El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

6 de abril de 2013

El Perú y su pesquería


La sobrepesca no constituye el único problema. La degradación del entorno marino, y la interferencia con el ecosistema a través de la consciente o inconsciente utilización de los océanos como receptor de desechos, además de la destrucción del hábitat originado por malas prácticas de extracción, son factores de creciente incidencia en términos de deterioro de la producción marina.

La industria pesquera atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Han elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos. El  elogio constante a la producción y exportación de harina de pescado solamente alcanza a la comprensión de un pequeño sector nacional, que además no percibe íntegramente el escenario. A éste se le deben agregar las cifras exportadas, las de los impuestos recaudados, los derechos de extracción cobrados y el empleo de dichos fondos.

Una pesquería sostenible solamente será posible cuando el país alcance el adecuado nivel de madurez cívica que le permita entender y aceptar que se requiere colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte. El interés nacional requiere que se desechen los intereses económicos grupales y se privilegie la alimentación de la población nacional por encima de todo. Ello impone tener pesquerías sustentables, una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del ecosistema  y del medio ambiente, de tal forma que se garanticen alimentos baratos para toda la población del país en forma prioritaria.

Los beneficios económicos del sector pesquero marítimo alcanzan a una fracción mínima de la población costera involucrada. Los volúmenes de recursos pesqueros naturales no aumentan a la par que crece la población vinculada a la extracción. Los recursos pesqueros no aumentan en función a la demanda.

El Estado debe propiciar que todos asumamos la responsabilidad de hacer causa común con la defensa de nuestras zonas costeras, para preservar sus bienes y servicios. Así como incentivarnos a poner nuestros ojos en el medio marino y costero. Este esfuerzo resulta de suma utilidad para las nuevas generaciones, a quienes les corresponde pagar las deudas ambientales que dejamos las generaciones pasadas y presentes.

Años de línea directa con la autoridad de Pesquería, años de intervención directa o indirecta en las regulaciones dictadas sobre la pesca en el Perú parecen haber terminado, al menos por ahora.

La intervención directa de Palacio de Gobierno, defendiendo la correcta posición de autoridad del Titular del Pliego de Producción, introduce un elemento inédito, novedoso, que permite presumir que este escenario, podría durar hasta el fin de este gobierno.

La industria anchovetera, que rechaza normas que afectan la rentabilidad de su negocio, en especial en el sur del Perú, viene acudiendo al empleo de los medios de comunicación para expresar sus opiniones, fijar sus posiciones y debilitar la posición de la Ministra con la evidente intención de sacarla del cargo. Esta táctica tradicional parece que no funcionará en un escenario en el cual esta autoridad recibe un respaldo abierto del Jefe de Estado. El enfrentamiento actual es directamente con Palacio, autoridad que no puede ser revocada y cuya autoridad no puede ser minada.

En esta confrontación, la sociedad civil puede resultar beneficiada en la medida que, por primera vez, escucha en la televisión y en la prensa escrita la existencia de un problema pesquero, sobre el cual no sabía mayormente nada. Esto debería y podría llevarla a informarse mejor de aspectos sobre los cuales jamás antes se había interesado. Ello permitiría fijar posiciones con mayor información sobre los temas de fondo, que no se han tocado aún, como la real participación de la industria en la recaudación tributaria, pago de derechos de pesca, generación de empleo, contaminación, atención al mercado nacional y contribución con la seguridad alimentaria peruana.

La investigación individual u organizada de la sociedad civil debería evaluar los niveles de desinformación e inexactitudes que se han venido propalando en los medios sin sustento alguno como:

Que el Perú es el número uno en sostenibilidad según un estudio de la Universidad de Columbia no ha sido demostrado exhibiendo el documento fuente. Al exhibirlo, leerlo y analizarlo, la afirmación se cae porque no es cierta.


Que la industria invierte en el consumo humano directo de pescado, es una afirmación incompleta porque debería aclararse si su inversión es para exportar o para atender al mercado peruano. La realidad es que para la industria de consumo humano directo la prioridad es exportar y no el público consumidor peruano.


Que el Perú dejará de percibir 300 millones de dólares y 120 millones de dólares en impuestos dejados de recaudar tampoco ha sido sustentado con cálculos, estadísticas y proyecciones.





¿Cómo debe reaccionar el pueblo peruano ante esta avalancha de información y desinformación sobre un tema que desconoce?

El tema no es apoyar una posición u otra, sino defender sus propios intereses, es decir los de cada poblador del país. La mejor actitud debiera ser la de investigar e interesarse más sobre el asunto pesquero ya que se trata de recursos naturales de los cuales la Nación es la propietaria, por lo que resulta grosero que una pequeña fracción de la población presente reclamos y exigencias públicas sobre recursos que no son suyos y sobre los cuales la ley y la Constitución otorga su administración y manejo al Estado.

Las preguntas que debe hacerse el público son:

¿Cuánto gana cada ciudadano peruano por la extracción de sus recursos pesqueros? Bien sea por medio del canon pesquero y/o impuesto a la renta?

¿Cuánto pescado se destina a la comercialización dentro del país para alimentar a los peruanos en relación a lo que se exporta para alimentar a otras poblaciones fuera del país?

¿Cuánto daño viene haciendo la industria al medio ambiente, quién y cómo se va a corregir y reparar el mismo?

El tema de fondo es que el pueblo peruano, la sociedad civil fije su posición en la participación del negocio pesquero.

La Sociedad Civil, el pueblo peruano, no puede permanecer indolente ni pasivo en esta confrontación. Como la misma no genera un referéndum ni una votación, tiene que organizarse para defender sus recursos pesqueros. No para defender a la industria ni necesariamente al Estado, si es que actuase indebidamente, sino para proteger sus recursos naturales y hacer sentir su voz y presencia a través de instituciones libres de influencias y de manipulación.


Quedan perfectamente claros tres temas:

Que los derechos de pesca vigentes son bajos.

Que el impuesto a la renta también es bajo, y hasta desaparece cuando se le contrasta con los impuestos que el Estado devuelve al sector. Tema complejo que se subsanaría aplicando regalías a la extracción, es decir poner un precio a los peces, que hasta hoy no lo tienen.

Que la contaminación y reparación del daño causado al ambiente hasta el momento no está resuelto. Que los límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes asignados a la industria reductora han sido generosos y los plazos de adecuación a sus PAMAs (Programas de adecuación y manejo ambiental)también. Que la industria de consumo humano directo no tiene hasta ahora límites máximos permisibles que permitan controlar y eventualmente sancionar el exceso de contaminantes vertidos al mar. Que toda la flota pesquera no tiene el control debido de sus descargas de aguas sucias y residuos oleosos porque no se aplica la normativa del Marpol.