria, por lo que resulta grosero que una pequeña fracción de la población presente reclamos y exigencias públicas sobre recursos que no son suyos y sobre los cuales la ley y la Constitución otorga su administración y manejo al Estado.

Las preguntas que debe hacerse el público son:

¿Cuánto gana cada ciudadano peruano por la extracción de sus recursos pesqueros? Bien sea por medio del canon pesquero y/o impuesto a la renta?

¿Cuánto pescado se destina a la comercialización dentro del país para alimentar a los peruanos en relación a lo que se exporta para alimentar a otras poblaciones fuera del país?

¿Cuánto daño viene haciendo la industria al medio ambiente, quién y cómo se va a corregir y reparar el mismo?

El tema de fondo es que el pueblo peruano, la sociedad civil fije su posición en la participación del negocio pesquero.

La Sociedad Civil, el pueblo peruano, no puede permanecer indolente ni pasivo en esta confrontación. Como la misma no genera un referéndum ni una votación, tiene que organizarse para defender sus recursos pesqueros. No para defender a la industria ni necesariamente al Estado, si es que actuase indebidamente, sino para proteger sus recursos naturales y hacer sentir su voz y presencia a través de instituciones libres de influencias y de manipulación.


Quedan perfectamente claros tres temas:

Que los derechos de pesca vigentes son bajos.

Que el impuesto a la renta también es bajo, y hasta desaparece cuando se le contrasta con los impuestos que el Estado devuelve al sector. Tema complejo que se subsanaría aplicando regalías a la extracción, es decir poner un precio a los peces, que hasta hoy no lo tienen.

Que la contaminación y reparación del daño causado al ambiente hasta el momento no está resuelto. Que los límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes asignados a la industria reductora han sido generosos y los plazos de adecuación a sus PAMAs (Programas de adecuación y manejo ambiental)también. Que la industria de consumo humano directo no tiene hasta ahora límites máximos permisibles que permitan controlar y eventualmente sancionar el exceso de contaminantes vertidos al mar. Que toda la flota pesquera no tiene el control debido de sus descargas de aguas sucias y residuos oleosos porque no se aplica la normativa del Marpol.

27 de marzo de 2013

Abril del 2012: Un año después. Entonces la merluza, hoy la anchoveta


En abril del 2012 el escenario en la administración de la pesquería peruana era totalmente diferente al que presenta abril del 2013. Vale la pena recordar lo ocurrido en ese mes y compararlo con la situación que se vive en estos momentos en el enfrentamiento por la anchoveta. Basta recordar el artículo de milagros Salazar para evaluar las diferencias y también las similitudes, así como para especular nuevos probables escenarios.

El Premier y la merluza

Por Milagros Salazar.-

En medio de los secuestros en el VRAE y a pocas horas de la presentación del peritaje sobre el conflictivo proyecto minero Conga, el premier Óscar Valdés se dio tiempo el lunes 16 de abril para realizar una inusual visita al ministerio de la Producción, en la Urbanización Córpac, en San Isidro.

Valdés subió al séptimo piso donde se encuentra la oficina del titular del sector, José Urquizo. Ahí lo esperaban el ministro, acompañado por su nuevo jefe del gabinete de asesores, José Vidal; y por el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Omar Alfaro. A los pocos minutos, llegó la viceministra de Pesquería, Patricia Majluf, acompañada por su asesor principal, Juan Carlos Sueiro.

La reunión duró unos cuarenta minutos. Fue tensa por momentos, según pudo conocer IDL-R. ¿De qué hablaron? De la merluza. Valdés estaba impaciente porque aún no se emitía la norma para ampliar la cuota de captura de merluza de 8, 600 toneladas a 14, 500 tal como acordó con los empresarios en una  reunión el 9 de abril en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Valdés reiteró a Urquizo y a Majluf que debía ejecutarse la ampliación que exigían los empresarios y que no había marcha atrás, a pesar que la viceministra expresó su desacuerdo por la decisión debido a que la población de merluza ha disminuido considerablemente en los últimos años y se encuentra en riesgo, según estudios científicos.

 “Ya hay un compromiso y hay que respetarlo”, insistió Valdés. Alfaro de Asesoría Jurídica explicó al premier que había un freno legal y que la ampliación no iba a ser un trámite sencillo ya que las normas exigen que la cuota anual se establezca antes de iniciarse la temporada. Y resulta que la temporada comenzó en enero. ¿Cómo iba a modificarse la cuota casi cuatro meses después?

“Si hay que conseguir que firme algún decreto el Presidente (Ollanta Humala), yo lo puedo hacer”, habría manifestado Valdés. Al instante, Majluf increpó: “No me parece responsable que involucremos al Presidente en algo que no tiene precedente. Eso no se ha hecho antes”.

Pero el primer ministro habría reiterado: “Esto se hace”.

¿Por qué el Premier insiste en ampliar la cuota en contra de la opinión de la viceministra (una experta respetada internacionalmente)  y por qué se muestra tan interesado en el tema? Sucede que varios días antes, el 9 de abril, hubo una reunión previa en la PCM.

Asistieron unas quince personas, entre empresarios pesqueros, autoridades de Piura, congresistas, el ministro Urquizo y la viceministra Majluf. En la primera parte de la reunión, Majluf expuso un informe breve sobre el grave estado de la merluza que elaboró el reconocido científico Arnaud Bertrand, del IRD, un instituto público de investigación de Francia.

Los empresarios de merluza, casi todos extranjeros y que tienen su base de operaciones en Paita, atacaron a Majluf luego de su exposición. Sostienen que la viceministra por lo menos se equivoca y que hay suficiente merluza para pescar. Los respaldaba un informe que mandaron a hacer a Luis Alfredo Icochea, quien hasta octubre pasado fue presidente del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), que depende del Ministerio de la Producción, y asesor de varias empresas pesqueras. Liderados por el furibundo empresario Carlos Milanovitch, insistieron en que unas 10 mil personas dependen de la pesca de merluza en Paita y serían perjudicados si no se ampliaba la cuota.

En medio de la discusión, el presidente de Imarpe, Germán Vásquez (quien llegó tarde a la cita), informó que su institución recomendó una cuota mínima de 8, 600 toneladas y otra cuota máxima de 14, 500 toneladas. Ni bien escuchó Valdés la segunda opción, consideró que esa era la salida: ampliar la cuota máxima a pesar de la opinión en contra de Majluf.

Valdés también acordó que Imarpe realizará en mayo un crucero para investigar la situación actual de la especie y ver si es posible una nueva ampliación. Fuentes cercanas al pensamiento de Majluf aseguraron a IDL-R que si Valdés continúa ampliando la pesca de merluza, ella renunciará al cargo. Para Majluf, esta situación abre la puerta para que empresarios que comercializan otras especies también pidan su decreto “presidencial” para pescar más.

Las presiones asedian a Majluf. Entre la reunión del 9 de abril en la PCM y la visita de Valdés al Ministerio de la Producción el lunes 16, los empresarios enviaron cartas al ministro Urquizo exigiendo que se cumpla lo acordado. Mientras tanto, desde Palacio de Gobierno intentan averiguar si existe un acta de compromisos con los empresarios como habría señalado Valdés, según pudo conocer IDL-R. Lo cierto es que no existe ningún documento firmado.

Este hecho ha deteriorado más la relación entre Urquizo, que acata silenciosamente lo dicho por Valdés, y la viceministra Majluf cuyos escasos dos meses en el cargo han estado marcados por controversias y obstáculos.

Controversias de fondo

Ni bien se convirtió en viceministra a fines de febrero, Majluf pidió a Urquizo reemplazar a los responsables de las cinco direcciones generales que dependen de Pesquería. Logró los primeros cambios en las direcciones de Extracción y Procesamiento Pesquero y en la de Asuntos Ambientales.

Sin embargo, diversas fuentes confirmaron que Majluf encontró mayor resistencia de Urquizo en su propuesta de cambiar a Hernán Huacachi, quien comandaba la estratégica Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia (Digsecovi), Según congresistas, dirigentes pesqueros y demás funcionarios que conocen a Huacachi, este funcionario no tenía “la menor idea” de cómo mejorar la fiscalización en la pesca.

Huacachi, ayacuchano al igual que el ministro, estuvo en el cargo hasta el miércoles 18. Una insistente Majluf consiguió que Urquizo finalmente accediera que la directora general de Pesca Artesanal, Jessica Pino, reemplazara a Huacachi, ya que sus candidatos iniciales fueron rechazados por el ministro.

Personas cercanas a Majluf sostienen que el cambio de Huacachi era urgente, debido a que se entramparon varias acciones, entre ellas las auditorías a las empresas inspectoras de desembarques de anchoveta, Cerper y SGS, y las mejoras para evitar la manipulación de las balanzas en las fábricas harineras, problema revelado en una amplia investigación de IDL-R.

Pero las discrepancias también involucraron a los hombres más cercanos a Urquizo, que plantaron una oposición constante a Majluf desde el ingreso de esta. En diciembre, cuando Uriquizo asumió el mando del ministerio, lo hizo acompañado por dos conocidos asesores: el ex congresista del partido de gobierno, César Cayo Galindo, y por el ex juez Edwin Yalico Contreras.

A este último se lo recuerda por haber investigado inicialmente el caso Business Track; y por haber anulado las resoluciones de inicio de instrucción, acusación y auto de enjuiciamiento contra el presidente Humala por la asonada de Andahuaylas.

 Cayo Galindo se mantuvo en el cargo hasta el 3 de abril en medio de las críticas de dirigentes de pescadores, entre ellos los de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros que agrupa a los dueños de las naves “vikingas” y que lo denunciaron, junto a otros funcionarios, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.

Yalico sigue en el ministerio a pesar de que también enfrenta acusaciones. El Sindicato de Pescadores de Anchoveta del Puerto de Pisco envió en enero un oficio a la Comisión de Producción del Congreso para que solicite a Urquizo investigar la participación de Yalico en las cuestionadas resoluciones que otorgaron permisos de pesca a naves protegidas por medidas cautelares. El Congreso trasladó el reclamo a Urquizo en febrero.

IDL-Reporteros verificó que cuando Urquizo asumió el cargo, encomendó a Yalico que ayudara al ingeniero Félix Álvarez, entonces responsable de la Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero, a resolver los pedidos del Poder Judicial. Varios de los proyectos de resolución de esta dirección, entre ellos los relacionados con las medidas cautelares, fueron vistos por Yalico, aseguraron varias fuentes. Sin embargo, el asesor no es investigado por estos hechos ya que no fue nombrado oficialmente para esas funciones.

Para calmar las aguas, Yalico ha sido trasladado del séptimo piso, donde tenía un escritorio junto al ministro, al tercer nivel del edificio. Sin embargo, sigue entrando y saliendo del despacho de Urquizo y la única diferencia, según diversas fuentes, es que ahora usa más el ascensor.

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23 de marzo de 2013

¿INVERSIONES PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE PESCADO?


Se ha dicho hoy en un canal de Televisión que la gran industria pesquera peruana es la primera en fomentar el consumo humano directo de pescado y que para tal efecto ha hecho una inversión importante.
Lo que no se ha dicho es ¿para qué mercado está destinada esa inversión en infraestructura de procesamiento de pescado bien sea en forma de congelados o de conservas?

Lo que las cifras estadísticas muestran es un crecimiento exponencial de las exportaciones de productos pesqueros de consumo humano directo, porque exportar significa recibir el premio del drawback y la devolución del IGV pagado durante el proceso. La Revista Pesca ha publicado cifras y análisis detallados al respecto.

Lo que la estadística oficial no detalla es el volumen en toneladas o en soles que la gran industria ha destinado al mercado nacional.

Hay que entender que vender pescado fresco al mercado interno está exonerado del IGV pero no así el pescado transformado, es decir congelado o en conservas.

O sea que el mercado interno sí paga IGV y no hay drawback. 

Por otro lado en el país, salvo en los supermercados,  no existe una infraestructura de frío apropiada para la comercialización de congelados.
Por tanto el volumen de pescado congelado destinado al mercado interno no es mucho en relación al destinado al extranjero.

Las conservas tienen un mercado limitado por su alto precio y limitada posibilidad de preparación por parte de las amas de casa. Salvo por las ventas masivas a los programas sociales, con todos los problemas conocidos, no se conoce de un aporte importante de la gran industria pesquera al mercado nacional, a menos que se presenten las cifras y las estadísticas al país para poder valorar en su verdadera magnitud la afirmación de la importante contribución de la industria a la alimentación popular de los peruanos.

Lo que sí se sabe, aunque tampoco hay cifras precisas, es que el principal abastecedor de pescado para el mercado interno peruano es el pescador artesanal. Es la actividad artesanal la que alimenta de producto fresco a los terminales pesqueros de Ventanilla y Villa María, así como a los mercados nacionales. Pesca fresca, que es la que todos compramos en los mercados. Los congelados solo se encuentran en Supermercados y  ocupan muy poco espacio en las estanterías de los mismos, como para darnos una idea del volumen de la producción destinada al mercado nacional.

Las conservas, en promedio, representan en términos de kilogramos, ser exageradamente más caras que el pollo, la carne y el pescado fresco. Por lo cual su mercado es limitado.

En consecuencia, la inversión encuentra mayor rentabilidad en la exportación que en el mercado interno. Consecuencia de un sistema perverso en el país, que con toda lógica el inversionista aprovecha. Por tanto sería bueno conocer el mercado final del producto final que saldrá de esas inversiones, así como los números en toneladas y soles comercializadas en el país en los últimos diez años.


22 de marzo de 2013

Mujeres pescadoras y el último búfalo de las praderas marinas

 Enviado por Jessica Alfaro Álvarez


Publicado: 10 .07 .2012

En estos días se discute en el Congreso la “sociedad a la parte”, el antiguo sistema de retribución laboral usado por los pescadores artesanales desde hace cientos de años. Parece un detalle dentro de los conflictos que ha desatado la propuesta gubernamental de extender durante otros 25 años la vigencia de la Ley de Pesca, que fija límites máximos de captura por armador. Recuerdo lo que ocurrió en 2001, cuando el entonces presidente Ricardo Lagos inició la privatización del mar. Vuelven a mis ojos las imágenes de las marchas, reuniones, asambleas y discusiones para defender lo que desde la Red Nacional de Mujeres de la Pesca llamábamos “patrimonio pesquero artesanal”. Entonces la actividad pesquera, sus recursos y funciones en la soberanía alimentaria no fueron considerados por el Gobierno y los empresarios. Al Estado le interesaba sobre todo instalar un régimen de propiedad que asegurara la rentabilidad del negocio a los ricos industriales pesqueros y permitir la entrada del nuevo socio, la Unión Europea con el que Chile suscribió un Tratado de Libre Comercio.

Daniel Pauly, el máximo experto mundial en pesca, habló de los grandes cardúmenes de jurel viajando por los océanos y dando alimento a millones de seres humanos. “¡El jurel está desapareciendo!”, nos advirtió. Chile, uno de los mayores exportadores mundiales de este recurso, lo ha convertido en harina de pescado para las granjas de animales de los grandes consorcios alimentarios: salmones, vacas, pollos y cerdos. En tanto, el pescado ahumado, esa modesta y barata comida, a menudo envuelta en papel de diario y lista para ingerirla con un trozo de pan, ese manjar de los pobres, ya no está. Ningún otro estudiante trasnochado lo pedirá al vendedor ambulante en las calles del puerto. Tampoco lo comerán las mujeres en los cerros porteños, ni los niños que juegan descalzos tras una pelota hasta la madrugada. El problema es el vacío que deja la extinción de un pez y la peor crisis de sustentabilidad marina que afecta a la humanidad. Años de depredación de las enormes flotas pesqueras de Japón, Rusia, España y otras potencias han generado grandes desiertos marinos plagados de medusas. ¿Queremos que esto suceda también en nuestros fondos marinos?

En Chile, la pesca es uno de los sectores económicos más politizados, que invierte más en lobby y campañas de toda índole y color. Esto se explica, en parte, por las enormes ganancias que han dejado la venta de los recursos pesqueros y la concentración del negocio en manos de 8 holdings y familias del país. Los dueños del mar son los propietarios de casi todo lo que creemos tener. Pagan patentes por cada barco que envían a alta mar, pero estas no superan el 3% de sus utilidades, sobre 1.200 millones de dólares anuales solo en exportaciones. Pagan por pescar, pero no por tener derecho a la propiedad y explotación de recursos que son de todos los chilenos.

La depredación avanza con las flotas que se despliegan como ejércitos por el Pacífico Sur: en las últimas dos décadas las capturas anuales de jurel han caído de 30 millones de toneladas a menos de 3 millones. Organismos técnicos como la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, señalan que la única forma de recuperar este recurso es una veda completa durante 5 años. Un barco grande puede capturar hasta 2.000 toneladas de cualquier tipo de pescado en un solo viaje. No hay selección de tamaño o de especie, pues todos son atrapados en las redes de arrastre que emplean: junto a los jureles, anchovetas y sardinas caen también sierras, reinetas, tortugas, aves marinas y delfines. Mientras los españoles consumen en promedio 37 kilos de pescado al año, los chilenos, con más de 4.000 kilómetros de costa nos alimentamos cada vez peor, solo 7 kilos de proteína de la mejor calidad al año. Mientras los países desarrollados subvencionan a sus flotas artesanales, en Chile las aniquilan.

Me pregunto qué pasará con Sandra, la encarnadora de caleta Membrillo que bajaba a su hija en un canasto cuando iba a trabajar. Me pregunto por Griselda, dedicada a mejorar las condiciones de trabajo de sus compañeras en la caleta Puertecito. Y sobre todo me pregunto por los cientos de mujeres que encarnaban en sus casas, las miles de señoras reunidas en coro alrededor de los espineles, a los que se dedicaban tras dejar la comida hecha y los niños listos para partir a las escuelas. Tantas mujeres en tantos cerros como existen en Valparaíso, San Antonio, Coquimbo y Talcahuano. ¿Alguien se ha preguntado cómo ha afectado a las encarnadoras la Ley de Pesca que el Gobierno quiere prorrogar? ¿Ha dicho algo el Servicio Nacional de la Mujer sobre la crisis laboral, familiar e identitaria que afecta a un sinfín de mujeres? ¿Es por su condición de género que sus problemáticas no aparecen ni en la opinión pública ni en las medidas gubernamentales? Ellas, las socias desconocidas de “la sociedad a la parte” han sido las primeras y más perjudicadas en estos 10 años de “modernidad” empresarial.

La merluza ya no vive en los platos de los chilenos del mundo popular. Hasta hace poco viajaba a España o se convertía en harina “por accidente”, mientras el Estado chileno aún no encuentra el rumbo que beneficie a los habitantes de este país. ¿Terminarán las mujeres pescadoras secando y salando los esqueletos desechados por la industria? ¡No, no es una película de terror! Esto ya está pasando, ahora “la pesadilla de Darwin” se cierne sobre todos los océanos. No permitamos que siga sucediendo.

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21 de marzo de 2013

Presidente peruano enfrenta a grandes empresas pesqueras


 El presidente peruano, Ollanta Humala, enfrenta hoy a grandes empresas pesqueras, por su decisión de proteger la pesca artesanal para consumo humano y restringir las capturas en gran escala para producción de harina de pescado.

"No depredemos nuestro mar, que el pez grande no se coma al chico", fue la metáfora que usó ayer el mandatario al defender su posición de obligar a las empresas que pescan anchoveta para producir harina de pescado -usada como alimento de aves y ganado- a hacerlo solo desde cinco millas mar afuera.
Argumentó que la pesca artesanal, a la que está reservada esa franja de mar adyacente a la costa, sirve para combatir la desnutrición infantil, al pescar especies, incluida la anchoveta -variedad de anchoa- para consumo humano directo.

"Nosotros defendemos el interés nacional que implica el consumo humano, el consumo directo de la pesca que va al estómago de nuestros hijos", dijo el gobernante, al inaugurar un atracadero para pescadores artesanales en la sureña localidad costera de Paracas.

La posición del jefe de Estado es combatida en una intensa campaña mediática de grandes empresas pesqueras, que alegan que las medidas restrictivas no se justifican y les impiden capturas que terminan migrando al sur empujadas por corrientes marinas hacia Chile.

Tal argumento busca sensibilizar a la opinión pública con el supuesto que la medida gubernamental favorece al vecino país en desmedro de la industria pesquera.

Sin embargo, el exministro de Pesquería Juan Rebaza, un experto en la materia, ridiculizó ese argumento, al señalar que es falso que los cardúmenes de anchoveta sean arrastrados a Chile, pues la corriente marina de Humboldt avanza en sentido contrario, de sur a norte.

Rebaza exhortó a Humala a mantener firme su posición frente a las grandes empresas pesqueras y recordó que varias de estas son investigadas por lavado de activos de oscuro origen, lo que alude a casos en los que embarcaciones pesqueras fueron usadas para operaciones de narcotráfico.

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