El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

4 de octubre de 2014

Pescando contradicciones ¿Política pesquera equivocada?

Cada vez queda más claro que la actual política pesquera es la equivocada.

Como informamos ayer en nuestra sección Portafolio, un reciente estudio de Macroconsult sobre los efectos del decreto que “reordenó” la pesca industrial de anchoveta hace dos años ha confirmado lo que –desde antes de su aprobación– diversos expertos argumentaban sucedería: no se ha cumplido ninguno de los objetivos por los que la norma fue aprobada y, por el contrario, esta ha agudizado los problemas que buscaba solucionar.

La regulación actual prohíbe la pesca industrial dentro de las 7 millas en el sur y las 10 millas en el norte de nuestro litoral, dejando las mismas como exclusivas y liberadas (es decir, sin límite de cuotas) para las embarcaciones pequeñas y artesanales siempre que pesquen para el consumo humano directo. Mientras tanto, los industriales, que, a diferencia de los anteriores, sí cuentan con cuotas máximas de pesca individuales, un régimen de vedas y un sistema de control vía satélite, pueden operar solo a partir de la milla 7 o 10 en el sur y norte, respectivamente.

El argumento utilizado por el presidente Ollanta Humala para la aprobación de esta norma fue que se debe privilegiar el consumo humano de los recursos marinos y reconocer el “sacrificio de los pequeños pescadores y la irresponsabilidad de las grandes empresas que han depredado la anchoveta”. El presidente, sin embargo, perdió de vista que lo que hace que un pescador deprede el recurso no es el tamaño de su operación (pues la suma de pequeños pescadores puede depredar igual que una embarcación industrial) sino que la misma se realice sin controles. Y esto, justamente, es lo que sucede con la pesca menor a la que se le entregaron las primeras millas.

A dos años de la aplicación de esta regulación, la evidencia sobre sus pésimos resultados es clara. El informe de Macroconsult ha mostrado que con el decreto ha aumentado la pesca ilegal y ha caído dramáticamente la pesca para el consumo humano directo (pues a los informales les sale más a cuenta vender el pescado para otros fines, lo que difícilmente se controla). El informe detalla, por ejemplo, que la brecha entre la exportación de harina proveniente de la pesca legal y de la pesca ilegal antes de la aplicación del decreto era de 73 mil toneladas anuales, mientras que ahora la brecha ha saltado a 163 mil toneladas en favor de los ilegales. Asimismo, el informe señala que la producción de anchoveta para el consumo humano antes del decreto había llegado a un pico histórico de 125 mil toneladas y ahora, sumado a que el Estado ha dejado de ofrecer este recurso en sus programas alimentarios, se estima que este año a duras penas se cerrará con 30 mil toneladas.

Por otro lado, a raíz de que se restringió la actividad de las grandes empresas, al término de la primera temporada de pesca la participación en el PBI de este sector se encuentra en descenso, el nivel de desembarques también ha caído y las exportaciones están yendo por el mismo camino. Para la Sociedad Nacional de Pesquería, se estima que al cierre del 2014 los desembarques totales serán de 3,5 millones de toneladas, equivalentes a la mitad del promedio de desembarques entre el 2000 y el 2011. Asimismo, las exportaciones de harina y aceite de pescado se encuentran en riesgo y se estima que serán similares al bajo nivel del 2013, aproximadamente de US$1.800 millones, lejos de los US$2.300 millones del 2012.

Como cereza de la torta, principalmente debido a las restricciones que se le impuso, la industria solo ha podido pescar el 68% del total de la cuota asignada por el propio gobierno, dejando de pescar 807.070 toneladas, lo cual representa aproximadamente US$385 millones en pérdida de exportaciones y US$21,2 millones en pérdida de ingresos de los trabajadores. Un lujo que en el contexto de desaceleración en el que nos encontramos no nos podemos dar.

Es urgente un cambio en la política pesquera. No debe hacerse distinciones entre grandes y pequeños y tiene que establecerse un sistema de cuotas individuales generalizado con controles aplicables a todo el mundo. La designación del flamante viceministro de Pesquería abre una nueva puerta para un cambio de rumbo. Ojalá él decida dar el giro que es necesario para enderezar este asunto y que el gobierno deje de pescar tan solo contradicciones.

Fuente

NOTA DE PESCA

Un cambio en la política pesquera supone que existe algo llamado política pesquera, lo cual no es cierto. Lo que existen son normas dispersas, aisladas y no integradas en un contexto que configure una política integral de largo plazo con objetivos e indicadores claros. Como muestra hay que referirse a la existencia de un Plan Estratégico Sectorial Multianual aprobado, con plena vigencia; pero el cual nadie respeta ni cumple, o quizá ni conoce siquiera.


Por tanto lo que se necesita es el diseño de una Política de Estado nacida de un consenso entre el Estado, los administrados y la ciudadanía. Las evidencias y la historia demuestran que la imposición de normas, por más sustento legal y constitucional que exista, no garantizan su fiel cumplimiento, sobre todo con un Estado débil y carente de adecuados mecanismos de fiscalización y sanción.