El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

16 de noviembre de 2014

Banderas de conveniencia, pesca ilegal e impunidad del funcionario

En todo el accionar del otorgamiento del pabellón peruano a embarcaciones pesqueras que tienen una dudosa reputación, probablemente ningún funcionario podría ser enjuiciado, porque el alegato de su defensa sería que han dado cumplimiento a lo que indica el TUPA (Texto Unico de Procedimientos Administrativos) de cada entidad. 
Por tanto no pasará nada, aunque el Perú haya quedado y esté quedando con una pésima imagen internacional.

El reciente caso del Lafayette no es sino el más reciente de una serie de eventos de esta naturaleza puesto que existen muchos barcos a los cuales el Perú ha dado su bandera desde hace años, especialmente para la pesca de jurel. Esto generó en sus momentos observaciones, cuestionamientos y preguntas de algunas organizaciones internacionales, sin que el Perú haya respondido satisfactoriamente. El manejo de los asuntos internacionales de pesquería no ha tenido una transparencia lo suficientemente amplia como para que la ciudadanía se entere y al parecer tampoco los medios. Perfil bajo muy conveniente.

Cumplir lo que dice el TUPA y la normatividad vigente exonera de responsabilidad legal al funcionario público; pero no lo libra del cuestionamiento a la moral y ética del acto administrativo que a todas luces fue y es indebido.


El punto es que no hay suficiente ciudadanía activa ni prensa independiente para formular acusaciones que trasciendan lo estrictamente legal y que vayan al fondo moral del asunto. O miren más allá y más atrás del funcionario que hace el papeleo.