El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

17 de octubre de 2015

La política y la pesca en el Perú

El debilitamiento del sector pesquero se inició en el año 2000 cuando el Estado decidió desaparecer el Ministerio de Pesquería. Se creó el Ministerio de la Producción por Ley N° 27779 - Ley Orgánica modificatoria de la Organización y Funciones de los Ministerios, publicada el 11 de julio del 2002, a partir de la fusión del Ministerio de Pesquería y parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales – MITINCI, determinándose su competencia en materia de las actividades extractivas y productivas comenzando en los sectores industria y pesquería (Art. 33°).

Tiene como finalidad diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la política general y los planes de gobierno, política nacionales y sectoriales aplicables a los sectores de pesquería y de MYPE e industria, asumiendo rectoría respecto de ellas. Dicta normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del Sector, así como para el otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva.

La fusión del Despacho Viceministerial de Industria con el Ministerio de Pesquería no ha favorecido a este último. Por un lado los pocos recursos por derechos de pesca que recauda Pesquería, los comparte injustamente con Industria. Por otro lado es difícil encontrar un Titular del Pliego que conozca lo suficiente de ambos sectores como para poder liderarlos y administrarlos adecuadamente.

No tuvo ni tiene mucho sentido la fusión de un sector complicado como es la pesca con otro. La naturaleza de las funciones del Despacho Viceministerial de Industria y Pymes es más afín con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en donde estuvo originalmente, pudiendo volver a dicho Pliego como un Viceministerio de Comercio Interior. Operativamente solo tendría que confeccionarse el correspondiente documento de gestión sin que implique gasto alguno por cuanto ocupa el mismo edificio, así que el tema se reduce tan solo a cambiar nombres. Operativamente Pesquería recibiría mejor y más eficiente atención logística y administrativa, al concentrar la Secretaría General su atención en un solo Despacho Viceministerial.

Se requiere de un liderazgo con capacidad y conocimiento para poder reformar lo que necesita ser reformado en beneficio del país y no solamente de los intereses del sector privado. En ausencia de ambas cualidades se crea un vacío que llenan lobistas que defienden intereses privados que, siendo legítimos, tienen que subordinarse al interés público, el cual solo puede ser defendido por personas íntegras, con experiencia, con una clara visión de largo plazo y comprometidos con la defensa de los intereses del Estado, que son los de la Nación. Los lobistas proliferan cuando las autoridades carecen del indispensable y suficiente conocimiento del sector y de cualidades de liderazgo.

La sola restitución del Ministerio de Pesquería no es la solución final a los problemas y necesidades del sector. Tan solo el cambio de nombre a un Ministerio, ofrece poca esperanza de mejora si no va unida a la implementación de una visión y mística sectorial con vocación de servicio al país. Si no va acompañado de un cambio estructural integral, sería tan solo un gesto y no una solución.

La pesquería peruana, una de las más grandes del mundo, requiere de la visión de un Estado que tenga clara la necesidad de introducir reformas en la pesquería y de su importancia para aportar soluciones a la alimentación nacional. El alarmante índice de desnutrición y anemia infantil que tiene reflejos sobre la asimilación de la educación, obliga a replantear los objetivos de la pesca en el Perú. 

No se podrá hacer con funcionarios inexpertos, sin conocimiento del sector y sin mística social que caen fácil e inevitablemente en las redes de manipuladores profesionales.

El diseño de una política pesquera requiere de una previa definición conceptual de lo que se quiere, por parte de la más alta autoridad que tiene la potestad de dictar políticas de Estado, es decir el Presidente de la República. Para ejecutar una nueva política pesquera sería lo más recomendable y óptimo la restitución del Ministerio de Pesquería. También una nueva ley orgánica para el Instituto del Mar, el cual debe ser un organismo técnico autónomo, sin relación de subordinación ni dependencia hacia el Titular del Pliego de Pesquería y dirigido por un científico. Es la mejor garantía de que sea la ciencia objetiva e independiente, la que sirva de base para la toma de decisiones de manejo de las pesquerías. La decisión política deberá ser tomada sobre la base de la mejor recomendación técnica y científica, lejos de influencias y manipulaciones que no tienen carácter estrictamente científico.

La política pesquera tiene que formar parte de la estructura de un plan de gobierno con contenido ideológico y conceptual que sustente las decisiones técnicas que deban tomarse.

La Revista Pesca aporta ideas para el diseño de una política de Gobierno para el sector pesquero peruano basado en seis objetivos estratégicos. Sin embargo es necesario considerar que existe un Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 que está vigente. Por lo tanto debe ser revisado para determinar qué objetivos fueron alcanzados y cuáles deben continuar en el marco de la nueva política y un nuevo PESEM, el cual debe derivar del Plan de Gobierno.

El Plan Estratégico Sectorial Multianual para los cinco años del nuevo Gobierno debe derivar del plan de Gobierno y compatibilizarse con el PESEM implementado para el período de gobierno que termina. Lo ideal sería que derive de Políticas de Estado de largo plazo.

De esta manera, se tiene una Política de Gobierno para cinco años que no debe ser modificada, en esencia, durante el período de la gestión, aun cuando hubiese cambios de funcionarios. No es recomendable una alta rotación de funcionarios, pero si fuese inevitable, lo único que debiera cambiar es el estilo de conducción; pero no los objetivos estratégicos ni modificarse temas de fondo.

La pesquería no puede regularse improvisando ni introduciendo elementos anti técnicos. Es necesaria una clara estabilidad y continuidad de objetivos y propósitos. De esta forma los administrados pueden organizar y planificar mejor sus actividades sin estar sometidos a los sobresaltos que trae la rotación de funcionarios.

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