El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

16 de octubre de 2010

Política y soberanía alimentaria

La soberanía alimentaria se puede definir como el derecho de los países y los pueblos a determinar sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades.

La tendencia de la industria pesquera, al igual que otras basadas en la extracción de materia prima, se guía por la máxima del mercado de máximo beneficio en menor tiempo posible. Esto ha llevado a un círculo de destrucción basado en técnicas más eficientes, más destructivas y con menor necesidad de puestos de trabajo.

En el actual modelo de gestión pesquera prevalecen en general, criterios económicos o políticos a la hora de tomar decisiones. Los peces y, en general, los recursos ícticos constituyen una parte integrante del ecosistema en donde son interdependientes y experimentan intercambios continuos, ya sea entre ellos mismos, o con la materia inerte. Pese a esta evidencia, la gestión de la explotación de los recursos pesqueros y de otro tipo de recursos ícticos se ha venido enfocando desde premisas del tipo «especie por especie».

El sector de la pesca artesanal no tiene el reconocimiento social y productivo que merece, siendo objeto de una política paternalista y sobreprotectora que limita su conversión en empresas. Además, la actividad artesanal se enfrenta a la progresiva disminución de los recursos pesqueros, producto de la actividad industrial pesquera que compite por los mismos espacios, recursos y mercados, en una evidente desigualdad de condiciones, y en un escenario económico que no admite más participantes.

El artículo completo se puede leer en la edición de Octubre de la revista Pesca

http://www.revistapescaperu.com/