Una ministra de la Producción incómoda

El Estado peruano tiene mucho que evaluar y analizar en torno a la industria pesquera.

 En ese sentido, una ministra como Gladys Triveño sale del molde tradicional de la mayoría de sus antecesores. Al concentrase en aplicar reformas se ha ganado la reacción de la industria que ve, por primera vez, un funcionario empecinado en ordenar el sector. Se ha convertido en una persona peligrosa para algunos intereses. Si su siguiente paso fuese ordenar el tema de derechos de pesca, que se detalla en esta nota, podría afectarse seriamente intereses nunca antes tocados.

Por tanto, siendo una funcionaria que no cede fácilmente, ni a la que se tiene acceso con la misma flexibilidad de antes, es imperativo que deje el cargo.

Si los bloqueos de carreteras, si la presión de los lobistas a través de los medios de comunicación no funcionan y no la sacan ni renuncia, entonces queda el recurso de la interpelación que conduzca a la censura.

Sin embargo, será Palacio de Gobierno quien diga la última palabra en torno a las reformas y ordenamiento del sector pesquero, en el cual hay mucho trabajo de inclusión por hacer y mucho dinero por recaudar que hasta hoy no se ha recaudado.

Las siguientes semanas mostrarán al país si realmente estamos o no ante una gran transformación en la pesquería peruana.

 El capítulo III del Reglamento de la Ley General de Pesca DS 012-2001-PE establece

 CAPITULO III DE LOS DERECHOS DE PESCA

 Artículo 40.- Pago de derechos

 40.1 Los armadores de embarcaciones pesqueras mayores de 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega y las comprendidas en el numeral 1.2 del inciso a) del Artículo 30 de este Reglamento están obligados a pagar los derechos de pesca establecidos en el Artículo 45 de este Reglamento y los que fije el Ministerio de Pesquería en función a cada recurso hidrobiológico no contemplado en dicho artículo. (Significa que las embarcaciones artesanales o sea las menores de 32,6 metros cúbicos no pagan derechos de pesca; no pagan nada por la extracción de un recurso natural propiedad de todos los peruanos)

 ANCHOVETA

 El DS 024-2006-PRODUCE (publicado el 26/11/2006). Modifica el monto de derechos de pesca de la anchoveta:

 (…) Se efectuará sobre la base de aplicar el 0,25% del valor FOB por tonelada de harina de pescado, promedio aduanet (…)

 Con la  aprobación en el año 2008 del Decreto Legislativo No. 1084, se dio inicio al mayor reordenamiento del sector de los últimos treinta y cinco años en el Perú. Aunque la norma no cuenta con informes del IMARPE ni fue elaborada por el Ministerio, introdujo cuotas individuales de pesca de anchoveta y las asignó a las embarcaciones que ya operaban en esta pesquería (en función a su record de pesca y a su capacidad de bodega). La asignación de derechos de propiedad incrementó la eficiencia del sector, lo cual se tradujo en un incremento significativo de las utilidades de las empresas que operaban en el mismo, lo que es concordante con una menor disipación de la renta del recurso. 

 Un aspecto de la implantación de este régimen que no ha recibido la suficiente atención, es el hecho que la asignación de derechos de propiedad usualmente tiene como contrapartida el pago por el derecho de pesca que se le asigna al armador. La lógica económica es simple: el recurso natural renovable es de propiedad de la nación; el recurso en cuestión goza de una renta debido a la alta productividad del mar peruano; por lo tanto, si un particular desea explotar este recurso y usufructuar la renta de la pesca, debe pagar una regalía por ello, o un derecho de pesca, que guarde cierta proporción con la renta transferida.

 Sin embargo el mismo DL 1084 en su primera disposición final congeló por diez años la tasa de derechos de pesca descrita.

 En el caso de la pesquería de anchoveta, el derecho por concepto de extracción de los recursos destinados al consumo humano indirecto vigente desde el año 2006 es de 0.25% del valor FOB por tonelada de harina de pescado. Si, por ejemplo, el precio FOB promedio de la harina fue de US$ 1,490/TM, el derecho pagado habría representado US$ 3.73 / TM.

Para hacer una Tm de harina, se requiere, en promedio, 4.5 Tm de anchoveta.

Si la Tm de harina de pescado tuvo un precio promedio de 1,490 dólares, la industria pagó US$ 16.78 (3.73 x 4.5) por cada tonelada de harina exportada a US$1,490 cada Tm.

 El aceite de pescado derivado de la producción, queda libre de pago de derechos en esta ecuación, asumiendo que la producción de harina absorve la contribución.

 La proporción grotescamente desproporcionada entre lo que factura la industria y lo que le paga a la Nación, como propietaria del recurso pesquero, es a todas luces injusta, ante la pasividad de un Estado que ha prestado escasa o nula atención a la pesquería peruana.

 La pota y la merluza, así como el jurel y caballa son también sujetos de “derechos de pesca”.

 Artículo 45.- Monto de los Derechos de Pesca para pelágicos y merluza.

  El pago de derechos por concepto de explotación de recursos hidrobiológicos que se señalan a continuación se establecen en:

 a) Derechos por extracción de los recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa: 0.075% UIT/ton. Métrica extraída (los correspondientes a la anchoveta fueron modificados según se ha descrito)

b) Derechos por extracción del recurso merluza: 0.15 % UIT/ton. Métrica descargada

 La UIT (unidad impositiva tributaria) para el 2013 es de S/.3,700

 Por tanto la merluza paga S/5.55 por tonelada métrica extraída.

 La actividad extractiva industrial de merluza convierte todo lo capturado en producto congelado que se exporta. Nada de esa producción se comercializa en Perú. Por la actividad de exportación la industria recupera el Impuesto General a las Ventas, que el Estado le devuelve, más el drawback.

 Paga el impuesto a la renta de tercera categoría por las utilidades que declare y 5.55 soles por derechos de pesca.

 Es decir que el costo de la materia prima es de S/.5.55 por cuanto no se puede decir que el costo de la extracción sea el costo de la materia prima. Esta, o sea la merluza, es propiedad de todos los peruanos y como recurso natural es administrado por el Estado quien solamente recauda esa pequeña cifra como derecho. La exportación del producto final en forma de congelado supera largamente los mil dólares, dependiendo del tipo de presentación. La participación del Estado es mínima e injusta. Por más que la industria genere empleo directo e indirecto (no oficialmente cuantificado) el costo de la materia prima no debe ser tan bajo.

 Un tanto parecido es el asunto con la anchoveta, jurel y caballa, con la diferencia que una parte importante de esa producción en forma de enlatado queda para el mercado interno.

El Perú y su pesquería

La sobrepesca no constituye el único problema. La degradación del entorno marino, y la interferencia con el ecosistema a través de la consciente o inconsciente utilización de los océanos como receptor de desechos, además de la destrucción del hábitat originado por malas prácticas de extracción, son factores de creciente incidencia en términos de deterioro de la producción marina.

La industria pesquera atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Han elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos. El  elogio constante a la producción y exportación de harina de pescado solamente alcanza a la comprensión de un pequeño sector nacional, que además no percibe íntegramente el escenario. A éste se le deben agregar las cifras exportadas, las de los impuestos recaudados, los derechos de extracción cobrados y el empleo de dichos fondos.

Una pesquería sostenible solamente será posible cuando el país alcance el adecuado nivel de madurez cívica que le permita entender y aceptar que se requiere colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte. El interés nacional requiere que se desechen los intereses económicos grupales y se privilegie la alimentación de la población nacional por encima de todo. Ello impone tener pesquerías sustentables, una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del ecosistema  y del medio ambiente, de tal forma que se garanticen alimentos baratos para toda la población del país en forma prioritaria.

Los beneficios económicos del sector pesquero marítimo alcanzan a una fracción mínima de la población costera involucrada. Los volúmenes de recursos pesqueros naturales no aumentan a la par que crece la población vinculada a la extracción. Los recursos pesqueros no aumentan en función a la demanda.

El Estado debe propiciar que todos asumamos la responsabilidad de hacer causa común con la defensa de nuestras zonas costeras, para preservar sus bienes y servicios. Así como incentivarnos a poner nuestros ojos en el medio marino y costero. Este esfuerzo resulta de suma utilidad para las nuevas generaciones, a quienes les corresponde pagar las deudas ambientales que dejamos las generaciones pasadas y presentes.

Años de línea directa con la autoridad de Pesquería, años de intervención directa o indirecta en las regulaciones dictadas sobre la pesca en el Perú parecen haber terminado, al menos por ahora.

La intervención directa de Palacio de Gobierno, defendiendo la correcta posición de autoridad del Titular del Pliego de Producción, introduce un elemento inédito, novedoso, que permite presumir que este escenario, podría durar hasta el fin de este gobierno.

La industria anchovetera, que rechaza normas que afectan la rentabilidad de su negocio, en especial en el sur del Perú, viene acudiendo al empleo de los medios de comunicación para expresar sus opiniones, fijar sus posiciones y debilitar la posición de la Ministra con la evidente intención de sacarla del cargo. Esta táctica tradicional parece que no funcionará en un escenario en el cual esta autoridad recibe un respaldo abierto del Jefe de Estado. El enfrentamiento actual es directamente con Palacio, autoridad que no puede ser revocada y cuya autoridad no puede ser minada.

En esta confrontación, la sociedad civil puede resultar beneficiada en la medida que, por primera vez, escucha en la televisión y en la prensa escrita la existencia de un problema pesquero, sobre el cual no sabía mayormente nada. Esto debería y podría llevarla a informarse mejor de aspectos sobre los cuales jamás antes se había interesado. Ello permitiría fijar posiciones con mayor información sobre los temas de fondo, que no se han tocado aún, como la real participación de la industria en la recaudación tributaria, pago de derechos de pesca, generación de empleo, contaminación, atención al mercado nacional y contribución con la seguridad alimentaria peruana.

La investigación individual u organizada de la sociedad civil debería evaluar los niveles de desinformación e inexactitudes que se han venido propalando en los medios sin sustento alguno como:

Que el Perú es el número uno en sostenibilidad según un estudio de la Universidad de Columbia no ha sido demostrado exhibiendo el documento fuente. Al exhibirlo, leerlo y analizarlo, la afirmación se cae porque no es cierta.

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/528-verdadera-evaluacion

Que la industria invierte en el consumo humano directo de pescado, es una afirmación incompleta porque debería aclararse si su inversión es para exportar o para atender al mercado peruano. La realidad es que para la industria de consumo humano directo la prioridad es exportar y no el público consumidor peruano.

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/531-inversiones-chd

Que el Perú dejará de percibir 300 millones de dólares y 120 millones de dólares en impuestos dejados de recaudar tampoco ha sido sustentado con cálculos, estadísticas y proyecciones.

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/432-300-millones

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/509-120-millones

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/507-cifras-2012

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/460-sostenibilidad-y-derechos

¿Cómo debe reaccionar el pueblo peruano ante esta avalancha de información y desinformación sobre un tema que desconoce?

El tema no es apoyar una posición u otra, sino defender sus propios intereses, es decir los de cada poblador del país. La mejor actitud debiera ser la de investigar e interesarse más sobre el asunto pesquero ya que se trata de recursos naturales de los cuales la Nación es la propietaria, por lo que resulta grosero que una pequeña fracción de la población presente reclamos y exigencias públicas sobre recursos que no son suyos y sobre los cuales la ley y la Constitución otorga su administración y manejo al Estado.

Las preguntas que debe hacerse el público son:

¿Cuánto gana cada ciudadano peruano por la extracción de sus recursos pesqueros? Bien sea por medio del canon pesquero y/o impuesto a la renta?

¿Cuánto pescado se destina a la comercialización dentro del país para alimentar a los peruanos en relación a lo que se exporta para alimentar a otras poblaciones fuera del país?

¿Cuánto daño viene haciendo la industria al medio ambiente, quién y cómo se va a corregir y reparar el mismo?

El tema de fondo es que el pueblo peruano, la sociedad civil fije su posición en la participación del negocio pesquero.

La Sociedad Civil, el pueblo peruano, no puede permanecer indolente ni pasivo en esta confrontación. Como la misma no genera un referéndum ni una votación, tiene que organizarse para defender sus recursos pesqueros. No para defender a la industria ni necesariamente al Estado, si es que actuase indebidamente, sino para proteger sus recursos naturales y hacer sentir su voz y presencia a través de instituciones libres de influencias y de manipulación.

http://issuu.com/revistapesca/docs/revista_pesca_abril_2013

Quedan perfectamente claros tres temas:

Que los derechos de pesca vigentes son bajos.

Que el impuesto a la renta también es bajo, y hasta desaparece cuando se le contrasta con los impuestos que el Estado devuelve al sector. Tema complejo que se subsanaría aplicando regalías a la extracción, es decir poner un precio a los peces, que hasta hoy no lo tienen.

Que la contaminación y reparación del daño causado al ambiente hasta el momento no está resuelto. Que los límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes asignados a la industria reductora han sido generosos y los plazos de adecuación a sus PAMAs (Programas de adecuación y manejo ambiental)también. Que la industria de consumo humano directo no tiene hasta ahora límites máximos permisibles que permitan controlar y eventualmente sancionar el exceso de contaminantes vertidos al mar. Que toda la flota pesquera no tiene el control debido de sus descargas de aguas sucias y residuos oleosos porque no se aplica la normativa del Marpol.

Abril del 2012: Un año después. Entonces la merluza, hoy la anchoveta

En abril del 2012 el escenario en la administración de la pesquería peruana era totalmente diferente al que presenta abril del 2013. Vale la pena recordar lo ocurrido en ese mes y compararlo con la situación que se vive en estos momentos en el enfrentamiento por la anchoveta. Basta recordar el artículo de milagros Salazar para evaluar las diferencias y también las similitudes, así como para especular nuevos probables escenarios.

El Premier y la merluza

Por Milagros Salazar.-

En medio de los secuestros en el VRAE y a pocas horas de la presentación del peritaje sobre el conflictivo proyecto minero Conga, el premier Óscar Valdés se dio tiempo el lunes 16 de abril para realizar una inusual visita al ministerio de la Producción, en la Urbanización Córpac, en San Isidro.

Valdés subió al séptimo piso donde se encuentra la oficina del titular del sector, José Urquizo. Ahí lo esperaban el ministro, acompañado por su nuevo jefe del gabinete de asesores, José Vidal; y por el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Omar Alfaro. A los pocos minutos, llegó la viceministra de Pesquería, Patricia Majluf, acompañada por su asesor principal, Juan Carlos Sueiro.

La reunión duró unos cuarenta minutos. Fue tensa por momentos, según pudo conocer IDL-R. ¿De qué hablaron? De la merluza. Valdés estaba impaciente porque aún no se emitía la norma para ampliar la cuota de captura de merluza de 8, 600 toneladas a 14, 500 tal como acordó con los empresarios en una  reunión el 9 de abril en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Valdés reiteró a Urquizo y a Majluf que debía ejecutarse la ampliación que exigían los empresarios y que no había marcha atrás, a pesar que la viceministra expresó su desacuerdo por la decisión debido a que la población de merluza ha disminuido considerablemente en los últimos años y se encuentra en riesgo, según estudios científicos.

 “Ya hay un compromiso y hay que respetarlo”, insistió Valdés. Alfaro de Asesoría Jurídica explicó al premier que había un freno legal y que la ampliación no iba a ser un trámite sencillo ya que las normas exigen que la cuota anual se establezca antes de iniciarse la temporada. Y resulta que la temporada comenzó en enero. ¿Cómo iba a modificarse la cuota casi cuatro meses después?

“Si hay que conseguir que firme algún decreto el Presidente (Ollanta Humala), yo lo puedo hacer”, habría manifestado Valdés. Al instante, Majluf increpó: “No me parece responsable que involucremos al Presidente en algo que no tiene precedente. Eso no se ha hecho antes”.

Pero el primer ministro habría reiterado: “Esto se hace”.

¿Por qué el Premier insiste en ampliar la cuota en contra de la opinión de la viceministra (una experta respetada internacionalmente)  y por qué se muestra tan interesado en el tema? Sucede que varios días antes, el 9 de abril, hubo una reunión previa en la PCM.

Asistieron unas quince personas, entre empresarios pesqueros, autoridades de Piura, congresistas, el ministro Urquizo y la viceministra Majluf. En la primera parte de la reunión, Majluf expuso un informe breve sobre el grave estado de la merluza que elaboró el reconocido científico Arnaud Bertrand, del IRD, un instituto público de investigación de Francia.

Los empresarios de merluza, casi todos extranjeros y que tienen su base de operaciones en Paita, atacaron a Majluf luego de su exposición. Sostienen que la viceministra por lo menos se equivoca y que hay suficiente merluza para pescar. Los respaldaba un informe que mandaron a hacer a Luis Alfredo Icochea, quien hasta octubre pasado fue presidente del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), que depende del Ministerio de la Producción, y asesor de varias empresas pesqueras. Liderados por el furibundo empresario Carlos Milanovitch, insistieron en que unas 10 mil personas dependen de la pesca de merluza en Paita y serían perjudicados si no se ampliaba la cuota.

En medio de la discusión, el presidente de Imarpe, Germán Vásquez (quien llegó tarde a la cita), informó que su institución recomendó una cuota mínima de 8, 600 toneladas y otra cuota máxima de 14, 500 toneladas. Ni bien escuchó Valdés la segunda opción, consideró que esa era la salida: ampliar la cuota máxima a pesar de la opinión en contra de Majluf.

Valdés también acordó que Imarpe realizará en mayo un crucero para investigar la situación actual de la especie y ver si es posible una nueva ampliación. Fuentes cercanas al pensamiento de Majluf aseguraron a IDL-R que si Valdés continúa ampliando la pesca de merluza, ella renunciará al cargo. Para Majluf, esta situación abre la puerta para que empresarios que comercializan otras especies también pidan su decreto “presidencial” para pescar más.

Las presiones asedian a Majluf. Entre la reunión del 9 de abril en la PCM y la visita de Valdés al Ministerio de la Producción el lunes 16, los empresarios enviaron cartas al ministro Urquizo exigiendo que se cumpla lo acordado. Mientras tanto, desde Palacio de Gobierno intentan averiguar si existe un acta de compromisos con los empresarios como habría señalado Valdés, según pudo conocer IDL-R. Lo cierto es que no existe ningún documento firmado.

Este hecho ha deteriorado más la relación entre Urquizo, que acata silenciosamente lo dicho por Valdés, y la viceministra Majluf cuyos escasos dos meses en el cargo han estado marcados por controversias y obstáculos.

Controversias de fondo

Ni bien se convirtió en viceministra a fines de febrero, Majluf pidió a Urquizo reemplazar a los responsables de las cinco direcciones generales que dependen de Pesquería. Logró los primeros cambios en las direcciones de Extracción y Procesamiento Pesquero y en la de Asuntos Ambientales.

Sin embargo, diversas fuentes confirmaron que Majluf encontró mayor resistencia de Urquizo en su propuesta de cambiar a Hernán Huacachi, quien comandaba la estratégica Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia (Digsecovi), Según congresistas, dirigentes pesqueros y demás funcionarios que conocen a Huacachi, este funcionario no tenía “la menor idea” de cómo mejorar la fiscalización en la pesca.

Huacachi, ayacuchano al igual que el ministro, estuvo en el cargo hasta el miércoles 18. Una insistente Majluf consiguió que Urquizo finalmente accediera que la directora general de Pesca Artesanal, Jessica Pino, reemplazara a Huacachi, ya que sus candidatos iniciales fueron rechazados por el ministro.

Personas cercanas a Majluf sostienen que el cambio de Huacachi era urgente, debido a que se entramparon varias acciones, entre ellas las auditorías a las empresas inspectoras de desembarques de anchoveta, Cerper y SGS, y las mejoras para evitar la manipulación de las balanzas en las fábricas harineras, problema revelado en una amplia investigación de IDL-R.

Pero las discrepancias también involucraron a los hombres más cercanos a Urquizo, que plantaron una oposición constante a Majluf desde el ingreso de esta. En diciembre, cuando Uriquizo asumió el mando del ministerio, lo hizo acompañado por dos conocidos asesores: el ex congresista del partido de gobierno, César Cayo Galindo, y por el ex juez Edwin Yalico Contreras.

A este último se lo recuerda por haber investigado inicialmente el caso Business Track; y por haber anulado las resoluciones de inicio de instrucción, acusación y auto de enjuiciamiento contra el presidente Humala por la asonada de Andahuaylas.

 Cayo Galindo se mantuvo en el cargo hasta el 3 de abril en medio de las críticas de dirigentes de pescadores, entre ellos los de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros que agrupa a los dueños de las naves “vikingas” y que lo denunciaron, junto a otros funcionarios, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.

Yalico sigue en el ministerio a pesar de que también enfrenta acusaciones. El Sindicato de Pescadores de Anchoveta del Puerto de Pisco envió en enero un oficio a la Comisión de Producción del Congreso para que solicite a Urquizo investigar la participación de Yalico en las cuestionadas resoluciones que otorgaron permisos de pesca a naves protegidas por medidas cautelares. El Congreso trasladó el reclamo a Urquizo en febrero.

IDL-Reporteros verificó que cuando Urquizo asumió el cargo, encomendó a Yalico que ayudara al ingeniero Félix Álvarez, entonces responsable de la Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero, a resolver los pedidos del Poder Judicial. Varios de los proyectos de resolución de esta dirección, entre ellos los relacionados con las medidas cautelares, fueron vistos por Yalico, aseguraron varias fuentes. Sin embargo, el asesor no es investigado por estos hechos ya que no fue nombrado oficialmente para esas funciones.

Para calmar las aguas, Yalico ha sido trasladado del séptimo piso, donde tenía un escritorio junto al ministro, al tercer nivel del edificio. Sin embargo, sigue entrando y saliendo del despacho de Urquizo y la única diferencia, según diversas fuentes, es que ahora usa más el ascensor.

Fuente:

http://idl-reporteros.pe/2012/04/23/el-premier-y-la-merluza/

¿INVERSIONES PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE PESCADO?

Se ha dicho hoy en un canal de Televisión que la gran industria pesquera peruana es la primera en fomentar el consumo humano directo de pescado y que para tal efecto ha hecho una inversión importante.

Lo que no se ha dicho es ¿para qué mercado está destinada esa inversión en infraestructura de procesamiento de pescado bien sea en forma de congelados o de conservas?

Lo que las cifras estadísticas muestran es un crecimiento exponencial de las exportaciones de productos pesqueros de consumo humano directo, porque exportar significa recibir el premio del drawback y la devolución del IGV pagado durante el proceso. La Revista Pesca ha publicado cifras y análisis detallados al respecto.

Lo que la estadística oficial no detalla es el volumen en toneladas o en soles que la gran industria ha destinado al mercado nacional.

Hay que entender que vender pescado fresco al mercado interno está exonerado del IGV pero no así el pescado transformado, es decir congelado o en conservas.

O sea que el mercado interno sí paga IGV y no hay drawback. 

Por otro lado en el país, salvo en los supermercados,  no existe una infraestructura de frío apropiada para la comercialización de congelados.

Por tanto el volumen de pescado congelado destinado al mercado interno no es mucho en relación al destinado al extranjero.

Las conservas tienen un mercado limitado por su alto precio y limitada posibilidad de preparación por parte de las amas de casa. Salvo por las ventas masivas a los programas sociales, con todos los problemas conocidos, no se conoce de un aporte importante de la gran industria pesquera al mercado nacional, a menos que se presenten las cifras y las estadísticas al país para poder valorar en su verdadera magnitud la afirmación de la importante contribución de la industria a la alimentación popular de los peruanos.

Lo que sí se sabe, aunque tampoco hay cifras precisas, es que el principal abastecedor de pescado para el mercado interno peruano es el pescador artesanal. Es la actividad artesanal la que alimenta de producto fresco a los terminales pesqueros de Ventanilla y Villa María, así como a los mercados nacionales. Pesca fresca, que es la que todos compramos en los mercados. Los congelados solo se encuentran en Supermercados y  ocupan muy poco espacio en las estanterías de los mismos, como para darnos una idea del volumen de la producción destinada al mercado nacional.

Las conservas, en promedio, representan en términos de kilogramos, ser exageradamente más caras que el pollo, la carne y el pescado fresco. Por lo cual su mercado es limitado.

En consecuencia, la inversión encuentra mayor rentabilidad en la exportación que en el mercado interno. Consecuencia de un sistema perverso en el país, que con toda lógica el inversionista aprovecha. Por tanto sería bueno conocer el mercado final del producto final que saldrá de esas inversiones, así como los números en toneladas y soles comercializadas en el país en los últimos diez años.

Mujeres pescadoras y el último búfalo de las praderas marinas

 Enviado por Jessica Alfaro Álvarez

Publicado: 10 .07 .2012

En estos días se discute en el Congreso la “sociedad a la parte”, el antiguo sistema de retribución laboral usado por los pescadores artesanales desde hace cientos de años. Parece un detalle dentro de los conflictos que ha desatado la propuesta gubernamental de extender durante otros 25 años la vigencia de la Ley de Pesca, que fija límites máximos de captura por armador. Recuerdo lo que ocurrió en 2001, cuando el entonces presidente Ricardo Lagos inició la privatización del mar. Vuelven a mis ojos las imágenes de las marchas, reuniones, asambleas y discusiones para defender lo que desde la Red Nacional de Mujeres de la Pesca llamábamos “patrimonio pesquero artesanal”. Entonces la actividad pesquera, sus recursos y funciones en la soberanía alimentaria no fueron considerados por el Gobierno y los empresarios. Al Estado le interesaba sobre todo instalar un régimen de propiedad que asegurara la rentabilidad del negocio a los ricos industriales pesqueros y permitir la entrada del nuevo socio, la Unión Europea con el que Chile suscribió un Tratado de Libre Comercio.

Daniel Pauly, el máximo experto mundial en pesca, habló de los grandes cardúmenes de jurel viajando por los océanos y dando alimento a millones de seres humanos. “¡El jurel está desapareciendo!”, nos advirtió. Chile, uno de los mayores exportadores mundiales de este recurso, lo ha convertido en harina de pescado para las granjas de animales de los grandes consorcios alimentarios: salmones, vacas, pollos y cerdos. En tanto, el pescado ahumado, esa modesta y barata comida, a menudo envuelta en papel de diario y lista para ingerirla con un trozo de pan, ese manjar de los pobres, ya no está. Ningún otro estudiante trasnochado lo pedirá al vendedor ambulante en las calles del puerto. Tampoco lo comerán las mujeres en los cerros porteños, ni los niños que juegan descalzos tras una pelota hasta la madrugada. El problema es el vacío que deja la extinción de un pez y la peor crisis de sustentabilidad marina que afecta a la humanidad. Años de depredación de las enormes flotas pesqueras de Japón, Rusia, España y otras potencias han generado grandes desiertos marinos plagados de medusas. ¿Queremos que esto suceda también en nuestros fondos marinos?

En Chile, la pesca es uno de los sectores económicos más politizados, que invierte más en lobby y campañas de toda índole y color. Esto se explica, en parte, por las enormes ganancias que han dejado la venta de los recursos pesqueros y la concentración del negocio en manos de 8 holdings y familias del país. Los dueños del mar son los propietarios de casi todo lo que creemos tener. Pagan patentes por cada barco que envían a alta mar, pero estas no superan el 3% de sus utilidades, sobre 1.200 millones de dólares anuales solo en exportaciones. Pagan por pescar, pero no por tener derecho a la propiedad y explotación de recursos que son de todos los chilenos.

La depredación avanza con las flotas que se despliegan como ejércitos por el Pacífico Sur: en las últimas dos décadas las capturas anuales de jurel han caído de 30 millones de toneladas a menos de 3 millones. Organismos técnicos como la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, señalan que la única forma de recuperar este recurso es una veda completa durante 5 años. Un barco grande puede capturar hasta 2.000 toneladas de cualquier tipo de pescado en un solo viaje. No hay selección de tamaño o de especie, pues todos son atrapados en las redes de arrastre que emplean: junto a los jureles, anchovetas y sardinas caen también sierras, reinetas, tortugas, aves marinas y delfines. Mientras los españoles consumen en promedio 37 kilos de pescado al año, los chilenos, con más de 4.000 kilómetros de costa nos alimentamos cada vez peor, solo 7 kilos de proteína de la mejor calidad al año. Mientras los países desarrollados subvencionan a sus flotas artesanales, en Chile las aniquilan.

Me pregunto qué pasará con Sandra, la encarnadora de caleta Membrillo que bajaba a su hija en un canasto cuando iba a trabajar. Me pregunto por Griselda, dedicada a mejorar las condiciones de trabajo de sus compañeras en la caleta Puertecito. Y sobre todo me pregunto por los cientos de mujeres que encarnaban en sus casas, las miles de señoras reunidas en coro alrededor de los espineles, a los que se dedicaban tras dejar la comida hecha y los niños listos para partir a las escuelas. Tantas mujeres en tantos cerros como existen en Valparaíso, San Antonio, Coquimbo y Talcahuano. ¿Alguien se ha preguntado cómo ha afectado a las encarnadoras la Ley de Pesca que el Gobierno quiere prorrogar? ¿Ha dicho algo el Servicio Nacional de la Mujer sobre la crisis laboral, familiar e identitaria que afecta a un sinfín de mujeres? ¿Es por su condición de género que sus problemáticas no aparecen ni en la opinión pública ni en las medidas gubernamentales? Ellas, las socias desconocidas de “la sociedad a la parte” han sido las primeras y más perjudicadas en estos 10 años de “modernidad” empresarial.

La merluza ya no vive en los platos de los chilenos del mundo popular. Hasta hace poco viajaba a España o se convertía en harina “por accidente”, mientras el Estado chileno aún no encuentra el rumbo que beneficie a los habitantes de este país. ¿Terminarán las mujeres pescadoras secando y salando los esqueletos desechados por la industria? ¡No, no es una película de terror! Esto ya está pasando, ahora “la pesadilla de Darwin” se cierne sobre todos los océanos. No permitamos que siga sucediendo.

Fuente:

http://ciperchile.cl/2012/07/10/mujeres-pescadoras-y-el-ultimo-bufalo-de-las-praderas-marinas/

Presidente peruano enfrenta a grandes empresas pesqueras

 El presidente peruano, Ollanta Humala, enfrenta hoy a grandes empresas pesqueras, por su decisión de proteger la pesca artesanal para consumo humano y restringir las capturas en gran escala para producción de harina de pescado.

"No depredemos nuestro mar, que el pez grande no se coma al chico", fue la metáfora que usó ayer el mandatario al defender su posición de obligar a las empresas que pescan anchoveta para producir harina de pescado -usada como alimento de aves y ganado- a hacerlo solo desde cinco millas mar afuera.

Argumentó que la pesca artesanal, a la que está reservada esa franja de mar adyacente a la costa, sirve para combatir la desnutrición infantil, al pescar especies, incluida la anchoveta -variedad de anchoa- para consumo humano directo.

"Nosotros defendemos el interés nacional que implica el consumo humano, el consumo directo de la pesca que va al estómago de nuestros hijos", dijo el gobernante, al inaugurar un atracadero para pescadores artesanales en la sureña localidad costera de Paracas.

La posición del jefe de Estado es combatida en una intensa campaña mediática de grandes empresas pesqueras, que alegan que las medidas restrictivas no se justifican y les impiden capturas que terminan migrando al sur empujadas por corrientes marinas hacia Chile.

Tal argumento busca sensibilizar a la opinión pública con el supuesto que la medida gubernamental favorece al vecino país en desmedro de la industria pesquera.

Sin embargo, el exministro de Pesquería Juan Rebaza, un experto en la materia, ridiculizó ese argumento, al señalar que es falso que los cardúmenes de anchoveta sean arrastrados a Chile, pues la corriente marina de Humboldt avanza en sentido contrario, de sur a norte.

Rebaza exhortó a Humala a mantener firme su posición frente a las grandes empresas pesqueras y recordó que varias de estas son investigadas por lavado de activos de oscuro origen, lo que alude a casos en los que embarcaciones pesqueras fueron usadas para operaciones de narcotráfico.

Fuente:

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1231201&Itemid=1

El papel del pueblo peruano en el enfrentamiento pesquero

La sociedad peruana asiste en las últimas semanas a un enfrentamiento mediático entre la industria pesquera y el Estado Peruano por diversos motivos que, según unos, dañan los intereses de la industria y según otros dañan los intereses del país.

Retórica, chauvinismo, argumentos técnicos, un lenguaje cursado entre ambos contendientes y una sociedad civil que asiste al espectáculo sin entender mayormente de qué trata, porque cuando de la pesca se habla,  lo único que nos han enseñado durante años es que somos los mejores del mundo porque exportamos mucho y porque somos los primeros productores de harina de pescado en el mundo.

Más allá de eso es poco lo que el pueblo peruano conoce de la pesca y es más poco el interés que le causa. Su principal preocupación es que cada día hay menos pescado en los mercados, que es cada vez más caro y que los precios del ceviche alcanzan precios demasiado elevados, mucho más que unos años atrás.

Tal vez para entender mejor el asunto sería útil que cada ciudadano peruano conozca qué ha ganado con la pesca. Esto puede lograrse mirando cuánto dinero procedente del canon pesquero ha recibido. Puede saberse a través del reparto del canon pesquero hecho a las Municipalidades del Perú en 2012, como muestra.

Cada persona puede ubicar la Municipalidad en la que vive y ver la cantidad de dinero que la pesca le ha generado. Si en la relación no ubica a su Municipalidad es porque por alguna razón el sistema define que no le corresponde, o sea que no todos los peruanos reciben algo del canon pesquero.

Si las cifras repartidas son bajas, es porque la recaudación de impuesto a la renta y por derechos de pesca es baja también.

Por lo tanto, aunque no se entienda las razones del conflicto ni los argumentos de unos y otros, lo que sí podemos entender es cuánto dinero hemos recibido procedente de la industria pesquera.

Debemos tener presente que en los últimos años las exportaciones pesqueras han alcanzo un promedio de 3 mil millones de dólares anuales o sea más o menos 7 mil seiscientos cincuenta millones de soles. El canon repartido a algunas Municipalidades del Perú ha sido de 119 millones seiscientos noventicuatro mil seiscientos cuarentitres mil soles. O sea el 1.56% en el año 2012.


Si se trata de tomar partido por la industria o por el Estado, ¿El pueblo peruano debería apoyar a la industria o a la autoridad?

En la guerra desatada entre el Gobierno y la industria pesquera que llena titulares de prensa y programas de televisión buscando dar a conocer cada quien sus razones, es evidente que se pretende informar a la población sobre lo que viene ocurriendo para hacer presión o buscar respaldo. Pero como efecto de esta difusión, ¿de qué lado debe estar cada peruano y cómo podrían expresar su respaldo a uno u otro bando?

¿Quiere  saber cuánto recibió la Municipalidad donde usted vive en 2012?

Léalo en el siguiente link:

http://issuu.com/revistapesca/docs/canon_pesquero_transferido_a_los_gobiernos_locales/1

YO NO PESCADOR

Yo soy el pueblo peruano, no soy pescador; pero las leyes vigentes dicen que el pescado es patrimonio de la Nación, o sea que es mío y que el Estado lo administra y permite que algunos lo pesquen.

Hoy día los que pescan, grandes y chicos se quejan pelean y exigen al Gobierno que los dejen pescar más o donde quieren…no lo sé. No me interesa tampoco el detalle técnico, legal o macroeconómico porque no lo entiendo. Soy solamente el pueblo peruano, dueño del pescado del mar, ríos y lagunas de mi tierra. Lo que me interesa saber es cuanto recibo yo por cada kilo de pescado que unos pocos se llevan de mi mar, ríos y lagunas.

Yo no soy pescador, no trabajo para la pesca ni las empresas pesqueras son mis clientes ni mis proveedores, así que no recibo nada directamente de ellos. Solo recibo los beneficios de los impuestos que ellos pagan y que el Estado distribuye o invierte en infraestructura. Pero ante la bulla en los medios de comunicación por mi pescado, quisiera que el Estado me diga cuantos pescadores hay, cuanto pescado se llevan cada año y cuanto me pagan a mí, el dueño del pescado, por lo que se llevan. Sé que deben pagar un impuesto por sus ganancias que se llama renta de tercera categoría y que de ahí la mitad se va al canon pesquero; pero quiero saber cuánta utilidad tiene cada uno de ellos y cuánto impuesto pagan. No quiero saber grandes cosas, solo una puntual: cuánto pagó cada uno. Sé también que algunos, no todos, pagan unos derechos de pesca, de los cuales la mitad se va también al canon pesquero y la otra mitad se queda en el Ministerio. Quiero saber cuánto pagó cada uno y quiénes no pagaron porque no quisieron o porque la norma no los obliga a pagar. Quiero saber en que gastaron el dinero del canon los gobiernos regionales y las Municipalidades. Quiero saber en qué se gastó su mitad el Ministerio.

Finalmente solo quiero saber cuánto dinero recibe cada habitante del Perú, o sea los dueños del pescado por cada kilo con el cual unos cuantos ganan dinero. Así como dicen el consumo per cápita de pescado, quiero saber cuánto gané por cada kilo de pescado capturado. Quiero inclusión, como dice el Presidente. Quiero que me incluyan en las ganancias del negocio pesquero en forma justa.

Quiero saber cuánto cuesta limpiar las bahías contaminadas por plantas y lanchas, cuándo las limpiarán y cuánto costará, así como saber quién pagará por esa limpieza y hasta cuándo deberemos soportar la contaminación del humo y los olores de las plantas.

Quiero saberlo para decidir si esas gentes que salen en televisión a reclamar y argumentar  con técnica, ley o economía, tienen el derecho moral a reclamar sobre pescados que son míos y por los cuales yo debo recibir algo. Por eso quiero saber cuánto recibo y cuánto cuesta reparar el daño que le causan a mi mar, ríos o lagunas. Quiero saber si estoy ganando o estoy perdiendo y si solamente algunos están ganado a expensas mías, yo que soy el pueblo peruano, desorganizado y sin defensor alguno.

Y si yo tengo que reclamar y quejarme, así como hacen ellos, también me sentiré con no solo el derecho, sino con el deber de organizarme y salir a reclamar, bien sea directamente como pueblo o a través de mis organizaciones sociales o gobiernos locales. Si yo no puedo participar en las grandes decisiones, quiero que mi Gobierno me represente y defienda mis intereses. Si mi gobierno me defiende bien, yo lo apoyaré. Si no me defiende bien, tendré que defenderme sólo de alguna manera. Pero no quiero ser un convidado de piedra en un negocio en el cual unos pocos ganan nada más y yo, el dueño, gano nada, gano poco, o una cantidad injusta y/o no se invierten bien mis ganancias. 
También quiero entender porqué hay poco pescado para comer y además caro si todos dicen que somos un país pesquero, el más grande productor de harina de pescado del mundo.

Quién pierde en el sur del Perú: ¿el país o la industria?

La ambición por la producción de harina de anchoveta en la zona sur del Perú, ha conducido a una especie de guerra asimétrica entre la industria harinera y las autoridades de Pesquería. Guerra que, si nos atenemos a los antecedentes históricos, no podría ganar la administración actual debido a que los medios que tiene a su disposición el lobby pesquero superan largamente la capacidad de reacción y de respuesta del Estado. Mientras Palacio de Gobierno no exprese directamente voluntad y decisión políticas de introducir reformas sustanciales en la pesca, respaldando públicamente a sus autoridades, lo más probable es que en última instancia un bloqueo de carreteras con cierta dosis de gravedad provoque la caída de la Ministra.

Si su sucesor continúa la línea de trabajo, correría la misma suerte. Si es una persona que va a defender los intereses de la industria, se iniciaría una marcha atrás en muchas reformas y se volvería a más de lo mismo. Que es lo que muchos esperan pacientemente: que termine esta gestión para volver a lo de antes asegurando los intereses de una industria poco aportante a la economía del país.

Es el precio que el país paga por carecer de políticas de Estado de largo plazo y del coraje necesario para imponer voluntad y decisión políticas que favorezcan al país y no a pequeños grupos que tienen la capacidad de desarrollar campañas mediáticas con recursos ilimitados.

El día 9 de marzo 2013 en RPP Raúl Vargas entrevistó a la Ministra de la Producción sobre la problemática pesquera de la coyuntura. El señor Vargas deslizó la idea de que pese a que sea harina de pescado lo que se exporta, trae divisas para el país. Expresa muy bien lo que la prensa cree o piensa: que exportar per se es bueno para el país, sin profundizar en el análisis de las diferencias entre sectores, y sin pretender siquiera analizar la real contribución de la industria harinera. Lo que el señor Vargas debiera preguntar es cuánto impuesto a la renta ha pagado la industria harinera; cuanto han aportado por derechos de pesca y cuánto dinero le ha devuelto el Estado.

La cantidad de divisas que ingrese al país es irrelevante. No es dinero del país, sino de la empresa. Lo que cuenta es la recaudación tributaria.

La ministra esgrimió argumentos técnicos pero también omite en su análisis cuál es la ganancia del país en el negocio harinero del sur del Perú.

La autoridad administrativa, tributaria y laboral deberían hacer una exposición conjunta y demostrarle al país cuánto empleo genera la industria en la zona, cuánto del mismo es formal e informal, cuántos impuestos pagan, cuántos impuestos les devuelven, cuál es el impacto de la extracción de anchoveta en el ecosistema así como cuál es el impacto contaminante de la industria.

El aparato estatal pelea sus guerras aislado, no se integran sectores que por la naturaleza de sus funciones debieran trabajar juntos. Sus adversarios sí se unen: plantas, flota, población, pescadores, todo lo que la capacidad del lobby pueda reunir para enfrentar a un Estado desarticulado y tímido.

Cifras y hechos concretos son los que deben exponerse para demostrar didácticamente a la sociedad civil que dejar de hacer harina en el sur no es tan grave como el lobby pesquero viene diciendo. El argumento de que lo que dejamos de pescar favorece a Chile no es sino exacerbar el antichilenismo natural que existe en el Perú, pero es irrelevante desde este análisis.

Lanzar cifras de pérdidas como las aparecidas en algunos medios en los últimos días es una grotesca manipulación de los números.

Con el objeto de enfocar integralmente el asunto y entender qué es lo que está en juego y quienes son todos los beneficiados de este régimen, es pertinente analizar el volumen y tamaño de las plantas procesadores de harina en la zona sur, así como los ingresos que las regiones del sur perciben como canon pesquero, que es realmente el único beneficio de las gobiernos locales y regionales.

Toda la problemática, tiempo consumido, horas empleadas y atención brindada alrededor de este tema, finalmente giran sobre los intereses de 17 plantas reductoras de harina de pescado que pertenecen a 13 empresas de las cuales el 62% de la capacidad de producción está concentrada en 4 de ellas.

17 Plantas de harina, algunas de las cuales tienen una capacidad muy pequeña, como se ve en el cuadro, no significan una fuente generadora de empleo significativa, como tampoco empleos indirectos trascendentes.

¿Pierde el Perú con dejar de pescar anchoveta en el sur para la harina?

Desde el punto de vista ecosistémico y medioambiental ganaría mucho. 

Desde el punto de vista tributario lo que dejaría de cobrar es insignificante frente al costo de los pasivos ambientales que deja la industria.

Los siguientes links complementan esta información:

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/432-300-millones

http://www.issuu.com/revistapesca/docs/iel_regimen_especial_de_pesca_en_el_sur_del_peru

http://www.issuu.com/revistapesca/docs/el_regimen_especial_de_pesca_de_anchoveta_en_el_su

http://elmarabierto.blogspot.com/2012/10/300-millones-que-perderia-el-peru-en-la.html

http://www.revistapescaperu.com/index.php/informes/509-120-millones

Pesca, política y conveniencias

Los antecedentes indican que las autoridades pesqueras le tienen terror a las protestas, y procura aplacarlas lo más pronto posible dictando las medidas que le son impuestas por los administrados, como ocurrió en abril del 2012.

Por tanto, sería políticamente inconveniente  introducir regulaciones o normas que puedan generar bloqueos de carreteras. En relación al  DS 005-2012-PRODUCE y las recientes normas de régimen especial de pesca en el sur del Perú ¿cuáles han sido los criterios determinantes para su promulgación?

¿Prima la conveniencia política antes que la sostenibilidad de los recursos pesqueros, antes que la ética, antes que la moralidad, antes que la ciencia y antes que la justicia?

Algunos conceptos como los siguientes, no forman parte de la agenda, quizá por la razón expuesta en el párrafo precedente:

·         La pesca artesanal produce mortalidad en los recursos pesqueros al igual que cualquier otro actor pesquero.

·         El esfuerzo pesquero del sector artesanal ha crecido tanto que supera largamente los límites de sostenibilidad de cualquier recurso disponible.

·         Ningún recurso puede ni debe ser de libre acceso.

·         El esfuerzo pesquero es el factor a ser medido y regulado, sin importar quién es el agente.

·         Todos los pescadores deben pagar derechos de pesca.

·         Pescar es un privilegio no un derecho.

·         La pesca debe pagar regalías.

·         Incentivar la venta al mercado interno poniéndola en igualdad de condiciones competitivas con la exportación de productos pesqueros.

·         Ampliación del horizonte de investigación del ente científico hacia todas las especies existentes que son materia de extracción sin regulación de cuota anual permisible.

Es curioso, como el sector denominado artesanal no tenga regulación efectiva alguna relacionada con la sostenibilidad de los recursos, salvo una muy reciente respecto a la anchoveta.

Quien pesca provoca mortalidad. Poco importa si la norma lo llama pescador artesanal o pescador industrial; ambos bandos matan peces.

Legalmente solo los divide una línea mal trazada por una norma que valora eslora, manga, potencia, tamaño de bodega o parecidos y una franja de 5 millas, donde solo le esta permitido operar a los artesanales. (los artesanales no están regulados)

Una embarcación grande pesca más que una chica; pero muchas embarcaciones chicas pescan mucho más aún, y matan y depredan donde los grandes no llegan.

La actividad extractiva industrial harinera mata anchoveta principalmente; y está regulada. La actividad extractiva artesanal mata especies de consumo humano y no está regulada.

La falta de regulación en términos de sostenibilidad afecta a los pescadores artesanales, quienes aún no toman conciencia que hay demasiados pescadores para tan poca especie disponible.

Al pescador artesanal se le debiera definir legalmente como aquella persona que pesca para alimentarse directamente y para subsistir, usando herramientas manuales y su propia fuerza física. Si se mecaniza, deja de serlo.

Por el contrario, se debe definir que aquellas personas que pescan con asistencia mecánica o por encima de su capacidad de consumo individual lo hacen por negocio y por tanto debiera denominárseles pescadores comerciales y estar sujetos a regulación respecto a las cantidades máximas que están facultados a extraer.

A toda la pesquería comercial debiera asignársele cuotas máximas de captura por especie, por caladero, puerto o región de desembarque.

Sucede que actualmente la actividad de los llamados pescadores artesanales es inequívocamente con propósitos comerciales y faenan sin medida  hasta que agotan o desaparece su recurso objetivo.

Debiera proponerse y adoptarse medidas para recuperar las biomasas objetivo para consumo humano, revisar y discutir la vigencia y validez de mecanismos de manejo pesquero como es el "libre acceso" o las "5 millas" y evaluar una opción de manejo resultante de regular el acceso a los recursos mediante cuotas por especie y por caladeros.