El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

18 de octubre de 2014

EL REORDENAMIENTO DE LA ANCHOVETA

El proyecto de decreto supremo que aprueba las normas para el fortalecimiento del ordenamiento pesquero del recurso anchoveta publicado casi simultáneamente con el informe del IMARPE sobre la crítica situación de dicho recurso, es una evidencia de que el sector trabaja bajo cuerdas separadas.

La norma pretende establecer puntos de desembarco, y fijar una cuota anual de captura para el CHD. Pero con el pequeño stock de anchoveta informado por el Instituto del Mar, la intención de ordenamiento no podía ser más inoportuna. ¿Qué límite máximo de captura se puede fijar con una biomasa que no permite su extracción sana sin comprometer más al recurso?

Los permisos de pesca para la captura de anchoveta por las embarcaciones de menor escala vuelven al ámbito de control del Ministerio, lo que implica que este este organismo será el responsable de su fiscalización y control. Esto requiere de recursos financieros que permitan implementar mecanismos y personal de control. 

¿De dónde van a salir estos si por efecto de la probable suspensión de la temporada de pesca el Estado cobrará menos por derechos de pesca y por impuesto a la renta?

La norma puede ser buena o mala o susceptible de ser mejorada según diversos puntos de vista; pero publicarla casi en simultáneo con el informe del IMARPE es poco prudente.

En declaraciones al diario El Comercio el 17 de octubre la autoridad de pesquería expresó que “en cuanto a la decisión de incrementar el derecho de pesca al sector industrial, mencionó que eso aún sigue en evaluación. 

Sin embargo, consideró que en la medida que la pesca para consumo humano directo (CHD) se vaya ordenando también debería contribuir con el pago de este derecho”. “Cuestionó que la contribución de la pesca industrial es baja, de solo US$6 por tonelada de anchoveta”. Esto es un error. EL derecho de pesca es el 0.25% del valor FOB de la tonelada exportada de harina de pescado. Si fuese su precio US$1,500, el derecho de pesca a pagar sería de US$3.75 y no de 6 dólares, que además no se cobrarán si no se asigna cuota para la temporada”.


Por otro lado, la misma nota dice que el Ministerio de la Producción (Produce) inaugurará en quincena de diciembre un nuevo centro de seguimiento satelital para fiscalizar la pesca de la anchoveta, el mismo que se convertirá en el más moderno de la región, adelantó el viceministro de Pesqueria, Juan Carlos Requejo.