El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

19 de octubre de 2010

La pota y el TLC con Japón

La última ronda de negociaciones para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Japón se realizará en la primera semana de noviembre en Lima, afirmó el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada.

“Hemos retomado las conversaciones con Japón pues estábamos en una etapa bastante complicada en cuanto a acceso a mercados, básicamente por la dificultad de los japoneses de otorgar o incluir en su oferta arancelaria productos de gran interés para Perú”, indicó.

Es menester recordar que los términos de referencia aceptados por ambas partes que dieron inicio a la negociación indicaban que los sectores pesca y agricultura son considerados sensibles para Japón. Dentro de esta sensibilidad, en la lista de exclusiones, es decir en la que estarán los productos que no tendrán preferencias arancelarias ni formarán parte del Tratado, estaba la pota, entre otros recursos pesqueros.

Quiere decir que la pota no tendría los beneficios del TLC con Japón.

La administración de pesquería peruana, obviando esa problemática concedió mediante la RM 163-2010-PRODUCE licencias de pota a embarcaciones japonesas bajo la figura de que entre ambos países hay convenios de cooperación. Se perdió de esta manera una herramienta de negociación en beneficio de la industria nacional dedicada al procesamiento de pota y se favorece a Japón en detrimento de la industria congeladora peruana, tal como la revista Pesca ha expuesto en varios artículos.

La nueva administración, parcialmente renovada tiene en sus manos la posibilidad de corregir esta injusta situación o mantenerla. Sigue vigente la situación de competencia desleal de la flota japonesa potera con la industria nacional.