El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

19 de marzo de 2014

¿LOGRARÁ EL PRODUCE QUE LOS INDUSTRIALES PAGUEN MÁS POR PESCAR?



El titular del sector, Piero Ghezzi, ha planteado la propuesta. Especialistas consultados por Día_1 analizan su viabilidad

La llegada del economista Piero Ghezzi al despacho de la Producción ha vuelto a poner en agenda la necesidad de revisar el aporte de la industria pesquera al Estado. El principal argumento es que el pago por el derecho de pesca –congelado por 10 años, hasta el 2018– es muy pobre si se lo compara con el incremento del precio de la tonelada de harina de pescado, que se elevó hasta tres veces en los últimos años. Desde un inicio, la discusión fue planteada por este gobierno; primero con Kurt Burneo y luego con Gladys Triveño. Esta última formó un equipo para revisar el tema, pero el debate sobre su polémico reordenamiento de la captura de anchoveta se llevó el protagonismo en la discusión diaria. A esto se han sumado estudios y debates académicos, que han puesto sobre el tapete la real rentabilidad del sector.

Entonces, ¿es verdad que el aporte pesquero sufre de raquitismo? ¿Cuál debería ser el aporte del sector? ¿A dónde debe destinarse ese mayor dinero? Piero Ghezzi adelantó que se paga US$6 por cada tonelada métrica de harina de pescado, calculada encima de US$1.300 durante el 2013. Considera que con esa recaudación el Produce no puede cumplir con los controles y supervisión para evitar la pesca negra. Confía en que habrá buena voluntad de diálogo por parte de los industriales pesqueros.

La Sociedad Nacional de Pesquería, que tuvo con el Produce una enconada discusión por el reordenamiento pesquero, aún mantiene silencio. Todo indica que sus miembros se sentarán hoy para fijar una posición. En discusiones anteriores, el gremio ha dejado en claro que sus miembros no solo pagan los derechos de pesca, sino un conjunto de costos adicionales, que incluyen el servicio de la supervisión.

También han hecho énfasis en que la cuota de pesca ha caído en las últimas temporadas. “En el 2012-2013, el promedio de desembarque fue de 4,1 millones de toneladas, es decir, 40% menos. Esto es de especial relevancia en una industria, en la que existen elevados costos fijos”, dicen.

CONVERSAR

“Nada está escrito en piedra”, nos comentó off the récord un pesquero, quien además considera que el Produce, igualmente, debe estar abierto al diálogo en otros frentes, como el del nuevo ordenamiento que llevó a los industriales más allá de las 10 millas. “Se debe hacer un estudio técnico, porque no en toda la zona norte es igual”, agrega.

El ex viceministro de Pesquería Alfonso Miranda admite que las condiciones desde el 2008, en que se reformó el sector y se crearon las cuotas individuales de captura, han cambiado, porque la harina maneja otros valores. 

“Creo que el sector privado será razonable cuando se pidan cosas razonables”, afirma. Juan Carlos Sueiro, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, resalta que por cada US$500 en que subió la tonelada de harina de pescado el derecho de pesca creció apenas en US$2,50. También dice que el aceite de la anchoveta, un producto considerado por mucho tiempo como residual, ha alcanzado picos de US$3.000 la tonelada.

Si bien se prevé que los costos para el sector bajaron con las cuotas individuales, la economista Elsa Galarza indica en “Los derechos de pesca: el caso de la pesquería de anchoveta peruana” que eso no ocurrió del todo, porque las empresas han incrementado sus costos variables, bajo el objetivo de vender harina de mayor calidad, demanda que crece año a año. Sin embargo, la experta considera que no está bien calculado el derecho de pesca, pues debería sujetarse a la renta del recurso, es decir, la diferencia entre los ingresos y costos. Carlos Paredes, economista de Intelfin, también recomienda no “promover más enfrentamientos en el sector, pero sí corregir las cosas que no están bien, como la ínfima tasa del derecho de pesca en la pesquería de anchoveta, nuestra principal riqueza hidrobiológica”. Además propone que los industriales no tengan que pagar directamente a las empresas supervisoras, sino que el Estado sea el que recaude y contrate el servicio. Lo que sí deja en claro es que debe haber transparencia sobre el destino de ese aporte. Se desconoce si lo recaudado se distribuye al interior del Produce o se va a tareas específicas de investigación, fiscalización y para la administración del sector pesquero.

LIMITACIONES

El ex presidente de la Comisión de la Producción del Congreso Freddy Sarmiento considera que una modificación de la tasa del derecho de pesca no será posible, a menos que se modifique el Decreto Legislativo 1084, que congeló el pago en 0,25% por tonelada de harina.
Solo si hay un acuerdo previo entre industriales y el Produce, considera que podría gestionarse con éxito una modificación de la mencionada norma en el Legislativo.
Por su parte, Sueiro habla de crear regalías pesqueras con un concepto muy similar a las regalías mineras, que se cobran cuando los precios están encima de determinados valores. Cabe mencionar que Ghezzi afirmó que buscarán la forma legal para incrementar el aporte del sector. El primer paso será estar abierto al diálogo, lo segundo es revisar las cifras y evaluar un aporte pesquero acorde con la renta actual, para que el sector cubra sus principales necesidades, sobre todo, en cuanto a fiscalización.

MARIENELLA ORTIZ / @MarienellaOrtiz

Fuente




NOTA DE PESCA


La extracción de materia prima genera un impacto negativo sobre el medio ambiente, contamina tanto la flota como la planta industrial y se genera un impacto sobre el ecosistema. Por lo tanto, adicionalmente a que no se paga por el valor de materia prima, no se cobra por los impactos que genera, lo que lleva al estado a mantener un ecosistema contaminado o a programar su des-contaminación utilizando recursos provenientes de otras fuente de financiamiento, o sea de impuestos de otros sectores.


El resto de pagos que efectúa la industria pesquera de anchoveta son tasas o gastos de funcionamiento del sistema satelital. Los aportes al FONCOPES, en el caso de la industria reductora de harina de pescado, que devienen del DL 1084 y que de alguna manera han sido compensados por el privilegio de la exclusividad que representan las cuotas individuales de pesca. De igual manera los gastos que genera el sistema de control y vigilancia, que fueron asumidos por los propios administrados, que se auto vigilan por acuerdo con la autoridad de Pesquería; pero que igual se destinan al pago de ese servicio exclusivamente.


Por lo tanto no son pagos que compensen al país por la extracción de los peces y los impactos que genera esa actividad.


Adicionalmente la exportación de los recursos pesqueros transformados le genera incentivos al empresario pesquero como son la devolución de IGV y el pago del drawback, en algunos casos, que es una especie de premio a la exportación. Cabe decir que la venta para el mercado interno no tiene incentivo, premio, estímulo ni privilegio alguno. Lo que significa que nadie tendrá interés en invertir en alimentar a nuestra propia población porque es mejor negocio exportar.


En este escenario es natural y justo que la ciudadanía exijar que el Estado cobre un justiprecio por la extracción de todos los recursos pesqueros y no solamente de la anchoveta, que represente una debida participación de la Nación en el negocio que la industria hace con recursos que son patrimonio de todos los ciudadanos.


Así como la minería paga regalías y se discute en todos los foros la aplicación de impuestos a las sobreganancias, debería discutirse también la necesidad de aplicar regalías a la extracción de recursos pesqueros, que si bien es cierto son renovables, no significa que se puede lucrar con ellos en beneficio de una reducida porción de la población sin abarcar a toda la sociedad.


Lo que el Estado peruano cobra por lo que denomina “derechos de pesca” es una cantidad bastante pobre.