El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

20 de octubre de 2012

¿300 MILLONES QUE PERDERIA EL PERU EN LA PESCA?


Se dice que por efecto derivado del DS-05-2012-PRODUCE, que es una norma que intenta introducir orden en la pesquería del Perú, el país perdería 300 millones de dólares. La noticia ha sido difundida en casi todos los medios de comunicación.

Lo afirmado es correcto, salvo por un detalle que nadie ha mencionado: los 300 millones serían perdidos por la industria pesquera, mas no por el país. ¿cómo así?

Al final de esta nota se aprecia un cuadro con cifras que merece ser explicado para entender como la información puede convertirse en desinformación.

Según la información oficial publicada en el portal de la Sunat, en 2011 se exportaron  2,099,470,000 dólares en el rubro harina y aceite de pescado. En el mismo período se recaudó la suma de  48,609,566 dólares por concepto de impuesto a la renta de tercera categoría. Es decir una proporción del 2.32% en relación al valor exportado.

La cifra de 300 millones de dólares que supuestamente perdería el país,  es la que perdería la industria, mas no el país porque ese dinero pertenece al exportador. Lo que corresponde al país, basado en la estadística del 2011 es el 2.32% por impuesto a la renta, o sea  6,945,977 de dólares.

Se puede decir que el país también perdería la contribución por derechos de pesca.

El precio promedio de la harina en 2011 fue de  1,400 dólares por TM. Si se han exportado 2,099,470,000, significa que se fueron  214,286 TM de harina. (Aproximadamente porque en la cifra de exportación se incluye el aceite). Suponiendo que fue esa cantidad de toneladas de harina, estimando un rendimiento de 4.5 TM de anchoveta para hacer 1 TM de harina de pescado, se deduce que fueron necesarias  964,286 TM de anchoveta.

El derecho de pesca de anchoveta es el 0.25% del valor FOB, o sea 3.5 dólares por TM (0.25% de 1,400). Los derechos de pesca, en la suposición de que todos los armadores pagaron lo que corresponde, serían  3,375,000 dólares. Pero la mitad de esos derechos de pesca se convierten en ingreso del canon pesquero y la otra mitad queda en manos del Ministerio de la Producción. Nadie, ni siquiera la Ministra o el Viceministro pueden decir en qué se gastó el 50% de los derechos de pesca que recauda Produce y tampoco se informa en ninguna parte por dicho gasto. La Oficina General de Administración del PRODUCE tiene una tarea pendiente en el sentido de informar transparentemente al país quienes no han pagado derechos de pesca, cuánto ha dejado de recaudar y en qué gasta ese dinero.

Finalmente si sumamos el total de derechos de pesca más el impuesto a la renta, lo que el estado deja de percibir serían  10,320,977 dólares. Que no es lo mismo que sembrar en la opinión pública la idea de que el país se está perjudicando con 300 millones por culpa de una mala norma del Ministerio. Probablemente la misma sea imperfecta y puede mejorarse, pero en el fondo su espíritu es el correcto.

En el sur del país, región sobre la cual se dice que se produciría esta pérdida, operan 17 plantas de harina de pescado. El Ministerio de Trabajo debería informar qué cantidad de empleo directo generan esas plantas para poder precisar qué tan grave es el impacto sobre el empleo. En cuanto al empleo indirecto, cualquier cifra puede ser dicha y será tan relativa como el hecho de que no puede precisarse oficialmente con exactitud rigurosa.

En los siguientes links se han publicado dos informes referidos a lo que fue el Régimen especial de pesca en el sur del Perú, para mayor ilustración:



A cambio de esa “pérdida” para el país, la biomasa de anchoveta podría incrementar su volumen en beneficio de que haya mayor forraje o alimento para las otras especies que se alimentan de ella aumentando así la pesca de consumo humano directo. También se reduciría la contaminación del mar derivada del vertido de efluentes de las plantas y la contaminación atmosférica derivada de la emisión de gases.

El mito de que lo que no pesca el Perú lo pesca Chile, nada tiene que ver con la protección de la zona de afloramiento peruana, sobre la cual el Ministerio del Ambiente ha expresado la necesidad de declararla zona protegida en la última reunión del Convenio de la ONU sobre Diversidad Biológica (CDB), que concluyó hace pocos días en la India su undécima cumbre.

La industria se está defendiendo, legítimamente por cierto, de una norma que afecta a sus intereses. El Estado está defendiendo, también legítimamente, su derecho a legislar en beneficio de las mayorías, como la propia Ley se lo encomienda. Sin embargo el Estado esgrime una defensa tímida y omite en su análisis y exposición de motivos una serie de sustentos que le permitan rebatir con fuerza y contundencia los argumentos de la industria: Los expuestos anteriormente, entre otros, como exhibir el número preciso de organizaciones pesqueras total del país, en relación a la cantidad de afectados por una medida de ordenamiento, en la cual, como es obvio, no todos pueden quedar contentos.

Más allá de los argumentos, la industria se moviliza mediante huelgas, protestas y bloqueos de carretera, confiados en los antecedentes de debilidad del gobierno. En abril, la industria pesquera impuso sus reclamaciones por estos medios y las autoridades de entonces cedieron fácilmente.

Por otro lado el poder judicial y el Tribunal Constitucional, ¿fallarán a favor de la industria con la misma facilidad que en ocasiones anteriores? Es conocido el hecho de numerosos permisos de pesca otorgados judicialmente sin respetar criterios de ordenamiento. Ni mencionar criterios de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

Finalmente, en esta guerra entre la industria y el Estado, el convidado de piedra es la sociedad civil, que permanece ajena, e indiferente a un problema que le atañe directamente por ser la propietaria de los recursos pesqueros y por el impacto que recibe el medio ambiente. Le corresponde también movilizarse en defensa de sus intereses.

Las poblaciones costeras que conviven con la industria pesquera soportan con estoicismo el impacto ambiental, porque como dicen en algunas zonas, el olor de la harina de pescado es olor de dinero. No se dan cuenta de que podrían ganar dinero sin tener que someterse a una calidad ambiental de vida nociva para la salud.

El Estado necesita de mayores iniciativas para impulsar el consumo de pescado en el mercado interno y de mejores formas de defender mediáticamente sus buenas intenciones.