El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

21 de diciembre de 2015

Millonaria multa a buque expulsado del Pacífico vuelve a foja cero

El buque factoría Damanzaihao fue expulsado por pesca ilegal. Consejo de Apelaciones declaró nulas de oficio multas por s./20 millones.

Incluso ha sido considerada por las autoridades peruanas como barco pirata.

Escribe:
Beatriz Jiménez

La mayor multa pesquera que ha puesto hasta la fecha el Ministerio de la Producción (Produce) ha quedado en nada gracias a una resolución de la Sala Superior del Tribunal de Apelaciones del mismo ministerio, que ha devuelto el expediente de nuevo a la Dirección General de Sanciones.

La elegida para esta multa ejemplar fue Sustaintable Fishing Resources SAC, empresa perteneciente a China Fishery Group y propietaria del Damanzaihao, el buque factoría más grande del mundo que desde julio de 2014 ostenta la bandera peruana.

El 6 de febrero de este año, la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) declaró al Damanzaihao barco pirata y lo expulsó del Pacífico al incluirlo en la lista negra de embarcaciones que practican la pesca ilegal, no declarada y no regulada.

Días antes, el 3 de febrero, Produce a través de 3 resoluciones directorales (n° 263, 271 y 272) multó al Damanzaihao y a sus 5 buques arrastreros con 6 multas por causales diferentes que en total sumaban casi 20 millones de soles. La más onerosa (4158 UIT) fue por extraer recursos no autorizados (pota) por los pesqueros y por transbordar esos recursos al buque factoría para su procesamiento del 23 de junio al 8 de julio de 2014 sin autorización y sin estar registrado en la organización internacional del Pacífico, que regula la pesca en alta mar. Y por pesca y nuevos transbordos sin autorización del 9 al 20 de julio, cuando ya contaba con nuestra bandera pero no estaba autorizado por la OROP. Otros motivos de sanción según estas resoluciones de Produce fueron transbordar jurel en agosto y septiembre sin autorización a una embarcación con bandera panameña del mismo grupo empresarial; usar aparejos pesqueros ilegales y, finalmente, obstaculizar e impedir la labor de fiscalización a bordo del inspector del Instituto del Mar de Perú (Imarpe).

Con este historial de sanciones puestas por Produce y la expulsión de la OROP, el buque factoría Damanzaihao está junto a sus 5 barcos pesqueros en la bahía de Chimbote esperando una solución que, a la luz del éxito de las apelaciones presentadas, podría no ser el pago de las multas.

En marzo de este año, La República narró el confuso proceso con el que logró la bandera de nuestro país a pesar de un historial que hizo que este gigante de 49 mil toneladas fuera reconocido como pirata y tuviera denuncias incluso de trata de personas.

El 28 de abril de 2014 llegó al puerto de Ilo con el nombre de Lafayette enarbolando la bandera de Mongolia, tras portar anteriormente la de Rusia. En Ilo solicitó nuestro pabellón, que en aquel entonces ya exhibían sus 5 buques arrastreros, autorizados por Produce desde 2013. La Marina se lo otorgó el 9 de julio de ese año, argumentando a este diario que en ese entonces ya contaba con autorización de Produce. Sin embargo, este ministerio lo negó y sostuvo que le dio la autorización el 23 de agosto porque ya contaba con la bandera. En este mar de contradicciones hasta ahora no resueltas, la nave nodriza Damanzaihao y sus 5 pesqueros están más cerca de volver a faenar gracias a una estrategia legal que se beneficia de los vacíos en nuestra legislación sobre la pesca más allá de las 200 millas.

Nulidad de oficio

La empresa obtuvo la primera resolución a su favor del Consejo de Apelaciones el 17 de julio de este año (n° 325-2015 ). Esta resolución declaró nulidad parcial de oficio a la causal de la multa más honerosa, reduciéndola a 372 UIT y limitando la fecha de las infracciones del 23 de junio al 8 de julio. Este tribunal de Produce acogió el argumento de la empresa que sostenía que al no existir legislación sobre pesca y desembarcos en alta mar de embarcaciones peruanas, el transbordo de pota sin permiso a partir del 8 de julio no sería sancionable ya que desde ese entonces el Damanzaihao ya portaba la bandera peruana. Sin embargo, este tribunal ratificó el resto de sanciones.

La empresa volvió a apelar todas las resoluciones, esta vez a la Sala Superior del Consejo de Apelaciones. Esta sala, el pasado 17 de octubre declaró nulas de oficio todas las resoluciones que penalizaban a Sustaintable Fishing Resources y retrotrajo estos expedientes a la Dirección Nacional de Sanciones , que debe volver a analizar todo el caso. Es decir, todo volvió a foja cero.

El argumento en las 3 resoluciones de octubre se resume en que no existe en el ordenamiento pesquero un permiso de pesca para desarrollar actividades fuera de las 200 millas. Tampoco un procedimiento que haga viable la autorización para realizar el transbordo de pesca en alta mar. Por ello, este tribunal de apelaciones sostiene que existe "una incorrecta motivación jurídica".

La República solicitó una aclaración legal a Produce, quien se negó argumentando que no puede emitir opiniones ya que el proceso legal sigue en curso en la Dirección Nacional de Sanciones.

Si Perú no sanciona al Damanzaihao, este buque podría salir de la lista negra de la OROP en la próxima asamblea de este organismo, prevista en enero de 2016, en Valdivia. En esta asamblea, Perú participará por primera vez como país miembro después de que este mes de noviembre el Congreso ratificara la adhesión a este organismo.

CFG admite infracción de la OROP, pero niega el resto

Francisco Paniagua, director de China Fishery Group Investment, responde sobre el comportamiento del Damanzaihao desde que porta la bandera peruana. Paniagua, acompañado por la ex ministra de justicia Rosario Fernandez, hoy abogada de esta empresa, admitió que el entonces Lafayette dio apoyo de avituallamiento a sus 5 buques pesqueros de mayo a junio de 2014 sin contar con autorizacion de la OROP. Pero niega que hayan realizado actividades pesqueras porque dice que no hubo pesca.

La empresa, perteneciente a la internacional Pacific Andes, líder mundial en pescado congelado, sostiene que de agosto a octubre, cuando ya contaba con bandera peruana, informó a Produce del desembarco de jurel en alta mar a una nave panameña del mismo grupo, por lo que rechaza la sanción por esos desembarcos. Sostiene que en Produce ha podido haber "un apresuramiento y una falla numérica", ya que el saldo en bodega si se quitan los transbordos es el que figura en el acta de inspección.

"La empresa ha concurrido a todas las audiencias y ha procurado toda la información necesaria", afirma Paniagua."La discusión es técnica".

 Cifras

49 mil toneladas de bodega tiene el Damanzaihao.
 7400 toneladas de cuota de jurel en alta mar fueron otorgadas en 2015  a Perú por la OROP-PS.
 0% de su cuota pescó Perú. Solo el Damanzaihao y sus buques operan en alta mar con bandera peruana. Debido a su expulsión del Pacífico por pesca ilegal, Perú no pescó.

Fuente

9 de diciembre de 2015

Replantear el enfoque de la pesca desde una perspectiva ciudadana

Tratándose de recursos naturales como los pesqueros, es complicado encontrar el debido equilibrio entre los intereses económicos de los industriales, las necesidades de empleo de la población que depende de este sector y los intereses del país. La búsqueda de rentabilidad y empleo inmediatos sin atender a las razones de la sostenibilidad a largo plazo para beneficio de las futuras generaciones es un tema de difícil manejo,  convirtiéndose una situación científica en una situación política. Lo que está ocurriendo es que se prioriza la segunda por los componentes socio económicos que implica, como el crecimiento del PBI.

El futuro de la pesca en el Perú será decidido en los próximos años por la presión política y la necesidad económica, no por la conveniencia científica ni la necesidad alimentaria de la población nacional.

La sociedad civil, con su indiferencia y desinterés por los temas del mar y de la pesca, se convierte en cómplice silenciosa del agotamiento de los recursos pesqueros, de la contaminación que la industria genera y de una inequitativa participación en la renta que generan sus recursos pesqueros.

Un nuevo componente en la ecuación debe ser el establecimiento de una participación del Estado en la renta pesquera más justa, en la medida que representa a los ciudadanos propietarios del recurso natural.

Los desembarques provenientes de la pesca artesanal no están obligados al pago de derechos de pesca. Casi la totalidad de desembarques para CHD provienen de la pesca artesanal. Si además el vendedor del producto pesquero es informal, o sea que no paga renta ni IGV (porque la venta de pescado fresco está exonerada), estamos ante una situación discriminatoria e injusta. 
La pesca industrial paga derechos de pesca diferenciados por especie y muy bajos, dentro del ordenamiento legal vigente.

Cuando se ve, desde esta perspectiva y bajo un enfoque de renta y del ciudadano, que todos los desembarques para consumo humano directo, o sea casi 13 millones de toneladas en los últimos 12 años, no han pagado derechos de pesca porque la norma así lo permite, surge  la necesidad de replantear el enfoque de la pesca desde una perspectiva ciudadana no pesquera. Porque el recurso natural no es propiedad de los pesqueros, sino de todos los peruanos.




El hecho es que un grupo de ciudadanos extrae nuestros peces del mar a precio muy barato y otro grupo lo hace gratis.

Existiendo un alto grado de probabilidad de que algunos recursos se reduzcan a límites que impidan su extracción en el futuro, debido a que se prioriza el componente político antes que el científico, la situación de la pesca en el Perú es difícil y requiere de una atención que hasta el momento los candidatos presidenciales no le están otorgando.

El estatus actual excluye a la mayor parte de ciudadanos del país del beneficio de la pesca, porque tampoco disponemos de pescado abundante y barato para nuestra alimentación. Temas que siguen fuera de la agenda de las ofertas electorales

Los invito a leer el suplemento de la Revista Pesca “LOS DERECHOS DE PESCA EN EL PERU”, en los siguientes links: