El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

9 de diciembre de 2015

Replantear el enfoque de la pesca desde una perspectiva ciudadana

Tratándose de recursos naturales como los pesqueros, es complicado encontrar el debido equilibrio entre los intereses económicos de los industriales, las necesidades de empleo de la población que depende de este sector y los intereses del país. La búsqueda de rentabilidad y empleo inmediatos sin atender a las razones de la sostenibilidad a largo plazo para beneficio de las futuras generaciones es un tema de difícil manejo,  convirtiéndose una situación científica en una situación política. Lo que está ocurriendo es que se prioriza la segunda por los componentes socio económicos que implica, como el crecimiento del PBI.

El futuro de la pesca en el Perú será decidido en los próximos años por la presión política y la necesidad económica, no por la conveniencia científica ni la necesidad alimentaria de la población nacional.

La sociedad civil, con su indiferencia y desinterés por los temas del mar y de la pesca, se convierte en cómplice silenciosa del agotamiento de los recursos pesqueros, de la contaminación que la industria genera y de una inequitativa participación en la renta que generan sus recursos pesqueros.

Un nuevo componente en la ecuación debe ser el establecimiento de una participación del Estado en la renta pesquera más justa, en la medida que representa a los ciudadanos propietarios del recurso natural.

Los desembarques provenientes de la pesca artesanal no están obligados al pago de derechos de pesca. Casi la totalidad de desembarques para CHD provienen de la pesca artesanal. Si además el vendedor del producto pesquero es informal, o sea que no paga renta ni IGV (porque la venta de pescado fresco está exonerada), estamos ante una situación discriminatoria e injusta. 
La pesca industrial paga derechos de pesca diferenciados por especie y muy bajos, dentro del ordenamiento legal vigente.

Cuando se ve, desde esta perspectiva y bajo un enfoque de renta y del ciudadano, que todos los desembarques para consumo humano directo, o sea casi 13 millones de toneladas en los últimos 12 años, no han pagado derechos de pesca porque la norma así lo permite, surge  la necesidad de replantear el enfoque de la pesca desde una perspectiva ciudadana no pesquera. Porque el recurso natural no es propiedad de los pesqueros, sino de todos los peruanos.




El hecho es que un grupo de ciudadanos extrae nuestros peces del mar a precio muy barato y otro grupo lo hace gratis.

Existiendo un alto grado de probabilidad de que algunos recursos se reduzcan a límites que impidan su extracción en el futuro, debido a que se prioriza el componente político antes que el científico, la situación de la pesca en el Perú es difícil y requiere de una atención que hasta el momento los candidatos presidenciales no le están otorgando.

El estatus actual excluye a la mayor parte de ciudadanos del país del beneficio de la pesca, porque tampoco disponemos de pescado abundante y barato para nuestra alimentación. Temas que siguen fuera de la agenda de las ofertas electorales

Los invito a leer el suplemento de la Revista Pesca “LOS DERECHOS DE PESCA EN EL PERU”, en los siguientes links: